Protección contra miembros del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Plaza Colón

Antofagasta, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Ingeniero Comercial, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de los miembros del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Plaza Colón; don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; y don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la suspensión del recurrente en el cargo de vicepresidente del referido comité de administración y el contenido de la comunicación de dicha suspensión realizada a la comunidad del Edificio, lo que vulneraría las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 4 y 1 de nuestra Carta Fundamental, solicitando el recurrente que se acoja el recurso, ordenando a la parte recurrida dejar sin efecto la suspensión de su cargo, emitir un comunicado aclaratorio de disculpas públicas y cesar todo acto de hostigamiento en su contra, todo con expresa condenación en costas.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional se funda en que en el 13 de septiembre del año en curso el recurrente fue suspendido de su cargo como vicepresidente del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Plaza Colón, situación de la cual tomó conocimiento mediante un comunicado firmado por todos los recurridos, el que había sido dejado en todos los casilleros de los residentes del condominio en el que se informaba la suspensión en su cargo por decisión unánime de la Directiva por motivo de haber incurrido el recurrente en conductas que no se adecúan al cargo, decisión que, según el comunicado, se transparentaría en una próxima asamblea a realizarse a la brevedad.

Indica el recurrente que la referida decisión habría sido tomada luego de una discusión sostenida el mismo día en una reunión del comité, en la que los recurridos le habrían reprochado el hecho de haber concurrido al Banco BCI a realizar consultas respecto del estado de la cuenta corriente de la comunidad, específicamente, a solicitar copias de algunos cheques luego de haber detectado inconsistencias en la información financiera de la comunidad. En la referida reunión la recurrida nombre reservado lo habría acusado de forma prepotente de deslealtad, mientras que el recurrido nombre reservado, presidente del comité quien se habría tomado un receso en el cargo, lo habría intimidado golpeando fuertemente un archivador a pocos centímetros de su cabeza y obstaculizando con su cuerpo la salida de la oficina, de la cual finalmente logró salir.

Agrega que desde ese entonces ha sido objeto de hostigamiento, ya que se han esparcido rumores cuyos detalles desconoce acerca de su honorabilidad y honestidad en el desempeño de su cargo, lo que ha afectado incluso el trato que tienen los porteros hacia su persona, debiendo ser acompañado por su pareja al entrar y salir del edificio para evitar alguna situación incómoda o agresión verbal o física de los miembros del comité.

Señala que la decisión de los miembros del comité de suspenderlo como vicepresidente, así como la comunicación efectuada a la comunidad en la que se le acusa de incurrir en conductas que no se adecuan al cargo, constituyen un proceder ilegal y arbitrario, puesto que, conforme a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria Nº21.442, la facultad de remover parcial o totalmente a los miembros del comité se encuentra radicada en la asamblea de copropietarios, la que debe decidir esta remoción por mayoría absoluta, facultad que no habría sido delegada en el comité. Agrega que el Estatuto y Reglamento de copropiedad de la comunidad, tampoco contempla la facultad de suspender en el ejercicio de su cargo a alguno de los miembros del comité. Lo anterior vulneraría las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 4 y 1 de nuestra Carta Fundamental, por lo que solicita que se acoja el recurso, ordenando a la parte recurrida dejar sin efecto la suspensión de su cargo, emitir un comunicado aclaratorio de disculpas públicas y cesar todo acto de hostigamiento en su contra, todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Informó por los recurridos, Cristian Pablo Ramírez Rocco, abogado, solicitando se rechace en su integridad el recurso de protección del actor.

Indica que, la acción de protección de garantías constitucionales no es la vía idónea conocer de la presente controversia, puesto que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°21.442, esta materia es competencia de los juzgados de policía local, debiendo sujetarse el procedimiento a las disposiciones de la ley Nº18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de que conforme al artículo 46, dichos conflictos puedan ser sometidos a arbitraje.

Alega, igualmente, la falta de legitimidad pasiva de los recurridos como personas naturales en contra de los cuales se impetró erróneamente el recurso, ya que la comunicación de la suspensión del recurrente fue emitida por el Comité como órgano de administración de la comunidad, representado por los recurridos.

Sobre la decisión del comité de comunicar la suspensión de funciones del vicepresidente hasta la próxima asamblea, indica que los hechos narrados por el recurrente distan de la realidad, ya que en reuniones anteriores se acordó que el acceso a la información de la cuenta corriente por algún miembro, debía ser autorizado por el comité para efecto de que alguno de los habilitados como apoderados ante el banco requiera dicha información para luego entregarla al solicitante. Indica que el recurrente, sin aviso ni autorización previa, concurrió a oficinas del Banco a fin de obtener copias de determinados cheques girados contra la cuenta corriente de la comunidad, siendo acompañado por el recurrido nombre reservado, a quien engañó asegurándole la existencia de una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos para la cual requerían contar con dichos documentos. Si bien la referida información le fue negada por el Banco al no tener el recurrente la calidad de apoderado, el comité consideró como grave la situación descrita, citando a una reunión extraordinaria la que se concretó el 13 de septiembre de 2022 en la que, al exponerse la situación, se generó una discusión en la cual el recurrente se exaltó y faltó el respeto a los demás miembros, en especial al recurrido nombre reservado, presidente del comité, a quien le ofreció trenzarse a golpes.

Por lo anterior, habiendo infringido el recurrente las obligaciones establecidas en el Estatuto y Reglamento Interno de Copropiedad que regula la relación entre los copropietarios y actuando dentro de las facultades que la ley 21.442 le confiere en virtud del artículo 17, en cuanto se entiende dotado al comité de atribuciones para dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio hasta que estas no sean modificadas por la asamblea de copropietarios, y al ser este órgano mandatario de la comunidad, en los términos del artículo 2116, 2134 y 2155 del Código Civil, se dispuso la suspensión transitoria del actor hasta la celebración de la próxima asamblea extraordinaria, la que se realizó finalmente el 04 de octubre del presente año, con posterioridad a la interposición del recurso, y en donde se decidió por los copropietarios remover definitivamente al recurrente de su cargo de vicepresidente.

Concluye que los recurridos no obraron como comisión especial y en auto tutela respecto del recurrente, toda vez que procuraron observar los estatutos y la Ley; que no se ha vulnerado la honra del recurrente ya que en el referido comunicado que motivó el recurso de protección solo tuvo un carácter informativo acerca de la moción de suspenderlo; y que no resulta efectivo que alguno de los recurridos o el personal del condominio haya realizado agresiones físicas o psicológicas en contra del recurrente, por lo que solicita declarar inadmisible la acción de protección presentada, todo con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para efectos de resolver, ha de tenerse presente, que conforme a los antecedentes acompañados al recurso, la acción arbitraria e ilegal que se invoca dice relación con el hecho de que los recurridos han suspendido de su cargo de vicepresidente del comité de administración de la comunidad, comunicando a la comunidad dicha medida por motivos de haber incurrido éste en conductas impropias de su cargo.

SEXTO: Que, acorde a lo debatido en el caso de marras, corresponde a esta Corte dilucidar si dicha suspensión y su comunicación a la comunidad constituye o no un acto arbitrario o ilegal que afecte los derechos fundamentales del recurrente.

SÉPTIMO: Que el actor acompañó a su recurso copia de la comunicación efectuada a la comunidad, mientras que la parte recurrida acompañó a su informe copia de escritura pública de reducción de acta de asamblea extraordinaria de copropietarios de la comunidad, celebrada con fecha 04 de octubre de 2022, en la que dicho órgano habría adoptado la decisión de remover definitivamente al recurrente del cargo de vicepresidente.

OCTAVO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados, es posible advertir que, con posterioridad a la interposición de la acción constitucional, el recurrente ha sido definitivamente removido de su cargo por decisión de la asamblea extraordinaria de copropietarios, órgano facultado legalmente para resolver acerca de esta materia conforme a lo establecido en el art. 14 Nº6 de la ley N°21.442, razón por la que queda de manifiesto la pérdida de oportunidad del recurso en cuanto a las alegaciones de vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley y en cuanto a la pretensión de dejar sin efecto la suspensión dispuesta por el comité de administración.

En cuanto a la comunicación de la medida realizada por el comité a la comunidad, en la que se informa que el recurrente habría incurrido en conductas que no se adecuan a su cargo, la comunicación no reviste la entidad necesaria para entender amenazado, privado o perturbado al recurrente de su derecho a la honra consagrado en la Constitución. De la misma forma, respecto de las vulneraciones a la integridad física y psíquica, de los antecedentes acompañados no es posible tenerlas por acreditadas, existiendo a este respecto solo los dichos del recurrente en su libelo.

NOVENO: Que, por lo señalado en el considerando precedente, se advierte la pérdida de oportunidad de parte del recurso, por cuanto a la fecha se ha resulto definitivamente la situación del recurrente por el órgano facultado legalmente para decidir sobre la materia, así como el hecho de no existir actos u omisiones atribuibles a la parte recurrida dotados de la entidad necesaria para entender vulnerados los derechos o garantías constitucionales alegados por la recurrente, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en sede ordinaria mediante el ejercicio de las acciones disponibles para el recurrente conforme a la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº21.442.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 22.105-2022 (PROTECCIÓN)