Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta

Antofagasta, a treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Secretario Ejecutivo (S) don nombre reservado, en su calidad de empleador, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el no pago, desde el mes de julio del año en curso, de la Asignación de Tramo de Desempeño Profesional, por no haber sido emplazada a efectuar el trámite de renuncia de la encuesta de evaluación docente año 2023, solicitando se ordene a la recurrida el pago de la referida asignación hasta la fecha en que se produzca su retiro, con costas.

Informó la recurrida al tenor del recurso, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su arbitrio constitucional, indicando ser profesora de inglés, de 66 años de edad, asignada al Liceo Técnico de Antofagasta, lugar dónde se desempeña desde hace 19 años.

Agrega que, en fecha reciente, al conseguir la clave de ingreso a la CMDS, pudo revisar sus liquidaciones de remuneraciones, advirtiendo que, desde el mes de julio del año en curso dejaron de pagarle la Asignación de Tramo de Desempeño Profesional, producto de la evaluación docente a la que estaba convocada en el año 2023; Que, en dicho año, al igual que los anteriores, refiere que no debía prestar servicios presenciales ni concurrir al Liceo, por encontrarse exenta de dicha obligación al cumplir con la edad para jubilar o tener un adulto mayor a su cargo.

Refiere además, ser beneficiaria de cupos 2020, dada su renuncia voluntaria e irrevocable conforme a la Ley N°20.976, ratificada y firmada en enero de 2022, carta de retiro, y que si sigue yendo al Liceo durante este año a prestar docencia en aulas, es por cuanto no proveen los dineros necesarios para cancelar los dineros provenientes del incentivo, Ley N°20.822 que debe proporcionar el Estado, lo que se no se sabe cuándo ocurrirá.

Sostiene que es requisito imprescindible para ser sometida a la evaluación docente, estar en aulas, y que ella no lo estaba desde el año 2020 producto de la pandemia, retornando recién el presente año escolar; y, que según le indican desde la CMDS debió presentar su renuncia a dicha evaluación independiente de que no haya debido darla, lo que a su juicio resulta incongruente, pues estaba exenta de cumplir con sus obligaciones docentes, sin entender el objeto de porque debía renunciar a la misma si finalmente no sería evaluada.

Enfatiza que, una funcionaria de la recurrida insiste en que debió renunciar a la evaluación docente, en circunstancias que la actora no se enteró de dicha convocatoria, reiterando la situación de que se encontraba alejada de sus funciones de aula y que además su empleador no la emplazó a fin de realizar el trámite respectivo durante el año 2023, lo que trae como consecuencia que desde julio del presente año ha dejado de percibir una suma de dinero que alcanza los $485.000.- mensuales aproximadamente, lo que se ve agravado por la circunstancia de estar próxima a jubilar, sin disponer de dineros rápidos, afectando con ello su calidad de vida, como la de su padre que se encuentra a su cargo, más los problemas de salud que le afectan a la actora, particularmente sus piernas, y que si bien no son graves, le dificultan su desplazamiento.

SEGUNDO: Informó doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta al tenor de recurso, instando por su rechazo.

En primer lugar, se remite al marco legal de la evaluación docente, contenido en la Ley N°19.961, junto con el estatuto docente, Ley N°19.070, artículo 70, el cual se encuentra derogado. Que, ambas normativas, indicaban que los docentes de establecimiento municipales debían ser evaluados con el proceso de la “evaluación docente”.

Continúa señalando que, la Ley N°20.903 crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, donde uno de los pilares es la carrera docente, proceso que reconoce las competencias pedagógicas y disciplinarias de los profesionales de la educación, lo que conlleva un reconocimiento económico de acuerdo del tramo en que se encuentren. Estos instrumentos, por regla general, se rinden cada cuatro años en la modalidad y asignatura en que se desempeñe el profesional de la educación. Que, en octubre del 2023 se creó la Ley N°21.625 la cual establece un sistema único de evaluación docente, eliminando automáticamente a todos los docentes convocados por la evaluación docente y dejando sólo los llamados por el sistema de carrera docente.

En dicho contexto indica, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), a través de plataforma, libera las nóminas de los profesores convocados, las que son enviadas de inmediato a través de correo electrónico a los establecimientos y los jefes de UTP con la finalidad de que les informen a los profesionales de la educación convocados. Ello, sin perjuicio de que toda la información del proceso y los pasos a seguir se encuentran en el sitio web que indica, donde los docentes de manera individual e independiente pueden revisar la distinta información para llevar a cabo el proceso respectivo, como solicitar eximirse de asignatura o suspensión del proceso, en caso que concurran las causales legales, siendo la fuerza mayor o caso fortuito, la cual el docente la puede interponer hasta antes de finalizar el proceso respectivo que va de 10 a 12 semanas.

Precisa que, cuando los docentes se encuentran en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), con función docente, estos siempre son convocados, independiente si se encuentran con licencia médica, realizando algún reemplazo o esperando jubilación; vale decir, la recurrente al estar en SIGE debió solicitar la suspensión a través de la plataforma del CPEIP con el objeto de no perder la Asignación por Tramo de nombre reservado, trámite personal e individual para cada docente, toda vez que, de no realizarse dicho proceso, no avanza en el portafolio, ni realiza el trámite de suspensión, el CPEIP al emitir la resolución de tramo en julio del año siguiente, aplica lo previsto en el inciso primero del artículo 19, letra Ñ) del Estatuto Docente; siendo obligatorio para los profesionales de la educación que se encuentran en tramo inicial y temprano participar del proceso de reconocimiento, pues en caso de no cumplir, el artículo 19 letra p) del Estatuto Docente, establece como sanción la pérdida del derecho a percibir la asignación reclamada en autos.

Arguye que, el presente recurso debe ser rechazado, atendido que la pretensión de pago del bono en cuestión no tiene la calidad de derecho indubitado, sino que tiene el carácter de una prestación laboral, no siendo el presente recurso la vía idónea para resolver un asunto controvertido entre las partes de una relación laboral, existiendo un procedimiento de lato conocimiento, declarativo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, al reclamarse la vulneración de un derecho patrimonial que emana de una ley que impone ciertos requisitos, respecto de los cuales, el juez de la instancia debe verificar su concurrencia.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de la lectura del recurso se desprende que el acto arbitrario e ilegal reprochado por la actora consistente en el no pago, desde el mes de julio del año en curso a la fecha, de la Asignación de Tramo de Desempeño Profesional, toda vez que, al no haber sido emplazada por la recurrida a efectuar el trámite de renuncia a la encuesta de evaluación docente año 2023, no cumpliría con un requisito necesario para su procedencia.

A tu turno, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, sostiene que la recurrente debió solicitar la suspensión de la evaluación docente a través de la plataforma del CPEIP con el objeto de no perder la Asignación por Tramo de nombre reservado, trámite personal e individual para cada docente, que en la especie no se realizó, configurándose el supuesto legal contenido en el artículo 19 del Estatuto Docente. Asimismo, sostiene que la recurrente no posee un derecho indubitado sobre la asignación que reclama, la que tiene carácter de prestación laboral y por tanto, se debe reclamar ante la judicatura laboral.

SEXTO: Que, la realización de una prueba de conocimientos como requisito de la evaluación docente fue establecida desde el 1 de abril de 2016, con la entrada en vigor de la Ley N°20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, norma que agregó las disposiciones que a continuación se indican y que conviene tener presente para resolver el presente recurso.

“Artículo 19 K.- Para medir el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el conocimiento de las bases curriculares, el Centro diseñará, en colaboración con la Agencia de la Calidad de la Educación, y ejecutará los siguientes instrumentos:

a) Un instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, atingentes a la disciplina y nivel que imparte.

b) Un portafolio profesional de competencias pedagógicas que evaluará la práctica docente de desempeño en el aula considerando sus variables de contexto. Dicho portafolio considerará, al menos, evidencias documentadas relativas a las mejores prácticas del docente sobre:

1. Desempeño profesional en el aula, considerando la vinculación de éste con los estudiantes y los procesos de enseñanza aprendizaje.

2. Prácticas colaborativas, acciones de liderazgo y cooperación, trabajo con pares, padres y apoderados y otras relativas al dominio señalado en la letra d) del artículo 19 J, en su contexto cultural.

3. Creación de contenidos, materiales de enseñanza, actividades académicas, innovación pedagógica, investigación y otras relacionadas con un nombre reservado de excelencia.

4. Perfeccionamiento pertinente al ejercicio profesional y nivel de desarrollo del docente, siempre que dicho perfeccionamiento se realice de conformidad a lo dispuesto en el párrafo III del Título I. En caso de estudios de postgrado, estos deberán ser atingentes a su función de acuerdo a los requisitos que determine un reglamento. Los estudios de postgrado efectuados en Chile deberán ser impartidos por universidades acreditadas. En el caso de los estudios de postgrado efectuados en el extranjero se considerarán aquellos reconocidos, validados o convalidados en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes.

En el caso de los tramos Experto I y Experto II se considerará especialmente una especialización pedagógica a elección del docente en ámbitos tales como currículum, convivencia escolar, liderazgo y gestión educativa, inclusión y atención a la diversidad y evaluación, entre otros.

En el caso de aquellos profesionales de la educación y otros que se desempeñen en modalidades educativas que requieren de una metodología especial de evaluación para el reconocimiento de sus competencias pedagógicas, tales como las diversas formas de la educación especial, aulas hospitalarias, escuelas cárceles y especialidades de educación media técnica profesional, el Centro deberá adecuar el instrumento portafolio profesional señalado en el inciso precedente a dichos requerimientos.

Los instrumentos indicados en las letras a) y b) del inciso primero deberán construirse diferenciadamente para cada uno de los niveles y modalidades de educación, y considerarán el derecho de los y las docentes y educadoras de rendir instrumentos atingentes a la función que desempeñan.”

Artículo 19 Ñ.- Deberán rendir los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento del nombre reservado Docente los profesionales de la educación que se encuentren en los tramos profesionales acceso, inicial y temprano del nombre reservado docente.

Con todo, aquellos que se encuentren en los tramos profesional avanzado y experto I y II podrán rendir dichos instrumentos.

Para efectos de lo señalado en los incisos primero y segundo, los profesionales de la educación que obtengan en una oportunidad categoría de logro A, o en dos oportunidades consecutivas categoría de logro B, en el instrumento portafolio, no estarán obligados a rendir este instrumento, en el siguiente proceso de reconocimiento. Asimismo, si el último resultado obtenido por el profesional en el instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos fue de nivel de logro A o B, no estarán obligados a rendir este instrumento en los procesos de reconocimiento siguientes.

Los docentes que se encuentren en el tramo de acceso y que en un plazo máximo de cuatro años contado desde su ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente no rindan los instrumentos que se encuentren disponibles serán asignados al tramo inicial.

Aquellos profesionales de la educación que hayan accedido al tramo avanzado, obteniendo un logro de A en ambos instrumentos de evaluación, podrán acceder al tramo experto I en el plazo de dos años.

En ningún caso, un docente podrá acceder a un nuevo tramo por el solo transcurso del tiempo, debiendo rendir, al menos, uno de los instrumentos de evaluación.

Artículo 19 P.- El profesional de la educación que incumpla la obligación señalada en el inciso primero del artículo 19 Ñ perderá, mientras no dé cumplimiento a lo ordenado en dicho inciso, el derecho a percibir la Asignación por Tramo de nombre reservado establecida en el artículo 49.

SÉPTIMO: Que, tal como se indicó en el considerando tercero de la presente sentencia, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección.

OCTAVO: Que, no se encuentra discutido en autos el hecho de que la actora no rindió en el año 2023 la denominada evaluación docente, ni tampoco presentó ni le realizó el trámite de suspensión o renuncia de la misma, razón por la cual a contar del mes de julio del año en curso no se le ha pagado la asignación por tramo de nombre reservado en los términos dispuestos en el artículo 49 del Estatuto Docente, al encontrarse en la situación fáctica contenida en el artículo 19 P del referido cuerpo legal.

NOVENO: En dicho contexto, es que la presente acción no podrá prosperar, toda vez que, lo pretendido por la recurrente corresponde a la declaración de un derecho cuya existencia, vigencia y su consecuente exigibilidad ha sido cuestionada y desconocida por la Corporación recurrida, cuyo argumento guarda asidero con las normas invocadas en autos, al no haber rendido, suspendido y/o renunciado la recurrente a la evaluación docente año 2023, siendo ello un requisito para el acceso al beneficio reclamado y cuyo proceso es llevado a cabo por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, más no por la recurrida.

En dicho contexto, encontrándose discutido el derecho que invoca la actora, y sin que por lo demás, mediante el ejercicio de la presente acción se puedan resolver sus alegaciones en orden a justificar la razón -que según ella- la eximiría de realizar la ya referida evaluación o de renunciar o suspender la misma, por enmarcarse la controversia en una de carácter laboral, y cuyo pronunciamiento excedería los márgenes establecidos por el legislador para la acción impetrada, al carecer de una etapa que permita la rendición de prueba a fin de que cada parte logre acreditar sus aseveraciones, a diferencia de lo que ocurre con la tramitación de un procedimiento de lato conocimiento, es que necesariamente se deberá rechazar el presente recurso toda vez que el derecho invocado y en el cual se sustenta la presenta acción, no es indubitado, máxime cuando la materia de autos encuentra su regulación en una ley especial, estableciendo requisitos propios y objetivos para su procedencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.

Acordada con el voto en contra del Ministro Eric Sepúlveda Casanova, quien estuvo por acoger la acción de protección deducida en estos antecedentes, por estimar que al haber sido privada la recurrente de modo intempestivo, de un bono o asignación que percibía de manera regular, y teniendo en cuenta además que la docente no fue convocada de manera formal para efectuar la renuncia que ahora se le exige, además que no se le aplica la evaluación docente, y en tal razón la privación de una asignación que percibía regularmente, constituye una acción arbitraria que le causa evidente perjuicio, causado por un formalismo que la recurrida perfectamente puede solucionar.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2210-2024 (PROT)