SINDICATO DE PROFESORES DE EMPRESA CMDS con INSPECCIÓN PROVINCAL DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, ocho de junio del dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que comparece don Ramón Miranda Tapia, abogado, en representación del Sindicato de profesores y profesionales de la educación de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, persona jurídica, cédula de identidad N°RUT reservado; quien viene en interponer recurso de protección en contra de Corporación De Desarrollo Social De Antofagasta, entidad de derecho privado, cédula de identidad RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado contra Inspección Provincial Del Trabajo De Antofagasta, servicio público, cédula de identidad NºRUT reservado,representada por su inspectora provincial del trabajo doña nombre reservado; por los actos arbitrarios e ilegales que vulnerarían las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1,2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Informan del recurso los recurridos, solicitando el rechazo de este.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, funda su acción constitucional; señalando que los docentes y asistentes de la educación que forman parte del Liceo la Portada A22 Y LICEO A-15, ambos de esta ciudad, se han movilizado y paralizado las clases, en modo de protesta, por las actuales condiciones estructurales y sanitarias de los colegios en los cuales prestan sus servicios. Expresan que, desde el año 2022 han solicitado mejorar dichas condiciones, sin embargo las gestiones realizadas por el sostenedor han sido mínimas e insuficientes.

En primer lugar, expone el caso del Liceo La portada, el que con fecha 26 de abril del presente, comparecieron en las dependencias del colegio, doña nombre reservado, y doña nombre reservado, funcionarias del departamento de acción sanitaria y ocupacional de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, quienes realizaron una fiscalización de las condiciones sanitarias del colegio, en razón a una denuncia realizada por el cuerpo docente de dicha unidad educativa.

Que, de acuerdo con el acta de fiscalización, se revisaron las siguientes áreas: 1) Accesos al establecimiento educacional, 2) oficinas administrativas, 3) Comedor de estudiantes y trabajadores, 4) Servicios higiénicos de estudiantes varones y damas, 5) camarines estudiantes hombres y mujeres, 6) casino, 7) Servicio higiénicos hombres y mujeres trabajadores, 8) Sala de basura, salas de clases, 9) Salas de profesores, 10) área personal de aseo. De las cuales constató los siguientes hechos e infracciones:

1.- En el establecimiento educacional, de forma permanente, no se mitigan los riesgos de ingreso de vectores. En terreno, se observa que todas las salas de estudiantes cuentan con ventanas, las que no se pueden cerrar; permitiendo el ingreso de vectores de interés sanitario.

2.- En salas de estudiantes, de profesores, comedor, estudiantes y profesores, biblioteca y del centro general de padres; se evidencia fecas de ratones 3.- En las áreas comunes se observan paredes y pisos con fecas de paloma. Además, en sala de profesores y de clases, oficinas administrativas, se hallan alimentos expuestos que generan el ingreso de vectores. Se revisa certificado de diagnóstico y servicio de control de plagas de marzo y abril de 2023.

4.- No cuenta con registro diario de limpieza y desinfección, en las áreas de establecimiento educacional.

5.- No mantiene la limpieza y desinfección de salas de alumnos, servicios higiénicos, alumnos y corredores de trabajadores.

6.- En terreno, se observa que en las salas de alumnos entre la ventana y la reja de protección de estas; se hallan restos de envase y de basura acumulada. En servicios higiénicos de estudiantes, se observan que las tapas de WC se encuentran sucias con polvo y residuos orgánicos, y en comedor de profesores, se encuentra loza sucia, microondas y horno con restos de comida en su interior.

7.- No cuenta con malla mosquitera en las ventanas de comedor de trabajadores y estudiantes.

8.- No mantiene las condiciones estructurales del establecimiento educacional. En terreno se evidencia que en servicios higiénicos de estudiantes; se hallan dos WC sin funcionamiento. Se observa que en sector de urinarios, hay cerámicas faltantes y, en servicio higiénico de damas estudiantes se halla el espejo roto con bordes expuestos a riesgos de corte.

9.- El servicio higiénico de hombres estudiantes, no cuenta con contenedores de residuos con tapa.

10.- En todos los servicios higiénicos, de estudiantes y trabajadores, no cuentan con jabón, papel higiénico, ni papel desechable para el secado de manos.

11.- Se observa que la sala de profesores es utilizada cómo comedor, dada la presencia de microondas, hervidores y, refrigerados 12.- Se observa que en todos los servicios higiénicos se ha implementado elementos de limpieza y desinfectante al alcance de los estudiantes; pero no mantienen el orden.

13.- En sala de elaboración de alimentos JUNAEB, se observan aberturas en donde se une la estructura metálica del techo y las paredes las que están tapadas de manera provisoria, con cartones para evitar el ingreso de vectores. Los residuos se acoplan en un basurero con tapa, el cual está delimitado con rejas expuestos a la intemperie. También se observa que en servicio higiénico de personal JUNAEB, halla una llave de agua que no se puede cerrar, se encuentra en mal estado y el agua está corriendo.

Por lo anterior, afirma el recurrente que se les otorgó un plazo de 48 horas para la limpieza y desinfección y, otro plazo de dos semanas para el proceso de desratización. Destaca este último punto en particular, ya que es el de mayor riesgo de contaminación, pues el sistema de desratización que utiliza la CMDS no es suficiente respecto al número de población de roedores existente; debiendo, en este caso, optar por otros métodos de desratización más eficaces, dando de ejemplo las sustancias fumigantes, ultrasonidos para alejar a los roedores del lugar, o control de plagas biologías; los cuales señala son más efectivos que el actual, que con sus escasos sebos sólo eliminan un 5% de la población de roedores. De modo tal que, dicho sistema no funciona y en consecuencia las fecas no disminuyen, sino que se multiplican día a día, e incluso los restos de los roedores muertos no son retirados; exponiendo a los estudiantes y trabajadores a diferentes enfermedades infecciosas.

Respecto a la Inspección Provincial Del Trabajo, hace presente el artículo 184 Bis del Código del Trabajo, el que permite al trabajador que enfrente a un peligro inminente en su lugar de trabajo; puede hacer abandono del lugar o bien paralizar sus funciones, sin que esto sea considerado un incumplimiento, lo cual se efectuó con responsabilidad por los docentes de dicho establecimiento, ya que cada vez que se reclamaba o fiscalizaba la recurrida realizaba una limpieza provisoria o superficial, sin tener un control o protocolo diario o semanal de limpieza de los lugares de trabajo, sin tomar en consideración las situaciones constantes en las que se ven expuestos, como las inundaciones de pisos con fecas palomas y roedores, lo cual contamina el aire al liberarse las partículas de las fecas; siendo todo altamente infeccioso.

Agrega que dichas limpiezas se realizan de forma superficial y en horarios de clases o de tránsito de personas.

Producto de lo anterior, se inicia un sumario sanitario en contra de la recurrida ordenando las siguientes instrucciones que a la fecha no han sido cumplidas:

1.- Se debe realizar de forma inmediata limpieza desinfección y sanitización de salas de estudiantes, salas de profesores comedor estudiantes comedores de trabajadores y oficinas administrativas; en un plazo de 48 horas.

2.- Se debe realizar, de forma inmediata, limpieza y desinfección de servicio higiénicos de estudiantes y profesores en un plazo de 48 horas.

3.- Se debe realizar desratización y control de plagas en un plazo de una semana y enviar el registro del servicio realizado se debe elaborar un informe de las medidas correctivas adoptadas en el que se pueda verificar la limpieza desinfección, y sanitización de las áreas señaladas y plan de mantenimiento de establecimientos educacionales.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 27 de abril del presente, la Inspección del Trabajo de Antofagasta procedió a fiscalizar el cumplimiento de las medidas de seguridad que debía adoptar el empleador, encargado a la fiscalizadora doña nombre reservado. Sin embargo, y de acuerdo al testimonio de los docente que se encontraban al momento de la fiscalización, la fiscalizadora indicó que a su juicio no se encontraba justificado invocar el artículo 184 bis del código del trabajo; señalando al empleador, que tenía todas y cada una de las facultades para exigir a los trabajadores del liceo el reintegro a sus funciones pues al día de la fiscalización, estos llevaban 7 días acogiéndose a dicha facultad. Todo lo anterior, la fiscalizadora lo estampa en un acta denominada reanudación de funciones.

Afirma que la facultad ejercida por los trabajadores no fue antojadiza, sostiene que, la inspección del trabajo, en una evidente contradicción a la protección del trabajador, indicó expresamente al empleador que podía llamar a trabajar a los docentes señalando que no se encontraba justificado el uso del artículo 184 bis del código del trabajo, aun cuando la contaminación de fecas de ratas y palomas, no se solucionaba y tampoco existía un plan de solución a corto plazo. Así las cosas, y, amparándose en lo señalado por la recurrida, el empleador ordenó a los trabajadores reintegrarse a funciones, entre medio de las fecas que contamina todo el establecimiento; amenazando con descuentos en las remuneraciones.

A juicio del recurrente, invocar el artículo 184 bis del Código del Trabajo se encontraba plenamente justificado a la luz de los hechos constatados por la autoridad sanitaria, quien indicó que le daba un plazo de 2 semanas para presentar un plan de desratización, tiempo durante el cual, los trabajadores y alumnos debían convivir con las fecas de ratones, palomas, infraestructura y servicios básicos en estados deplorables.

A mayor abundamiento, a Inspección del Trabajo no ordeno ninguna medida para reparar los incumplimientos laborales, ni determinó aplicar ninguna sanción, limitándose a ordenar que se reanudarán las funciones; esto a pesar de las evidentes falencias en el cumplimiento de medidas de seguridad y sanitarias, unido al informe del comité paritario del colegio que se exhibió, el cual se indicaba la urgencia de la situación. Por lo que dicho actuar, vulnera todo derecho en favor de los trabajadores obligándolos a trabajar en un ambiente lleno de fecas y contaminación exponiéndose a proceso de infección o mordidas de roedores, pues la infestación ha llegado a tal nivel que cómo se evidencia en las fotografías, resulta común encontrar ratas muertas en los pasillos del colegio, patio, salas de clases y baños.

Reitera que el actuar de la Inspección del Trabajo es arbitraria e ilegal, cita el artículo primero del Decreto de Fuerza de Ley Nº2 y artículo 1 del decreto N° 47, del Ministerio del Trabajo, señalando que la institución no dispuso medidas correctivas urgentes a pesar de la fiscalización y resultado de la autoridad sanitaria; debiendo haber suspendido todas las funciones mientras estos incumplimientos no fueran corregidos conforme lo dispone el artículo 28 del mismo cuerpo legal, dado que la naturaleza del incumplimiento reviste necesidades básicas incumplidas y el peligro biológico de trabajar en medio de heces o fecas; En consecuencia, debió proteger al trabajador, incurriendo en una falta de servicio, lo que constituye a su vez una ilegalidad evidente.

En cuanto al empleador, éste también actúa de manera arbitraria e ilegal, puesto que, desde el año 2022 ha solicitado mejorar las condiciones de trabajo, medidas que a la fecha no ha producido resultados eficaces; ordenando a los trabajadores prestar sus servicios durante todo el año mientras que la situación se agrava, llegando a ser insoportable en cuanto a los vectores de contaminación existentes y detectados por la misma autoridad sanitaria. Refiere que el artículo 184 del Código del Trabajo señala que el empleador debe proteger de manera eficaz al trabajador y si no lo hace, incurre en una grave ilegalidad, tal y como ocurre en el caso de marras; Agrega que también infringió el artículo 11, 33 y 22 del decreto Nº 594.

En definitiva, las recurridas han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, en cuanto al empleador lo vulnera día a día al no adoptar medidas eficaces de mitigación y por su parte la inspección del trabajo vulnera esta garantía por su falta de servicio al no adoptar y agotar todas las facultades que la ley le otorga para proteger al trabajador; en cuanto a la vulneración del artículo 19 N° 8; esto es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El empleador permite que en el lugar de trabajo existan vectores de contaminación, estos según la fiscalización de la autoridad sanitaria; obligando a los trabajadores a prestar sus servicio en este ambiente tóxico y con grave riesgo biológico, el cual, tal y cómo determina la autoridad sanitaria, no se soluciona con la simple puesta de cebos, pues exige un plan de mitigación efectivo para ello. Por su parte la Inspección del Trabajo con su falta de servicio, contribuye a que los trabajadores se encuentren prestando servicios en este ambiente claramente contaminado; no adoptando ni agotando las medidas para proteger al trabajador y hacer cumplir la legislación laboral sin causar daño al trabajador.

Exige que la inspección del trabajo adopte las siguientes medidas:

1.- Abstención de realizar recomendaciones al empleador corporación de desarrollo social de Antofagasta, que vayan en perjuicio del interés de los trabajadores como aquellos descritos en el cuerpo de este recurso.

2.- Que se ordene al recurrido realizar una nueva fiscalización en el liceo la portada, está vez por otro fiscalizador, y que se ordene a éste agotar todas y cada una de las facultades que la ley le otorga para obtener la corrección de los incumplimientos en caso de detectarse, con énfasis en proteger efectivamente a los trabajadores de dicho establecimiento.

3.- Que se disponga un sumario administrativo respecto de la fiscalizadora doña nombre reservado, para determinar responsabilidades por el eventual incumplimiento o falta de servicio en el que incurrió.

4.- Que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que tome conocimiento de los hechos, y de la eventual sentencia, a fin de que proceda a investigar los hechos y establecer las sanciones que procedan respecto del servicio recurrido.

En cuanto al empleador, solicita se declare que ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas, a través de actos arbitrarios e ilícitos obligando al trabajador bajo amenaza de descuento de remuneraciones prestar servicios en un ambiente contaminado y peligroso, ordenando adoptar todas y cada una de las medidas necesarias para corregir de manera eficaz y permanente las indicaciones efectuadas por la autoridad sanitaria, suspensión de clases o la suspensión de prestar servicios a los trabajadores de manera presencial mientras se realicen las labores de limpieza e higienización; mientras las observaciones de la autoridad sanitaria se mantengan y, por último, realizar un estudio a su costa por un profesional externo a la CMDS, que dé cuenta que efectivamente ha corregido de manera eficaz y permanente la infestación de palomas y ratas en el liceo La Portada; debiendo entregar este informe en el plazo más breve posible establecido por está Ilustrísima Corte y todas aquellas medidas que estime pertinente para corregir la vulneración denunciada, con condenación en costas.

SEGUNDO: Que informó doña nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción incoada.

Argumenta que a solicitud de una denuncia, concurrió de manera inspectiva el día 27 de abril del presente, a las dependencias del establecimiento educacional A-22, Liceo La Portada, a fin de verificar la efectividad de los hechos denunciados, esto es, la suspensión de labores por parte de los trabajadores(as) de la Corporación Municipal de Antofagasta, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, debido a la existencia de un riesgo grave e inminente a la vida y salud de todos ellos.

Sostiene que, luego de recabar una serie de antecedentes específicamente los relativos a la higiene y seguridad, se entrevistó con los representantes de los trabajadores y del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con los cuales recorrió las instalaciones de establecimiento educacional.

Destaca que el empleador entregó la documentación correspondiente y, reconoce la existencia de graves problemas en el establecimiento que, sin perjuicio de los escasos recursos municipales con que cuenta; ha intentado dar soluciones, adoptando diversas medidas al efecto.

Junto lo anterior, se verifica que el día 26 de abril del presente, La Seremi de Salud se constituyó en el mismo lugar, dando inicio a sumario sanitario al constatar deficiencias en los lugares de trabajo lo que se consigna en el Acta Folio N°018060, otorgando un plazo al empleador para su corrección.

Ahora bien, de la revisión realizada por la funcionaria, sumado a las declaraciones y documentos presentados, concluyó que, si bien los hechos denunciados constituyen un riesgo para la vida y salud de ellos, no revisten la gravedad establecida en el artículo 184 bis del Código del Trabajo; debiendo aplicar lo dispuesto en el Decreto Supremo N°594, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Todo lo anterior, señala fue informado tanto al empleador, representantes de los trabajadores, como al Comité Paritario de Higiene y Seguridad; dejando constancia de aquello en el acta respectiva, la cual ordena la reanudación de labores a contar del día siguiente a la fiscalización, concluyendo así la auto suspensión efectuada por los trabajadores desde el día 18 al 27 de abril de 2023.

Luego, indica las atribuciones la Dirección del Trabajo y hace referencia a los artículos 184 inciso cuarto, 184 inciso cuarto, 191 inciso tercero y 505 del Código del Trabajo y, artículo 5 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Suma que, su función se encuentra sujeta a lo establecido especialmente en las Leyes Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, normas que obligan a la institución dar respuesta a los requerimientos. Que, en cumplimiento de dichas normas, realizó la fiscalización correspondiente, la cual se enmarca con las atribuciones antes señaladas. Así mismo explica que, la Seremi de Salud estaba en conocimiento de los hechos, quien detenta las competencias técnicas para emitir una resolución respecto a la denuncia, razón por la cual la Dirección del Trabajo se abstuvo de conocer materias que no son de su jurisdicción, más aún cuando estas son materias sanitarias, como lo es la presente denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior y, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 184 bis del Código del Trabajo, expone que su resolución se fundamenta específicamente en las labores de los dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, en el Liceo A-22, las que no cumplen con los presupuestos de dicha norma.

Por consiguiente, la aplicación del inciso segundo de la letra b) del artículo 182 Bis, esta ineludiblemente ligada a la existencia de un riego grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores en su lugar de trabajo, y que, si bien la norma no define que debe entenderse por tal, sí lo hace la Real Academia Española a cual señala: “riesgo”: “contingencia o proximidad de un daño, “grave”: grande, de mucha entidad o importancia. “inminente”: que amenaza o está para suceder prontamente.” Definiciones que deben ser analizadas en conjunto y en cada caso en particular.

Ahora bien, en el caso de autos, después de la fiscalización realizada por la funcionaria y analizada el Acta de la Seremi de Salud, se determinó que sin perjuicio de verificarse un riesgo para la salud de los trabajadores, éste no tenía la entidad para mantener la suspensión de labores, toda vez que las falencias detectadas, no ocasionaban un peligro inminente para la vida y salud de los trabajadores, las que éstas podían ser solucionadas a través de medidas alternativas como la suspensión de funcionamiento de los lugares específicamente afectados, instrucción de limpieza y desinfección inmediata, adquisición de materiales de higiene para su reposición, entre otros, las cuales el empleador ya se encontraba implementando para mitigar los riesgos en breve plazo, hecho que fue ratificado por la autoridad sanitaria al otorgar plazo para la corrección de las observaciones por ésta detectadas.

Este criterio, ha sido plasmado por la Dirección del Trabajo en diversos dictámenes, como el Ord. N°4604/112, de 03.10.2017, Ord. N°1239/005, de 19.03.2020, Ord. N°1184, de 01.04.2021, entre otros.

A todo lo anterior añade que, las falencias detectadas tanto por la funcionaria durante su fiscalización y, la Seremi de Salud, no son de la envergadura ni se asemejan a las situaciones descritas en la norma legal, más aún cuando éstas, afectaban a lugares determinados del establecimiento.

Conforme es posible apreciar, no es efectivo que no se haya dado cumplimiento a la misión que tiene la Dirección del Trabajo de brindar protección a los trabajadores; sino por el contrario, señala que cumplió al no interferir en la actividad fiscalizadora del organismo respectivo, esto es Seremi de Salud, como así también entregó la información de lo resuelto durante ella, a todas las partes involucradas.

Hace presente que su función, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo, como así también en el artículo 5 del DFL N°2, que corresponde a la ley orgánica de la Dirección del Trabajo; es fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación. Por lo que la actuación realizada de dirigió precisamente en este sentido; no verificándose arbitrariedad alguna en su actuación.

Concluye señalando que, el recurso de protección interpuesto en su contra es improcedente, porque no existe acción u omisión, ilegal o arbitraria que haya vulnerado las garantías establecidas en el 19 Nº 1 y 8, por lo que solicita se rechace la presente acción en todas sus partes.

TERCERO: Que informó doña nombre reservado y don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción incoada, con expresa condenación en costas.

Señalan que, no existe una situación de peligro inminente para la vida de los trabajadores del Liceo “La Portada”, que si bien, existen palomas y roedores en la unidad educativa, han adoptado todas las medidas tendientes a controlar y reducir la presencia de tales animales; sin embargo, en la práctica la eliminación total de estos es imposible, puesto que es una especie considerada por el Servicio Agrícola Ganadero como plaga urbana en la comuna de Antofagasta.

En cuanto al excrementos de aves y roedores, indica ser un hecho no imputable al recurrido, sin perjuicio de aquello, los funcionarios auxiliares de aseo de dicha institución realizan labores de aseo continua a fin de erradicar tales excrementos, unido a los trabajos de sanitización y desratización que mensualmente se realizan por empresa contratista al efecto en el establecimiento.

Sostiene que la recurrente no presenta antecedentes concretos que permitan establecer que la exposición eventual y no permanente a excrementos de aves o roedores, constituya un riesgo grave o peligro inminente para la salud o vida de los funcionarios de la unidad educativa; pues estos se pueden ver expuestos en igual o mayor nivel a dichos residuos orgánicos en otra zona urbana de esta ciudad.

Hace presente que discrepa con los criterios y alegaciones que la autoridad Sanitaria realizó el día 26 de abril de 2023 en el Liceo A-22, pues, a juicio del recurrente, no existe circunstancia alguna que configure un peligro eventual o inminente a la salud de los trabajadores del establecimiento educacional; sino que sólo se detectó irregularidades en el manejo de residuos de la cocina del Liceo, unidad que no es administrado por ellos, sino que por la empresa concesionaria que JUNAEB, quien otorga alimentación a educandos. Por otro lado, respecto a la limpieza de algunas áreas del establecimiento, señala estar en desacuerdo con las apreciaciones del fiscalizador; reiterando que los auxiliares de aseo realizan su labor de manera eficaz el cual junto a las acciones de sanitización y desratización, se contiene y controla las aves y roedores que ingresan al establecimiento.

Hace presente que, la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta se apegó conforme a derecho, ya que, la funcionaria de la recurrida analizó la situación determinando que no existía un riesgo grave o peligro inminente para la vida o salud de los trabajadores, por lo que no se justificaba el ejercicio del derecho establecido en el inciso segundo del artículo 184 bis del Código del Trabajo.

Ahora en cuanto a la estructura material del establecimiento, éste se encuentra en buenas condiciones y, que respecto de aquellos que requerían reparación, casos puntuales producidos por el desgaste de uso natural, ya fueron reparados. Por todo lo anterior, la recurrida estima que no ha ejecutado conducta alguna que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la garantía constitucional del numeral 1° de la Carta Fundamental.

En lo concerniente a la garantía contemplada en el numeral 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; sostiene que no ha realizado actuación alguna que vulnere el ejercicio de tal derecho. Agrega que dicho derecho, se refiere a que toda persona que realice una actividad que afecte el medio ambiente debe realizarlo de acuerdo a los parámetros objetivos permitidos por el legislador y, que, en la presente acción, la existencia de roedores y aves en un establecimiento educacional no puede ser considerado como un acto atentatorio a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; pues incluso tales animales pueden encontrarse de tránsito por un determinado lugar. Además, indica que la autoridad sanitaria, no menciona criterios objetivos medidos con elementos técnicos o estudios científicos respaldados por entidades de investigación que determinen, fehacientemente, que la presencia de estos animales sea un factor de contaminación, y que estos pongan en grave riesgo o peligro inminente la vida o salud de las personas.

Concluye afirmando que, no ha realizado ningún acto ilegal o arbitrario que vulnere el derecho establecido en el artículo 19 N° 8, de nuestra carta fundamental, solicitando el rechazo de la presente acción, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, la presente controversia versa en determinar si existe una omisión arbitraria e ilegal alegada en contra de la Corporación De Desarrollo Social e Inspección Provincial Del Trabajo De Antofagasta. Respecto a la primera, por no adoptar medidas eficientes de mitigación para trabajar en un ambiente seguro para la salud de los trabajadores. En cuanto a la Inspección Provincial Del Trabajo De Antofagasta, por su falta de servicio al no adoptar las facultades que la ley le otorga para proteger el trabajador frente al estado deplorable en que se encuentra el colegio e indicarle al empleador, por medio de su fiscalizadora, que exija el reintegro de los trabajadores a sus funciones; contribuyendo a que los trabajadores presten sus servicios en un ambiente contaminado. De esta manera, ambas estarían vulnerando ambas los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que conforme a lo señalado por la Inspección del Trabajo de Antofagasta, resulta evidente que ha adoptado todas las medidas pertinentes para hacer frente a la situación sanitaria que señala el recurrente; dictando la resolución correspondiente que se enmarca en las normas que regulan su intervención y, a la vez, se abstiene respecto de aquellas cuyo procedimiento de fiscalización no ha finalizado, el cual de acuerdo al informe de la fiscalizadora estos hechos ya se encontraban en conocimiento de la autoridad sanitaria, Seremi de Salud, organismo gubernamental que tiene las competencias técnicas para emitir una resolución de acuerdo a los parámetros solicitados por el actor.

Que, en cuanto artículo 184 bis del Código del Trabajo, al ser esta una norma que opera ante un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, situación de hecho que no puede ser analizada o autorizada ex ante y; siendo competencia de la Inspección del Trabajo su fiscalización, ésta no puede ser discutida en un recurso de protección que amerite pronunciamiento de esta Corte de Apelaciones.

OCTAVO: Que en cuanto a la Corporación De Desarrollo Social De Antofagasta, atendido los hechos que fundamentan la presente acción constitucional así como las peticiones concretas que se someten a la decisión de este Tribunal de Alzada, los que no configuran los presupuestos necesarios para ser amparados por aquélla y evidentemente escapan a la competencia de esta Magistratura en lo dice relación con este mecanismo cautelar de urgencia, desde que se trata de hechos que dicen relación con la implementación de medidas de carácter permanente, cuyo conocimiento debe ser abordado por las autoridades administrativas y ejecutivas respectivas del ramo a través de la implementación de los programas y gestiones político- administrativas que sean necesarias para lograr los objetivos planteados por el actor, a través de la adopción de acuerdos entre las partes interesadas y, atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por Sindicato de profesores y profesionales de la educación de la corporación de desarrollo social de Antofagasta, en contra de Corporación De Desarrollo Social De Antofagasta y contra Inspección Provincial Del Trabajo De Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

ROL-2198-2023-(PROT)