Protección contra POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Antofagasta, a veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, de nacionalidad boliviana, cédula de identidad para extranjeros, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA y el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES; por la omisión ilegal y arbitraria en la falta de pronunciamiento definitivo respecto a la autodenuncia y Tarjeta de Extranjero Infractor Folio N.° 15146 de fecha 06 de mayo de 2022, estimando vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, consagradas en el artículo 19 N.° 2 y N.° 3 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordenar a las autoridades recurridas adoptar las decisiones administrativas correspondientes en el más breve plazo.

Informaron los recurridos, oponiendo el Servicio Nacional de Migraciones la excepción de cosa juzgada y solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda extensamente su acción señalando que ingresó al territorio nacional el 07 de marzo de 2010, a la edad de 17 años, obteniendo inicialmente una residencia temporal en 2011, la cual fue renovada y derivó en el otorgamiento de su residencia domicilio reservado. Expone poseer un profundo arraigo en el país: carece de antecedentes penales, se encuentra casada con don nombre reservado —con quien mantiene un sólido proyecto de vida familiar— y es madre de dos hijos de 15 y 3 años, ambos de nacionalidad chilena y matriculados en establecimientos educacionales nacionales.

Relata que la controversia se originó al vencer su cédula de identidad en julio de 2021; al acudir al Servicio de Registro Civil para su renovación, se le denegó el trámite indicándosele que mantenía un problema migratorio que debía solucionar previamente con la Policía de Investigaciones. Sostiene que, al concurrir a las dependencias de la PDI en Antofagasta únicamente con el fin de realizar consultas sobre su situación, fue incitada y presionada a efectuar una “autodenuncia”, procedimiento que califica de involuntario, entregándosele una Tarjeta de Extranjero Infractor (Folio N.° 15146) el 06 de mayo de 2022.

Asevera en su libelo que, desde el inicio de sus firmas periódicas en marzo de 2022 y la referida autodenuncia, ha transcurrido un tiempo excesivo de más de 42 meses (aproximadamente 1.290 días) en los que se ha visto obligada a firmar de manera continua, sin que la PDI ni el Servicio Nacional de Migraciones hayan emitido pronunciamiento alguno ni notificación formal que defina su estatus migratorio. Afirma que esta omisión de pronunciamiento la mantiene en una grave situación de vulnerabilidad, impidiéndole acceder a trámites de regularización, obtener documentos de identidad y celebrar contratos de trabajo formales, afectando severamente su dignidad, su seguridad jurídica y el sustento de su familia.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la actora argumenta que esta dilatación injustificada constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera la garantía de igualdad ante la ley y no discriminación (artículo 19 N.° 2 de la Constitución), al recibir un trato perjudicial frente a otros extranjeros en situaciones equivalentes que sí obtienen respuesta; y el derecho a un debido proceso y tutela judicial efectiva (artículo 19 N.° 3), entendido como el derecho a que las decisiones administrativas se sustancien en plazos razonables. Añade que la Administración infringe abiertamente la Ley N.° 19.880, especialmente sus principios de celeridad y economía procedimental (artículos 7 y 9), y el mandato expreso de su artículo 27, que fija un plazo máximo de seis meses para resolver los procedimientos administrativos. Descarta tajantemente que este retraso pueda ampararse en un supuesto caso fortuito o en el mero volumen de solicitudes, por contravenir el principio de servicialidad del Estado. Por todo lo expuesto, solicita que se acoja la acción y se ordene a las autoridades recurridas adoptar las decisiones definitivas sobre su autodenuncia, notificándole a la brevedad la resolución de su procedimiento.

SEGUNDO: Que, informando la Policía de Investigaciones de Chile a través de la Región Policial de Antofagasta, señala que, efectuadas las consultas, la recurrente registra como último movimiento migratorio una salida el 18 de enero de 2020 por Ollagüe, sin registrar entrada legal posterior. Agrega que, en el Sistema de Gestión Policial, registra una denuncia por ingreso irregular de fecha 22 de marzo de 2022. Finalmente, indica que la tardanza en el proceso sobre la autodenuncia corresponde resolverla exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones para la toma de decisiones, de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 157 de la Ley N.° 21.325.

TERCERO: Que, por su parte, informó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando que los organismos competentes para informar sobre la materia de autos son la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones. Precisa que, conforme al marco normativo vigente (Decreto Ley N.° 2.460 y Ley N.° 21.325), corresponde a la PDI el control migratorio y la denuncia de infracciones, mientras que es facultad del Servicio Nacional de Migraciones resolver los permisos de residencia, permanencia y las sanciones aplicables, solicitando en consecuencia tener por evacuado su informe en tales términos al no recaer en su cartera la responsabilidad de pronunciarse sobre el fondo del trámite.

CUARTO: Que, a su turno, el Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, oponiendo, en primer término y como defensa de previo y especial pronunciamiento, la excepción de cosa juzgada.

Para fundamentar dicha excepción, el Servicio argumenta que con fecha 3 de abril de 2025, la misma recurrente interpuso ante esta Corte una acción de protección idéntica (Rol 541-2025), la cual habría sido dirigida en contra del Servicio Nacional de Migraciones fundándose exactamente en las mismas alegaciones de hecho y de derecho que la causa actual. Expone que dicho recurso fue rechazado mediante sentencia firme no apelada de fecha 2 de junio de 2025. Invocando los artículos 175 y 177 del Código Orgánico de Tribunales, la defensa fiscal sostiene que concurre a su favor la triple identidad exigida por la ley (identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir), por lo que la materia ya se encontraría definitivamente zanjada y no procedería un nuevo pronunciamiento jurisdiccional.

En cuanto al fondo del asunto, el órgano migratorio informa que, si bien consta en sus registros que a la recurrente se le otorgó el beneficio de residencia definitiva el 2 de mayo de 2014 (mediante Resolución Exenta N.° 49.972 de la Subsecretaría del Interior), los antecedentes policiales dan cuenta de una infracción migratoria sobreviniente. Señala que la Policía de Investigaciones denunció a la actora por ingreso clandestino al territorio nacional, hecho que quedó plasmado en el Parte Policial N.° 389 de fecha 22 de marzo de 2022.

Atendido lo anterior, y en estricto cumplimiento del mandato del artículo 24 de la Ley N.° 21.325 (que exige el ingreso por pasos habilitados), el Servicio procedió a notificar a la extranjera, mediante el Oficio N.° 23.463 de fecha 14 de mayo de 2025, el inicio de un procedimiento sancionatorio destinado a revocar su permiso de residencia definitiva. Dicha actuación se sustentó en los artículos 89 N.° 1 y 32 N.° 3 de la normativa migratoria, referidos a las prohibiciones imperativas y revocación por elusión del control migratorio. El organismo destaca que en dicho oficio se le otorgó a la recurrente un plazo de 10 días hábiles para presentar descargos y aportar antecedentes sobre sus vínculos familiares, arraigo laboral, sustento económico y contribución social en el país, a fin de ser evaluados.

Concluye el Servicio Nacional de Migraciones afirmando que, una vez cumplido dicho plazo y ponderados los antecedentes, se dictará el acto administrativo que ponga término al proceso sancionatorio. Por tanto, argumenta que actualmente no existen inactividades ni solicitudes pendientes de la recurrente frente al servicio y que su actuar se ha ceñido rigurosamente a las facultades legales y constitucionales que le asisten, sin incurrir en omisiones arbitrarias o ilegales que vulneren los derechos de la amparada, solicitando el rechazo total del recurso.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, previo a resolver el fondo, corresponde hacerse cargo de la excepción de cosa juzgada opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones. Al respecto, el artículo 177 del Código Orgánico de Tribunales exige para su procedencia la triple identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir. Analizada la copia de la sentencia recaída en la causa Rol 541-2025 acompañada en estos autos, se constata inequívocamente que dicha acción fue dirigida en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación (erróneamente fallada en su resolutiva respecto del Centro de Cumplimiento Penitenciario), y estuvo motivada por la negativa de aquella repartición a renovar su cédula de identidad. En la presente causa, la acción se dirige en contra de autoridades distintas (la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones), basándose en la dilatación injustificada de más de 42 meses para resolver su situación migratoria terminal tras una autodenuncia policial. Al no concurrir la identidad de partes recurridas, ni de pretensiones, ni de los hechos que fundamentan la causa de pedir, la excepción de cosa juzgada deberá ser necesariamente rechazada.

OCTAVO: Que, en la especie, la controversia se circunscribe a dilucidar si la prolongada demora en la tramitación del procedimiento derivado de la autodenuncia y control migratorio de la recurrente constituye un acto ilegal o arbitrario vulneratorio de la igualdad ante la ley, y a qué órgano le asiste la responsabilidad de resolverlo.

NOVENO: Que, de los antecedentes acompañados, constituye un hecho pacífico que la recurrente fue objeto de un control, denuncia por la PDI y autodenuncia entre marzo y mayo de 2022. Si bien el Servicio Nacional de Migraciones notificó el inicio de un proceso de revocación de residencia mediante Oficio N.° 23463 recién en mayo de 2025, resulta evidente que transcurrieron aproximadamente tres años sin que la Administración adoptara medidas oportunas para definir la situación jurídica de la actora.

DÉCIMO: Que, respecto de la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, los informes demuestran que dichos organismos cumplieron oportunamente con sus facultades legales de fiscalización, control de fronteras y denuncia de las infracciones migratorias, careciendo de facultades para dictar la resolución final del estatus migratorio. Por tanto, no se advierte a su respecto omisión ilegal o arbitraria alguna, correspondiendo rechazar la acción en su contra.

UNDÉCIMO: Que, distinta es la situación del Servicio Nacional de Migraciones. La actividad de la Administración se rige por la Ley N.° 19.880, destacando los principios de celeridad, conclusivo y de economía procedimental, que imponen a la autoridad el deber de impulsar el procedimiento y emitir un acto decisorio de fondo dentro de márgenes temporales razonables. Aun cuando la autoridad haya iniciado tardíamente un procedimiento sancionatorio de revocación con posterioridad, la dilación previa de más de tres años y la falta de un acto administrativo terminal a la fecha de interposición del recurso resulta manifiestamente desproporcionada y carente de sustento racional, configurando una omisión ilegal y arbitraria atribuible a su inactividad frente a la denuncia recibida en 2022.

DUODÉCIMO: Que, dicha omisión atribuible exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.° 2 de la Carta Fundamental. Ello importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que han podido tramitar debidamente sus procedimientos en tiempos racionales, dejándola en un prolongado estado de indefensión e incertidumbre sobre su estatus migratorio final. Concurriendo los presupuestos constitucionales, la acción tutelar será acogida únicamente respecto de este Servicio, con el objeto de que ponga término al procedimiento pendiente.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I. SE RECHAZA la excepción de cosa juzgada deducida por el Servicio Nacional de Migraciones.

II. SE RECHAZA el recurso de protección deducido en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE y EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

III. SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, ordenándose a la autoridad recurrida concluir el procedimiento respectivo (iniciado mediante Oficio N.° 23463) y pronunciarse de manera definitiva sobre la situación migratoria y la autodenuncia de la actora, emitiendo el acto administrativo que en derecho corresponda, dentro del plazo máximo de noventa días corridos, contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2186-2026 (Protección)

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