nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Javier Mandaleris Jara, abogado, actuando en nombre de nombre reservado, empleados, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, gerente general, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción en que es deudor de la recurrida en virtud de un pagaré, y en el contexto del mutuo, solicitó a la recurrida de que efectuara el cobro mediante el descuento de los dineros de sus remuneraciones, lo cual sólo autorizó para su empleador de ese momento, mas no para otros eventuales empleadores del futuro.

Refiere que su contrato de trabajo terminó, tras lo cual no pudo continuar pagando el crédito, lo que significó que la recurrida lo demandara ante el 2° Juzgado de Letras de Antofagasta, en causa Rol 3496-2023. Agrega que, luego, ingresó a trabajar a la empresa Trek Rental.

Dice que la contraria ha incurrido en un acto totalmente arbitrario e ilegal ya que ha realizado el cobro del crédito mediante descuento de una empresa distinta a la señalada por él.

Indica que si bien conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, que cita, se autoriza a las Cajas de Compensación a descontar de las remuneraciones de los trabajadores los cobros de los montos de los créditos solidarios que se solicitan, presenta una serie de limitaciones, especialmente cuando este descuento viene dado a una instrucción practicada respecto del empleador anterior, el cual cumplió, y no respecto de un carácter nominativo del empleador que actualmente tiene, por lo tanto esta actualización no se extiende al empleador que actualmente tiene.

Alega que no puede autorizarse a una conducta que condiciona la situación futura del deudor, más que todo, cuando ha sido la propia recurrida la que ha optado por efectuar las acciones ejecutivas pertinentes, en pleno ejercicio de sus derechos, por lo tanto, no está facultada para el cobro de la forma señalada, citando jurisprudencia al respecto.

Alude que esta actuación arbitraria e ilegal denota una privación, perturbación y amenaza del derecho contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, el cual resguarda el derecho de propiedad de las personas, el cual se ve menoscabado en sus remuneraciones.

Solicita se decrete el cese inmediato del cobro del crédito social mediante el descuento de las remuneraciones y el reintegro de todos los montos deducidos por este concepto, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado el recurso.

Expone que con fecha 03 de octubre de 2019 otorgó a don nombre reservado, el crédito código 185CON102034067, por la suma de $8.478.787.-, a una tasa de 1.58%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $250.827.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2019. Dice que durante el periodo del 09 de enero de 2020 al 09 de abril de 2021 se recibió el pago de la cuota del mes de diciembre de 2019 a marzo de 2021 (1 a 15), más un abono en la cuota del mes de abril de 2021 por $30.887. Agrega que con fecha 12 de marzo de 2024 se recibió la suma de $225.993.-, cuyo monto le fue devuelto al titular con fecha 23 de septiembre de 2024. Y, finalmente, el titular, a través de descuento efectuado en su remuneración del mes de septiembre de 2024, pagó la suma de $369.272.-, cuyo monto se contabilizó como pagada la diferencia de la cuota del mes de abril de 2021 (16), más un interés penal de $142.637.-. Señala que, a la fecha, las cuotas del mes de mayo de 2021 a septiembre de 2024 (17 a 57) se encuentran en mora, y las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2025.

Asimismo, menciona que con fecha 25 de febrero de 2020 le otorgó al recurrente el crédito código 185CON102316059, por la suma de $943.487.-, a una tasa de 1.83%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $32.053.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2020. Expresa que la primera cuota fue diferida por LM, las cuotas del mes de junio de 2020 a marzo de 2021 (2 a 11), se pagaron durante el periodo 10 de junio de 2020 al 10 de abril de 2021, y las cuotas restantes se encuentran en mora, agregando que con fecha 12 de marzo de 2024 se recibió la suma de $11.543.-, cuyo monto se devolvió al titular con fecha 23 de septiembre de 2024.

Señala que, si bien es cierto inició una demanda en contra de la recurrente, lo hizo por una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las cajas de compensación, en la Circular 3.567 de 4 de enero de 2021, que obliga a ellas a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora; por lo tanto, el crédito se encuentra plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Luego, se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y al mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833 mediante el “descuento por planilla”, que tiene varias particularidades: a) se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo, y con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador; b) se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma obligatoria, tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales; c) la obligatoriedad del “descuento por planilla” recae sobre el empleador y por eso se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento; d) el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla”; y e) es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que ese mecanismo funciona aun cuando no haga nada o no lo desee ya que no obedece de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal.

Afirma que la obligación es actualmente exigible, la prescripción debe ser declarada judicialmente y, en cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad, sostiene que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera del dominio del deudor ni expropiación de parte de sus remuneraciones, ya que la ley permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, sin que se requiera de una sentencia o proceso previo.

Finalmente, cita jurisprudencia.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833 que Establece un nuevo Estatuto para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, y en particular respecto del pagaré y/o crédito código 185CON102034067, por la suma de $8.478.787.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2019, la Caja de Compensación Los Andes optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento seguido ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de esta ciudad, cuyo ingreso fue el 02 de agosto de 2023, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el actor, y que coincide con lo informado por la recurrida.

Sobre este proceso judicial, seguido en dicho tribunal bajo el ROL C-3496-2023, es importante tener presente que la demanda ejecutiva fue notificada con fecha 03 de octubre de 2023, y que el deudor fue requerido de pago con fecha 04 de octubre de 2023, por lo que nos encontramos con un proceso válido, en que está correctamente trabada la litis.

Por su parte, respecto del pagaré y/o crédito código 185CON102316059, no consta que respecto de aquél se haya iniciado un proceso ejecutivo.

SEXTO: Que, entonces, de los documentos acompañados por el actor, consta que la recurrida únicamente ha iniciado el cobro judicial del crédito código 185CON102034067, mediante la interposición de la demanda ejecutiva con fecha 02 de agosto de 2023, notificada el día 03 de octubre de 2023, en la que el actor fue requerido de pago el día 04 de dicho mes y año, bajo el rol C-3496-2023, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, la que se tuvo a la vista; no obstante, la Caja recurrida continuó con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones del recurrente, correspondiente al mes de septiembre del año en curso.

SÉPTIMO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito respecto del Pagaré crédito código 185CON102034067, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en consecuencia, resultando arbitraria la medida de efectuar una cobranza vía judicial por parte de la recurrida y, posteriormente, proceder a los descuentos del crédito código 185CON102034067 en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo uso abusivo de la facultad que le confiere la ley, no cabe sino acoger únicamente el recurso respecto del crédito precedentemente singularizado, y no así respecto del crédito código 185CON102316059, al no constar, conforme a los antecedentes acompañados por las partes, que se haya iniciado un procedimiento ejecutivo respecto de este último.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Javier Mandaleris Jara, en nombre de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, únicamente respecto del crédito código 185CON102034067, de fecha 03 de agosto de 2019, ordenándose a la recurrida abstenerse de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones y reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el mes de septiembre del presente año; RECHAZÁNDOSE respecto del crédito código 185CON102316059, de fecha 25 de febrero de 2020.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2184-2024 (PROTECCIÓN)

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