nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Antofagasta, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Benjamín Andrés Núñez Ochoa, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quienes dedujeron recurso de protección de garantías constitucionales, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., Rol único Tributario N°98.000.000-1, representada legalmente por don nombre reservado, y de la Superintendencia de Pensiones, Rol Único Tributario N°60.818.000-1, representada legalmente por el Superintendente de Pensiones don nombre reservado, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la respuesta negativa otorgada por la AFP, confirmada por la Superintendencia de Pensiones, a la solicitud de los recurrentes de recibir el Excedente de Libre Disposición que les corresponde en calidad de herederos de don nombre reservado, quien era beneficiario de la Ley N°21.309 y que solicitó válidamente el retiro de sus excedentes, vulnerando así la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; solicitando, se deje sin efecto el recálculo de la pensión por enfermedad terminal, realizado ilegal y arbitrariamente por la AFP y visado por la Superintendencia de Pensiones, respetando la opción válidamente emitida por don nombre reservado, de recibir la pensión mínima con entrega del máximo del Excedente de Libre Disposición; la entrega por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. del monto correspondiente al Excedente de Libre Disposición, solicitado por don nombre reservado con fecha 19 de junio de 2024, a sus herederos y recurrentes en estos autos, suma que asciende a $214.889.055 —sin perjuicio de los impuestos a los que se pueda ver afecto dicho monto de conformidad a la ley—, en el más breve plazo; se condene expresamente en costas a las recurridas.

Informaron las recurridas al tenor del recurso, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundan los recurrentes su arbitrio constitucional, señalando que la presente acción tiene como objetivo poner fin a los actos ilegales y arbitrarios que les han privado en su calidad de herederos por ser cónyuge e hijo del causante don nombre reservado, de sus derechos de propiedad sobre la herencia, pues al fallecimiento del causante, la AFP donde tenía sus fondos de pensiones habría actuado de manera arbitraria al modificar la modalidad de pensión que él había elegido, ignorando su derecho al Excedente de Libre Disposición (ELD).

Refieren que, la Ley N°21.309 establece que los afiliados con enfermedad terminal tienen derecho a una pensión temporal de 12 meses, la cual debe ser pagada con los fondos acumulados en su cuenta. Así, el causante optó por recibir una pensión mínima y retirar el máximo posible como ELD, pero falleció un día después de comunicar su decisión, lo que llevó a la AFP a recalcular su pensión de manera inadecuada y sin considerar su elección.

En dicho contexto, los herederos y recurrentes de autos tendrían derecho a reclamar el ELD, ya que este crédito se transmite a ellos tras el fallecimiento de don nombre reservado. Por lo tanto, solicitan que se restablezca su derecho y se ordene a la AFP la entrega del monto correspondiente al ELD, que asciende a más de 214 millones de pesos, en el menor tiempo posible, argumentando que la modificación realizada por la AFP fue ilegal y arbitraria.

Seguidamente, se refieren a la enfermedad terminal que padecía don nombre reservado, indicando que, en abril de 2024, recibieron la devastadora noticia de que su cáncer GIST estaba en estado terminal. Durante los meses anteriores, había estado recibiendo cuidados paliativos en el Centro Oncológico Norte de Antofagasta. A finales de abril, tras ser informado por el personal del centro sobre los beneficios de la Ley N°21.309, don nombre reservado decidió solicitar una pensión temporal mínima con el máximo retiro de Excedente de Libre Disposición (ELD) para beneficiar a su esposa e hijo, recurrentes de autos.

Que, el 29 de abril del año en curso, presentó la solicitud de certificación de enfermo terminal a la AFP, incluyendo el certificado médico correspondiente. El 7 de mayo, recibió la confirmación de su estado como enfermo terminal. A partir de ahí, la AFP realizó los cálculos pertinentes, generando una pensión temporal y estableciendo que no había ELD disponible en ese momento, dado que la calificación de invalidez aún estaba pendiente.

El 19 de junio de los corrientes, después de que se notificó la calificación de invalidez, la AFP envió una nueva hoja de cálculo que incluía un saldo considerable en su cuenta, formalizando don nombre reservado su decisión de solicitar la pensión mínima junto al retiro de un monto significativo como ELD ascendente a $214.889.055.- y una pensión mínima de $214.296.-, llenando y enviando el formulario virtual puesto a disposición de la AFP. Sin embargo, lamentablemente, don nombre reservado falleció un día después, dejando a su familia no solo con el dolor de su pérdida, sino también con la incertidumbre y la injusticia provocadas por la actuación de la AFP y la Superintendencia de Pensiones.

Añaden que, posterior al fallecimiento de don nombre reservado, acudieron a las dependencias de AFP Capital en Antofagasta, para averiguar sobre el pago del Excedente de Libre Disposición (ELD), ya que él había optado por una pensión mínima con el máximo retiro de ELD. Sin embargo, la AFP cambió arbitrariamente la modalidad de pensión a un monto mayor sin retiro de ELD. Inicialmente, les informaron que se trataba de un error del sistema y que se mantendría la opción seleccionada por don nombre reservado, pero no hubo comunicación posterior.

Luego, el 3 de julio, doña nombre reservado fue nuevamente a la AFP y le informaron que la decisión estaba tomada, sin aclarar por qué se ignoró la elección de su esposo. Ante la situación, presentó una reclamación ante la Superintendencia de Pensiones; el 12 de julio, la AFP respondió afirmando que no se generó la opción elegida debido al fallecimiento de don nombre reservado y que pagaron sin considerar el retiro de ELD, lo que evidencia errores y omisiones en su procedimiento, remitiéndose en dicha carta a las normas del “Libro III, Título, Letra I, del Compendio de Normas de Pensiones”, aludiendo al plazo de 4 días que tendría la AFP para hacer el pago de la primera renta temporal, contado desde el día en que el afiliado ejerció su opinión respecto de la renta temporal y del ELD. Indica además, que “como el primer pago de renta temporal no se emitió, AFP Capital realizó el pago sin considerar el retiro de Excedente de Libre Disposición, pagando solamente la renta temporal máxima por aprox. $22.000.000”.

Que, las omisiones y errores gravísimos en los que incurrió la AFP al otorgar su respuesta, según los recurrentes, serían los siguientes, primero, omitió mencionar que don nombre reservado había sido calificado como enfermo terminal, lo cual es crucial para este caso, ya que esa certificación se firmó el 7 de mayo, un mes y medio antes de su fallecimiento, lo que pondría en evidencia una demora excesiva en otorgar el beneficio establecido en la Ley N° 21.309; además, la AFP presentó una Ficha de Cálculo errónea con datos incorrectos sobre el saldo de la cuenta obligatoria de don nombre reservado. La ficha correcta, fechada el 21 de junio, muestra el saldo real y confirma que don nombre reservado había optado válidamente por una pensión mínima con el máximo retiro de ELD, contradiciendo las afirmaciones de la AFP; por último, la AFP afirmó que se realizó un cargo para financiar una renta temporal sin retiro de ELD superior a $22.000.000.-, justificando que la opción de don nombre reservado no se generó por su fallecimiento, lo que sería incorrecto, ya que lo devengado realmente correspondía al ELD, no a la pensión.

Producto de lo anterior, ante las inconsistencias, omisiones y errores contenidos en la carta de la AFP, es que con fecha 19 de agosto de 2024 doña nombre reservado presentó un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, solicitando un pronunciamiento expreso sobre lo acontecido, toda vez que, frente a la primera presentación, la SP se habría limitado a enviar los antecedentes a la AFP y luego remitir la respuesta de esta última a la recurrente, sin pronunciarse sobre el fondo, generando así, que con fecha 04 de octubre del año en curso, la SP emitiera un nuevo pronunciamiento, en el que primeramente replica lo señalado por la AFP, para luego hacer un análisis de los hechos del caso mientras se refiere a la normativa aplicable.

En su análisis, la SP reconoció que el 29 de abril de 2024, don nombre reservado optó por una pensión anticipada por enfermedad terminal. También menciona los cálculos realizados por la AFP para determinar el valor de la pensión, y la aprobación del dictamen médico que certificaba una disminución del 87% en la capacidad de trabajo de don nombre reservado, lo que llevó a un ajuste del Aporte Adicional por la cobertura SIS. Que, la AFP tenía un plazo hasta el 25 de junio de 2024 para ingresar dicho aporte, el cual fue abonado el 17 de junio de 2024, pero que don nombre reservado falleció el 20 de junio de 2024 sin haber ejercido su opción de pensión, lo que la SP habría interpretado erróneamente, ya que se había manifestado su intención el 29 de abril de 2024.

Finalmente, la SP citó la normativa que establece que, si no se ejerce la opción de pensión antes del fallecimiento, las pensiones devengadas se pagarían como herencia. Por lo tanto, la norma aplicable indicaba que, al no haber ejercido la opción, las pensiones devengadas se pagarían según la renta temporal máxima, sin posibilidad de retirar excedentes.

Enfatiza que, con relación a los fondos del ELD, y al ejercer don nombre reservado válidamente su opción de modalidad de pensión, eligiendo la pensión mínima con el máximo retiro de excedentes, indudablemente se produce una desafectación de esos saldos. Esto, dado que en virtud de lo dispuesto en la Ley N°21.309, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en ella —entre ellos la calificación de don nombre reservado como enfermo terminal y su calificación de invalidez total—, se genera la obligación de la AFP de hacer entrega de ellos. Por tanto, surge consecuentemente un derecho para el afiliado beneficiario a percibirlos, derecho que se sustrae del patrimonio de afectación especial al que corresponden los fondos de pensiones, e ingresa, según dice, a su “patrimonio general”. Ello, para sostener que don nombre reservado era dueño de un crédito, de contenido pecuniario y determinado, en contra de la AFP, por el monto correspondiente al Excedente de Libre Disposición, que había sido calculado por la misma AFP, en virtud de la opción que había ejercido de conformidad con la Ley N° 21.309 que introduce los artículos 70 bis y 70 ter al Decreto Ley 3.500 y por ende, dicho derecho adquirido habría ingresado a su patrimonio, el que habría sido transmitido a sus herederos y recurrentes de autos.

Precisa que, la acción arbitraria e ilegal de la AFP recurrida, consiste en que ésta, unilateralmente, modificó la modalidad de pensión seleccionada válidamente por don nombre reservado, desconociendo su última voluntad, cambiando su opción de recibir una pensión por el monto mínimo con el máximo retiro de ELD, a una pensión de mayor monto, de $22.156.253, sin retiro de ELD.

A su turno, en lo que respecta a la Superintendencia de Pensiones, el actuar arbitrario e ilegal que reprochan los actores, consiste en que, dicha institución como organismo sectorial le corresponde la fiscalización de las AFP, y, por ende, debe resolver las reclamaciones contra dichas entidades. Así, acudiendo a ella con la esperanza de que emitiera un pronunciamiento que permita restablecer el imperio del derecho y proteger la legítima voluntad del causante, no fue capaz de advertir los graves errores en que incurrió la AFP en su respuesta, incurriendo además, en errores de suyo al invocar la disposición contenida en el numeral 5, letra b) del Libro III del Compendio de Normas SP, a la situación de hecho efectivamente verificada y arbitraria, en tanto existe una clara falta de fundamento racional del acto.

Posteriormente, se hacen cargo de la norma del Compendio de Normas SP que sí resultaría aplicable al presente caso, pero cuya aplicación implicaría, al igual que la anterior, un acto arbitrario y vulneratorio del derecho de propiedad, refiriéndose derechamente al numeral 5, letra c), “Si a la fecha de fallecimiento el afiliado hubiese ejercido la opción con retiro de excedente de libre disposición, éste incrementará la masa hereditaria sólo si su pago se encontraba emitido. Se entenderá por pago emitido cuando los fondos se encuentran a disposición del afiliado.”, para argüir, que dicha norma impone un requisito adicional para que los fondos de ELD ingresen a la masa hereditaria, cual sería, que su pago se encontrare emitido; norma que califican como arbitraria, en el sentido de que sería ilegítima, sin que pueda justificar en función de los valores o del espíritu de la Ley N°21.039 ni de los principios que informan la sucesión por causa de muerte; pues, dicha norma habilita a las AFP no solo a desconocer la voluntad de los beneficiarios fallecidos, sino que también a perjudicar a las familias de los enfermos terminales; además, tampoco se puede justificar en función de las normas aplicables, como la Ley N°21.039, al establecer la norma administrativa un requisito adicional que no está contenido en la ley; y, porque tampoco existiría una justificación social de la norma en cuestión, la que viene dada por la Ley N°21.039.

Finalmente, refiere que otro argumento para acoger la presente acción, consiste en la tardanza en la tramitación de la pensión consagrada en la Ley N°21.039, concluyendo que existieron dilaciones indebidas en el procedimiento de calificación de invalidez de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que informó don José Luis Maldonado Vásquez, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., al tenor de recurso, instando por su rechazo.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción constitucional, toda vez que, y tal como lo sostiene el recurrente en su presentación, el acto arbitrario e ilegal consistente en la “respuesta negativa dada por AFP Capital a la solicitud de los recurrentes de recibir Excedente de Libre Disposición”, data del 12 de julio de 2024, época en la que tomaron conocimiento de dicha carta, excediendo claramente los 30 días de plazo que contempla la ley al efecto.

Que, además, los recurrentes reconocen que el plazo de 30 días para interponer la presente acción se computó en relación con la fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta de la Superintendencia de Pensiones, el día 04 de octubre del año en curso, estando ya en conocimiento de la respuesta otorgada por la AFP recurrida desde el 12 de julio de 2024, fecha a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo para ejercer la presente acción. Ello, con independencia de la fecha que esta Corte estime respecto a la recurrida Superintendencia de Pensiones.

A continuación, alega que la acción de protección no es el medio idóneo para discutir la materia de autos, por cuanto, el recurso presentado por los recurrentes busca el pago de una herencia (ELD) sin cumplir los requisitos legales necesarios, como la resolución de posesión efectiva del Servicio de Registro Civil al reconocer que aún no cuentan con ella, por lo que no se trataría de un derecho con las características de indubitado. Señala, además, que el recurso excede la finalidad cautelar de la acción de protección, ya que pretende una declaración judicial sobre derechos hereditarios sin la documentación adecuada. La normativa exige presentar la resolución de posesión efectiva inscrita para retirar herencia, lo cual no se ha cumplido. Además, el recurrente intenta utilizar la acción de protección para obtener una sentencia declarativa, lo cual no es procedente, pues el recurso de protección se destina a proteger derechos fundamentales frente a actos arbitrarios o ilegales, no para resolver disputas sobre derechos hereditarios ni interpretar normativas previsionales, competencias que corresponden a la Superintendencia de Pensiones según el DFL 101.

En el mismo orden de ideas, alega la inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, desarrollando los presupuesto de procedencia de la presente acción, valiéndose de variada jurisprudencia al efecto, para sostener que su actuar se enmarca en la normativa expresa, que de no respetar significaría forzarla a cometer un acto ilegal, más cuando el ente encargado de la interpretación de la norma según las facultades del DL 3500 y el DFL 101, es la Superintendencia de Pensiones, que ya se ha pronunciado al respecto.

Precisa además, que la situación de marras se encuentra expresamente regulada en el Compendio Normativo de la Superintendencia de Pensiones, aclarando que la opción con retiro de ELD no se verificó, debido a que el afiliado falleció antes que se generara el movimiento en su cuenta, por tanto, su pago no se encontraba emitido, lo que según lo dispuesto en el Compendio Normativo de la Superintendencia de Pensiones -e informado al recurrente en oficio N°18.570 de fecha 4 de octubre de 2024- “se entiende que el pago se encuentra emitido cuando los fondos se encuentran a disposición del afiliado”, situación que no se dio en el presente caso, remitiéndose a la normativa expresa existente en la materia contenida en el numera 5 “Situaciones especiales”, letras a), b), c), d) y e) del Capítulo III. Letra D.1. Título I. del Libro III del Compendió de Normas de la Superintendencia de Pensiones, la cual transcribe, desarrollando particularmente aquellas contenidas en las letras b) y c), las que habrían sido reiteradas por la Superintendencia del ramo con fecha 04 de septiembre de 2024, estableciéndose distintas situaciones frente al fallecimiento del afiliado, disponiendo la letra b) que, si no hubiese ejercido su opción, las pensiones devengadas se pagarán como herencia de acuerdo con la renta temporal máxima, no dando la opción de retirar como excedente de libre disposición. Y, que de considerar que el causante sí ejerció la opción con retiro de excedentes de libre disposición, se entiende que éste sólo incrementará la masa hereditaria si su pago se encontraba emitido, y se entiende por pago emitido cuando los fondos se encuentran a disposición del afiliado, situación explícitamente regulada por la Superintendencia de Pensiones en su Compendio Normativo, y que no se da en el presente caso. Es decir, el pago con retiro de ELD no se encontraba emitido, por tanto, los fondos no se encontraban a disposición del afiliado, no procediendo que el ELD incremente la masa hereditaria como mal pretende el recurrente, pues la entrega del monto correspondiente a ELD en una forma distinta a la establecida en la norma citada, constituiría una prestación, beneficio o pensión no autorizada por la ley.

Que, complementando su informe a folio N°8 del expediente electrónico, indicó, además, que con fecha 19 de junio de 2024 se registra selección de modalidad desde el correo electrónico de don nombre reservado, a través de la página web de AGP Capital dispuesta para tal efecto, donde consta la selección de forma de pago máximo excedente libre disposición. Operación que se realizó a menos de 24 horas del fallecimiento de su afiliado, siendo su cónyuge doña nombre reservado, quien consultó e intentó la modificación de la selección durante varias ocasiones y siendo ella quien realizó el trámite y no el causante como se indica en el libelo recursivo.

Precisa además, que no se verificó la selección de modalidad debido al fallecimiento del afiliado, pues falleció con anterioridad a que se generara el movimiento de su cuenta, quedando por defecto el monto de pago sin retiro de excedente, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, específicamente en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, numeral 5 “situaciones especiales” del Capítulo III, Letra D.1, Título I, del Libro III, en lo que interesa, letras b) y c):

“En el caso que el fallecimiento del solicitante ocurra habiendo sido certificado como enfermo terminal, deberá considerarse lo siguiente:

b. Si a la fecha de muerte no hubiera ejercido su opción de beneficio, las pensiones devengadas se pagarán como herencia, de acuerdo con la Renta Temporal máxima.

c. Si a la fecha de fallecimiento el afiliado hubiese ejercido la opción con retiro de excedente de libre disposición, éste incrementará la masa hereditaria sólo si su pago se encontraba emitido. Se entenderá por pago emitido cuando los fondos se encuentran a disposición del afiliado.”

Finaliza, señalando que dicha normativa resuelve el problema presentado en autos, sin que se pueda ignorar la misma, debiendo dar estricto cumplimiento y a lo ordenado por la Superintendencia de Pensiones, ente encargado de la interpretación de la norma previsional, descartando ilegalidad o arbitrariedad en su actuar al seguir lo dictaminado por el ente fiscalizador.

TERCERO: Que informó don nombre reservado, fiscal de la Superintendencia de Pensiones, al tenor de recurso, instando por su rechazo.

En primer lugar, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, por cuanto y según se desprende del recurso, los recurrentes manifiestan que dicho servicio cometió un acto arbitrario e ilegal al emitir el oficio de fecha 04 de octubre de 2024, en circunstancias que, el acto objeto del recurso, sería la modificación que habría hecho AFP Capital S.A. respecto de la pensión por la que habría optado el señor nombre reservado, en su calidad de enfermo terminal, a pocos días de fallecer, refiriendo que la AFP recalculó la renta temporal sin considerar en ésta el retiro de excedentes de libre disposición por el que optó el señor nombre reservado. Así, lo que se reclama, no es sino el actuar de AFP Capital S.A., encargada de calcular y otorgar los beneficios previsionales y no la Superintendencia de Pensiones, ente fiscalizador que sólo se limitó a dar una respuesta frente a la presentación de los recurrentes.

En subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del presente recurso, por exceder el ámbito de la acción de protección, sin que sea susceptible de discutirse en esta seda lo pretendido por el recurrente, al no poder emitir un pronunciamiento declarativo como lo pretende la recurrente, al cuestionar la forma de concesión y monto de un beneficio previsional cuestionado.

Acto seguido, se refiere al contenido del oficio N°18570 de 04 de octubre de 2024 emanado de la Superintendencia recurrida, dando respuesta a la presentación de la recurrente e informando que AFP Capital S.A. mediante carta de 12 de julio de 2024, señaló que don nombre reservado el 29 de abril de 2024 optó por Pensión Anticipada por Enfermedad Terminal de valor mínimo con retiro máximo de Excedente de Libre Disposición sin generar la opción a causa de su fallecimiento, procediendo a desarrollar un orden cronológico de los hechos ya latamente referidos tanto en el recurso como en el informe de la AFP recurrida.

Destaca que, en virtud de la normativa vigente, se hizo presente a la parte recurrente que, en caso de que el fallecimiento del solicitante ocurra habiendo sido certificado como enfermo terminal, debe considerarse lo siguiente: a) Las pensiones se pagan hasta el último día del mes del fallecimiento y, si no se cobran, se suman a la herencia; b) Si no se ejerció la opción de beneficio, las pensiones devengadas se heredan según la renta temporal máxima; c) El excedente de libre disposición se suma a la herencia si el pago estaba emitido; d) La AFP debe calcular el aporte adicional considerando al afiliado y sus beneficiarios; e) Las pensiones no devengadas se destinan a pensiones de sobrevivencia o a la herencia si no hay beneficiarios.

Poniendo énfasis en que se le informó que, si el afiliado no ejerció su opción, las pensiones se heredan conforme a la renta temporal máxima, sin dar opción de retirar como excedente de libre disposición.

Reitera que, tal como lo señaló en la alegación de falta de legitimidad pasiva, la Superintendencia no participa en la concesión ni pago de beneficios, por lo que no puede ser responsable en la presente acción cautelar.

Refuta la afirmación de la parte recurrente sobre el Oficio N°18570, explicando que solo se respondió a una consulta de la señora nombre reservado, confirmando que la AFP actuó conforme a la normativa, más no procedió a visar el recálculo de la pensión por enfermedad terminal realizado por AFP Capital S.A.

Esgrime que, el señor nombre reservado, al optar por una pensión básica solidaria y el retiro de excedentes, falleció antes de que el pago se emitiera, impidiendo la incorporación de estos fondos a su patrimonio. La AFP debía recalcular la pensión de sobrevivencia, conforme a la normativa de Seguridad Social, que es de orden público e irrenunciable.

La normativa vigente, basada en el espíritu de la Ley 21.309, busca garantizar que los afiliados terminales puedan disponer anticipadamente de sus fondos. Sin embargo, el beneficio requiere que el afiliado esté vivo al momento de la autorización del pago. Al fallecer antes, los fondos incrementan la pensión de sobrevivencia de los beneficiarios.

Concluye que no cometió actos arbitrarios o ilegales, actuando dentro de sus facultades legales y confirmando el ajuste a derecho de la información proporcionada por la AFP, y, por ende, no existe vulneración al derecho de propiedad invocado por los actores.

Por último, indica que los fondos previsionales dejados por el causante han sido traspasados a la pensión de sobrevivencia de su cónyuge y de su hijo, quienes recibirán el total de los fondos, pero bajo otra modalidad, esto es, mediante el pago de pensión de sobrevivencia.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en primer lugar, corresponde emitir pronunciamiento sobre la extemporaneidad de la acción constitucional impetrada por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., fundada en el hecho que, los recurrentes alegan como acto arbitrario e ilegal la respuesta negativa por ella otorgada consistente en no acceder a la solicitud de entrega de los excedentes de libre disposición, de la cual tomaron conocimiento el día 12 de julio de 2024, fecha a partir de la cual se debe computar el plazo de 30 días corridos para la interposición de la presente acción.

Que, es la propia parte recurrente quien reconoce que el plazo para deducir el presente recurso se computó a contar del 04 de octubre del año en curso, a propósito de la respuesta entregada por la Superintendencia de Pensiones, estando ya en conocimiento de la respuesta entregada por la AFP desde el 12 de julio de 2024. Y, que el oficio emanado desde la referida Superintendencia en el mes de octubre del presente año fue dirigido únicamente a la recurrente, mas no a la AFP recurrida, por lo que el plazo para interponer la presente acción sólo se encontraba vigente respecto de la Superintendencia de Pensiones, encontrándose vencido el plazo respecto de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

SÉPTIMO: Que en dicho contexto, previa lectura de los hechos relatados en el libelo recursivo y, con la finalidad de resolver la extemporaneidad alegada, se desprenden los siguientes:

1.- Que, con fecha 19 de junio de 2024, el señor nombre reservado, formalizó su decisión de solicitar a la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., la pensión mínima con el máximo retiro de excedentes, completando y enviado el respectivo formulario virtual.

2.- Que, el deceso del señor nombre reservado se produjo el día 20 de junio de 2024.

3.- Posteriormente, sin indicar fecha exacta, los recurrentes de autos acudieron a las dependencias de la AFP Capital S.A. en la ciudad de Antofagasta, solicitando información de cómo se iba a proceder con la solicitud del causante de autos, oportunidad en que se les informó que el traspaso de fondos tardaría 5 días; que, posteriormente la recurrida de manera arbitraria habría decidido modificar la modalidad de pensión del señor nombre reservado, sin previo aviso, manifestándoles que ello obedecía a un error de sistema, que se mantendría la opción elegida por el causante y que se contactarían con ellos en los próximos días.

4.- Que, ante la nula comunicación por parte de la AFP, con fecha 03 de julio de 2024, la cónyuge del causante concurre nuevamente hasta las dependencias de la AFP, oportunidad en que le indicaron que la modalidad de retiro por la que optó el señor nombre reservado se encontraba definida, y que correspondía a una pensión sin retiro de excedentes de libre disposición. Razón por la cual, en la misma fecha dedujo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, caratulada “nombre reservado”, solicitando un pronunciamiento de lo ocurrido.

5.- Que, con fecha 12 de julio de 2024, la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., le envió una carta a la recurrente nombre reservado, en respuesta a su presentación indicada en el número anterior, misma misiva que se le envió posteriormente el 30 de agosto de 2024 por la Superintendencia de Pensiones.

6.- Que, en dicha carta recibida por la recurrente el 12 de julio de 2024, consta la respuesta de la AFP de marras, dónde se indica -según lo expuesto por la recurre- que si bien el señor nombre reservado optó por recibir una pensión mínima con retiro máximo de excedentes de libre disposición, dicha opción finalmente no se generó a causa del fallecimiento del señor nombre reservado, respuesta amparada en el Libro III, Título, Letra I, del Compendio de Normas de Pensiones.

7.- Que, con fecha 19 de agosto del año en curso, la recurrente nombre reservado, dedujo un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones producto de las “inconsistencias, omisiones y errores” contenidos en la carta de la AFP.

8.- Que, con fecha 04 de octubre de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°18570, resolvió el reclamo deducido al que se aludió en el número anterior.

9.- Que, finalmente, con fecha 04 de noviembre de 2024 se dedujo la presente acción.

OCTAVO: Que, si bien guarda asidero lo argumentado por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. a la hora de alegar la extemporaneidad de la acción, no es menos cierto que, los hechos indicados en el considerando anterior guardan plena relación y armonía, particularmente entre aquellos suscitados a contar del 12 de julio en adelante, con la respuesta otorgada por la AFP de autos -desfavorable para los recurrentes-, con la respuesta otorgada por la Superintendencia de Pensiones el día 04 de octubre del año en curso, que resolvió el reclamo deducido por la parte recurrente al estimar que la referida carta adolecía de graves inconsistencias, omisiones y errores, lo que finalmente fue descartado por dicho órgano contralor y fiscalizador, en consecuencia, encontrándose relacionados los hechos antes descritos, es que se rechazará la excepción de extemporaneidad, al estimar esta Corte que el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal produjo plenos efectos con el pronunciamiento final de la Superintendencia. Ello, sin perjuicio de tener presente, además, que los efectos del acto reprochado se mantienen en la actualidad.

NOVENO: Que, seguidamente, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la Superintendencia de Pensiones, fundada en el hecho que, el acto objeto del recurso, sería la modificación efectuada por la AFP Capital S.A., respecto de la pensión por la que habría optado el señor nombre reservado en su calidad de enfermo terminal, y que la AFP habría recalculado la renta temporal, sin considerar en ésta el retiro de excedentes de libre disposición por el que optó el señor nombre reservado y, que dicha parte en su calidad de organismo fiscalizador, sólo se limitó a dar una respuesta frente a la presentación efectuada por los recurrentes.

DÉCIMO: Que, según se desprende del libelo recursivo, y en lo que a la Superintendencia de Pensiones se refiere, el acto arbitrario e ilegal que le reprochan los actores consiste en que, dicha institución como organismo sectorial correspondiéndole la fiscalización de las AFP y, por ende, la resolución de las reclamaciones contra dichas entidades. En dicho contexto, acudiendo a dicho organismo a fin de que emitiera un pronunciamiento que permitiera restablecer el imperio del derecho y proteger la legítima voluntad del causante, no habría sido capaz de advertir los graves errores en que incurrió la AFP en su respuesta, incurriendo además, en errores de suyo al invocar la disposición contenida en el numeral 5, letra b) del Libro III del Compendio de Normas SP, a la situación de hecho efectivamente verificada y arbitraria, imputándole una falta de fundamento racional del acto.

De lo anterior, no cabe sino rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que, existe en contra de esta parte una imputación directa que se traduce en haber invocado, a juicio de los recurrentes, una disposición y/o norma errónea a la situación de autos, junto con una falta de fundamentación en su respuesta y, una visación por su parte a la decisión adoptada por la AFP.

UNDÉCIMO: Que, resuelto lo anterior, cabe zanjar el fondo del asunto sometido a conocimiento y resolución de esta Corte. Para ello, se desprende que el quid del asunto, en base a las alegaciones efectuadas por las partes en sus respectivas presentaciones corresponde a:

Respecto de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., la acción que se le reprocha como arbitraria e ilegal, consiste en que ésta, unilateralmente, modificó la modalidad de pensión seleccionada válidamente por don nombre reservado, desconociendo su última voluntad, cambiando su opción de recibir una pensión por el monto mínimo con el máximo retiro de excedentes de libre disposición (ELD), a una pensión de mayor monto, sin retiro de ELD.

Respecto de la Superintendencia de Pensiones, el actuar arbitrario e ilegal que reprochan los actores, consiste en que, dicha institución como organismo sectorial le corresponde la fiscalización de las AFP, y, por ende, debe resolver las reclamaciones contra dichas entidades. En dicho contexto, acudiendo a dicho organismo a fin de que emitiera un pronunciamiento que permitiera restablecer el imperio del derecho y proteger la legítima voluntad del causante, no habría sido capaz de advertir los graves errores en que incurrió la AFP en su respuesta, incurriendo además, en errores de suyo al invocar la disposición contenida en el numeral 5, letra b) del Libro III del Compendio de Normas SP, a la situación de hecho efectivamente verificada y arbitraria, imputándole una falta de fundamento racional del acto.

Además, alega que si bien, en la especie, resulta aplicable el Compendio de Normas de Superintendencia de Pensiones, en particular, el numeral 5 referido precedentemente, igualmente implicaría un acto arbitrario y vulneratorio al derecho de propiedad que alegan conculcado, al imponer su literal c), un requisito adicional para que los fondos de excedentes de libre elección ingresen a la masa hereditaria de los actores, cual sería, que su pago se encontrare emitido; norma que califican como arbitraria, en el sentido de que sería ilegítima, sin que pueda justificarse en función de los valores o del espíritu de la Ley N°21.039 ni de los principios que informan la sucesión por causa de muerte.

DUODÉCIMO: Que, para resolver el presente recurso, conviene tener presente las siguientes disposiciones:

Ley N°21.309, que “ESTABLECE BENEFICIO QUE INDICA PARA LOS AFILIADOS Y PENSIONADOS CALIFICADOS COMO ENFERMOS TEMPORALES”, artículo único, que introdujo al decreto ley N°3500 de 1980, el artículo 70 bis, el cual reza en su inciso primero, “Todo afiliado que sea certificado como enfermo terminal por el Consejo Médico a que se refiere el artículo 70 ter tendrá derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses, la que será pagada por la Administradora a que estuviera afiliado a la fecha del pago, con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, una vez reservado el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda. El afiliado podrá solicitar reducir la renta temporal antes indicada hasta el valor de la pensión básica solidaria vigente para mayores de ochenta años, y, en este caso, la diferencia podrá ser retirada como excedente de libre disposición. Si determinada la reserva, el saldo fuese insuficiente para financiar una renta temporal de monto igual a la pensión básica solidaria vigente para los mayores de ochenta años, por un período de doce meses, el saldo de la cuenta individual se destinará a financiar la renta temporal del afiliado hasta el monto que sea necesario para tales efectos.

El capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria a que hace referencia el inciso primero se calculará de acuerdo con las normas contenidas en esta ley, en consideración a la expectativa de vida de los beneficiarios al término de la renta temporal, y a los porcentajes a que se refiere el artículo 58, respecto de la pensión de referencia, que se define a continuación:

a) En el caso de afiliados activos, la pensión de referencia corresponderá al 70% del ingreso base si se encuentra cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y al 100% del retiro programado, en el caso de afiliados no cubiertos.

b) Tratándose de pensionados por vejez e invalidez total definitiva, la pensión de referencia será la última pensión calculada de conformidad con el artículo 65 de esta ley.

c) En el caso de pensionados por invalidez parcial definitiva, la pensión de referencia será la última pensión calculada de conformidad con el artículo 65 de esta ley. Si al momento del cálculo de la última pensión no se encontraba liberado el saldo retenido, la pensión deberá recalcularse considerando dicho saldo.

d) Los pensionados por invalidez parcial transitoria, al momento de ser certificados como enfermos terminales, serán considerados inválidos totales y se les aplicará la regla de cálculo de la letra a).

Los pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total o sobrevivencia, que estén afectos a las modalidades de retiro programado, retiro programado con renta vitalicia inmediata y renta temporal con renta vitalicia diferida, en los dos últimos casos siempre que estén en goce de la renta temporal o el retiro programado respectivamente, y que presenten una condición de enfermo terminal, tendrán derecho a un recálculo de su pensión en los términos establecidos en el inciso primero. Para efectuar dicho recálculo, se considerará, además, la parte del saldo destinado a la aplicación del factor de ajuste a que se refiere el inciso tercero del artículo 65 de esta ley.

Asimismo, podrán acogerse al derecho contemplado en este artículo los pensionados de conformidad a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuyas prestaciones serán compatibles con los beneficios que contemple este cuerpo legal.

Al presentarse una solicitud de certificación de enfermo terminal por parte de un afiliado no pensionado o pensionado por invalidez parcial con pensiones transitorias, en ambos casos cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, la Administradora deberá generar automáticamente una solicitud de calificación de invalidez o reevaluación de invalidez, según corresponda, la que derivará a la Comisión Médica Regional respectiva para su tramitación en un procedimiento prioritario, de conformidad con las normas impartidas por la Superintendencia al efecto, acompañando copia de los antecedentes médicos aportados por el solicitante. La Comisión Médica Regional dispondrá de un plazo de siete días hábiles para emitir su dictamen, contado desde la fecha en que se reciba la solicitud o se disponga de la totalidad de los antecedentes médicos requeridos en la norma técnica que emitirá la Superintendencia. Si la Comisión Médica Regional no se pronuncia dentro del plazo señalado en este inciso, se entenderá declarado inválido total al solicitante que ha sido certificado como enfermo terminal. Tanto el afiliado como la compañía de seguros podrán apelar del dictamen de la Comisión Médica Regional dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con un procedimiento simplificado ante la Comisión Médica Central, que constará de las siguientes etapas: i) recepción de la apelación; ii) análisis de los antecedentes por el médico asignado al caso, quien podrá, de ser necesario, solicitar antecedentes adicionales; iii) presentación del caso a sesión y resolución inmediata. La Comisión Médica Central deberá pronunciarse dentro de los siguientes tres días hábiles contados desde la recepción de los antecedentes solicitados. Los aspectos operativos del procedimiento simplificado serán definidos mediante una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones. Si el afiliado fallece durante el proceso de calificación de invalidez encontrándose certificado como enfermo terminal, se entenderá declarado inválido total para todos los efectos legales.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Consejo Médico deberá, dentro del plazo de un día hábil contado desde la fecha de la certificación, informar sobre aquella a las Comisiones Médicas Regional o Central en que se esté tramitando el procedimiento, por la vía más expedita posible.

Para el cálculo del aporte adicional a que se refiere el artículo 53 de esta ley, se considerará el saldo existente en la cuenta de capitalización individual del afiliado, incluido el bono de reconocimiento, si corresponde, a la fecha de presentación de la solicitud de certificación.

El otorgamiento y cálculo de los beneficios del Pilar Solidario establecido en la ley N° 20.255 no se verán modificados por entrar el pensionado en goce de la prestación que establece este artículo.

En el caso de un pensionado que se encuentre percibiendo una pensión con aporte previsional solidario y fuese certificado como enfermo terminal por el Consejo Médico, la pensión que percibirá como renta temporal deberá calcularse en base al saldo que hubiese quedado en su cuenta individual obligatoria de no haberse financiado el beneficio del sistema de pensiones solidarias con recursos de dicha cuenta. Las citadas pensiones se financiarán con el saldo remanente de la cuenta individual. Cuando éste sea insuficiente, serán financiadas con recursos del Estado.

Si el enfermo terminal tuviese una sobrevida superior a doce meses, el total del saldo que exista en su cuenta individual se destinará al pago de la renta temporal por el monto que hasta esa fecha estaba percibiendo.

En ningún caso el afiliado certificado como enfermo terminal podrá optar por una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia.

Para efecto de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por enfermo terminal toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida inferior a doce meses.

Los criterios para acreditar la condición de enfermo terminal estarán contenidos en una norma técnica elaborada por la Superintendencia de Pensiones.

La solicitud de certificación de enfermo terminal debe presentarse en la respectiva Administradora debiendo acompañar un certificado médico, cuyo contenido mínimo será determinado mediante una norma de carácter general que dicte la Superintendencia de Pensiones y por la declaración de beneficiarios de pensión de sobrevivencia, cuando se trate de afiliados no pensionados. El médico tratante y el director médico, o su equivalente, del establecimiento de salud público o privado que corresponda, deberán suscribir el referido certificado.

Tanto los establecimientos de salud públicos y privados, como el médico tratante, deberán informar al afiliado de su posible condición de enfermo terminal y estarán obligados a proporcionar al paciente y/o al Consejo Médico los antecedentes de respaldo que les sean requeridos para estos efectos.

Una norma conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Salud, actuando esta última a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, definirá los plazos y forma en que se entregarán los antecedentes señalados en el inciso anterior.

Presentada la solicitud de certificación en calidad de enfermo terminal, la Administradora deberá remitir los antecedentes al Consejo Médico dentro del plazo de dos días hábiles contado desde la fecha de recepción de la solicitud. La Administradora deberá, en forma previa a la remisión de la solicitud, verificar los siguientes antecedentes: i) calidad de afiliado activo o pensionado del solicitante; ii) existencia de fondos disponibles en la cuenta de capitalización individual del afiliado; iii) certificado médico debidamente suscrito por el médico tratante y el director médico, o su equivalente, del establecimiento de salud; iv) acreditación de beneficiarios de pensión de sobrevivencia y v) cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la recepción de la solicitud de certificación de enfermo terminal, y en el caso que los antecedentes presentados permitan certificar que se cumple esta condición, el Consejo Médico deberá así resolverlo y notificar al afiliado y a la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, preferentemente por medios electrónicos, la que deberá proceder al pago de la pensión, de acuerdo con lo señalado en el inciso primero de este artículo.

El plazo señalado en el inciso precedente podrá suspenderse en caso de que el Consejo Médico estime necesario solicitar antecedentes adicionales. En todo caso, el Consejo tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para emitir su pronunciamiento, contado desde la fecha de recepción de la solicitud de certificación.

El afiliado podrá apelar fundadamente del rechazo a la solicitud de certificación de enfermo terminal ante el Consejo Médico de Apelaciones regulado en el artículo 70 ter, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. Dicho Consejo deberá pronunciarse dentro de los siguientes cinco días hábiles, desde presentada la apelación. Este plazo podrá ampliarse por hasta cinco días hábiles si, por motivos fundados, el Consejo estimare necesario requerir antecedentes adicionales.

La fiscalización de la certificación de la calidad de enfermo terminal corresponderá a la Superintendencia de Pensiones.

Las rentas temporales que se paguen de acuerdo con este artículo no estarán afectas a comisiones por parte de la Administradora.

Todas las notificaciones que se realicen en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán efectuarse preferentemente a través de medios electrónicos, según lo determine la norma de carácter general establecida para estos efectos.”

A su turno, la Ley N°20.255, que “ESTABLECE REFORMA PREVISIONAL”, párrafo quinto, “De la Superintendencia de Pensiones”, se extrae en su artículo 47 que son funciones y atribuciones de dicho órgano, entre otras, las siguientes:

“2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de Pensiones Solidarias y del otorgamiento y pago de la Pensión Garantizada Universal que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado Sistema.

4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de carácter general en los ámbitos de su competencia.

7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.”

Luego, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, numeral 5 “Situaciones especiales” del Capítulo III, Letra D.1, Título I, del Libro III, el cual dispone:

“Si una vez calculada la renta temporal, la Administradora es informada de la emisión de un dictamen que califica de inválido al afiliado, deberá enterarse el aporte adicional y la AFP deberá recalcular la renta temporal y el excedente de corresponder.

Si la Administradora toma conocimiento del fallecimiento del solicitante, encontrándose en trámite su solicitud de certificación de enfermo terminal, se aplicarán las normas generales correspondientes a la condición del afiliado, esto es, activo o pensionado.

En el caso que el fallecimiento del solicitante ocurra habiendo sido certificado como enfermo terminal, deberá considerarse lo siguiente:

a. Las pensiones se devengarán hasta el último día del mes del fallecimiento del solicitante. La pensión devengada y no cobrada aumentará la masa hereditaria;

b. Si a la fecha de muerte no hubiera ejercido su opción de beneficio, las pensiones devengadas se pagarán como herencia, de acuerdo con la Renta Temporal máxima.

c. Si a la fecha de fallecimiento el afiliado hubiese ejercido la opción con retiro de excedente de libre disposición, éste incrementará la masa hereditaria sólo si su pago se encontraba emitido. Se entenderá por pago emitido cuando los fondos se encuentran a disposición del afiliado.

d. La AFP debe enterar el Aporte Adicional como afiliado inválido, cuando corresponda, considerando en su cálculo al afiliado y todos los beneficiarios declarados por él en la solicitud de enfermo terminal y cualquier otro que se declarase dentro del plazo para enterar dicho Aporte.

e. Las pensiones no devengadas, se destinarán al pago de pensiones de sobrevivencia, en caso de haber beneficiarios, o incrementarán la masa hereditaria, en caso contrario.”

A su turno, el numeral 3 de dicho Compendio, referido al pago de la renta temporal y del excedente de libre disposición, indica que, “El pago del beneficio deberá efectuarse en la cuenta informada por el solicitante, la que debe ser concordante con el número de cédula de identidad informado. El pago no podrá efectuarse en una cuenta bipersonal. En caso de rechazo de la entidad bancaria, la AFP utilizará la vía de pago alternativa informada en el formulario, debiendo informar al afiliado del cambio de vía de pago.

El pago de la primera renta temporal, de acuerdo a las normas establecidas en el Libro III, Título I, Letra I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, deberá realizarse a más tardar al cuarto día hábil de recibida la notificación de la certificación o resolución del Consejo Médico, a quienes no tienen derecho a optar, o al cuarto día hábil posterior a aquel en que el afiliado ejerció su opción, respecto del monto de la renta temporal y del excedente de libre disposición.

Asimismo, en caso de haber retiro de excedente, se aplicará el orden de prelación establecido en la norma general y su pago deberá realizarse el mismo día señalado en el párrafo anterior.

Respecto de los descuentos de salud de afiliados a ISAPRE, si el solicitante no entrega su certificado de afiliación a la misma, junto con una declaración jurada (o en su defecto el FUN considerando como empleador a la AFP), se deberá pagar el descuento de salud en la Isapre informada por el médico en el certificado de enfermo terminal.”

DÉCIMO TERCERO: Que, producto del mérito de los antecedentes acompañados por los recurrentes a su presentación, así como también, respecto de aquellos incorporados por las recurridas al expediente digital, permite establecer la ocurrencia de los siguientes hechos, en el orden cronológico que se indica:

1.- Que, con fecha 29 de abril de 2024, el afiliado y causante de autos, señor nombre reservado, presentó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., la solicitud de certificación de enfermedad terminal N°3256697, en la agencia: 999-Internet.

2.- Que, con fecha 06 de mayo de 2024, se emitió por la Superintendencia de Pensiones, Consejo Médico Sala N°1, el “Certificado de la Calidad de Enfermo Terminal Ley 21.309”, respecto del afiliado nombre reservado, producto de un tumor del estroma gastrointestinal, que da cuenta sobre el hecho de cumplir con los requisitos para ser calificado como Enfermo Terminal. Que, dicho documento fue notificado al afiliado vía correo electrónico con fecha 07 de mayo del año en curso.

3.- Que, con fecha 08 de mayo de 2024 se generó una “Ficha de Cálculo Enfermo Terminal”, por parte de la A.F.P recurrida, documento del cual se desprende en su numeral 14. “Derecho a retiro de Excedente de Libre Disposición”, que el cálculo de renta temporal con retiro de excedente de libre disposición allí calculada ascendía a la suma de 5,75 UF, equivalente a $214.296,00.; sin que conste suma dineraria alguna en el ítem “Excedente Libre Disposición”.

4.- Que, con fecha 10 de mayo de 2024 se pagó al afiliado la primera pensión de renta temporal ascendente a 5,74 UF, equivalente a $214.548.- 5.- Que, con fecha 15 de mayo de 2024, la Comisión Médica de la Región Santiago Centro, emitió el “Dictamen de Invalidez Solicitud de Pensión AFP Trabajador Afiliado”, N°016.10454/2025, que declaró respecto del señor nombre reservado un menoscabo de la capacidad de trabajo de 87.0 (igual o mayor de 2/3).

6.- Que, el dictamen anterior, según los recurrentes, le fue notificado el día 23 de mayo de 2024; mientras que, según lo reconoce la A.F.P. recurrida en su carta de fecha 12 de julio del año en curso, dicho dictamen lo recepcionó el 24 de mayo del año en curso.

7.- Luego, la A.F.P. Capital S.A., indica en la misma carta del 12 de julio pasado, que dicho dictamen quedó ejecutoriado el 30 de mayo de 2024, y que lo recepcionó el 07 de junio de 2024, esto es, 23 días después desde que fue emitido. Destacar que, dicha alegación no fue mayormente desarrollada en el informe, ni en su complementación, ni en estrados por ninguna de las recurridas.

8.- Que, con fecha 17 de junio de 2024 se pagó al afiliado la segunda pensión de renta temporal ascendente a 5,91 UF, equivalente a $221.616.- 9.- Que, con fecha 18 de junio de 2024, se generó por parte de la A.F.P. recurrida, el documento titulado “Recálculo-Estimación Enfermo Terminal”, con relación al señor nombre reservado, del cual en su numeral 14. se extrae la siguiente información:

DÉCIMO CUARTO: Que, no se encuentra discutido en autos, el hecho de que el señor nombre reservado, con fecha 19 de junio del año en curso, seleccionó a través de la página web de la AFP recurrida, la modalidad de recibir una pensión por el monto mínimo con el máximo retiro de excedentes de libre disposición (ELD), en atención a la enfermedad terminal de la que padecía, así como el hecho de que el señor nombre reservado falleció al día siguiente de ejercer y/o formalizar su opción, esto es, el día 20 de junio de 2024.

Tampoco resulta controvertido el hecho de que la modalidad elegida por el causante no se verificó, por cuanto falleció antes de que se generara el movimiento en su cuenta -lo que es reconocido por la AFP recurrida y confirmado por la Superintendencia de Pensiones-, quedando por defecto el monto del pago correspondiente a la renta temporal máxima, sin retiro de excedente, toda vez que el pago en la modalidad adoptada por el causante no alcanzó a ser emitido, esto es, encontrarse a su disposición, producto del deceso del afiliado.

Por último, tampoco se controvierte que la normativa invocada por las recurridas obedece a la contenida en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, numeral 5 “Situaciones especiales” del Capítulo III, Letra D.1, Título I, del Libro III, particularmente letras b) y c), por medio de la cual concluyen que su actuar no resulta ser arbitrario ni ilegal.

DÉCIMO QUINTO: Que, definido lo anterior, y tal como lo alegan los actores en su recurso, importante resulta en la especie, el respeto irrestricto por parte de las instituciones que participan en la tramitación del beneficio al que optó el afiliado y causante de autos, consagrado en la Ley N°21.309, de los plazos que contiene, puesto que aquello y de no cumplirse, natural y consecuencialmente implica una afectación directa a la pretensión del afiliado quien, en su condición de enfermo terminal, habiendo manifestando desde un primer momento su voluntad en orden a hacer uso y disponer de sus fondos en la modalidad elegida, puede finalmente ver truncado el ejercicio de tal derecho.

En dicho contexto, las imputaciones vertidas en el recurso sobre este punto son claras, y sobre ellas, las recurridas no emitieron alegación alguna que permita desvirtuarlas, las que por el contrario, guardan asidero al cotejar las mismas con los antecedentes acompañados al expediente, incluso con aquellos que fueron presentados tanto por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., como por la Superintendencia de Pensiones, pues resulta evidente el retraso en la tramitación de la calificación de invalidez total del señor nombre reservado, si consideramos que, no hay controversia en que el día 29 de abril de los corrientes el afiliado presentó su solicitud de certificación de enfermo terminal, que el día 07 de mayo fue notificado de su certificación de enfermo terminal y recién, con fecha 15 de mayo se emitió el dictamen por parte de la Comisión Medica de su calificación de invalidez, que le fuera notificada al afiliado el 23 de mayo del año en curso, mientras que a la AFP al día siguiente, demostrando un desapego al contenido del inciso 5° de la Ley N°21.309.

DÉCIMO SEXTO: Que unido a lo anterior, y a diferencia de lo que sostienen las recurridas, esta Corte estima que la selección del afiliado, vía internet, el día 19 de junio del año en curso, en orden a que la pensión a la que tenía derecho le fuera pagada bajo la modalidad de renta temporal mínima con máximo retiro de excedentes de libre disposición, sí se concretó.

Que, para arribar a la conclusión anterior basta analizar los antecedentes que dan cuenta de cómo, a contar del 29 de abril del año en curso en adelante, al presentar el afiliado la solicitud de declaración de enfermo terminal para efectos de acceder a los beneficios contenidos en la Ley N°21.309, sus actos se relacionan directamente con la modalidad de pago elegida, y que de la misma forma incluso, lo entendió la AFP recurrida al emitir con fecha 08 de mayo de 2024 una ficha de cálculo, la que en su numeral 14 contempló una pensión de renta temporal por un monto total de $214.296.-, justamente, en el ítem denominado “Pensión de Renta Temporal con Retiro de Excedente Libre Disposición”, y que si bien, no contemplaba un monto de dichos excedentes, a diferencia de lo consignado en el recálculo del 18 de junio pasado, esto obedeció porque en dicha fecha el afiliado aún no contaba con su calificación de invalidez.

Abunda la decisión anterior, tal como se ha sostenido en las motivaciones anteriores, la cuantiosa documentación allegada al proceso, de una y otra parte, encontrando así, un correlato los argumentos expuestos por la parte recurrente en los mismos, primero, por la notoria demora o tardanza en la calificación de invalidez del afiliado; y, en segundo lugar, la efectividad de que el señor nombre reservado siempre manifestó su intención de ejercer el derecho contenido en la Ley N°21.309, en orden a seleccionar la modalidad de pensión de renta temporal mínima con máximo retiro de excedente, decisión que incluso alcanzó a ejercer antes de su deceso, y de lo que siempre estuvo en conocimiento la AFP recurrida, cuyos actos dan cuenta de aquello, principalmente al emitir el cálculo contenido en documento de fecha 08 de mayo del año en curso, y el recálculo del 18 de junio pasado, y el pago de la pensión de renta temporal mínima correspondiente a dichos meses.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el tenor literal del artículo 70 bis de la Ley N°21.309 es claro y no admite otra interpretación, “Todo afiliado que sea certificado como enfermo terminal por el Consejo Médico a que se refiere el artículo 70 ter tendrá derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses, la que será pagada por la Administradora a que estuviera afiliado a la fecha del pago, con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, una vez reservado el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda. El afiliado podrá solicitar reducir la renta temporal antes indicada hasta el valor de la pensión básica solidaria vigente para mayores de ochenta años, y, en este caso, la diferencia podrá ser retirada como excedente de libre disposición. Si determinada la reserva, el saldo fuese insuficiente para financiar una renta temporal de monto igual a la pensión básica solidaria vigente para los mayores de ochenta años, por un período de doce meses, el saldo de la cuenta individual se destinará a financiar la renta temporal del afiliado hasta el monto que sea necesario para tales efectos.”, de cuya lectura se desprende, que el legislador no exige ningún acto posterior, menos por parte de la AFP, ni de la Superintendencia de Pensiones, para entender la oportunidad en que el ejercicio del derecho manifestado por el afiliado surta sus efectos propios. Y que en la especie, como se dijo, todos los actos desplegados por el afiliado desde que presentó su solicitud de declaración de enfermo terminal dicen relación con manifestar el ejercicio de su derecho optando por la modalidad de renta temporal mínima con retiro máximo de excedentes de libre disposición, el que incluso alcanzó a ejercer a través de la plataforma dispuesta por la AFP al efecto antes de su fallecimiento, lo que no resulta controvertido en marras; de ahí, la interpretación que realiza la Superintendencia de Pensiones en base al Compendio de Normas que cita en su informe y que le permite concluir que la AFP recurrida actuó ajustada a la normativa, al entender que, aun cuando, el afiliado que ejerció su derecho y fallece al día siguiente, producto de su deceso la modalidad elegida no se concreta, por cuanto su pago no se encontraba emitido, esto es, a disposición del afiliado y, en consecuencia, no incrementa la masa hereditaria dejada por este, conlleva a que finalmente y sin que el legislador así lo entienda y disponga, que la concesión de dicho derecho en definitiva dependa de un acto meramente potestativo por parte de quien lo exige, lo que implica en términos estructurales que el mismo sea nulo.

Que, en este sentido, nos encontramos ante una colisión de normas de aquellas contenidas en la Ley N°21.309, con aquellas meramente técnicas, administrativas o reglamentarias dispuestas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueden primar estas últimas para resolver el caso que nos convoca, por cuanto no existe duda alguna que el afiliado y causante de autos, señor nombre reservado sí ejerció su derecho en cuando a la modalidad de pago de su pensión en su calidad de enfermo terminal, y por tanto, se debe entender que los excedentes de libre disposición por los cuales optó ingresaron definitivamente a su patrimonio y por tanto forman parte de su masa hereditaria, pues entenderlo de otra manera, como lo hacen las recurridas, significa una afectación el derecho de propiedad invocado por los actores, constituyéndose así el actuar de las recurridas en arbitrario e ilegal, razones todas que conllevan necesariamente a acoger el presente recurso tal como se dispondrá en lo resolutivo.

DÉCIMO OCTAVO: Que las restantes alegaciones de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., relativas a que el decreto de posesión efectiva no se encuentra tramitado, y que por tanto se desconoce la existencia de otros posibles herederos, no será oída, por cuanto lo acá controvertido es si, en definitiva, la modalidad de pago de la pensión que ejerció el afiliado en su oportunidad produce o no sus efectos, lo que fue resuelto conforme consta en los considerandos precedentes, no siendo una cuestión a dilucidar en esta vía la forma en que finalmente se verificará el pago de los excedentes en cuestión, ni mucho menos la forma en que se liquidará la masa hereditaria dejada por el causante.

En el mismo tenor, tampoco será oída la alegación vertida en estrados por parte de la AFP, en orden a la existencia de una supuesta grabación dónde constaría la voz de una mujer al momento de realizar la formalización de la opción, puesto que la misma se trataría únicamente de una grabación acerca de la forma de cómo hacer el trámite por internet, pero no que ella lo haya hecho, sin que por lo demás, se aportaran mayores antecedentes al respecto.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza sin costas, la excepción de extemporaneidad alegada por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

II.- Que, se rechaza sin costas, la excepción de falta de legitimidad pasiva de la Superintendencia de Pensiones.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Benjamín Núñez Ochoa, abogado, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, sólo en cuanto, se declara que su actuar ha devenido en arbitrario e ilegal en base a los fundamentos latamente esgrimidos en la presente sentencia; ordenando además, a la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., realizar todas las gestiones pertinentes a fin de incrementar la masa hereditaria de quien fuera su afiliado, el señor nombre reservado, bajo el entendido que la modalidad de pago de pensión mínima con máximo retiro de excedentes de libre disposición ha surtido plenos efectos legales.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2174-2024 (PROTECCIÓN)

Redacción del ministro Dinko Franulic Cetinic.

No firma el ministro Hernán Cárdenas Sepúlveda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse con permiso.