nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, trabajadora, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, 70.016.160-9, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, Rut desconocido, profesión u oficio desconocido, en su calidad de Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar parte de su remuneración, sin información previa y luego de haber transcurrido un extenso tiempo sin cobro, infringiendo con ello las garantías constitucionales señaladas en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, solicitando a esta Corte de Apelaciones adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando que la recurrida se desista de los descuentos efectuados por planilla sobre sus remuneraciones, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con expresa condenación en costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción deducida como se expresará más adelante.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su acción señalando que, solicitó un crédito a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de La Araucana, en junio de 2008, y suscribió un pagaré por la suma de $1.064.370, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, pagaderos en 21 cuotas mensuales, iguales y sucesivas por un valor de $191.210 pesos cada una. La primera cuota debía ser pagada el 30 de julio de ese año y la última el 31 de marzo de 2010. Sin embargo, debido a que dejó su trabajo la última cuota del crédito fue pagada hasta septiembre.

Refiere que han transcurrido más de 5 años sin que la citada caja de compensación realizara cobros del crédito otorgado vía descuento por planilla, pese a que trabajó para distintos empleadores y que contaban con el sistema intercaja. Pese a lo anterior, señala que el 18 de noviembre de 2025, fue descontada de su remuneración la suma de $191.210, para la Caja de Compensación la Araucana por el crédito ya mencionado sin previo aviso, sin liquidaciones de deuda actualizada, ni cálculo de cuota y, sin existir causa judicial activa.

Afirma que el actuar es arbitrario e ilegal al haber hecho uso de manera abusiva del artículo 22 de la Ley N°18.833, pues no tuvo la posibilidad de defenderse de un cobro de una deuda que se encuentra prescrita. Agrega que se vulneró el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cita diversos fallos de la Excma. Corte Suprema para apoyar su postura.

SEGUNDO: Informó Julio Cesar Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de La Araucana, solicitando el rechazo de la acción deducida por falta de oportunidad por los siguientes fundamentos:

Indica que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, la señora nombre reservado, mantiene 01 crédito moroso con Caja La Araucana, N° 084-000457118, el que fue otorgado el 02 de junio de 2008, por la suma de $1.064.370, en 21 cuotas de $191.210. En atención a esta deuda, es que en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, es que le solicita al empleador afiliado a esta, Servicio Local de Educación Pública de Antofagasta, el descuento de las cuotas morosas del crédito otorgado.

Explica que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, entre los que se encuentran los créditos sociales.

Recuerda el artículo 1.546 del Código Civil, señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, en concordancia con el artículo 1.545 del Código Civil que dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes…”, por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Afirma que sus argumentos son compartidos por la Superintendencia de Seguridad Social conforme Dictamen 2659- 2020 de 12 de agosto de 2020, que dispone en su inciso final lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”. Además, cita fallos de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen, fueron reprogramadas y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y los mismos se encuentran ajustados al máximo permitido.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, la recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, consistente en reactiva sin previo aviso descuentos en sus remuneraciones provenientes de un crédito social otorgado el año 2008 habiendo transcurrido aproximadamente 15 años desde la última cuota pagada y el vencimiento de la última cuota del crédito.

SEXTO: Que, atendida las alegaciones de las partes, no resulta controvertido la efectividad de que con fecha 2 de junio de 2008, se otorgó al recurrente un crédito por la suma de $1.064.370, pactado para ser pagado en 21 cuotas mensuales e iguales de $191.210 cada una, con vencimiento de la primera cuota el día 30 de julio de 2008 y la última el día 31 de marzo de 2010 y que se reanudó el cobro de la deuda el En definitiva, la discusión se centra en la procedencia de reanudar el descuento por planilla sin aviso previo y habiendo trascurrido con creces el plazo de prescripción de la deuda.

SÉPTIMO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado. De igual modo, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante dictámenes reiterados, ha señalado que los empleadores no pueden sustraerse de tal obligación, aun cuando los créditos se hubiesen originado con anterioridad en otro vínculo laboral.

Que, por otra parte, el actor ha sostenido que el tiempo transcurrido desde la mora de sus obligaciones impediría el uso del mecanismo de descuento, configurando con ello un acto arbitrario e ilegal. Sin embargo, este Tribunal deja constancia de que la cuestión relativa a la prescripción de la deuda constituye una materia de lato conocimiento, cuyo análisis excede la sede cautelar del recurso de protección y que sólo puede ser resuelta por un tribunal competente en un proceso declarativo.

En consecuencia, mientras no exista resolución jurisdiccional firme que declare la prescripción extintiva, la deuda debe reputarse vigente y susceptible de cobro.

En este contexto, el descuento se ajustó a la normativa aplicable y a la instrucción recibida de la Caja de Compensación, no pudiendo calificarse de ilegal el proceder que se limita a dar cumplimiento a un mandato legal expreso.

Del mismo modo, la Caja, al remitir la planilla con el cargo de cuotas pendientes, actuó dentro de las facultades que le reconoce el ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, en lo concerniente al análisis de arbitrariedad, corresponde precisar que ésta se configura cuando un acto carece de razonabilidad, resulta caprichoso o se ejecuta sin fundamento suficiente.

En este caso el descuento se realizó por la solicitud formal de la Caja de Compensación Familiar La Araucana, y la consecuente obligación del empleador de cumplir con practicar y enterar la suma retenida.

De este modo, el actuar de la recurrida encuentra sustento en un marco normativo claro, por lo que no puede ser calificado de antojadiza ni arbitraria.

Si bien el actor ha hecho presente el extenso tiempo transcurrido desde la mora de los créditos sociales, aquello, como se ha señalado, sólo puede ventilarse en un procedimiento declarativo donde se discuta la prescripción de la deuda. Mientras no exista pronunciamiento judicial que extinga dicha obligación, no resulta irrazonable que la Caja ejerza las facultades que la ley le otorga, ni que el empleador cumpla con su deber de retener y enterar los montos respectivos. Que, en consecuencia, no concurre en la especie un acto carente de fundamentación o de lógica interna que permita sostener que la conducta de los recurridos pueda reputarse arbitraria a la luz de los antecedentes aportados en autos.

NOVENO: Que, en cuanto a la garantía constitucional invocada por el actor, consistente en el derecho de propiedad sobre las remuneraciones consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, corresponde precisar que dicho derecho, aun cuando es de carácter esencial, no resulta absoluto, pues se ejerce dentro del marco que la ley establece. En la situación examinada, el descuento cuestionado proviene de una obligación contractual vigente y se enmarca en el procedimiento de cobranza especial que la Ley N°18.833 reconoce a las Cajas de Compensación. En tal entendido, la deducción de la suma ya singularizada, efectuada en la liquidación de haberes de la recurrente no configura una privación ilegítima de su propiedad, desde que la suma detraída se aplica a la satisfacción de una deuda existente y exigible. Al no mediar declaración judicial de prescripción que extinga la obligación, la deuda subsiste, y mientras ello sea así, el ejercicio de la facultad de cobro por planilla se encuentra amparado por la normativa legal, sin que pueda estimarse vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente.

Por consiguiente, la alegación de haber sido privado arbitrariamente de parte de su remuneración no encuentra sustento en los antecedentes del proceso, toda vez que el descuento se realizó en virtud de una causa legítima, debidamente reconocida por la legislación vigente.

DÉCIMO: Que, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de los recurridos, tampoco resulta afectada la garantía de propiedad invocada por el actor, razón por la cual la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2173-2025 (Protección)