nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Antofagasta, a once de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Iván Centellas Contreras, abogado, en representación de nombre reservado, run N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el embargo sobre determinadas prestaciones en dinero, efectuado por la Tesorería General de la República, estando pendiente proceso administrativo seguido ante el Servicio de Impuestos Internos, consistente en una Reclamación de la Actuación Fiscalizadora del Servicio, vulnerándose las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informaron los recurridos, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se fundó en la existencia de un acto ilegal y arbitrario, consistente en el embargo de sus servicios a terceros por un monto de $225.960.947.- pesos, efectuada por la Tesorería Provincial El Loa, estando pendiente un proceso administrativo seguido ante el Servicio de Impuestos Internos región de Antofagasta.

Señala que el recurrente fue objeto de fiscalización durante el año 2019, derivando en cobro de las reliquidaciones de impuestos resultante de la actuación administrativa y la interposición de querella criminal en su contra. Lo primero fue resuelto a través de convenio con la misma Tesorería, pagando la totalidad de lo girado. Lo segundo concluyó en formalización, salida alternativa y sobreseimiento definitivo en Julio del año 2022, en RUC 1910005382-1. Indica que al tener la condición de querellado, existe un control constante sobre su actividad comercial y la totalidad de su documentación tributaria; por lo que la observación de sus movimientos, exigía, que debieron efectuar los rechazos cada gasto improcedente, en los momentos en que estos fueron imputados en su contabilidad, y no esperar la acumulación de ellos para efectuar la actividad fiscalizadora. Recalca que desde el año 2019 y en la actualidad, no ha cesado la observación constante a la conducta tributaria del recurrente, y por ende aparecen como abusivas las liquidaciones y giros efectuados, desapegándose de su obligación de servicialidad.

Indica que el Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII) actuó arbitrariamente y fuera de oportunidad al efectuar liquidaciones y giros, ordenando su cobro, sin esperar concluir los procesos administrativos de impugnación de la actividad fiscalizadora pendiente a la fecha de notificación de los embargos ordenados por la Tesorería General de la República (en adelante TGR).

Precisa que mediante la presentación Folio Nº 63536 de inicios del mes de agosto se planteó ante el Servicio de impuesto internos una RECLAMACIÓN A LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA (RAF), no obstante aquello, el SII desconociendo el estado pendiente de la resolución de la RAF, procedió paralelamente a ordenar el cobro a la TGR, cuando no se encontraba afinado su proceso administrativo de reclamo. Añade que mediante resolución administrativa dictada en ROL Nº 10.675-2022, se cobra y embarga por la suma de $225.960.947, la que fue notificada con fecha 22 de agosto de 2022.

Alega que el actuar de la TGR al retener la totalidad de los ingresos de propiedad del recurrente es ilegal, ya que aquello afectará el pago de las remuneraciones de los trabajadores que dependen del recurrente, y los mecanismos de protección de la remuneración constituyen normas de orden público. Igualmente, alega que la actuación es arbitraria, ya que no existe razonabilidad ni servicialidad en el obrar de las requeridas, así como tampoco un proceso administrativo debidamente tramitado, en el cual pudiera ser emplazado conforme a derecho, en el cual hacer valer su defensa.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, y se ordene retrotraer el proceso administrativo de cobro y embargo de obligaciones tributarias del recurrente; que la TGR, oficie a los proveedores que fueron informados de los embargos, de que ello quedó sin efecto; y para el caso que ello ya hubiere ocurrido, le ordene a la TGR depositar en la cuenta corriente embargada del recurrente las sumas respectivas; y que se dejen sin efecto los embargos a cuentas corrientes bancarias del recurrente y se depositen en las mismas todas las sumas previamente remitidas por las mismas instituciones financieras a la Tesorería General de la Republica, con intereses y reajustes a la fecha de su consignación, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que en representación de la Tesorería Provincial de Calama, informó la abogada Viviana Silva Vidal, solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Señaló que el recurrente ha sido demandado por deuda morosa fiscal en el Expediente Administrativo 10675-2022 de Calama, generado con fecha 5 de agosto de 2022. Con fecha 22 de agosto de 2022 el recurrente fue notificado y requerido de pago, y en el mismo acto se procedió a trabar embargo sobre todas las prestaciones en dinero que tuviera derecho a percibir el contribuyente de los retenedores Geovita S.A., y Proactive SPA., hasta la suma total de lo adeudado al mes de agosto de 2022. Luego, con fecha 25 de agosto de 2022, se procedió a trabar embargo sobre fondos existentes en cuentas bancarias del contribuyente.

Añade que el 29 de agosto de 2022 fue ingresada por plataforma virtual, presentación efectuada por el recurrente, por la cual solicitó la sustitución de los bienes embargados, ofreciendo un bien raíz de su propiedad, fundando su petición en existir solicitud de suspensión pendiente ante el SII. En virtud de lo solicitado, se dictó resolución N°569-2022 notificada por correo electrónico el 8 de septiembre de 2022, por la cual se solicitó, previo a resolver, acompañar certificado de dominio vigente, hipotecas y gravámenes, prohibiciones e interdicciones del bien raíz ofrecido en sustitución.

Señala que el Director Regional del SII Antofagasta, mediante Ordinario N°139 de fecha 12 de septiembre de 2022, se dictó resolución N°627-2022, ordenando la suspensión del proceso de cobro seguido en el expediente administrativo, lo que fue notificado al contribuyente el 21 de septiembre de 2022.

Precisa que respecto al embargo trabado sobre prestaciones que tuviese derecho a percibir el contribuyente de los retenedores Geovita S.A., y Proactive SPA, dado el domicilio de dichas empresas, su notificación debía verificarse por exhorto , pero que dichos exhortos no fueron gestionados por la suspensión ordenada en este expediente, por lo tanto, las prestaciones que pudiesen ser adeudadas por las empresas Geovita S.A., y Proactive SPA al recurrente de autos les deben ser pagadas en su totalidad. Y respecto al embargo trabado sobre fondos existentes en cuentas bancarias Banco Santander y Banco Estado, dichos fondos deben ser ingresados a Formulario 10 hasta que exista sentencia firme y ejecutoriada respecto del proceso de revisión de la actuación fiscalizadora, procediendo su devolución o aplicación a la deuda una vez conocido los resultados de dicha actuación.

A continuación alega que el recurso intentado resulta improcedente por estar dirigido respecto de una resolución de carácter jurisdiccional dictada por el Juez Sustanciador Tesorero dentro del proceso ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, por lo tanto, las actuaciones en él realizadas se han practicado con apego a la normativa aplicable y se encuentran bajo el imperio del derecho.

Destaca que para Tesorería General de la República constituye un imperativo legal dar inicio al proceso ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, al existir impuestos, patentes, multas y créditos del sector público pendientes de pago, por ello las actuaciones que se enmarcan en este proceso de cobro obedecen a un mandato legal. Que TGR se ha limitado a cumplir un mandato legal expreso, consistente en dar inicio al proceso de cobro ejecutivo ante impuestos adeudados, limitándose a ejercer sus facultades legales sin que aquello pueda constituir un acto arbitrario o ilegal.

Finalmente arguye que la existencia de un proceso de revisión de la actuación fiscalizadora pendiente de resolución ante el SII no impide ni restringe a la TGR a dar inicio al proceso ejecutivo, más aún si se tiene presente que la nómina de deudor moroso -título ejecutivo de este proceso- es de fecha 05 de agosto de 2022, anterior a la fecha en que el contribuyente presentara ante el SII la solicitud de revisión de las respectivas liquidaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 inciso primero del Código Tributario.

TERCERO: Que informó por el recurrido Servicio de Impuestos Internos, su Director Regional, Claudio Figueroa Díaz, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que en el marco del programa de fiscalización institucional “Procedimiento de Fiscalización: Auditoría al crédito fiscal en proveedores de la construcción. Versión 2021”, y en el marco de las facultades conferidas por el artículo 59 del Código Tributarios, con fecha 12 de agosto de 2021 se notificó al recurrente un Requerimiento de Antecedentes, mediante el cual se le solicitó que aportara determinada documentación con el objetivo de acreditar el pago de facturas emitidas a sus proveedores. Que el recurrente no dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el 19 de noviembre de 2021 el Servicio notificó la citación N° 19/2021, solicitándole que rectificara, aclarara, ampliara o confirmara sus declaraciones mensuales de impuestos IVA (formularios 29), correspondientes a los meses octubre 2019 a abril de 2021 y su Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta (formulario 22), correspondiente a los años tributarios 2021 y 2022.

Destaca que el contribuyente no dio respuesta a la citación señalada, por lo que con fecha 25 de enero de 2022 se emitieron las liquidaciones N°16 a 23, notificadas el 3 de febrero de 2022. Arguye que el recurrente no presentó reposición administrativa voluntaria ni reclamo tributario en contra de dichas liquidaciones, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario, el SII emitió los giros respectivos, que fueron notificados el 23 de junio de 2022.

Posteriormente, con fecha 3 de agosto de 2022, el recurrente presentó una “Solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora” (RAF) con el objeto de que sean revisadas las liquidaciones números 20 a 23, revisión que a la fecha del informe se encontraba pendiente de resolución.

Añade que el 5 de agosto de 2022 la Tesorería Provincial de Calama incluyó al recurrente en la “Nómina de Deudores Morosos”, iniciando la cobranza administrativa de los giros, conforme lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Que el requerimiento de pago fue notificado el 22 de agosto de 2022, fecha en la que se trabó el embargo de las prestaciones de dinero que deba percibir el contribuyente.

Agrega que el 25 de agosto de 2022 el recurrente solicitó la suspensión del cobro de los impuestos adeudados, y encontrándose pendiente de resolver su solicitud, con fecha 5 de septiembre de 2022, interpuso la presente acción de protección. Hace presente que con fecha 12 de septiembre de 2022, se accedió a la solicitud de suspensión por el plazo de 60 días, remitiendo lo pertinente a la Tesorería Provincial de Calama.

Atendido lo anterior, alega falta de oportunidad del recurso, por cuanto con fecha 12 de septiembre de 2022, mediante Ord. Nº 139, este Servicio accedió a su solicitud de suspensión del cobro judicial de los impuestos adeudados; por lo que el procedimiento de cobranza respectivo actualmente se encuentra suspendido mientras se analiza y resuelve la petición administrativa de revisión de la actuación Fiscalizadora.

A continuación alega falta de legitimidad pasiva, ya que el recurrente en su libelo impugna actuaciones que no son propias de su repartición, al solicita que se deje sin efecto el embargo decretado por la TGR.

Enseguida alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer el asunto, ya que la actuación de embargo llevada a cabo por la TGR se encuentra prevista en un procedimiento especial previsto en los artículos 168 a 199 del Código Tributario, por lo que cualquier revisión de dicha actuación debe realizarse en el procedimiento respectivo.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de la acción se desprende que la recurrente alega la existencia de actos ilegales y/o arbitrarios efectuados por las recurridas, consistentes en que estando pendiente de resolución la solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora presentada ante el SII, las liquidaciones efectuadas por dicho servicio fueron enviadas a la TGR quien procedió a dar inicio al cobro ejecutivo de lo adeudado. Por tanto, el acto ilegal y arbitrario consiste principalmente en el embargo decretado en el expediente administrativo, respecto de todas las prestaciones en dinero que tuviera derecho a percibir el recurrente por los servicios prestados a terceros, estando pendiente proceso administrativo de reclamación.

SÉPTIMO: Que de los antecedentes acompañados y las alegaciones de ambas partes, consta que se generó expediente administrativo 10675-2022 por deuda morosa fiscal, que el 22 de agosto de 2022 el recurrente fue notificado y requerido de pago, y se trabó embargo sobre todas las prestaciones en dinero que tuviera derecho a percibir el contribuyente por servicios prestados a terceros, y luego el 25 de agosto de 2022 se amplió el embargo sobre los fondos existentes en las cuentas bancarias del recurrente.

Por otro lado, el recurrente presentó una solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora respecto de las liquidaciones números 20 a 23, y luego el 28 de agosto de 2022 el recurrente solicitó la suspensión del cobro de los impuestos adeudados, accediéndose a la solicitud de suspensión por el plazo de 60 días, mediante Ordinario N°139 de fecha 12 de septiembre de 2022.

OCTAVO: Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 171 del Código Tributario, una vez practicado el requerimiento de pago, el recaudador fiscal procederá personalmente a la traba de embargo. En tanto que el artículo 173 inciso 2° del mismo Código dispone que tratándose de bienes corporales muebles, los recaudadores fiscales, en caso de no pago por el deudor en el acto de requerimiento de pago, podrán proceder de inmediato a la traba de embargo con el solo mérito del mandamiento y del requerimiento. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 147 del Código Tributario a interposición de una reclamación no obsta al ejercicio por parte del Fisco de las acciones de cobro que procedan.

Por otro lado, consta que luego de presentada la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora por el recurrente, se accedió a la solicitud de suspensión del cobro de los impuestos adeudados a contar del 12 de septiembre de 2022, por un plazo de 60 días, por lo que el actuar ilegal y arbitrario que se reprocha no es tal.

NOVENO: Que de acuerdo a los antecedentes allegados al proceso, las actuaciones que se cuestionan fueron realizadas en el marco de un procedimiento reglado por la ley, debiendo por tanto, impugnarse o solicitar lo que corresponda por los medios y recursos procesales idóneos que franquea la misma ley para subsanar defectos o corregir errores en la tramitación de juicios tributarios ejecutivos, no siendo viable la revisión de una cuestión jurídica de fondo mediante una acción cautelar como la que se intenta a través del presente recurso.

DÉCIMO: Que por tanto, no existiendo por las entidades recurridas un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas por la recurrente, presupuesto básico para acoger esta acción de protección, esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Iván Centellas Contreras, en representación de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

Regístrese y comuníquese.

Rol 21.540 - 2022 (PROT)