nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Antofagasta, a veinticuatro de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

La comparecencia de Andrés Bruna Ortiz, abogado, quien en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, interpuso recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, representada por doña nombre reservado y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, representada por doña nombre reservado, por el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en negar el pago del beneficio de subsidio por incapacidad laboral y efectuar descuento por cotizaciones de AFP, no obstante ser pensionado por vejez anticipada, respectivamente, vulnerando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en que el actor mantiene contrato indefinido con la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), como guardia de seguridad, y en este contexto, es beneficiario del subsidio de incapacidad laboral, beneficio que, dado que la CMDS se encuentra afiliada a la Caja de Compensación los Andes, se paga a través de dicha institución.

Señaló que al no recibir el beneficio en sus liquidaciones de remuneraciones, consultó a su empleador por el beneficio en abril de este año, indicándosele que no tenía derecho a este.

No obstante, el 30 de abril del presente, en la Caja de Compensación Los Andes se le entregó un certificado que reconocía los montos que debía percibir por subsidio de incapacidad, por un monto de $3.279.440 por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2019 y 9 de abril del presente. En consecuencia, el recurrente es titular del beneficio que no ha sido pagado por su empleador, no obstante encontrarse obligado a hacerlo, ya que en la Caja le indicaron que los montos del subsidio fueron depositados al empleador.

Asimismo, en virtud del certificado, tomó conocimiento de que la Caja de Compensación le efectuó descuentos por cotizaciones de AFP, en circunstancias de encontrarse pensionado por vejez anticipada. Por tanto, el total adeudado asciende a la suma de $4.447.020.

Concluyó solicitando que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la Corporación recurrida hacer pago del subsidio y a la Caja de Compensación, abstenerse de realizar descuentos improcedentes a este.

SEGUNDO: Que por la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, informó la abogada Patricia Araya Iriarte, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción, ya que fue alegado por el recurrente que no se ha pagado el subsidio de incapacidad laboral desde el mes de noviembre a la fecha, habiendo trascurrido más de 30 días corridos hasta la fecha de interposición del recurso, el 15 de mayo del presente, siendo en consecuencia extemporánea la acción, respecto del subsidio que correspondiera pagar con anterioridad al 15 de abril del mismo año.

En cuanto al fondo, señaló que la Corporación mantiene un convenio con la Caja de Compensación Los Andes, organismo encargado de enviar al empleador el dinero correspondiente al subsidio de incapacidad laboral y la Corporación debe pagársela al trabajador, como intermediario.

Explicó que el subsidio es un beneficio en dinero que tiene por finalidad cubrir la contingencia o estado de necesidad que se le genera a un trabajador por la suspensión transitoria de la capacidad de trabajo, originada por enfermedad o accidente común, enfermedad profesional o accidente del trabajo, o uso de derechos de protección a la maternidad, que reemplaza a la remuneración del trabajador. Así, al trabajador que se encuentra con licencia médica, si cumple con los requisitos, le correspondería el mismo monto de las remuneraciones que percibe todos los meses, con la diferencia que éstos no serán financiados por su empleador.

En el caso del recurrente, este ha presentado licencias médicas desde el mes de noviembre de 2019, las que han sido íntegramente pagadas hasta la fecha. Por lo tanto, el actor piensa equivocadamente que el subsidio corresponde a una suma adicional o distinta a lo que se refleja en sus liquidaciones de remuneraciones pagadas desde el mes de noviembre a la fecha. No obstante, las liquidaciones evidencian que el pago íntegro del subsidio de incapacidad laboral durante todos los meses en que se han emitido las licencias médicas del trabajador.

En consecuencia, la recurrida habría cumplido con pagar al trabajador la suma legal correspondiente al subsidio de incapacidad laboral desde que se hizo efectivo el pago, y ha realizado gestiones tendientes a devolver a la Caja Los Andes la cantidad pagada en exceso, actuando de buena fe.

Agregó que durante los períodos de incapacidad laboral, se deben efectuar las cotizaciones previsionales para pensiones, salud, desahucio y para el seguro de cesantía de la Ley N° 19.728.

Señaló que la recurrida, en los períodos de incapacidad laboral de sus trabajadores, mantiene sus remuneraciones y luego, si la licencia médica resulta rechazada, realiza los descuentos necesarios. En el caso del actor, todas sus licencias médicas han sido aceptadas y se enviado a la Corporación el subsidio por parte de la Caja de Compensación, desde noviembre hasta la fecha.

No obstante, consta en el certificado de Subsidios de Incapacidad Laboral emitido por la Caja de Compensación, que se incurrió en un error en cuanto que no coinciden las sumas del total imponible con las correspondientes al subsidio líquido, recibiendo la Corporación, desde el mes de noviembre de 2019, un monto superior al que debe pagarle al trabajador, según se aprecia de la comparación entre las liquidaciones y el certificado. Lo anterior, ya que el subsidio se calcula por día y teniendo presente que las licencias médicas del recurrente han sido ininterrumpidas desde el mes de noviembre de 2019, se debe pagar la suma equivalente a la remuneración del trabajador, esa fecha, hasta mayo del presente.

Así, según el contrato de trabajo del recurrente, su remuneración ascendía a la cantidad de $227.317, y la CMDS ha pagado en $652.597 en noviembre, $573.130 en diciembre, $914.686 en enero, $916.279 en febrero, $439.577 en marzo y $757.614 en abril, los que incluyen estipendios esporádicos, como bonos y aguinaldos. Lo anterior, sin realizar ningún tipo de descuento correspondiente a AFP.

No obstante, la Caja de Compensación ha calculado en exceso la remuneración del recurrente, incluso en algunos meses en la cantidad de $2.072.014, en circunstancias que el trabajador no alcanzaría la elevada suma que reclama. Por ello, se ha gestionado la devolución, por lo que no puede entregarle al recurrente la suma de dinero que pretende, ya que existe un error enmendable internamente entre la Caja y la Corporación, por lo que el recurso es improcedente.

Concluyó que no existe ningún perjuicio para el trabajador, ya que el subsidio ha sido pagado íntegramente, no visualizándose que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, toda vez que ha recibido al igual que todos los trabajadores dependientes de ella que, cumpliendo los requisitos han tenido derecho al subsidio de incapacidad laboral, han percibido el monto equivalente a su remuneración mensual.

Además, habiéndose pagado el monto correspondiente del subsidio, no se ha afectado el su derecho de propiedad, contemplada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución.

TERCERO: Que por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informó el abogado Sergio Abarca Vargas, solicitando el rechazo del recurso.

Señaló que de conformidad al artículo 19 N°2 de la Ley 18.833, las Cajas de Compensación están facultadas para administrar el régimen de subsidios de incapacidad laboral. No obstante, el actor mantiene la calidad de profesional de la educación sujeto al Estatuto Docente, por lo que el pago de su remuneración durante el periodo de licencia médica, se rige por las reglas especiales establecidas en las leyes N°19.070 y N°19.117.

De este modo, Caja Los Andes recepcionó los procedimientos administrativos para la tramitación en COMPIN Antofagasta, de las licencias médicas por el periodo desde el 12 de noviembre del año 2019 hasta el 8 de los corrientes, y procedió al reembolso del subsidio correspondiente a las licencias, por el periodo desde el 12 de noviembre hasta el 09 de mayo del presente. El reembolso de la licencia por el periodo desde el 10 de mayo hasta el 8 de junio se encuentra pendiente, a espera que la empleadora informe y actualice la situación previsional y laboral.

Refirió que al encontrarse el actor regido por el Estatuto Docente, la entidad empleadora debe pagar el total de las remuneraciones durante el periodo de la licencia médica y luego obtener el reembolso del subsidio, de acuerdo a lo establecido en el artículo único de la Ley N°19.117. Por ello, nada se adeuda al recurrente.

En cuanto a las cotizaciones previsionales, informó que el régimen previsional informado por el empleador corresponde a “Trabajador activo” y la entidad previsional es “AFP Hábitat”, pero que según lo indicado en el recurso, se solicitó a la entidad empleadora que actualice y aclare su situación previsional.

No obstante, es la entidad empleadora la encargada de pagar el total de su remuneración durante el periodo de licencia médica y de efectuar el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social que correspondan y no Caja Los Andes, por lo que, en caso de errores en estos pagos, no le corresponde efectuar devolución alguna. Por el contrario, en caso de detectarse algún pago indebido de acuerdo a la situación previsional del trabajador, la entidad empleadora deberá restituir a Caja Los Andes aquella parte del subsidio que le fue incorrectamente reembolsado.

En consecuencia, Caja Los Andes nada adeuda al recurrente por concepto de cotizaciones previsionales descontadas y pagadas -supuestamente en forma errónea- a la entidad correspondiente, toda vez que dichas gestiones son realizadas directamente por la entidad empleadora, no cabiéndole a la Caja recurrida responsabilidad al respecto.

En consecuencia, estimó que no existe acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de los antecedentes, se desprende que objeto del recurso es determinar la existencia del acto ilegal y arbitrario que se imputa a las recurridas, consistente en el no pago del subsidio de incapacidad laboral y descuento improcedente de cotizaciones de previsión social.

SÉPTIMO: Que, en relación a la extemporaneidad del recurso de protección en los términos alegados por la Corporación de Desarrollo Municipal recurrida, debe señalarse que si bien se desprende del recurso que lo que se alega es el no pago del subsidio de incapacidad laboral a contar del mes de noviembre del año 2019, este no es el único mes que cuyo cobro se exige, sino que también de los meses siguientes, hasta abril del presente año. En consecuencia, alegándose la existencia de un acto vulneratorio de carácter permanente, no existe extemporaneidad al presentar la acción.

OCTAVO: Que debe señalarse que al no estar sujeto el trabajador al Estatuto Docente, sino solo al Código del Trabajo y a la Ley N°19.464 que establece normas para personal no docente de Establecimientos Educacionales, según se desprende del contrato de trabajo allegado al proceso, no le resulta en consecuencia aplicable lo dispuesto en el artículo único de la Ley N°19.117.

No obstante lo anterior, según fue reconocido expresamente por la Corporación recurrida en su informe, y en calidad de empleadora del recurrente, se ha hecho extensivo dicho tratamiento al trabajador, en cuanto se señaló – y así dan cuenta las liquidaciones de remuneraciones acompañadas – que sin perjuicio de las licencias médicas del trabajador recurrente se pagó íntegramente las remuneraciones del actor, y correspondía posteriormente a la Caja de Compensación enterar el monto del subsidio, reembolsando lo pagado.

En consecuencia, el monto que la Caja de Compensación entrega a la Corporación no es para que sea pagado al trabajador, sino tiene por objeto restituir a la empleadora el monto pagado por concepto de remuneración en los días en que el trabajador estuvo con licencia médica.

De lo anterior se colige que, no habiéndose retenido indebidamente por la empleadora recurrida el monto del beneficio alegado, ya que no corresponde su pago al actor, no existe acto arbitrario o ilegal que le sea imputable y tampoco vulneración a sus garantías constitucionales, por lo que corresponde rechazar la acción constitucional a este respecto.

NOVENO: Que en cuanto a la alegación de retención indebida de cotizaciones previsionales por la Caja de Compensación, se debe tener en cuenta que según se razonó en el considerando precedente, el empleador pagó íntegramente al actor sus remuneraciones, sin realizar ningún descuento por concepto de cotizaciones de AFP, según consta de las liquidaciones de sueldo acompañadas a estos autos. Por lo tanto, sin perjuicio de constar un descuento en el certificado de la Caja de Compensación, este no se reflejó en la remuneración percibida por el recurrente, por lo que no existió vulneración alguna a sus derechos del recurrente, puesto que cualquier error en los descuentos, debe ser resuelto internamente entre las entidades recurridas.

DÉCIMO: Que no se condena en costas a la parte recurrente, por considerarse improcedente.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Andrés Bruna Ortiz, en representación nombre reservado contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2133 – 2020 (PROT)

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