nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Antofagasta, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en nombre de nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE ANTOFAGASTA (COMPIN) -erróneamente indica que es la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ METROPOLITANA-, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar el pago del subsidio correspondiente a Licencia médica y negar la justificacióndel reposo médico de su representado, mediante diversas resoluciones dictadas por la recurrida, todo lo cual vulnera, lo cual indica priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República; solicitando acoger el presente recurso, ordenando a la recurrida aprobar las licencias médicas rechazadas y autorizar el pago de los subsidios correspondientes, con costas.

Evacuó informe la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su recurso señalando que, desde el primero de enero del presente año, su representado inicia vínculo laboral con la empresa Gasfitería Integral SpA, RUT RUT reservado, el cual a la fecha de presentación del recurso se encontraba vigente.

Señala que, médico tratante lo diagnóstico y le indicó reposo, mediante las licencias médicas que se indican y que fueron rechazadas por la recurrida:

-Licencia médica Nº RUT reservado, rechazada por no tener un vínculo laboral vigente, con fecha 15 de mayo de 2024.

-Licencia médica Nº RUT reservado, autorizada sin derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral, con fecha 10 de julio de 2024.

-Licencia médica Nº RUT reservado, autorizada sin derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral, con fecha 29 de julio de 2024.

-Licencia médica Nº RUT reservado, autorizada sin derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral, con fecha 13 de agosto de 2024.

-Licencia médica Nº RUT reservado, autorizada sin derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral, con fecha 26 de septiembre de 2024.

Añade que, su representado a acompañado toda la documentación necesaria a fin de acreditar su vínculo laboral vigente mediante los recursos administrativos contra las resoluciones individualizadas, sin embargo, indica que a la fecha la recurrida COMPIN no se ha pronunciado respecto ninguna de ellas, situación no sólo arbitraria, sino que causa un perjuicio directo a su representado, toda vez que cumpliendo con las exigencias legales y normativas para la aprobación y pago del subsidio por incapacidad laboral al que tiene derecho, éste le es denegado sin pronunciamiento a sus recursos de reposición, afectando los Derechos del recurrente.

Refiere antecedentes de derecho, señalando que el actuar de la recurrida transgrede la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, debido a la inestabilidad emocional, estrés y frustración que esta situación ha gatillado en su representado. Una segunda garantía constitucional vulnerada, estaría dada por el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, en atención a la privación y perturbación que le afecta, ya que, el rechazo de las licencias médicas y pago del correspondiente subsidio por incapacidad laboral, privan a la recurrente del derecho a retribución monetaria contemplada por la ley, precisamente en los casos de encontrarse imposibilitado de trabajar por enfermedad y que, en definitiva, se oredene a la recurrida aprobar las licencias médicas actualmente rechazadas y autorizar el pago de los subsidios por incapacidad laboral de todas ellas, presentadas por la recurrente, por un diagnóstico médico fundado y manteniendo una relación laboral vigente, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, señalando:

Expone que la recurrente es afiliada al Sistema FONASA, dando cuenta de las licencias médicas, conforme al siguiente cuadro:

Refiriendo, que las licencias médicas se emitieron por diagnóstico de índole traumatológico: diagnóstico de “Otras sinovitis y tenosinovitis” (M65.8), “Otros trastornos sinoviales y tendinosos” (M68.8) y “Trastorno sinovial y tendinoso, no especificado” (M67.9).

Agrega que, la COMPIN, es un órgano técnico y fiscalizador cuya función consiste en velar, de acuerdo con ley, por el cumplimiento de normas medico legales, actuando como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por la normativa pertinente del Ministerio de Salud.

Añade que, en primera instancia la licencia Folio N°4-18130352, es rechazada para el pago del subsidio por no encontrarse con un contrato vigente. Por lo que, el 27.05.2024, el usuario entrega documentos pertinentes y, tras la revisión del contrato de trabajo, la licencia médica señalada, fue autorizada por contraloría médica respecto del reposo.

Sostiene que, de la revisión de los antecedentes contractuales, para determinar el derecho al subsidio por incapacidad laboral, COMPIN Antofagasta consideró pertinente revisar y validar datos del empleador, situación contractual de trabajador y situación tributaria del empleador, por lo que se determina realizar una fiscalización para acreditar el vínculo laboral entre las partes. Según los antecedentes contractuales aportados, figura contratado como jefe administrativo de la empresa, desde el 01.01.2024, con contrato indefinido con un sueldo base de $1.800.000.- Cabe destacar que el recurrente, no posee un contrato a plazo anterior con la misma empresa, registra el pago de 4 cotizaciones anteriores al inicio de la licencia médica, por la empresa Gasfitería integral Talca SPA. En el contrato de trabajo se señala el mismo domicilio respecto del trabajador y la empresa, domicilio reservado.

Refiere que, de igual forma se verifica en el registro de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la constitución de sociedad por acciones de la empresa Gasfitería Integral Talca SPA, que fue constituida de 29.03.2023, administrada por un gerente general y representada ante el Servicio de Impuestos Internos, por nombre reservado, con el RUT RUT reservado.

Añade que, durante el proceso de fiscalización, se intenta contactar al empleador como al usuario vía telefónica, en reiteradas oportunidades, sin resultados positivos, siendo necesario establecer contacto y entrevistar a empleador para concluir el peritaje laboral, pero frente a la imposibilidad de obtener datos directos del empleador, se cierra el proceso de fiscalización con fecha 01.07.2024, concluyendo que el vínculo laboral no logra ser acreditado.

Concluye que, COMPIN debe ejercer su rol como ente fiscalizador tanto de los antecedentes médicos, administrativos y laborales en cualquier instancia y tiempo del reposo médico de un trabajador, pues reviste carácter determinante para la resolutividad de una licencia médica, actualizar los antecedentes no sólo del estado de salud y evolución del cuadro clínico, sino que también respecto de la calidad contractual y laboral para acreditar el derecho al subsidio de incapacidad laboral, por cuanto, en nuestra legislación, debe acreditarse la realización efectiva de una actividad laboral bajo subordinación y dependencia, mediante la constatación de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador, lo cual no ha podido verificarse en el caso del recurrente.

Agrega antecedentes en cuanto a la normativa aplicable, destacando que, COMPIN por ser un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio, debe velar por el correcto cumplimiento tanto de los aspectos técnico-médicos y administrativos de las licencias médicas para la correspondiente autorización, tal como se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales:

a) Permitir la ausencia justificada al trabajo o el uso de descanso de protección a la maternidad para su recuperabilidad y b) El otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por un trabajador cuya calidad contractual no logre ser acreditada, conforme lo señala la normativa vigente y diversos dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe requerido en autos.

TERCERO:

Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que puedan ser afectados por acto arbitrario o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados, se desprende que por su intermedio se persigue que se dejen sin efecto las resoluciones de COMPIN que determinaron el no pago de subsidio laboral al recurrente, cuestionando dicha negativa, a fin que se ordene el pago de los mismos.

SEXTO: Que, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que, en caso de rechazo de una licencia médica, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que: “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Por lo tanto, es menester exigir de la resolución que resuelve las peticiones de la actora, una fundamentación que se haga cargo de los motivos que determinaron que dichas licencias fueran autorizadas sin derecho a subsidio por incapacidad laboral, debiendo para ello desarrollar un análisis de los antecedentes acompañados por el recurrente y aquellos recabados por la propia recurrida y evaluar nuevamente, si fuera necesario, la situación laboral del usuario a fin de adoptar una decisión basada en criterios objetivos.

SÉPTIMO: Que, si bien de lo expuesto por ambas partes, se desprende que sólo el rechazo de la primera licencia médica fue objeto de reclamación por parte del actor, quien acompañó antecedentes que daban cuenta de su relación laboral vigente, lo cual determinó la autorización de la misma, pero sin derecho a subisidio, no consta que se haya puesto en conocimiento del recurrente los motivos de tal decisión, contraviniendo lo señalado en el considerando precedentemente. Asimismo, del informe acompañado por la recurrida, se puede desprender que esos mismos antecedentes aportados por el actor y los recabados por COMPIN, determinaron lo resuelto en las siguientes cuatro licencias médicas presentadas, pero igualmente nada de ello fue puesto en conocimiento del recurrente, quedando solo en los registros de la recurrida el cuestionamiento a la relación laboral del actor, de lo cual puede concluirse que esto le ha impedido ejercer los recursos administrativos que contempla la ley en la materia.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, por no especificar los fundamentos de su determinación, como tampoco recabar mayores antecedentes respecto de la situación laboral del usuario, resolviendo conforme a subjetividades, afectando los derechos del actor atendida la falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

De esta manera, se advierte que el negar el pago del subsidio por incapacidad laboral, esgrimido por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, atendida la transgresión de garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

NOVENO: Que, asimismo, especial consideración debe tenerse respecto del periodo por el cual se ha privado a la recurrente del pago del subsidio, que se extiende desde mayo a octubre del año 2024, por lo que el perjuicio patrimonial causado y la vulneración de garantías resulta evidente, produciéndose un menoscabo en su derecho de propiedad, consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y también, en directa relación con el perjuicio en su patrimonio, se atenta contra el derecho a la integridad física y psíquica, por verse impedida a solventar sus gastos y costos de vida.

DÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, corresponde acoger la acción constitucional deducida, adoptando las medidas necesarias para poder restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en nombre de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE ANTOFAGASTA (COMPIN) y se ordena a la recurrida dictar los actos administrativos necesarios, a fin de autorizar y disponer el pago del subsidio correspondiente a las licencias de Folios Nº RUT reservado, Nº RUT reservado, Nº RUT reservado, Nº RUT reservado y Nº RUT reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2117-2024 (PROTECCIÓN)

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