EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. con DIRECCION DE VIALIDAD-MOP-FISCO

Antofagasta, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado y Sergio Peña Barrera, abogados, en representación de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., (ECONSSA S.A.), RUT N°RUT reservado, quienes dedujeron recurso de protección en contra de WOM S.A., RUT N°RUT reservado; GTD Teleductos S.A., RUT N°RUT reservado; Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Vialidad, RUT N°RUT reservado; y de Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta S.A., RUT RUT reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la instalación subterránea de fibra óptica por la empresa WOM, y de postación y cableado de la empresa GTD S.A., sobre terrenos ocupados por acueductos sanitarios amparados por servidumbres sanitarias debidamente constituidas e inscritas, privando, perturbando y amenazando su legítimo ejercicio; y, por la dictación de la resolución de factibilidad, aprobación de proyectos y autorización de uso fiscal de la Ruta 26, otorgadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., sobre dichas servidumbres; solicitando, se ordene la paralización y reubicación de las obras de emplazamiento de fibra óptica u otro que están construyendo las recurridas WOM y GTD, y se ordene a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, arbitrar las medidas destinadas a impedir el emplazamiento de cualquier proyecto de paralelismo presente o futuro, que intervenga con las servidumbres e infraestructura sanitaria situadas en los costados de la Ruta 26.

Informaron las recurridas al tenor del recurso, instando por su rechazo. Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales evacuó el oficio que le fuera solicitado en su oportunidad.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que principia la parte recurrente, ilustrando con imágenes a fin de obtener una vista general de las servidumbres de acueducto y recintos sanitarios de su propiedad; destacando la identificación de dichas servidumbres en el tramo de la Ruta 26 situadas entre la salida de Salvador Allende y Quebrada Caracoles; para luego, ilustrar el área en que las empresas WOM y GTD fueron autorizadas a instalar sus redes de fibra óptica, donde se encuentran emplazadas diversas servidumbres de acueducto de titularidad de la recurrente, y traspasadas en comodato a las empresas sanitarias Aguas Antofagasta S.A. y Sacyr Agua Norte S.A., así como diversa infraestructura sanitaria, tratándose de un área que ha sido históricamente ocupada para dicho tipo de infraestructura.

Acto seguido, refiere que ECONSSA Chile S.A., es una sociedad anónima de propiedad del Estado de Chile, cuyo capital social se divide en dos accionistas, CORFO con un 99,1748% y el Fisco de Chile con el 0,8252% restante de los derechos sociales, y cuya función principal es el control del cumplimiento de los nueve contratos que el Estado de Chile suscribió con empresas operadoras privadas, mediante los cuales transfirió el derecho de explotación de las concesiones sanitarias ubicadas en diversas regiones del país, entregándolas en comodato por 30 años a contar de la fecha del respectivo contrato, a cuyo término el derecho de explotación y los bienes afectos entregados en comodato deben volver a la tenencia de la empresa estatal.

Asimismo, hace referencia a un convenio marco y a un protocolo de operación y convivencia entre Aguas Antofagasta S.A., la Sociedad Concesionaria y Skanska Chile S.A., de fecha 20 de mayo de 2014, que surge producto de la modificación que sufrió la Ruta 26 a consecuencia de la “Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, ya que, para el mejoramiento de dicho camino se requirió el cambio de trazado de las servidumbres de acueducto NACA (Nueva Aducción Calama – Antofagasta), y la VACA (Vieja Aducción Calama Antofagasta), en determinadas zonas o segmentos, enfatizando que dicho convenio estableció “normas de convivencia” referida a mantenciones, reparaciones y recambio de tuberías, válvulas reductoras, entre otras, en aquellos segmentos en que los acueductos quedaron dentro de la faja vial a consecuencia de las modificaciones de la autopista.

Alega que, el 02 de octubre de 2024, personal técnico de ECONSSA S.A., al dirigirse por la Ruta 26 a los terrenos en que se constituiría la nueva planta de aguas servidas de la ciudad, observó en el camino la existencia de trabajos en la baja fiscal, en sectores en que la recurrente a consecuencia de la construcción de la autopista, se sitúa sobre los acueductos de la empresa, entregados en comodato a Aguas Antofagasta S.A. y a Sacyr Aguas Norte S.A., en virtud de los correspondientes contratos de concesión, por lo que al detenerse y consultar con los trabajadores, obtuvo información de que los mismos consistían en la instalación subterránea de fibra óptica y de postación y cableado por las empresas recurridas. Que, concurrió a la Dirección Regional de Vialidad a fin de obtener información al respecto, donde se le indicó que se trataba de proyectos aprobados por la Dirección Regional de Vialidad, sin entregar más información.

Manifiesta que, los hechos descritos privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de las servidumbres en cuestión, toda vez que dichos trabajos afectarán la ocupación de los espacios de terreno necesarios para efectuar la reparación, mantención, recambio y/o instalación de nuevas tuberías e infraestructura sanitaria relacionada, impidiendo la atención de una oportuna y adecuada reparación o mantención de dichas redes que transportan agua para consumo humano, y para uso industrial.

Con relación a los actos ilegales y arbitrarios de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, le imputa haber otorgado la factibilidad de uso de faja fiscal a las empresas recurridas, en zonas en que sabe o debiera saber, que se encuentran totalmente ocupadas por infraestructura sanitaria destinada al abastecimiento de agua potable; y, por haber autorizado el proyecto en cuestión, que interviene con acueductos sanitarios amparados por servidumbres debidamente constituidas.

Sobre el actuar de la Empresa Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., al celebrar convenios para el emplazamiento y construcción de las obras de WOM y GTD, igualmente sería ilegal y arbitrario, al desconocer y no respetar los acuerdos establecidos en el Convenio Marco y Protocolo de Operación y Convivencia otorgado entre Aguas Antofagasta S.A., la Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., y Skanska Chile S.A., en mayo de 2014, remitiéndose a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, para sostener que el contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causales legales, debiendo ejecutarse de buena fe, por lo que no respetarlo implica una ilegalidad. En el mismo sentido, su actuar resulta arbitrario, por cuanto carece de razonabilidad y de sustentación lógica, por desconocer el acuerdo existente y la motivación de fondo que hubo para su otorgamiento, esto es, la prevalencia del suministro de agua a la población de Antofagasta y el resguardo a la infraestructura sanitaria existente al costado de la Ruta 26.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, director nacional de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, al tenor del recurso impetrado en su contra.

Al efecto, señala que la Ruta 26 es un camino nacional declarado como tal en junio de 2010, al tratarse de una ruta que une rutas públicas nacionales (Ruta 5 y Ruta 1), la que además, ha sido decretada como camino público en zona urbana mediante decreto del 30 de agosto de 2002, por tratarse de una vía prioritaria de ingreso a la ciudad de Antofagasta; hace presente además, que dicha ruta forma parte del contrato de concesión de obra pública fiscal denominado “Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, la que fue adjudicada mediante D.S. MOP N°137, de 15 de febrero de 2010, al licitante denominado “Skanska Inversora e Infraestructura S.A.”, hoy constituido como “Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.”.

Enseguida, se refiere al procedimiento para la revisión y autorización de ocupación en faja fiscal de rutas nacionales, citando la normativa que regula dicha materia contenida en el artículo 41 del DFL MOP N°850 de 1997; así como las condiciones y requisitos técnicos que deben cumplir mínimamente los ocupantes de las fajas fiscales para solicitar la respectivas autorizaciones, las que se encuentran reguladas a través del Instructivo sobre Paralelismos y Atraviesos en caminos públicos de tuición de la Dirección de Vialidad del MOP, aprobado mediante Resolución Exenta DV N°2059 de fecha 16 de agosto de 2021; y, que además de ello, por tratarse de una ruta concesionada, las autorizaciones deben cumplir con lo establecido en el la norma contenida en el Decreto Supremo MOP N°900 de 1996; Decreto Supremo MOP N°956 de 1997; Ley de Concesiones, reglamento respectivo y sus modificaciones; pero que, sin perjuicio de ello, la faja fiscal siguiendo competencia del Servicio recurrido.

Sobre el caso de marras, y que dice relación con la autorización de ocupación de faja fiscal Ruta 26, del KM 10,237 al KM 13,015, para la empresa GTD Teleductos S.A., por parte de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, señala que, dicha empresa ingresó la solicitud respectiva para el paralelismo aéreo la zona y ruta antes referida, a través de una carta el 01 de abril de 2024; y, que con el objeto de obtener el pronunciamiento de la factibilidad del emplazamiento, se remitió dicha solicitud a la Inspección Fiscal, etapa de explotación Concesión Vial Autopistas Antofagasta, a través del respectivo ordinario de fecha 02 de mayo de 2024, cuyo pronunciamiento en junio de dicho año, destacó las observaciones que debían ser cumplidas de manera previa y durante la ejecución de los trabajos, requiriendo la respectiva solicitud de permiso previo a la ejecución de las obras de la Sociedad Concesionaria Autopistas Antofagasta. Asimismo, se le hizo presente a GTD que antes de ejecutar los trabajos, debía solicitar el permiso de trabajo al área de Oficina Técnica de la mencionada sociedad.

Luego, con fecha 10 de julio de 2024, la Dirección Regional de Antofagasta informó que no se presentaban objeciones para otorgar la conformidad técnica para ocupar la faja fiscal, estipulándose que se debería dar cumplimiento a lo exigido por la inspección fiscal de la explotación de concesiones, exigiéndose a su vez, las garantías para la correcta ejecución de las obras, las que una vez ingresadas, se emitió el acto administrativo de autorización en resolución exenta que indica, de fecha 20 de agosto de 2024, designándose para la fiscalización de las obras de paralelismo autorizadas al profesional Sr. nombre reservado.

Agrega que, el proyecto de ingeniería presentado por el solicitante y aprobado por la recurrida, contiene antecedentes que fueron considerados en su petición, tales como la memoria descriptiva del proyecto y sus condiciones técnicas; el emplazamiento georreferenciado de postaciones para la suspensión de la fibra óptica; y, los criterios de aprobación del proyecto. Contexto técnico bajo el cual el Servicio recurrido procedió a autorizar el emplazamiento del paralelismo aéreo de la fibra óptica de la empresa GTD S.A., sin perjuicio de lo establecido en el numeral 10.4 del instructivo que regula la ocupación de faja fiscal y conforme a la normativa vial vigente; obras cuya ejecución comenzó el 17 de octubre de 2024, y las que durante su desarrollo han cumplido con las condiciones técnicas contenidas en el proyecto de ingeniería autorizado por la Dirección Regional, así como también, a las condiciones establecidas por la Sociedad Concesionaria.

Igualmente, expone los antecedentes del proyecto de tendido de cable de fibra óptica soterrada en paralelismo a Ruta 26, desde DM. 0+300 al DM. 12+870, en la comuna, provincia y región de Antofagasta, por parte de WOM S.A., haciendo presente que el Proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), cuenta con fondos de inversión estatal, impulsado por la SUBTEL, a través del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y que corresponde a una carretera digital que considera una alta inversión en subsidio estatal, generando un impacto positivo a nivel nacional por medio de la entrega de conectividad a una gran cantidad de localidades del país entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región del Biobío.

En ese contexto, con fecha 28 de septiembre de 2024 se informó a WOM S.A. en el marco de la adjudicación de la licitación de la construcción de las redes de fibra óptica que, en un Convenio Ad Referéndum, el que debía ser suscrito por la empresa por el uso de la faja fiscal, donde se establecerían los aspectos técnicos y administrativos que regularían el desarrollo del proyecto y la obra. Así, dicho proyecto forma parte de las instalaciones de infraestructura que ocupan la faja fiscal de los caminos de tuición de la Dirección de Vialidad, cumpliendo con la resolución DV N°526 de marzo de 2021 que aprobó el Convenio Ad Referéndum por uso de faja de los caminos públicos entre la Dirección de Vialidad y la empresa WOM S.A., quien solicitó la revisión y aprobación de los antecedentes en forma previa a la ejecución del proyecto en cuestión, enviándose al respectivo inspector fiscal del Contrato de Concesión de Autopistas de Antofagasta, a fin de efectuar un análisis y pronunciamiento correspondiente en conjunto con la Sociedad Concesionaria sobre el emplazamiento de los proyectos en cuestión.

En dicho sentido, el inspector fiscal de Etapa de Explotación Concesión Vial y Autopistas de Antofagasta envió al Departamento de Regulación y Administración Vial Urbana la conformidad al emplazamiento de los proyectos revisados, adjuntando la carta de la Sociedad Concesionaria de Autopistas de abril de 2022, en la cual se emiten recomendaciones y solicitudes de coordinaciones previo al comienzo de los trabajos, quien consignó que el proyecto en general no reviste complicaciones para las rutas de la concesión en cuanto a su emplazamiento; y que el tendido de cable de fibra óptica debe ser lo más cercano al cerco posible; recomendando de que en los tramos de tendido soterrado se instalen balizar que indiquen la presencia del mismo. Que, con fecha 02 de mayo de 2022, en oficio ordinario de la División de Infraestructura Vial Urbana, entregó la conformidad técnica para el emplazamiento solicitado.

Por lo anterior, arguye que el acto denunciado carece de arbitrariedad e ilegalidad, toda vez que la normativa en que se sustentan las decisiones no dejan espacio para actuar distinto al que ella señala, al indicarse claramente la forma en que se debe proceder; ajustando su decisión a la ley, que establece la forma en que la administración debe actuar; siguiéndose los procedimientos definido en la ley y los instructivos del Servicio para otorgar las autorizaciones de uso de faja, siendo competente para aquello la Dirección Regional de Vialidad, quien determinó que tanto el otorgamiento de factibilidad de uso de faja a las empresas recurridas, como la autorización del proyecto de ingeniería para el emplazamiento de obas lineales de fibra óptica, cumplen con la norma, ya que la infraestructura ejecutada no intervino en infraestructura sanitaria, ni expone o impide el libre suministro de las aguas, cuyos trabajos por lo demás, no resultaron en afectaciones a la misma.

Refiere además que el hecho de que exista una servidumbre de acueducto no necesariamente excluye a otros usos de la faja fiscal, a menos que se demuestre que las instalaciones solicitadas afecten directamente el uso de dicha servidumbre o interfieran con su funcionamiento, siendo viable la coexistencia de la servidumbre con otras instalaciones.

Señala además que no le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, ni a sus servicios dependientes, la supervisión de los convenios celebrados entre empresas privadas, como lo es el convenio marco al que alude la recurrente.

Finaliza, indicando que la acción de protección no es el medio idóneo para los fines pretendidos por la recurrente, pues la misma se esta utilizando para impugnar una decisión administrativa, la cual no es objeto de la protección otorgada bajo el artículo 20 de la Constitución Política de la República; negando la existencia de vulneración a las garantías constitucionales que se invocan en el recurso.

TERCERO: Que informó Horacio del Valle Fraga, abogado, en representación de WOM S.A., al tenor del recurso impetrado en su contra.

En lo pertinente, alega que la construcción y ejecución de obras del Proyecto Fibra Óptica Nacional “FON”, del cual la recurrida es la adjudicataria, constituye el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones autorizada sectorialmente por la SUBTEL y, que en el caso concreto, se ha instalado dentro de un terreno fiscal con todas las autorizaciones pertinentes y sin afectar derechos de terceros.

Hace presente que, el proyecto en cuestión, ya se ejecutó completamente en la faja fiscal de la Ruta 26, la que a su vez fue dada en Concesión de Obra Pública a la recurrida Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., y que tal como lo señala la Dirección de Vialidad en su informe, los terceros que requieran por diversos motivos, como en el caso de WOM S.A., instalar la fibra óptica en razón del proyecto FON, en este caso por mandato del Estado, realizar una ocupación de la faja fiscal en rutas nacionales, requieren de un permiso que otorga la referida autoridad, y que se encuentra regulado en el artículo 41 del DFL MOP N° 850 de 1997 y el Instructivo sobre Paralelismos y Atraviesos en caminos públicos de tuición de la Dirección de Vialidad del MOP, aprobado mediante Resolución Exenta DV N°2059 de fecha 16 de agosto de 2021.

En ese contexto es que su parte, siendo adjudicataria del proyecto y teniendo la obligación delegada por la SUBTEL de llevar a cabo el proyecto, inició un procedimiento con apego a la norma antes citada y del instructivo sobre atraviesos en caminos públicos vigentes a la época; así, dice haber enviado la carta al Inspector Fiscal del Contrato de Concesión Autopistas de Antofagasta, solicitando la revisión y aprobación de los antecedentes en forma previa a la ejecución del proyecto en referencia, quien entregó su conformidad al emplazamiento del mismo mediante ordinario de fecha 20 de abril de 2022. Finalmente, a través del Ordinario de la División de Infraestructura Vial Urbana, de fecha 02 de mayo de 2022, se entregó la conformidad técnica para el emplazamiento solicitado y se establecieron condiciones técnicas y administrativas para su ejecución, señalando en su numeral 2, que se debía acoger las observaciones emitidas por la Sociedad Concesionaria y en su numeral 4 la solicitud de coordinación con la Inspección Fiscal del Contrato de Concesión y la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., de manera previa a iniciar los trabajos que comenzaron en mayo de 2022 y duraron tan solo 5 semanas; proyecto que se ejecutó de manera completa, estando actualmente sólo a la espera de su recepción, siguiendo los lineamientos de la SUBTEL y con las autorizaciones pertinentes del convenio de paralelismos de la Dirección de Vialidad de la Inspección Fiscal del MOP y la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.

Señala además que en el lugar en el que se instaló la fibra óptica, hace ya varios meses, no existía infraestructura sanitaria alguna, no siendo cierto que WOM S.A: haya intervenido o afectado derechos de la recurrente ni acueducto alguno como lo indica la recurrente en su página 11.

Acto seguido, alega la extemporaneidad del recurso, bajo el argumento de que los trabajos se iniciaron en mayo de 2022, y duraron aproximadamente 5 semanas, lo que se lograría acreditar con los documentos que acompaña, excediendo el plazo contenido en el artículo N°1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el que fue entablado el 18 de octubre de 2024, a más de 10 meses de finalizados los trabajos.

Arguye también, la improcedencia de la presente acción, toda vez que lo discutido en autos debe ser ventilado en un procedimiento ordinario, a efectos de determinar la extensión de la servidumbre y los derechos asociados a la misma; y, que el derecho de propiedad del recurrente y la supuesta afectación que sobre éste habría ocasionado WOM S.A. no es evidente, por lo que debió iniciar los procedimientos jurisdiccionales para obtener la declaración de un derecho que hoy en día no existe a ciencia cierta en el patrimonio de la recurrente, tales como una acción posesoria o denuncia de obra nueva, e incluso procedimientos administrativos.

Afirma que la actuación de WOM S.A. se enmarca dentro de la normativa vigente, por lo que no existen actos u omisiones arbitrarias o ilegales, al haber obtenido todos los permisos sectoriales, y las autorizaciones de la Dirección de Vialidad, la que a su vez fue validada por la Inspección Fiscal y la Sociedad Concesionaria que administra la obra pública fiscal. Instalación de fibra óptica que por lo demás no afecta en ningún sentido la servidumbre de acuerdo y/o la infraestructura sanitaria de la recurrente, por las características propias de la fibra óptica, y la instalación soterrada en pequeñas zanjas a una profundidad reducida.

Señala además que en materia de servidumbres se ha resuelto que la vía del recurso de protección no es la idónea para determinar la existencia o vulneración de los derechos asociadas a ésta, enfatizando que no ha actuado con autotutela, sino que respaldada por varias resoluciones administrativas firmes y ejecutoriadas y en calidad de mandataria del Estado, resultando por tanto imposible acogerse el recurso en los términos solicitados.

CUARTO: Que informó Marcelo Giovanazzi Retamal, abogado, en representación de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., al tenor del recurso deducido en autos, solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Indica ser la adjudicataria del contrato de concesión de obra pública fiscal denominado Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta, que incluye la Ruta 26 y que una la Ruta 5 Norte con la Ruta 1.

Sostiene que los proyecto de terceros a lo que se refiere el recurso, emplazados dentro del área de concesión, deben ser autorizados por la Dirección Regional de Vialidad y/o por la Inspección Fiscal de Explotación y no por su parte, cuyo rol consiste en que, autorizada una obra o instalación dentro de la faja de concesión, debe tomar todas las medidas de seguridad vial que resulten necesarias al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.8.13 de las Bases de Licitación, enfatizando que no ha otorgado ni le corresponde otorgar autorización alguna a los trabajos realizados por WOM y GTD en la Ruta 26.

Hace presente que, en el caso de la empresa WOM, los trabajos consistieron únicamente en la reparación de cableado preexistente, mientras que en el caso de GTD, informó a la Dirección de Vialidad que existía un problema con la posición de los postes y en la necesidad de realizar modificaciones a los planos correspondientes, a fin de no interferir con la servidumbre, por lo que, la Inspección Fiscal de Autopistas Antofagasta no aprobó los trabajos, sin embargo, la empresa GTD inició los mismos, consiguiendo finalmente la aprobación de la Inspección Fiscal de la Dirección Regional de Vialidad.

Controvierte expresamente que Autopista Antofagasta haya realizado algún acto o conducta apta para amenazar o vulnerar algún derecho o garantía fundamental de la recurrente, por el contrario, ha realizado exhaustivas revisiones del proyecto de instalación de postes presentado por la empresa GTD.

Enfatiza que no ha otorgado permiso alguno a GTD, por no cumplirse las condiciones de seguridad requeridas, y que ha informado a la autoridad competente la existencia de posibles interferencias para la toma de acciones pertinentes.

Finalmente, sostiene que el conflicto contractual al que se alude en el recurso no puede discutirse en sede de protección, la que incluso se dedujo con una dudosa temporalidad al fluir del mismo que el conocimiento de las supuestas ilegalidades o arbitrariedades excede el plazo de 30 días.

QUINTO: Que informó Karen Werner Feris, abogada, en representación de GTD Teleductos S.A., al tenor del recurso deducido en autos.

Inicia, refiriéndose a las consideraciones técnicas del proyecto, consistente a un paralelismo aéreo de tendido de fibra óptica de su propiedad, que implica 31 postes proyectados a emplazar en la Ruta 26 de Antofagasta.

Sostiene que, el 01 de abril de 2024 ingresó a tramitación la solicitud de ocupación de faja fiscal para poder llevar adelante el proyecto, remitiéndose la misma a la Inspección Fiscal de Explotación de Autopistas Antofagasta en mayo de 2024; acto seguido se dictó ordinario con observaciones que debían ser cumplidas de manera previa y durante la ejecución de los trabajos, requiriéndose la respectiva solicitud de permiso previo a la ejecución de las obras a la Concesionaria, además de un permiso de trabajo al área de Oficina Técnica de la misma.

En julio de 2024, la Dirección Regional de Vialidad le informó que no existían objeciones para otorgar la conformidad técnica para ocupar la faja fiscal, razón por la cual ingresó las garantías requeridas, emitiéndose el acto administrativo de autorización con fecha 20 de agosto de 2024, iniciando las obras en el mes de octubre de dicho año, cumpliendo a cabalidad las condiciones técnicas del proyecto autorizadas por la Dirección de Vialidad, así como a las condiciones establecidas por la Concesionaria.

Alega que la acción interpuesta resulta improcedente por no ser el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia, cuyas acusaciones son vagas, ambiguas y con fundamentos genéricos, sin el debido desarrollo que exige una acción cautelar. Que, además, la servidumbre de acueducto es una figura regulada en el Código de Aguas, regulándose en el mismo que los juicios relacionados a dichas materias se tramitarán conforme al procedimiento sumario ante juez de letras competente.

Asimismo, sostiene que la acción de marras no satisface los elementos necesarios para ser acogida al no existir un acto u omisión arbitrario o ilegal; que la afectación reclamada a no es tal; por lo que no existe transgresión a la garantía constitucional del derecho a propiedad de la recurrente.

SEXTO: Que, a folio N°17 del expediente digital, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, dio cumplimiento a lo ordenado a través de la resolución de fecha 18 de octubre del año 2024, acompañando Plano II-3-2687 CR (láminas A, B, C y D); Plano II-2-2586 CR (láminas E, F, G, H, I y J); y, Plano II-2-791-CU laminas A y B en donde consta la servidumbre de la Aducción Mejillones.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

OCTAVO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

NOVENO: Que, según se desprende de la acción de autos, el acto que se reprocha como ilegal y/o arbitrario por parte de las recurridas consiste, en el caso de WOM S.A., de la instalación subterránea de fibra óptica; y, respecto de GTD Teleductos S.A., por trabajos de postación y cableado; todo esto realizado en terrenos ocupados por acueductos sanitarios que se encuentran amparados por servidumbres sanitarias debidamente constituidas e inscritas a nombre de ECONSSA S.A., privando, perturbando y amenazando su legítimo ejercicio del derecho a propiedad sobre las mismas.

Ahora bien, con respecto a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y a la Empresa Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., el acto que les reprocha como ilegal y arbitrario, consiste en la resolución de factibilidad, aprobación de los proyectos respectivos y, la autorización de uso de faja fiscal en la Ruta 26, sobre terrenos en los cuales se encuentran emplazados acueductos amparados por servidumbres legalmente constituidas y de las cuales la recurrente es su titular.

DÉCIMO: Que en primer lugar y para efectos de establecer un orden en el conocimiento y resolución del presente recurso, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida WOM S.A., a quien se le reprocha, tal como se dijo en el considerando anterior, haber efectuado trabajos consistentes en la instalación subterránea de fibra óptica.

Funda la recurrida dicha alegación, bajo el argumento de que los trabajos y/o hechos a los que se aluden en el libelo recursivo iniciaron en mayo de 2022, y duraron aproximadamente 5 semanas, por tanto, su proyecto ya se encontraría completamente ejecutado, por lo que, habiéndose deducido la presente acción el 18 de octubre de 2024, la acción dirigida en su contra sería extemporánea.

Cabe hacer presente además, que la parte recurrente al referirse a los hechos relativos que motivan la presentación de la acción cautelar, únicamente se limita a señalar que habrían tomado conocimiento de los hechos con fecha 02 de octubre del año 2024, en circunstancias que un supervisor de ECONSSA, se habría percatado de la realización de trabajos en la faja fiscal de la Ruta 26 y, que consultando con un trabajador del lugar este le habría indicado que los trabajos consistían en instalación de fibra óptica subterránea por parte de WOM, además de realizar trabajos de postación y cableado por parte de GTD.

UNDÉCIMO: Que, la alegación de la recurrida WOM S.A., guarda completa relación con los antecedentes adjuntos a su informe evacuado a folio N°23 del expediente digital; hechos allí ventilados que además, tienen un correlato idéntico a lo señalado por la Dirección Regional de Vialidad en su informe respectivo a la hora de aportar antecedentes y detalles del proyecto “Fibra Óptica Nacional” o “FON”, cuya ejecución se remonta al año 2022 y no al 2024 como genéricamente lo esboza la recurrente en su presentación.

Lo anterior, permite concluir fundadamente que la acción dirigida en contra de WOM S.A., fue impetrada extemporáneamente, razón por la cual se acogerá su alegación en dicho sentido, tal como se dispondrá en lo resolutivo de la presente sentencia.

DUODÉCIMO: Que, definido lo anterior, y sin perjuicio de haberse acogido la excepción de extemporaneidad respecto de WOM S.A., cabe emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a conocimiento y resolución de esta Corte.

En este sentido, y tal como se indicó en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección.

Así, el principal argumento esgrimido por la recurrente para fundar su acción, obedece al derecho de propiedad que le asiste respecto de las servidumbres de acueductos sanitarios, debidamente constituidas e inscritas a su favor, situadas en la faja fiscal de la Ruta 26 en la comuna de Antofagasta, y que por actos u omisiones que le imputa a las recurridas, su derecho de propiedad estaría siendo privado, perturbado o amenazado; vale decir, pretende se declare y determine por esta vía, la extensión de los derechos que emanan de las servidumbres que invoca, así como una eventual transgresión a las mismas; alegando además, un incumplimiento al Convenio Marco y Protocolo de Operación y Convivencia suscrito con fecha 20 de mayo de 2014, respecto de la Sociedad Concesionaria Autopistas Antofagasta, remitiéndose expresamente a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, lo que permite desde ya, disponer el rechazo de la presente acción, por cuanto tal alegación corresponde a una cuyo carácter es eminentemente contractual.

DECIMOTERCERO: Que, tal como se ha venido razonando, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho a través de la intervención las nombre reservado de Apelaciones mediante su función cautelar, sobre la base de existir una actuación u omisión arbitraria o ilegal que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de alguna de las garantías constitucionales protegidas por esta acción al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es decir, sobre la base de la existencia de derechos indubitados, que en la especie a juicio de esta Corte no se vislumbran, sino que más bien, de los antecedentes ventilados se desprende que lo discutido en autos obedece a una cuestión que excede con creces la naturaleza cautelar de la presente acción, la que además se caracteriza por ser una de urgencia, máxime cuando, nuestro ordenamiento jurídico contempla el ejercicio de otras acciones donde se puede discutir y discurrir latamente, con todas las garantías que un debido proceso contempla.

Aun soslayando lo anterior, las obras ejecutadas por las empresas de telecomunicaciones cuentan con las respectivas autorizaciones de la autoridad competente, las que se traducen en la dictación de actos administrativos que ya se encuentran firmes y ejecutoriados, y que emanaron previo desarrollo del procedimiento destinado a la revisión y autorización de ocupación en faja fiscal de rutas nacionales que lleva a cabo la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas; sin que por lo demás, la recurrida Sociedad Concesionaria de Autopistas, tenga injerencia alguna en su tramitación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- SE ACOGE, sin costas, la excepción de extemporaneidad alegada por WOM S.A.

II.- SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y Sergio Peña Barrera, abogados, en representación de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., (ECONSSA S.A.), en contra de WOM S.A.; GTD Teleductos S.A.; Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Vialidad; y, de Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta S.A.

Se regula en 1/4 (un cuarto) ingreso mínimo mensual incrementado para fines remuneracionales, que deberá pagar a cada una de las recurridas, las costas personales causadas en esta instancia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2112-2024 (PROT)

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