SCHIFFERLI INDUSTRIAL LTDA. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Antofagasta, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservadoöller, abogado, quien en representación de Schifferli Industrial Limitada, representada legalmente por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de nombre reservado Transporte de Pasajeros y Arriendo de Vehículos de Transporte E.I.R.L, representada legalmente por nombre reservado y de Servicios Equifax Chile Limitada, representado por su Gerente General, nombre reservado, solicitando que se ordene a las recurridas que se abstengan de continuar publicando la factura Nº59 emitida por nombre reservado Transporte de Pasajeros y Arriendo de Vehículos de Transporte E.I.R.L., con costas.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en publicar una morosidad inexistente y que no está autorizada por la ley, contenida en la factura N°59 de la E.I.R.L, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°3, 4 inciso 5°, 16 y 21 de la Constitución Política de la República y los artículos 4 y 17 de la Ley N°19.628.

Señaló que la sociedad recurrida emitió la factura N°59 por la suma de $19.412.268.- por concepto de supuestos servicios de transporte de pasajeros y/o arriendo vehículos, pese a que los servicios no se efectuaron. Por lo tanto, el actor excluyó de sus registros contables la factura. Sin embargo, al no haber sido rechazada dentro del periodo legal, se ingresó denuncia en contra de ella ante el Servicio de Impuestos Internos, por el delito de evasión, puesto que se emitió una factura exenta de IVA en zona franca de tributación.

No obstante lo anterior, al comunicarse el 21 de diciembre del 2021 con funcionarios de entidades financieras -con el objeto de solicitar créditos de consumo y otros productos bancarios- se le comunicó que la recurrente había sido ingresada al sistema de morosidades de la Empresa Dicom, al figurar como impaga la factura antes referida. Por dicho motivo, se inició un procedimiento administrativo ante Equifax, solicitando la exclusión del registro, lo que fue rechazado el 24 del mismo mes.

Tras referirse a las garantías vulneradas y la normativa aplicable, hizo presente que las personas jurídicas tienen legitimación activa para la aplicación de la ley de protección de la vida privada.

Finalmente, solicitó que se ordene a las recurridas que se abstengan de continuar publicando la factura Nº59 emitida por nombre reservado Transporte de Pasajeros y Arriendo de Vehículos de Transporte E.I.R.L., con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Juan Nazar Muñiz, en representación de Servicios EQUIFAX Chile Limitada, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, ya que Equifax ha obrado en todo momento con estricto apego a sus obligaciones legales.

En primer lugar, señaló que la base de datos de la recurrida se confecciona con antecedentes otorgados por los aportantes, quienes se obligan contractualmente a entregar una nómina con los nombres morosos y/o aclaraciones de pago; la dudas que puedan plantearse sobre los antecedentes entregados; aclarar a requerimiento, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, siendo el aportante el único responsable de la exactitud de la información. Así, es el contratante quien asume la obligación de no ingresar morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo, contienda, recursos, o que consten en documentos reclamados o con más de cinco años desde su exigibilidad.

Todo lo anterior, se realiza mediante una clave de acceso secreta, y bajo su entera responsabilidad, liberando a Equifax de toda responsabilidad derivada de ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

En el caso de la recurrente, esta efectivamente presentó un requerimiento, respecto del cual se informó que la factura cumple -al menos formalmente- con los requisitos para mantenerse publicada en el registro. Ello, pues se solicitó a la emisora del documento los respaldos, acompañándose por esta antecedentes que permitieron tener por establecido lo anterior, ya que la factura no fue rechazada dentro de plazo.

Adicionalmente, alegó la inaplicabilidad de la Ley N°19.628 a una persona jurídica, ya que en su artículo 2° letras f) y n) se hace referencia a personas naturales, y así también lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia.

TERCERO: Que informó nombre reservado, en representación de nombre reservado Transporte de Pasajeros y Arriendo de Vehículos de Transporte E.I.R.L, solicitando el rechazo con costas del recurso, ya que el actuar de la recurrida se ha ajustado a la ley y sin vulnerar las garantías invocadas, sin que exista acto u omisión ilegal o arbitrario alguno.

En primer lugar, hizo presente que se inició el cobro ejecutivo de la factura publicada, quedando preparada la vía ejecutiva en causa rol C-159-2022 del Segundo Juzgado de Letras de Calama, tras haberse rechazado la oposición de la recurrente.

Tras referirse a los antecedentes de hecho de los servicios prestados, indicó que la factura no fue reclamada de conformidad al artículo 3 de la Ley N°19.983, por lo que se entiende irrevocablemente aceptada. Asimismo, contando con el tiempo suficiente para pagar u objetar dicho documento, ello no fue realizado.

En consecuencia, haciendo uso de sus derechos, se solicitó la publicación de la morosidad, teniendo como fundamento la copia de la factura y el registro de aceptación y reclamos Documento Electrónico Tributario del Servicio de Impuestos Internos del 23 de diciembre de 2021, donde consta que esta no fue reclamada dentro del plazo legal.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de las recurridas, consistente en publicar una morosidad inexistente y que no está autorizada por la ley, contenida en la factura N°59 de la E.I.R.L.

SÉPTIMO: Que en primer lugar, atendido lo alegado por la recurrida Equifax, debe determinarse si la Ley N°19.628 es aplicable a las personas jurídicas. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 1° de la norma en comento dispone que el tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a las disposiciones de la referida ley. Luego, en su artículo 2 se define el concepto de “datos de carácter personal”, indicando que “Para los efectos de esta ley se entenderá por: f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.”. Asimismo, agrega que “ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

En consecuencia, debe concluirse que al establecer su ámbito de aplicación, la ley lo circunscribe únicamente a la protección de datos de las personas naturales. Por lo tanto, no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas y entonces, al no existir norma legal que impida la publicación de documentos mercantiles como el individualizado en estos autos y situándose el conflicto en el ámbito del derecho privado, ha de concluirse que la conducta reprochada no es ilegal, motivo suficiente para que esta acción constitucional no pueda prosperar.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo concluido en el considerando anterior, respecto a la publicación de títulos de crédito como facturas, nuestra Excma. Corte Suprema ha señalado en causa Rol N°32.978-2018 que “debe tenerse presente que si bien el artículo 17 de la Ley N°19.628 dispone que los responsables de los registros “sólo podrán comunicar la información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial”, que conste en determinados instrumentos que indica, utiliza, a continuación, una fórmula general de restricción de información en los casos en que haya existido repactación, negociación, novación o cualquier otra modalidad pendiente, respecto de “la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial”, que permite entender comprendidas las demás obligaciones contractuales fidedignas de carácter comercial, como sucede con las facturas irrevocablemente aceptadas impagas y no declaradas prescritas, en concordancia con lo establecido en el artículo 160 inciso 2° del Código de Comercio y el ya citado artículo 3° de la Ley N°19.983. La exigencia de consentimiento expreso del deudor se contempla separadamente, para las demás obligaciones dinerarias sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, detallados mediante Decreto Supremo y, por ende, no es aplicable a los que han sido objeto de la comunicación recurrida.”

Por lo tanto, no se advierte que la inclusión de facturas en los registros de deudores morosos administrados por la recurrida, realizados a solicitud de sus clientes, pueda considerarse ilegal o arbitraria.

NOVENO: Que en consecuencia, no vislumbrándose la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantía constitucional alguna, presupuesto básico de la acción constitucional deducida, esta será rechazada.

DÉCIMO: Que no se condena en costas a la recurrente, por estimarse inconveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservadoöller, en representación de Schifferli Industrial Limitada y en contra de nombre reservado Transporte de Pasajeros y Arriendo de Vehículos de Transporte E.I.R.L y de Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese y comuníquese.

Rol 211 - 2022 (PROT)