nombre reservado con FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN LUIS DE LA COMPAÑÍA DE JESUS

Antofagasta, a veintitrés de junio de dos mil veinte VISTOS:

Comparece el abogado NELSON VALDÉS DAHMEN, el egresado de derecho nombre reservado, y la abogada CAROLINA QUILILONGO YAÑEZ, sostenedores de alumnos del Colegio San Luis de Antofagasta, por sí y a favor de los apoderados, apoderadas y sostenedores de dicho colegio, cuya lista adjunta en un otrosí, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, quienes interponen recurso de protección en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN LUIS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, R.U.T RUT reservado, conocida también como Colegio San Luis, persona jurídica de derecho privado, representada por su actual rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en que continúa cobrando la mensualidad sin prestar el servicio contratado y sin negociar con los apoderados las condiciones de un nuevo contrato, alegando que con ello se vulnera el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política.

Cabe tener presente que doña nombre reservado y nombre reservado se desistieron del presente recurso y que nombre reservado se adhirió a la presente acción constitucional.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, y llevada a efecto la vista de la causa, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente manifiesta que los sostenedores recurrentes y los que a su favor se recurre, mantienen una relación contractual con la recurrida plasmada en el convenio educacional, denominado: “Convenio de educación año 2020”, el cual fue firmado en el mes de diciembre de 2019, vigente para el año 2020, en el cual la recurrida se obliga a prestar el servicio educacional de manera presencial, vale decir en las dependencias de colegio ubicadas en calle Baquedano, como contrapartida, los sostenedores deben pagar una suma de dinero.

En la cláusula primera del contrato se indica que la recurrida, suscribe al proyecto educativo ignaciano, transcribiendo la misión del colegio. Refieren que, en la cláusula segunda del contrato, se señala que el apoderado, el alumno y el sostenedor, quedan afectos a lo que el convenio indica y a lo indicado en el manual de convivencia. El manual o reglamento de convivencia, citando los derechos y deberes de los estamentos de la comunidad escolar.

En otro orden, los montos que la recurrida cobra a los sostenedores, son variados y diferenciados, los cuales se reflejan de la siguiente manera: $28.000 por concepto de prima de autoseguro de los padres; $54.000 por concepto de convenio médico de accidentes; $351.000 por concepto de arancel de matrícula; la suma de $373.000 por colegiatura mensual, durante 10 meses, para los cursos de 1º básico a 3º medio. Sólo respecto de los cuartos medios los sostenedores pagan la suma de $414.444 mensuales, toda vez que se cobran los aranceles mensuales en 9 cuotas, vale decir por 9 meses de marzo a noviembre inclusive. Respecto de los cursos de pre kinder y kinder se cobra la suma de $309.000 mensuales, durante 10 meses. Agrega que, existen ciertos cobros adicionales que a algunos cursos se les formulan por adquisición de computadores y certificación en el idioma inglés.

Hace presente que, como consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del año en curso las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir sus instalaciones a los estudiantes. Desde el 22 de marzo de 2020, nos encontramos en toque de queda y actualmente confinados en los hogares, lo que hace inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional en forma presencial.

Precisan que a la fecha de la presentación del recurso los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales los alumnos. Lo cual cobra mayor trascendencia, en los niveles inferiores como Kinder y Pre-kinder, de lo que deriva que son los propios sostenedores, padres y madres de los alumnos, quienes han debido asumir los costos que significa posibilitar que se realicen las clases virtuales o la entrega de contenidos de esta forma virtual, a través del uso de computadores, electricidad, internet, dependencias físicas para que el alumno reciba el contenido, recursos que no pocas veces alcanzan, para todos los alumnos de una misma familia. Sumado a que en los hechos, muchos padres y madres han debido cumplir funciones para las cuales no estaban preparados, como la asistencia a sus hijos en el proceso educativo. Por otro lado, existe un evidente ahorro por parte de la recurrida, derivado del no uso de recursos por parte del alumnado, como agua y luz, además del ahorro en el desgaste de otros bienes materiales.

Expresan que, con fecha 13, de abril de 2020, los recurrentes y otros apoderado/as, que en total suman más de quinientas personas, enviaron una carta al rector, por medio de la cual y en resumen solicitaba una rebaja arancelaria a los apoderados en el arancel mensual del colegio de un 30%, por todo el periodo que la emergencia sanitaria abarca, un mejor funcionamiento de la plataforma educativa virtual, y que no se cobraran intereses y reajustes durante el periodo abarcado por esta emergencia sanitaria, Menciona que, con fecha 16 de abril se realizó una reunión con el rector a la cual concurrieron don nombre reservado y doña nombre reservado, quienes representaron el sentir de los recurrentes a las autoridades administrativas del colegio y miembros del Centro General de Padres y Apoderados. En la indicada reunión se reiteraron las peticiones manifestadas en la carta de fecha 13 de abril.

Indica que, el rector con fecha 20 de abril de 2020, contesta mediante un comunicado que señala en lo medular que rebajaron su presupuesto en un 12%, vale decir, existe un ahorro automático en sus costos, indica que el ahorro que se logre irá a un fondo solidario, al cual se debe postular acompañando la documentación correspondiente. Sólo si sobra dinero del “fondo solidario”, se podría realizar un descuento a futuro, y dicha respuesta o comunicado, niega lo pedido por los recurrentes por medio de la carta que en su oportunidad se envió.

Anota que la infracción que comete la recurrida y en definitiva el incumplimiento de sus obligaciones, dice relación con que está impedida de cobrar por estos servicios, lo que de acuerdo a sus comunicaciones ni siquiera es una opción, sin perjuicio que sabe y reconoce que no está cumpliendo con lo contratado, lo cual se desprende del comunicado respuesta que emite.

Afirma que, Los sostenedores han debido recurrir a esta vía de tutela judicial, organizándose de manera espontánea, considerando que iniciar una acción de lato conocimiento, es en los hechos muy difícil, motivado por la presente crisis sanitaria, toda vez que el acceso a la justicia, se ha hecho más difícil, para tomar una vía de lato conocimiento.

Indica que por una parte la recurrida no cumple sus obligaciones del contrato, por otra busca modificar unilateralmente sus obligaciones del contrato siendo dichas situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exija el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación y por otra se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad, porque se intenta modificar unilateralmente el contrato, obedeciendo ello sólo a la voluntad de la recurrida, sin negociar una posible modificación con sus contrapartes en el contrato de prestación de servicios educacionales.

Refiere que los actos referidos en el título anterior son arbitrarios e ilegales, en la medida que se apartan de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental.

Agrega que se vulnera el derecho de propiedad que emana del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito la recurrida y los sostenedores mencionados en este recurso.

Manifiesta que del análisis de la normativa de la Ley 19.496 nos encontramos con que, en principio, y de acuerdo al art. 2 letra d, en lo que dice relación con las condiciones distintas a la calidad de la educación, claramente quedan comprendidas dentro de la Ley de Protección al Consumidor, citando los artículos 12 y 25 de la ley 19.496.

Conviene establecer que la regla general en esta materia sigue siendo aquella que consagra el artículo 1545 del Código Civil, regla conocida como “la ley del contrato”, o “pacta sunt servanda”, de modo que, en el evento que los servicios sean prestados en una forma diversa a la contratada requiere del consentimiento de los apoderados.

Alega que se trata entonces de una situación abusiva del proveedor recurrido toda vez que, existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace y es más como gran ofrecimiento señala propone una rebaja parcial para casos excepcionales de parte de la anualidad, pero lo anterior es totalmente arbitrario y además abusivo toda vez que queda a su propia decisión modificar el precio de los servicios y según cuanto considere “aceptable”, lo que implica claramente una asimetría en el poder de negociación de este contrato, anotando que frente a este Contrato de Adhesión debemos estarnos a lo que señala el artículo 16 Ley 19.496.

Argumenta que en este caso no opera el caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que no estamos frente a una obligación de especie o cuerpo cierto.

Colige que el comportamiento de la recurrida es reprochable no sólo desde el punto de vista legal sino que también ético, porque los contratos deben ejecutarse de buena fe. En este sentido la arbitrariedad e ilegalidad concretan debido a que la recurrida ha mantenido el cobro de sus servicios de educación y ha modificado las condiciones de prestación de sus servicios educacionales, sin mediar una negociación, con el consentimiento de los apoderados y sostenedores. Lo anterior, importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva del patrimonio de cada uno de los contratantes y además de una amenaza por futuros cobros, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y que se está prestando de un modo distinto a lo contratado. Sumado al hecho de la modificación unilateral del contrato, lo cual también afecta el derecho de propiedad.

Solicita acoger el recurso y declarar que la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes, que la recurrida debe proceder a realizar una rebaja del 30% de arancel mensual, contado desde que dejó de prestar sus servicios de la manera convenida en el contrato, vale decir desde el inicio de la emergencia sanitaria, procediendo además a reembolsar los montos correspondientes a aquellos sostenedores que hayan pagado por adelantado todas las mensualidades y a los que han pagado de manera normal las mismas. En subsidio, se suspendan los cobros mensuales, hasta que la recurrida proceda a discutir y revisar los términos de contrato con los recurrentes, y que se debe abstener de cobrar multas, intereses y reajustes, por todo el periodo de duración la emergencia sanitaria, con condena en costas.

Lo anterior, sin perjuicio de las providencias que se adopten para reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los afectados.

SEGUNDO: Informando el abogado, Fidel Salvador Castro Allendes, en representación de la Fundación Educacional San Luis de la Compañía de Jesús, sostenedora del Colegio San Luis de Antofagasta, solicita se sirva rechazar, con costas.

Refiere antecedentes relativos a la historia y funcionamiento del colegio, y en lo pertinente señala que el domingo 15 de marzo de 2020, su representada fue notificada, de que a partir del lunes 16 de marzo de 2020, no era posible efectuar clases presenciales, para evitar el aumento de casos derivados del brote de COVID-19 que ya llevaba un par de semanas en Chile, la que fue inmediatamente comunicada a todos los estamentos del Colegio.

Esta medida inicialmente impuesta por la autoridad produjo una serie de trastornos, puesto que la labor docente requiere planificación, trabajo en equipo, determinar los materiales, metodologías y recursos que se usarán en cada clase, por lo que luego de la orden de autoridad, se comenzó en conjunto con los directivos, profesores, Centro General de padres, pastoral, etc., a evaluar la o las formas de continuar sus labores en un contexto no presencial, y con una incertidumbre real en cuanto a plazos y condiciones.

Indica que, desde el principio fue evidente la decisión de su representada de seguir prestando sus servicios, pero no sólo en lo meramente educativo, sino que también en áreas que requerían contención y soporte de la institución, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional.

Menciona que la primera medida fue realizar capacitaciones a todo el personal docente para que pudieran utilizar las plataformas digitales que se decidió utilizar: Edmodo en los cursos menores y Google Classroom en los mayores, para asegurarse que todos pudieran utilizarlas de la forma más correcta posible.

En paralelo a dichas capacitaciones, los Jefes de Departamento y el Equipo Directivo, se avocaron a determinar la manera más eficiente de comunicarse con la totalidad de la comunidad educativa, para quienes no tenían fácil acceso a Internet o computadores o material para hacer clases no presenciales.

Expresa que desde la primera semana su representada comenzó a contactarse con sus estudiantes y continuaron enseñando, sin embargo, al no ser actividades planificadas, se presentaron diversas dificultades iniciales, especialmente por la incertidumbre del tiempo que demandaría trabajar con nuevas herramientas. Adicionalmente, y hasta dicho momento, se mantenía el deber de cubrir la totalidad de los contenidos curriculares mínimos indicados por el MINEDUC, lo que con el paso de los días, se pudo advertir, que no era posible entregar con la misma calidad y cantidad los contenidos a estudiantes dispersos por toda la ciudad y con condiciones de vida en cuarentena y en modalidad de cuidado que eran muy diversas.

Evidencia que, el 17 de mayo de 2020 la Agencia de Calidad y el Ministerio de Educación han presentado una propuesta de priorización curricular, reconociendo así la imposibilidad de entregar el 100% de los contenidos en esta situación de emergencia.

Menciona que enseñar en estas condiciones ha sido un desafío que los docentes y los equipos directivos del Colegio San Luis, han ido perfeccionándose con el paso de las semanas, y que no se ha detenido nunca desde la semana del 16 de marzo de 2020.

Afirma que consta de los documentos acompañados que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se ha detenido, pues si bien las clases presenciales se encuentran suspendidas por decisión de la autoridad, ellas se han seguido prestando a través de sistemas remotos y con herramientas diferentes.

Se identificó la posibilidad real de que muchas familias del colegio podrían presentar dificultades laborales con la crisis, especialmente por los pronósticos de desempleo y con la aplicación de la ley 21.227 que permite suspender las relaciones laborales, generando una baja significativa en los ingresos de los hogares. Debido a ello, consideraron la posibilidad concreta de que un número importante de apoderados podrían llegar a perder sus fuentes de ingresos o a disminuir éstos significativamente, por lo que se comenzó a buscar alternativas para apoyar a las familias, bajo la premisa que ningún estudiante debiera abandonar el Colegio San Luis por razones económicas.

Afirma que, se comenzó a revisar el presupuesto de gastos generales y a identificar los ahorros que se podrían producir en actividades habituales del colegio, concluyendo que el máximo ahorro que produce tener el colegio cerrado, con clases presenciales suspendidas y recortar actividades extra-escolares es del orden del 12% del presupuesto mensual total, por lo que comenzó a trabajar en alternativas que permitieran ayudar a las familias, poniendo especial énfasis en quienes se pudieran ver más afectados por la crisis. Esto en concordancia con el proyecto educativo, que tiene dentro de sus valores fundamentales la solidaridad, entendida como la preocupación por el otro, sobre todo por ese otro más desprovisto o necesitado.

En ese contexto, a partir del día 1° de abril de 2020, se dispuso formar un Fondo de Solidaridad, y se le comunicó por escrito a todos los padres, madres y apoderados que podían postular a becas y rebajas si tenían problemas para cumplir con el pago de la mensualidad, lo que fue comunicado al personal docente y no docente. Para postular debían mandar información que respaldara su situación, y una comisión evaluaría cada solicitud, asignando diversos montos de becas que fueron financiados con los ahorros producidos por el cierre del Colegio.

Advirtió que un grupo de apoderados no estaba satisfecho, “exigiendo” un descuento en la mensualidad para la totalidad de las familias, bajo la lógica de “ley pareja no es dura”. Haber aplicado semejante criterio hubiera impedido al Colegio disponer de recursos para auxiliar a las familias que tuvieron problemas más graves, y probablemente habría significado el retiro de alumnos cuyas familias no están en la actualidad en condiciones de pagar la colegiatura, al darse cuenta de que no tenían forma de pagar mensualmente, y que su deuda iría aumentando hasta hacerse impagable.

Destaca que existe una cantidad importante de padres, madres y apoderados que han comprendido esta situación y que han seguido pagando la colegiatura regularmente, y que están conscientes que los valores del colegio son los que guiaron su actuar y las decisiones adoptadas. Asimismo, el Centro General de Padres y el personal docente y no docente, y el sindicato del colegio, han entendido que las decisiones adoptadas por el Colegio en este escenario de emergencia sanitaria y crisis social es el más adecuado.

Dice que su representada, desde el primer día de ocurrencia de la emergencia sanitaria, ha mantenido un fluido diálogo con el Centro General de Padres, informándolo permanentemente de las medidas que se han ido adoptando y sus fundamentos, sin perjuicio de las comunicaciones enviadas a la comunidad respecto al Fondo de Solidaridad y su justificación.

No obstante lo anterior, un grupo de apoderados que al parecer desconoce los órganos legítimos de la comunidad escolar y al parecer no se han sentido “representados” por el Centro General de Padres, expresó al rector su molestia a través de una carta, por lo que fueron invitados a conversar con el Rector, el Capellán, Director Académico, Administrador, Analista Institucional y el Centro de Padres. A dicha reunión llegaron algunos apoderados con una lista de exigencias, en ella Rector expresó que el Colegio había tomado la decisión de formar el Fondo de Solidaridad, el grupo de apoderados, terminada la reunión, emitió un acta unilateral de ésta y la envió a todos los apoderados, con una versión sesgada de los hechos. A consecuencia de ello, el Rector del colegio, les informó que en el Colegio San Luis, el interlocutor natural es el Centro General de Padres, y que no era razonable “conversar” mediando exigencias, con un petitorio sobre la mesa, plazos perentorios y con apoderados que no representaban legítimamente al resto de los apoderados. Junto a ello, comunicó en forma independiente a la comunidad el resultado de dicha gestión. De esa forma, los invitó a canalizar sus inquietudes y conversar con el Centro de Padres.

Continúa señalando que después de eso, su representada a través de la prensa se enteró de la existencia de un recurso de protección, luego emitió un comunicado general a la comunidad.

Hace presente que los autores del libelo que se informa, han realizado ciertas proposiciones fácticas que no son efectivas. Afirma que, la primera proposición fáctica que se señala, y que no es efectiva, es que el contrato de prestación de servicios educacionales, indica que las clases deben ser presenciales, sin embargo, el servicio educacional es un bien incorporal indivisible, que debe ajustarse a parámetros que la autoridad pública, en armonía y concordancia con el proyecto educativo que se ofrece a la comunidad y que es propio de cada institución. Si bien la autoridad puede establecer que los servicios deben ser “presenciales”, la misma autoridad puede establecer que sean no presenciales, mediante modalidad remota. Niega que el Colegio San Luis no esté cumpliendo con sus deberes, o que haya modificado unilateralmente las condiciones del contrato. Refiere que no es efectivo que el Colegio San Luis, no haya adoptado una política de ayuda a los alumnos del Colegio que se encuentran en una situación de complejidad económica. Niega asimismo, que la colegiatura consista en una prestación mensual sujeta a clases presenciales, pues ella es de carácter anual, y cuyo pago se difiere en mensualidades conforme avanza el calendario escolar.

Controvierte que se piense que existe un derecho constitucional a negociar estipulaciones de un contrato vigente, y que sea a través de un mecanismo cautelar el medio de atender tal circunstancia.

Anota que como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS- CoV-2) que produce la enfermedad denominada coronavirus 2019 o Covid- 19. Precisa que con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Indica que el 28 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus Covid-19 de "alto" a "muy alto". El 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el Covid-19 puede considerarse como una pandemia. El día 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto Nº 4, de 2020, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019- NCOV), el que fue modificado por el decreto N° 6, de 2020, del Ministerio de Salud. Dice que con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, en virtud del decreto Nº 104 de 2020 del Ministerio del Interior (D.O. 18.03.2020), modificado por el Decreto Supremo Nº106 de fecha 19 del mismo mes y año (D.O. 19.03.2020). Por Resolución Exenta Nº180 del Ministerio de Salud (D.O. 17.03.2020), se dispuso la suspensión de clases por dos semanas en todos los jardines infantiles y colegios del país, señalándose expresamente en las Resoluciones Exentas Nº 188 (D.O. 19.03.2020); Nº 188 (D.O. 20.03.2020) y Nº202 (D.O. 22.03.2020), que la fiscalización y sanciones a aplicar en caso de incumplimiento son aquellas establecidas en el Título X del Código Sanitario, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Luego, por Resolución Exenta Nº 203 del Ministerio de Salud (D.O. 25.03.2020), se dispuso una nueva suspensión de las clases en jardines infantiles y colegios hasta el día 30 de marzo de 2020, lo que reitera la Resolución Nº208 del mismo origen (D.O. 26.03.2020). Por Resolución Exenta Nº210 del Ministerio de Salud (D.O. 26.03.2020), se ordena lo siguiente: “Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación, hasta el día 10 de abril de 2020.”. Lo que se reitera en Resoluciones Exentas Nº212 (D.O. 28.03.2020); Nº215 (D.O. 30.03.2020); Nº217 (D.O. 31.03.2020), todas de la misma cartera ministerial. Manifiesta que fue un hecho público y notorio, e incluso informado por la plataforma WEB del Ministerio de Educación, que El Ministro de Educación de Chile, don Raúl Figueroa el día 23 de abril de 2020 señaló -Junto al Subsecretario de la cartera- en conferencia de prensa que se debe realizar un retorno gradual. Seguidamente, por Resolución Exenta Nº 322 (D.O. 29.04.2020), el Ministerio de Salud dispuso: “Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitan el levantamiento de esta medida.” Hasta esta fecha, esta medida excepcional sigue vigente. Refiere en relación a la ciudad de Antofagasta, por Resolución Exenta Nº326 (D.O. 05.05.2020), se dispuso cuarentena para el radio urbano de la ciudad de Antofagasta desde el día 5 de mayo de 2020, la que fue prorrogada por Resoluciones exentas Nº334 (D.O. 12.05.2020); Nº347 (D.O. 14.05.2020) y Nº373 (D.O. 22.05.2020), disponiendo su alzamiento, a contar de las 22:00 hrs. del día 29 de mayo de 2020 según Resolución Exenta Nº396, todas las anteriores del Ministerio de Salud de Chile.

En consecuencia, y como primera cuestión que debe ser dilucidada, su representada hoy presta servicios educacionales en sistema remoto o no presencial, mediante herramientas de plataformas virtuales denominadas Edmodo y Google ClassRoom, por decisión de la autoridad pública, y no por una decisión unilateral en relación a las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios educacionales, es una hipótesis de fuerza mayor.

Agrega que la acción de protección no es una acción popular, y el recurrente comparece como si estuviéramos en una especia de acción de clase, mientras que la jurisprudencia ha sentado uniforme la doctrina que el recurso de protección no es una acción popular, como parecieran entenderlo quienes recurren, citando fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, 15 de febrero de 2016, Rol 102405-2015.

Explica que, en efecto, nuestra Carta Fundamental establece la acción de protección para proteger, amparar y restablecer intereses concretos de alguna persona o grupo de personas perfectamente identificadas, que hayan sido objeto de perturbación o amenaza en sus derechos. Citando fallo del 19 de junio 2006, Rol 309-2006, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que es seguido por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, autos ROL 9326-2018.

En su concepto, las dos listas de personas que se adjuntan no logran satisfacer dicha exigencia, pues si bien, no se requiere constituir mandato judicial en el sentido formal que establece la legislación nacional, al menos debe acreditarse la legitimación activa, más aún cuando a esta misma causa han comparecido personas presentando desistimientos, e incluso una de ellas, alegando que se enteró de esta acción por medio de la prensa local.

Por otro lado, indica que la acción de protección es de naturaleza cautelar, y no declarativo de derechos, o para forzar “negociaciones”, utilizándola en este como un medio para obtener fines no considerados en el texto constitucional, lo que es improcedente.

De lo expuesto aparece que el recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada. En la especie, no sólo la premisa no es efectiva (modificación unilateral de un contrato de prestación de servicios educacionales), sino que, además, los propios recurrentes señalan que se trata de materias que están gobernadas por la ley 19.496 (consumidor), y que pretenden obtener una rebaja y/o congelamiento de la colegiatura, hasta en tanto no se negocie con el grupo de apoderados una rebaja de la colegiatura. Lo anterior es sin perjuicio de que no existe un derecho “a negociar”, como lo han propuesto los recurrentes.

Refiere que, la existencia de derecho preexistente y de que la controversia planteada no sea de lato conocimiento ha sido una de las razones para rechazar el recurso de protección, agregando que, tratándose de conflictos contractuales la jurisprudencia, ha sostenido que no es posible mediante acciones cautelares resolver cuestiones de fondo que requieren un contradictorio, bilateralidad y prueba. Argumenta que lo que esta acción encubre, finalmente, es eludir un procedimiento controvertido cuya sede es la judicatura de Policía Local, al tratarse de una causa en que los recurrentes invocan hechos controvertidos (presunta indubitado (derecho a negociar una rebaja de colegiatura), toda vez que conforme a los propios dichos de los recurrentes, no se estaría prestando el servicio contratado –lo que no es efectivo- y por tanto ellos tendrían en derecho –junto a todos quienes representan- de “negociar” una rebaja de la colegiatura. Ese contexto es propio de una acción declarativa encubierta de supuestas afectaciones de consumo, como se fundamenta en parte relevante del recurso, y que apuntan a causas en que incluso, podría haber interés colectivo o difuso.

Anota que no concurren los presupuestos de esta acción constitucional pues no se ha verificado ningún acto u omisión unilateral y que signifique vulneración al contrato de prestación de servicios educacionales, no se ha cometido ningún acto u omisión arbitrario en relación con el cobro de las colegiaturas, no se ha privado, perturbado o amenazado la garantía constitucional del derecho de propiedad (Art. 19 Nº24 CPR) de los recurrentes, al paso que tampoco existe un derecho de propiedad para “negociar” estipulaciones contractuales.

Finalmente, señala que esta acción de protección se dedujo fuera de plazo, considerando que la emergencia sanitaria data del día 16 de marzo de 2020, y el recurso se deduce el día 12 de mayo de 2020.

Continua señalando que desde el inicio de la crisis sanitaria y medidas restrictivas dispuestas, el Colegio San Luis organizó un sistema de entrega de información mediante correos, boletines, desarrolló material de trabajo pedagógico y encuentros virtuales con los estudiantes, a través de distintas herramientas digitales que se tenían disponibles, y que se describe en un informe global del proceso pedagógico, pudiendo constatarse que en la gran generalidad de casos los estudiantes acceden y responden al plan de trabajo propuesto por los profesores.

En este contexto de no suspender y dar continuidad al proceso pedagógico, su representada ha implementado desde el inicio de la crisis sanitaria diversas medidas acordes al contexto, tanto de comunicación, contención y académicas, reestructurando las planificaciones pedagógicas, con estrategias adecuadas para entregar el contenido y materias en un sistema remoto, tales como: guías de trabajo más simples y breves, selección de links de apoyo y de las páginas de los textos escolares, además de videos realizados por los mismos docentes que ayudarían a la mejor comprensión de los contenidos. A lo anterior, se suma el establecimiento de contactos virtuales que tienen por finalidad dar contención a nuestros estudiantes por parte de todos los Profesores Jefes así como de los de asignatura, para luego efectuar contacto desde las asignaturas, como una forma de personalizar la acción pedagógica y de contención (mediadas de contención socioemocional).

Precisa que, en este proceso se ha contado con la firme colaboración de los profesores y personal del colegio, quienes dedicando tiempo significativo y mayor para sus alumnos y alumnas, utilizando además toda su capacidad creativa para mejorar y potenciar en este contexto su labor pedagógica.

De esta forma, y salvo la interrupción por el período de vacaciones de invierno anticipado y decretado por orden Ministerial entre los días lunes 13 de abril y viernes 24 de abril de 2020, su representada ha cumplido su labor de prestar su servicio educacional conforme al proyecto educativo institucional, no obstante esto ha sido a través de herramientas diferentes (remotas), en razón de la fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria.

En efecto, el cambio –transitorio- de sistema de enseñanza de presencial a no presencial o remoto, es consecuencia de una decisión de autoridad, constitutiva de fuerza mayor. Los recurrentes han sostenido que en la especie no es aplicable la causal de fuerza mayor, dado que no estaríamos frente a obligaciones de especie o cuerpo cierto. Dicha aseveración, además de incorrecta, envuelve un problema conceptual grave, pues de seguir tal opinión (esto es, que se trata de obligaciones genéricas), los servicios educaciones que se ofrecen no podrían estar ligados a un proyecto educativo institucional. El Colegio San Luis pertenece a la Red Ignaciana de establecimientos educacionales, y tiene su proyecto educacional propio, en consecuencia, las prestaciones que ofrece a la comunidad han sido, y son bienes incorporales y de naturaleza específica, pues de no ser así, es decir, de tratarse de una prestación genérica, el Colegio San Luis podría delegar la misma a otra institución, lo que no resiste análisis alguno.

Agrega a mayor abundamiento que, la Superintendencia de Educación, en Ord. N°0621, de fecha 25 de marzo de 2020, señaló expresamente que “la medida de suspensión de clases decretada por el Ministerio de Salud, se origina en una grave emergencia de salud pública, que constituye fuerza mayor”.

Desvirtuada absolutamente aquella aseveración de un cambio o modificación unilateral del contrato, el Colegio San Luis con ocasión de esta crisis sanitaria se ha esmerado en cumplir con sus obligaciones conforme a su proyecto educacional, utilizando las plataformas Edmodo y Google Class Room.

Indica que lejos de lo aseverado por los recurrentes, su representada no ha estado, ni se encuentra en una situación de “incumplimiento contractual”, sino que, por el contrario, dado el escenario de crisis sanitaria y disposiciones de la autoridad, ha extremado sus recursos para dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y alumnas, conforme a las propias directrices del Ministerio de Salud y Educación y la Dirección del Trabajo.

Afirma que, no hay acto alguno u omisión que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, pues la decisión de disponer de clases remotas es por cumplimiento de una orden de autoridad, y su representada al seguir prestando el servicio educacional en los términos que el Ministerio de Educación ha dispuesto, no puede cometer ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Expresa que, al seguir prestando el servicio educacional, su representada tiene el derecho de cobrar y percibir la colegiatura en los términos convenidos con sus co-contratantes (padres, madres, apoderados y/o sostenedores), sin perjuicio de haber dispuesto, por iniciativa propia y dado el contexto de la emergencia sanitaria, un mecanismo de ayuda solidaria a quienes hoy por situaciones de complejidades económicas, no pueden pagar la misma en forma íntegra.

Expone que los recurrentes, han sostenido que se estaría vulnerando su derecho de propiedad. Empero, no explican de qué forma se produciría tal afectación. Sólo indican que tendrían un derecho para suspender el pago de la colegiatura hasta en tanto no se negocie con ellos la revisión del contrato, o disminuir el pago en un 30% dela colegiatura.

En consecuencia, estarían reclamando una especie de derecho a negociar los términos del contrato de prestación de servicios educacionales, en tanto el servicio se presta de forma remota y no presencial. Y ese derecho de negociación implicaría que ellos podrían reclamar una rebaja de hasta un 30% de la colegiatura, y/o suspender los pagos hasta que no se verifique una negociación.

En relación a la reclamación sobre una supuesta negativa a negociar, individual o colectivamente las condiciones de cada contrato celebrado para la prestación de servicios educacionales, ello no sólo resulta ser una alegación improcedente e inadmisible en una acción cautelar como la de la especie, pues no existe ninguna obligación a negociar que fluya del contrato, sino que además, el Colegio, siendo un establecimiento particular y pagado, no recibe de ninguna institución, ni pública ni privada, recursos “adicionales” que le permitan financiar sus gastos operacionales. Sus ingresos están constituidos, exclusivamente, por los pagos que los padres y apoderados realizan.

Hace presente que, sin perjuicio de ello, y teniendo especialmente en consideración los valores del Colegio San Luis, se dispuso de un fondo solidario que atiende casos concretos y según la realidad acreditada. A la fecha, se ha apoyado a 131 familias y 155 alumnos/as, cuyo detalle su representada ha requerido mantener en reserva para efectos de este informe, sin perjuicio de suministrar el detalle de dicha información en documento reservado a V.S.I. si así lo estimare como una medida para mejor resolver.

Precisa que, si bien efectivamente existe un derecho de propiedad sobre cosas incorporales, ello no alcanza para la inédita petición de reclamar a nivel de cautela constitucional un derecho a “negociar” individual o colectivamente la revisión de estipulaciones contractuales de un vínculo vigente o un derecho a no cumplir lo pactado rebajando unilateralmente una contraprestación, pues lo que hasta esta fecha ha realizado la recurrida es cumplir fielmente el contrato conforme a las instrucciones y órdenes de la autoridad, y por tanto, al no acceder a una petición de revisión del contrato no puede afectar en modo alguno el derecho de propiedad de los recurrentes.

Indica que una petición que hace un grupo de apoderados, que en el mejor de los casos es una mera expectativa, no puede transformarse por mera voluntad de ellos en un derecho. Menos aún de una garantía constitucional.

Argumenta que acceder a los requerimientos de los recurrentes, cuya pretensión es modificar los contratos de manera uniforme y unilateral, implicaría la imposibilidad de poder contribuir solidariamente en ayuda de quienes realmente lo necesitan, y poner en riesgo la viabilidad operacional del Colegio, pues como se ha dicho, la única fuente de financiamiento lo constituyen el pago de los aranceles de matrícula y colegiaturas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: En cuanto a la alegación de extemporaneidad, cuestionándose en el recurso la forma en que se presta el servicio educacional y la negativa a rebajar en forma general el arancel que se paga por el mismo, dice relación con una situación en desarrollo, por lo que el recurso bajo ningún respecto es extemporáneo.

SEXTO: Que en cuanto a la defensa de orden procesal planteada por el recurrido respecto a la negación de que el presente recurso constitucional sea de aquellos que la doctrina ha denominado “popular”, en atención a quienes pueden intentarla, se dirá que los recurrentes lo hacen por si, lo que está expresamente permitido y en representación de determinadas personas que individualiza, todo apoderados del colegio en cuestión, lo que indica en nómina que adjunta, personas presuntamente afectadas por el mismo arbitrio, de tal manera que al poderse determinar en nombre de quien concurren, es que no resulta posible acoger esta defensa, por cuanto de esta forma deja de ser un acción popular y pasa a ser interpuesta en favor de determinadas personas SÉPTIMO: Que, para resolver adecuadamente el asunto, resulta conveniente establecer los hechos en aquello que no es debatida por las partes, y al respecto en el presente caso podemos tener por establecido lo siguiente:

1.- que la recurrida es una Fundación que sostiene un colegio de la ciudad, que los recurrentes suscribieron contratos de educación con la primera en relación a niños, niñas y adolescentes que son alumnos del colegio, por el año lectivo 2020.

2.- Que este servicio se comenzó a prestar como se hacía habitualmente, de manera presencial, en el mes de marzo.

3.- Que ante la emergencia sanitaria que actualmente vivimos y habiéndose decretado estado de excepción constitucional, el Ministerio de Educación suspendió el desarrollo presencial de los servicios educacionales, en virtud de lo cual la recurrida suspendió las clases presenciales, desarrollando actividades docentes en forma remota.

4.- Que los recurrentes solicitaron al colegio efectuara descuento en la colegiatura, a lo que este no accedió.

OCTAVO: Que, así entonces, no existiendo discusión acerca de dichos presupuestos fácticos, atendido el tenor del recurso y las peticiones concretas, que son rebajar el arancel o disponer que el colegio debe negociar la rebaja de arancel, la controversia radica, primero, en determinar si la recurrida ha incumplido el contrato celebrado entre las partes, segundo, si dicho incumplimiento permite al Juzgador disponer una rebaja de arancel, tercero, cuál debe ser el monto de dicha rebaja, y, por último, los efectos que en dicho contrato produce como fuerza mayor la crisis sanitaria que actualmente vivimos, controversia jurídica que no puede ser zanjada a través de esta acción constitucional, toda vez que requiere de un juicio declarativo en que se escuche a las partes y se rinda prueba, que permita al juzgador, valorándola, declarar si es procedente decretar la rebaja de arancel y su monto.

NOVENO: Que de acuerdo a lo que se extrae de las posiciones planteadas por las partes, por una parte los actores, entienden vulnerado el derecho a la propiedad, en relación a la forma en que se han desarrollado las clases y lugar en que se desarrolla el proceso de aprendizaje por parte de los pupilos, lo que trae aparejado un aumento de costos para los recurrentes y como contraparte una disminución considerable de ellos para la recurrente, la que sitúan en un 30 por ciento respecto del arancel mensual, y por otro lado, la visión del Colegio, la que señala que la disminución corresponde a un 12 por ciento, el que ha sido destinado a la creación de un fondo solidario.

De esto se colige que existen diferentes visiones de lo que debe entenderse por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato celebrado por las partes, cuyo objeto es la prestación de servicios educacionales para los hijos de los actores, entendiéndose, por unos, que ello implicaba el desarrollo de clases presenciales, lo que no se cumple con la metodología implementada a través de plataformas virtuales de enseñanza y, por la otra, que dicho servicio se entrega en dichas condiciones, a consecuencia de la dictación del reinante Estado de Catástrofe y las múltiples resoluciones decretadas tanto, por el Ministerio de Educación y de Salud, por la autoridad administrativa que han limitado una serie de derechos y garantías constitucionales.

Que, dicho lo anterior, resulta relevante recalcar que si bien se alega como conculcado el derecho a la propiedad, de acuerdo a las pretensiones expresadas tanto por la parte recurrente y la parte recurrida, dicho conflicto atendido el tener claramente contractual, el que incluso es reconocido e invocado por los recurrentes, implica que necesariamente debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, el que excede a todas luces a esta vía cautelar de urgencia, por lo que debe ser rechazada.

DÉCIMO: Que en todo caso cabe tener presente que tampoco está establecido que el colegio en cuestión haya incurrido en acto ilegal o arbitrario al prestar el servicio educacional mediante plataformas virtuales de enseñanza, desde que esto se deriva sólo del cumplimiento de un acto de autoridad vigente, dictado por el poder ejecutivo en virtud de las facultades que la Constitución y la ley le entregan, en base a la imposibilidad de realizar clases presenciales por la contingencia sanitaria que vivimos (hecho público y notorio además), y no de la voluntad de las partes, no pudiéndose tampoco concluir que la negativa a rebajar el monto del arancel sea ilegal o arbitrario, toda vez que no existe prueba alguna que permita concluir sin lugar a dudas que la recurrida está lucrando con la eventual rebaja de costos, máxime cuando ni siquiera está acreditada el monto de la misma, siendo necesario un juicio declarativo para resolver la cuestión controvertida entre las partes, lo que excede con creces el ámbito de aplicación de este recurso.

DÉCIMO PRIMERO: Que desde otra perspectiva, de las alegaciones de la recurrente y de los antecedentes aportados a estos autos, se puede concluir que no estamos en presencia de derechos indubitados, sino de eventuales derechos personales cuya exigibilidad deriva del supuesto incumplimiento de un contrato que deben ser declarados en juicio. En consecuencia, debe recurrirse a la vía procesal pertinente para la declaración de los derechos que corresponda a través de un juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, obteniendo a través de éste la tutela judicial que se pretende.

DÉCIMO SEGUNDO: Que por último resulta imposible acceder a la petición concreta, porque, primero no es claro el monto de los eventuales menores costos del prestador de servicio, y, segundo, porque no puede decretarse una obligación de negociar, desde que, primero, el negociar siempre requiere una voluntad al efecto, que sin dudas no va surgir por un acto de autoridad, y, segundo, porque, dicha obligación, en caso de imponerse, no puede ser controlada en cuanto a su cumplimiento, no existiendo otra medida que, para dar solución al conflicto, pueda decretar esta Corte de Apelaciones.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por NELSON VALDÉS DAHMEN, nombre reservado y nombre reservado, en su calidad de sostenedores de alumnos del Colegio San Luis de Antofagasta, por sí y a favor de los apoderados, apoderadas y sostenedores de dicho colegio, todos ya individualizados, en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN LUIS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.

Se previene que el Ministro Titular Sr. Juan Opazo Lagos fue del parecer de rechazar el recurso condenando en costas a quienes comparecieron interponiendo el recurso, ello en virtud de ser improcedente la acción deducida para resolver un conflicto jurídico como el planteado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2109-2020 (PROT.)

Redacción del fallo y de la prevención del Ministro Titular Sr. Juan Opazo Lagos.