nombre reservado con COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ

Antofagasta, a veintiséis de diciembre del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo nombre reservado; quien deduce recurso de protección en contra del establecimiento educacional, Colegio Inglés San José, representado por su sostenedor y/o Director(a), ambos domiciliados en domicilio reservado, por no activar oportunamente los protocolos de convivencia escolar y de bullying exigidos por la normativa vigente, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 9 y 10 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso las recurridas instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundan el recurso señalando que su hijo, nombre reservado, de 11 años, estudiante de sexto año básico del Colegio Inglés San José de Antofagasta, quien presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, TEA nivel 1, durante el año escolar 2025, fue víctima reiterada de agresiones físicas, hostigamiento psicológico y ciberacoso por parte de diversos compañeros, sin que el colegio activara oportunamente los protocolos de convivencia escolar y de bullying exigidos por la normativa vigente. Desde el inicio del año, en el mes de marzo, se describe una primera agresión física sufrida por el menor durante un recreo, cuando fue empujado violentamente por un compañero, provocándole una caída con lesiones en la boca. Si bien emitió seguro escolar, el hecho fue consignado como un simple accidente, omitiéndose la existencia de un agresor y descartándose cualquier investigación o activación de protocolos internos.

Posteriormente, en abril del mismo año, el niño fue objeto de ciberbullying a través del grupo de WhatsApp del curso, situación que fue informada formalmente por su madre a la inspectora y profesora jefe, acompañando evidencia concreta. No obstante, el establecimiento se limitó a acusar recibo, sin adoptar medidas de protección ni activar los procedimientos correspondientes, permitiendo que el hostigamiento continuara.

En ese mismo periodo, relata una agresión particularmente humillante ocurrida en los baños del colegio, protagonizada por otro alumno, con participación y apoyo de terceros, quienes intimidaron al niño, lo hostigaron y lo expusieron a actos degradantes. Pese a haber sido informado el hecho a la profesora jefe y existir el compromiso de activar el protocolo en caso de reiteración, ello nunca ocurrió. A raíz de esta situación, la madre solicitó una reubicación académica para proteger el bienestar emocional del niño, medida que fue implementada solo de manera parcial y sin un enfoque integral de protección.

Con posterioridad, en agosto de 2025, el menor sufrió una nueva agresión física por parte del mismo alumno que lo había empujado en marzo, resultando con diversas lesiones corporales, todas debidamente documentadas. Sin embargo, nuevamente el colegio calificó el hecho como un accidente o juego entre niños, omitiendo su carácter reiterado y la identidad del agresor, y absteniéndose de activar los protocolos correspondientes.

En octubre de 2025, el niño fue golpeado en los genitales por otro compañero, hecho que también fue registrado mediante seguro escolar, pero que, pese a su gravedad, no dio lugar a ninguna medida efectiva de protección. En noviembre pasado, el hostigamiento se intensificó, particularmente por parte de uno de los alumnos previamente involucrados, quien realizó burlas reiteradas y gestos humillantes. Esta situación fue formalmente denunciada mediante constancia escrita en inspectoría, firmada tanto por la madre como por el propio niño, sin que ello generara la reacción institucional adecuada.

Expone que el punto más grave se produce el 19 de noviembre de 2025, cuando el niño fue víctima de bullying grupal, incluyendo una nueva agresión física dirigida a sus genitales, en un contexto de burlas e intimidación sostenida. Ese mismo día, el menor presentó una crisis emocional severa, manifestando ideación suicida, rechazo absoluto a asistir al colegio y conductas autolesivas, lo que motivó su derivación urgente al Hospital Regional de Antofagasta. Indica que los informes médicos emitidos por profesionales de pediatría, psicología, psiquiatría y trabajo social establecieron de forma expresa la existencia de una crisis emocional secundaria a bullying, desajuste emocional, ideación suicida y su condición de TEA nivel 1, indicando reposo escolar y seguimiento en salud mental.

Sobre la base de estos antecedentes, sostiene que el actuar del establecimiento educacional resulta ilegal, por infringir la Ley sobre Violencia Escolar, sus propios reglamentos internos y los deberes de cuidado reforzados respecto de un estudiante neurodivergente; y arbitrario, al minimizar reiteradamente hechos graves, calificándolos como accidentes, omitiendo la identificación de agresores y absteniéndose de adoptar medidas eficaces de protección. Concluye que dicha conducta permitió la reiteración y escalamiento de las agresiones, derivando en un grave daño a la salud mental del niño.

En cuanto a los derechos vulnerados, invoca la afectación del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación en un entorno seguro, y el principio del interés superior del niño, reconocido tanto constitucional como convencionalmente.

Concluye solicitando que el recurso sea acogido, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del actuar del colegio, ordenando la activación inmediata de los protocolos de convivencia y bullying, la adopción de medidas de protección específicas acordes a la condición del niño, la prohibición de contacto con los agresores, la garantía de continuidad escolar sin asistencia presencial mientras dure el tratamiento médico, y la supervisión de la autoridad educacional competente, junto con todas las demás medidas necesarias para resguardar efectivamente los derechos fundamentales del menor.

SEGUNDO: Que informa nombre reservado, rector, en representación de Colegio Ingles San José, detallando cronológicamente los hechos denunciados.

Expone que respecto de un hecho ocurrido en marzo de 2025, inicialmente denunciado como una presunta agresión por parte de un alumno, señala que, conforme a los registros de inspectoría y a las propias declaraciones del estudiante afectado, el episodio correspondió a una caída en contexto de juego con balón, producto de la cual Martín se mordió el labio. Frente a dicha situación, el colegio activó de inmediato el Protocolo de Accidente Escolar, informó a la apoderada y emitió la correspondiente Declaración Individual de Accidente Escolar, no existiendo antecedentes objetivos que permitieran configurar una agresión ni justificar la activación de un protocolo de convivencia escolar.

Posteriormente, en abril de 2025, se denunció una situación de ciberacoso, la cual fue oportunamente recepcionada por la Orientadora de Nivel, quien inició un proceso de indagación mediante entrevistas a los estudiantes involucrados y citación a sus apoderados. Tras dicha investigación, se concluyó que se trataba de un hecho puntual y no reiterado, adoptándose medidas formativas consistentes en entrevistas con estudiantes y familias, planificación de talleres de convivencia escolar y formaciones a cargo de la Coordinación de Disciplina. Indica que la apoderada fue informada formalmente de las conclusiones y medidas adoptadas, manteniéndose seguimiento posterior sin registrarse nuevos episodios similares.

En relación con una denuncia posterior sobre una supuesta agresión ocurrida en los baños del establecimiento, el colegio entrevistó a los estudiantes involucrados en presencia de sus apoderados. Si bien se reconocieron conductas inadecuadas, estas no alcanzaron el estándar de intimidación sistemática, razón por la cual no se activó un protocolo de bullying. No obstante, se dejaron las correspondientes anotaciones negativas en las hojas de vida de los estudiantes y se adoptaron acciones correctivas y formativas inmediatas.

Asimismo, el informe da cuenta de una solicitud expresa formulada por la apoderada en abril de 2025, consistente en evitar que su hijo realizara trabajos grupales con uno de los estudiantes mencionados. Dicha petición fue acogida y gestionada por la Unidad Técnico Pedagógica, siendo implementada por la docente respectiva y comunicada al estudiante.

En agosto de 2025 se informó un nuevo accidente escolar, nuevamente en contexto de juego, activándose el protocolo correspondiente e informándose a la apoderada. Las entrevistas posteriores confirmaron que el hecho correspondió a una caída accidental durante la disputa del balón, sin antecedentes que permitieran atribuir intencionalidad agresiva ni acoso.

Con posterioridad, en octubre de 2025, se denunció un supuesto golpe en los genitales del estudiante. Sin embargo, tras las entrevistas realizadas, no fue posible constatar la existencia de dicha agresión ni la presencia de lesiones, ni tampoco se identificaron testigos que corroboraran el relato. En consecuencia, el hecho fue consignado únicamente como accidente escolar, atendido a que la única referencia provenía de la apoderada.

Durante noviembre de 2025 se denunciaron nuevos episodios vinculados a interacciones entre estudiantes. Afirma que entrevistó a los involucrados y constató que algunas conductas se desarrollaban en el marco de bromas propias del grupo, sin perjuicio de que estas resultaban inapropiadas. En uno de los episodios, ocurrido el 19 de noviembre, el estudiante Martín presentó una crisis emocional, frente a lo cual intervinieron inspectores, profesora jefe y psicóloga del nivel. Dada la persistencia del cuadro, se activó el Protocolo DEC y, con autorización de la apoderada, se derivó al estudiante al Hospital Regional para atención especializada en salud mental, entregándose toda la documentación correspondiente e informándose oportunamente a los padres.

El recurrido destaca una reunión ampliada sostenida el 25 de noviembre de 2025 con Rectoría y diversos estamentos del establecimiento, en la cual se explicó detalladamente la intervención realizada, se reiteró la aplicación de los protocolos institucionales y se recordó a los padres la importancia del uso de los conductos regulares. En dicha instancia se accedió a suspender las actividades presenciales del estudiante con respaldo médico y, a solicitud de los padres, se acordó la apertura de un Protocolo de Bullying. Ese mismo día se autorizó, además, la participación del estudiante en la actividad de finalización de año, la que se desarrolló sin incidentes.

Señala que el Protocolo de Bullying concluyó el 10 de diciembre de 2025, no lográndose acreditar la existencia de hostigamiento sistemático conforme a los criterios normativos vigentes. Sin perjuicio de ello, se constataron conductas inadecuadas, razón por la cual el Consejo de Profesores aplicó sanciones disciplinarias a algunos estudiantes, disponiéndose además un plan de seguimiento permanente para el año 2026, la realización de talleres de inclusión y convivencia escolar, coordinación con profesionales externos y apoyo sistemático de la psicóloga del nivel.

Afirma que durante todo el año escolar el estudiante contó con tratamiento psicológico externo, que todas las situaciones denunciadas fueron abordadas conforme a los protocolos institucionales, se mantuvo comunicación permanente con la apoderada y que, si bien no se acreditó bullying, se adoptaron igualmente medidas preventivas, correctivas y de apoyo. En tal contexto, reafirma su compromiso con el bienestar de sus estudiantes y con la aplicación rigurosa de los protocolos de convivencia escolar vigentes.

TERCERO: Que informa nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, quien en primer lugar delimita su competencia, señalando que conforme al artículo 48 de la Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, le corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, así como la legalidad del uso de los recursos públicos, y, en el caso de establecimientos particulares pagados, actuar cuando exista denuncia. Para el ejercicio de estas funciones, la ley le confiere atribuciones de carácter interpretativo, normativo, inspectivo y sancionador, las que se desarrollan principalmente a través de fiscalizaciones de oficio, contempladas en planes anuales, o bien a petición de parte interesada, mediante denuncias o reclamos formulados por miembros de la comunidad educativa.

Explica que la fiscalización de oficio se materializa a través de constataciones directas realizadas por funcionarios del servicio, las que pueden dar lugar a la detección de infracciones a la normativa educacional. En tanto, la fiscalización a petición de interesado se inicia a partir de denuncias o reclamos, distinguiéndose que la denuncia tiene por objeto poner en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad para su investigación, mientras que el reclamo busca la intervención del servicio como mediador en una controversia entre el reclamante y el establecimiento educacional. En ambos casos, si se detectan hechos constitutivos de infracción, la Superintendencia puede instruir un procedimiento administrativo sancionador conforme a los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529.

Luego desarrolla la normativa educacional aplicable al caso, destacando lo dispuesto en el artículo 10 del DFL N° 2 de 2009, Ley General de Educación, que reconoce el derecho de los estudiantes a desarrollarse en un ambiente de respeto mutuo y a la protección de su integridad física y moral, prohibiendo expresamente los tratos vejatorios, degradantes y el maltrato psicológico. Asimismo, se alude al artículo 16 D del mismo cuerpo legal, que impone a sostenedores, directivos, docentes y asistentes de la educación el deber de prevenir toda forma de violencia y de resguardar, en todo momento, la integridad física y psicológica de los estudiantes, así como la obligación de informar situaciones de violencia conforme al reglamento interno del establecimiento.

Destaca también que el artículo 46 de la Ley General de Educación exige, como requisito para el reconocimiento oficial, la existencia de un reglamento interno que regule las relaciones de la comunidad escolar, el cual debe contemplar políticas de prevención, protocolos de actuación, tipificación de conductas contrarias a la convivencia escolar y medidas disciplinarias graduadas, garantizando siempre el debido proceso. En el mismo sentido, cita el Decreto N° 315 de 2011 del Ministerio de Educación, que establece el contenido mínimo del reglamento interno, incluyendo protocolos frente a situaciones de maltrato, acoso y violencia escolar, así como planes de seguridad y accidentes escolares. A ello se suma lo dispuesto en la Circular de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Educación, que exige la incorporación de estrategias preventivas, redes de apoyo y protocolos de actuación cuyo objetivo no es determinar responsabilidades penales, sino resguardar la integridad de los estudiantes, siempre bajo el principio del interés superior del niño.

En cuanto a las actuaciones concretas realizadas en el caso, informa que, revisados sus registros, se constató la existencia de un requerimiento de denuncia presentado por la recurrente, nombre reservado, con fecha 23 de noviembre de 2025, asignado al código CAS-131878. En virtud de la Resolución Exenta N°656 de 2024, que regula el procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos, el 26 de noviembre de 2025 se dio inicio a una investigación normativa, solicitándose al establecimiento educacional un informe sobre los hechos denunciados.

Señala que, una vez recibida y analizada la documentación remitida por el establecimiento, corresponderá al Encargado de la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales determinar si resulta procedente iniciar un procedimiento de fiscalización formal. De estimarse necesario, los antecedentes serán derivados a la Unidad Regional de Fiscalización, donde un funcionario con calidad de ministro de fe constatará en acta la existencia o inexistencia de infracciones a la normativa educacional. En caso de no detectarse infracciones, la denuncia se cerrará; y, de constatarse incumplimientos, se instruirá un procedimiento administrativo sancionador, pudiendo culminar en el sobreseimiento o en la aplicación de sanciones conforme al artículo 73 de la Ley N° 20.529, cerrándose en definitiva el procedimiento en la unidad jurídica correspondiente.

Concluye que ha dado íntegro cumplimiento a lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, informando oportunamente acerca de sus competencias y atribuciones, la normativa aplicable al caso y las gestiones efectivamente realizadas en relación con los hechos denunciados, vinculados a eventuales situaciones de maltrato respecto del estudiante M.I.M.A. en el Colegio Inglés San José de la comuna de Antofagasta.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por una acción ilegal y/o arbitraria.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario del recurrido Colegio Inglés San José, consistente en no activar el protocolo de convivencia escolar frente a situaciones acaecidas durante el año 2025, relativas a agresiones físicas, hostigamiento psicológico y ciberacoso por parte de diversos compañeros hacia su hijo Martín, los que califica como bullying.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con la prueba documental acompañada y apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, consta que el establecimiento educacional recurrido realizó gestiones específicas ante los problemas denunciados, tales como reuniones y entrevistas con la recurrente, entrevistas con los alumnos involucrados, realización de un informe de indagación y activando en su momento el protocolo del referido colegio.

En esta línea, se observa que el colegio recurrido no incurrió en omisiones arbitrario o ilegales, sino que tomó medidas concretas al respecto, no vulnerando los derechos fundamentales indicados por la recurrente, por lo que la presente acción de protección, en este extremo, no podrá prosperar.

OCTAVO: Que, en otro sentido, se debe asentar que la solicitud en torno a la activación suficiente del protocolo escolar, esto es si su aplicación fue la correcta, escapa a la esfera del presente arbitrio, ya que la acción cautelar no es la vía idónea para aquello, siendo la Superintendencia de Educación el órgano fiscalizador y competente para solucionar el conflicto que, en este punto, aqueja a la parte recurrente, y velar por la razonabilidad de las medidas adoptadas por el colegio.

Que, en todo caso, y como informa esta última institución, esta fiscalización ya se activó por denuncia de los padres, estando en desarrollo su tramitación, por lo que existiendo un procedimiento reglado en curso, donde se resolverá por la autoridad competente los cuestionamientos efectuados a la eventual incorrecta aplicación de los protocolos pertinentes.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado contra del establecimiento educacional, Colegio Inglés San José.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2100– 2025 (Protección)