nombre reservado CON nombre reservado ISAÍAS AGUSTO PÉREZ, ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA

PAGE Antofagasta, a treinta de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, chileno, casado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección contra nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Calama, domiciliado en domicilio reservado, de la misma comuna, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario del recurrido.

Informó l abogado Carlos Avalos Martínez, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, deduce recurso de protección contra nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Calama, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario del recurrido. Fundamenta su acción en que desde el 16 de febrero de 1999, prestó servicios a la Ilustre Municipalidad de Calama, en diversos cargos y formas de contratación, incluso el de alcalde subrogante hasta el 6 de diciembre de 2016, fecha en que asume el recurrido y regresa a su cargo de Administrador Municipal. Que en la misma fecha concurre a control médico, ya que sufre de enfermedad crónica conocida como Trastorno de Adaptación al Trabajo, que provoca la disminución de plaquetas, otorgándole licencia médica por 15 días a partir del 6 de diciembre, la cual fue ingresada y recepcionada por la municipalidad, al día siguiente.

Que el 21 de diciembre de 2016, concurrió a la Oficina de Correos de Chile a retirar una carta certificada que contenía el Decreto Municipal N° 122, de 7 de diciembre del mismo año, firmado por el alcalde recurrido, el cual ordenaba su remoción del cargo de Administrador Municipal, conforme al artículo 30 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, remoción a contar de la fecha de notificación del decreto, el que no contiene designación en otro cargo dentro de la Municipalidad de Calama. Refiere que este decreto fue adoptado con pleno conocimiento de su estado de salud y que estaba haciendo uso de licencia médica, lo que estima ilegal y arbitrario, por atentar contra su derecho a la vida y mi integridad física y psíquica, y contra su derecho a la estabilidad en el empleo consagrado en los artículos 87 a 90, de la Ley 18.883, además de discriminatorio, por su condición de salud, afectando su igualdad ante la ley Refiere que el 21 de diciembre de 2016, el facultativo le otorgó una nueva licencia médica, por 12 días, la que no fue recepcionada por el ente edilicio, recurriendo a la Inspección Provincial del Trabajo.

Señala que no le han pagado sus remuneraciones de diciembre de 2016, las horas extraordinarias trabajadas, el feriado legal, el bono de Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y el bono de zona extrema.

Indica como derechos afectados a través de las acciones denunciadas como vulneradoras, su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la estabilidad laboral, e igualdad ante la ley, refiriendo que en el código del trabajo se prohíbe el despido de trabajadores que están gozando de licencia médica, y además que en su caso no existe salud irrecuperable, reiterando la solicitud de pago de dineros adeudados por la recurrida.

Concluye solicitando se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, especialmente ordene al recurrido a lo siguiente: 1. Que deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 122 de 7 de diciembre de 2016; se dicte un nuevo acto administrativo ordenando su restitución al cargo del que pretendió removerme {Administrador Municipal) o se designe en un nuevo cargo en iguales condiciones laborales que las que tiene en su calidad de Administrador Municipal, hasta el término de sus licencias médicas, debiendo generar un procedimiento legal para mi remoción como funcionario municipal, si es que así lo estima; 3. Que el recurrido ordene el pago de todo lo adeudado por la municipalidad, como son remuneraciones del mes de diciembre 2016, pago de horas extraordinarias trabajadas, pago de feriado legal, bono de Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), compensación de descansos complementarios y pago de bono de zona extrema, todo hasta el término legal de su relación laboral con el ente edilicio; con costas del recurso.

SEGUNDO: Que informó el abogado Carlos Avalos Martínez, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que el recurrente pretende llevar a error a esta Corte, al señalar que su remoción, fue un acto arbitrario e ilegal, que afectó gravemente sus derechos establecidos en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República, además de atentar lo dispuesto en los artículo 87 a 90 de la Ley N°18.883.

Indica que don nombre reservado, mediante Decreto de Registro N°135, de 14 de Diciembre de 2012, en su numeral 1°, se le acepto su renuncia voluntaria, al grado 9 de la planta Profesionales a “Contrata”, a contar del 17 de Diciembre de 2012. Y en el numeral 2° de dicho Decreto, se le designo titular, en el Cargo de “Confianza” como Administrador Municipal grado 4°, de la planta Directivos, de la Ilustre Municipalidad de Calama a contar del 17 de Diciembre del año 2012. Expresa que este último cargo, es de exclusiva confianza del alcalde, dado que es éste quien lo nombra y remueve, citando el artículo 30 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, e indica que la circunstancia que el empleado se encuentre haciendo uso de una licencia médica, no es óbice para que se pueda ordenar su remoción, dado que esta última constituye una causal legal de desvinculación laboral. Refiere que del claro tenor de la norma contenida en el precepto legal citado se colige, en lo pertinente, que se le otorga tanto al alcalde como al concejo municipal -por separado- la facultad discrecional para remover al administrador municipal sin necesidad de expresar motivo para ello, ni de otorgar audiencia previa al interesado, sin perjuicio que además, su nombramiento puede terminar conforme a las causales legales aplicables al personal municipal. Por lo tanto, en este contexto jurídico, no es posible concluir que la actuación impugnada por el recurrente, revista el carácter de ilegal o arbitraria por parte de su representada.

Finalmente indica que niega la existencia de vulneración a los derechos indicados como conculcados, refiere que no se expresó la forma en que se produciría esta afectación, agregando consideraciones respecto del otorgamiento de licencia retroactiva del recurrente. En cuanto a la falta de pago de obligaciones laborales, señaló que estas están solucionadas, salvo el pago de horas extras que se encontraría en tramitación.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecida para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma, dentro de los cuales se incluye el derecho a la vida e integridad física y psíquica; y a la igualdad ante la ley.

CUARTO: Que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia consiste en el Decreto Alcaldicio n° 112, de 7 de diciembre de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Calama, que remueve la recurrente de su cargo de Administrador Municipal en aplicación del artículo 30 de la Ley n° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, alegando que ésta afectaría los derechos constitucionales ya indicados.

QUINTO: Que en la especie, corresponde apreciar para la acertada resolución del recurso, los antecedentes acompañados por las parte, en especial, copia del Decreto Alcaldicio n° 112/2016, el cual señala: “Remuévase del cargo de Administrador Municipal grado 4° de la Planta Directivos, de la Ilustre Municipalidad de Calama, a don nombre reservado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a contar de la fecha de notificación del presente Decreto”. Consta, igualmente, copia del Decreto de Registro N°135/2012, de 14 de diciembre del año 2012, emanado de la Dirección de Personal del Municipio, en que en su numeral 1°, se le acepto su renuncia voluntaria, al grado 9 de la planta Profesionales a “Contrata”, a contar del 17 de Diciembre de 2012. Y en el numeral 2° de dicho Decreto, se le designo Titular, en el Cargo de “Confianza” como Administrador Municipal grado 4°, de la planta Directivos, de la Ilustre Municipalidad de Calama a contar del 17 de Diciembre del año 2012. Copias de licencias médicas del recurrente, que dan cuenta de periodos de reposo desde el 6 de diciembre de 2016 por el termino de 15 días, y posterior de fecha 21 de diciembre del mismo año.

SEXTO: Que en base a lo anterior, se puede establecer que desde 17 de Diciembre del año 2012 al 6 de diciembre de 2016, el recurrente detentaba el cargo titular de Administrador Municipal de la Ilustre Municipalidad de Calama, que el artículo 30 de la Ley n° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contempla describiéndolo como el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. Posteriormente refiere la forma de designación y remoción, estableciéndose que podrá ser removido por el alcalde o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. En este contexto, el cargo en comento es de exclusiva confianza del alcalde, permitiendo una causal excepcional de desvinculación no aplicable al resto del personal municipal como es la “remoción”, la cual implica la cesación de funciones por decisión unilateral de la autoridad sin expresión de causa o audiencia previa del afectado.

SEPTIMO: Que no habiéndose cuestionado la naturaleza del cargo servido, y por tanto la procedencia de aplicar la remoción, se refiere por el recurrente, que al encontrarse con licencia médica por el termino de 15 días tornaría ilegal y arbitrario el decreto cuestionado, argumento que debe rechazarse, toda vez que en el ámbito público municipal, no existe la mentada limitación para desvincular al funcionario.

OCTAVO: Que conforme a lo razonado previamente, no se vislumbra la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el Decreto Alcaldicio cuestionado, habiéndose dictado por la autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, debidamente fundado como consecuencia de la aplicación del artículo 30 de la Ley n° 18.695, de manera que habiéndose actuado dentro del marco legal se hace imposible por medio de este procedimiento que no tiene forma de juicio, establecer una arbitrariedad o ilegalidad de actuaciones regulados por la Ley citada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 21-2017 (PROT)

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