nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la destitución y término de su calidad de bombero voluntario del nombre reservado, vulnerando, con ello, los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, Nº2 y Nº3 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando que, en el marco de un proceso interno de revisión documental del nombre reservado, iniciado a raíz de irregularidades detectadas en la facturación de la empresa FRS SpA —cuyo gerente general y representante legal resulta ser el cuarto comandante en ejercicio, nombre reservado—, el directorio general, en sesión extraordinaria de 6 de octubre de 2025, resolvió desaforar y suspender preventivamente a dicho comandante, conformándose una comisión investigadora encargada de auditar todos los procesos de compra, adquisición y ejecución de servicios realizados con aquella empresa.

El informe final de la comisión investigadora, fechado el 20 de octubre de 2025, acreditó que la empresa FRS SpA mantuvo una relación comercial con el nombre reservado durante los años 2024 y 2025, emitiendo 56 facturas por cerca de $54 millones, habiéndose detectado facturas falsas no registradas en el Servicio de Impuestos Internos, bienes y servicios facturados pero no ejecutados ni encontrados en las dependencias institucionales, y sobreprecios superiores al 100% en diversas adquisiciones. Asimismo, se determinó que el propio cuarto comandante cotizaba, aprobaba y recibía los servicios de su empresa, incurriendo en un conflicto de interés grave.

Con base en dicho informe, la primera sala del Honorable Consejo Superior de Disciplina —integrada por los consejeros nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado— dictó el Oficio HCSD N°135/2025, de 10 de noviembre de 2025, aplicando al recurrente —en su calidad de primer comandante en ejercicio— la sanción de separación de la institución (baja), por estimar que la falta de control y supervisión directa sobre el subordinado constituía una omisión grave en el cumplimiento de sus deberes reglamentarios, calificada como abandono de deberes y negligencia funcional, en infracción del artículo 40 y del artículo 12°, letra l), del Reglamento General. Dicha resolución fue reafirmada por la Segunda Sala del mismo órgano mediante Oficio HCSD N°181/2025, de fecha 31 de diciembre de 2025, manteniéndose la separación definitiva.

Alega una vulneración al principio del debido proceso, señalando que la citación que se le hizo llegar el 26 de octubre de 2025 para comparecer ante el Consejo Superior de Disciplina el día 28 del mismo mes únicamente indicaba como motivo el desafuero por el directorio general y el informe de los oficiales generales, sin dar cuenta de las razones específicas por las cuales se le investigaba ni de los hechos que se le imputaban. Agrega que en la sesión de 28 de octubre de 2025 —que se extendió por casi 60 minutos— los consejeros no procedieron a leer el informe final de la Comisión Investigadora, limitándose a señalar que lo tuvieron a la vista, sin informarle las conclusiones del mismo ni las faltas reglamentarias que concretamente se le atribuían, situación que le habría generado una indefensión, al no poder articular una defensa adecuada respecto de cargos que desconocía.

Cuestiona las causales invocadas para su sanción, señalando que sus funciones como comandante son de naturaleza operativa —vinculadas al servicio activo, emergencias y aspectos técnicos—, sin que el Reglamento General le imponga una responsabilidad administrativa sobre los actos de contratación del cuarto comandante. Hace hincapié en que el artículo 40 del Reglamento, que regula las atribuciones del comandante, no contempla en ninguno de sus numerales una obligación de supervisión financiera o contable sobre los demás comandantes, siendo que dicha responsabilidad recaería sobre el tesorero general —quien tiene el deber de llevar la contabilidad y rendir cuentas mensuales— y sobre el Vicesuperintendente —encargado de supervisar las comisiones institucionales—, ninguno de los cuales fue sometido a proceso disciplinario.

Denuncia un conflicto de interés en la composición de la comisión investigadora, señalando que dos de sus integrantes —el director de Primera Compañía, nombre reservado, y el director de Tercera Compañía, nombre reservado— se postularon con posterioridad al cargo de comandante del nombre reservado, lo que revelaría un interés directo en el resultado de la investigación, afectando la objetividad e imparcialidad del proceso.

Invoca una vulneración al principio de igualdad ante la ley, señalando que otros integrantes con responsabilidades administrativas equivalentes o superiores —superintendente, vicesuperintendente, tesorero general y directorio— no fueron sometidos al mismo rigor disciplinario, a pesar de que el Reglamento también les impone el deber de velar por los bienes materiales de la institución. Agrega como ejemplo concreto de trato desigual que el actual cuarto comandante, nombre reservado, fue sorprendido conduciendo un vehículo institucional en estado de ebriedad el 18 de enero de 2026, recibiendo únicamente una medida preventiva conforme al artículo 147° del Reglamento, sin que el primer comandante en ejercicio —tenedor responsable de dicha unidad según la Orden del Día N°21P de 2024— fuera sometido a proceso disciplinario alguno por ese hecho, a diferencia de lo ocurrido en su caso.

Sostiene que la aplicación de un régimen de responsabilidad funcionaria resultaría improcedente respecto de integrantes de una corporación de derecho privado, categoría a la que pertenece el nombre reservado.

Concluye invocando la afectación de su integridad psíquica (artículo 19, N°1), por el menoscabo emocional y el daño a su honra derivados de la forma en que se ejecutó su expulsión y la divulgación de la sanción; la vulneración de la igualdad ante la ley (artículo 19, N°2), por haber recibido un trato discriminatorio y desproporcionado respecto de otros voluntarios en situaciones similares; y la infracción del debido proceso (artículo 19, N°3), por la indefensión generada al no habérsele informado oportunamente los cargos específicos en su contra.

Finalmente, solicita se acoja el recurso, dejando sin efecto la separación de la institución que le fue aplicada y ordenando el abono de todas las listas efectivas desde la fecha de inicio de la investigación, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe Paulo Sepúlveda Prieto, abogado ad honorem, en representación del nombre reservado, quien solicita el rechazo del presente recurso.

Niega y controvierte en términos generales el tenor de los hechos de la acción, calificándola de confusa y poco clara, negando que su representada haya incurrido en acto u omisión alguna que vulnere garantía constitucional del recurrente.

Sostiene que la sanción fue adoptada tras un procedimiento disciplinario válido conforme a la normativa interna, iniciado a partir de hechos graves denunciados formalmente, con conformación de una comisión investigadora, recopilación de antecedentes y posterior revisión por la primera y segunda sala del Honorable Consejo Superior de Disciplina. Afirma que el recurrente fue debidamente citado, presentó sus descargos y ejerció su derecho a apelación, por lo que se respetaron las normas internas y el debido proceso aplicable a una corporación de derecho privado. Señala que las alegaciones relativas a defectos formales del procedimiento, causales erróneas y conflictos de interés son materias que requieren un análisis de lato conocimiento, excediendo el ámbito cautelar del recurso de protección.

Opone la extemporaneidad de la acción, indicando que la resolución definitiva fue dictada con fecha 31 de diciembre de 2025 y que el recurso fue interpuesto el día 31 de enero de 2026, esto es, el día trigésimo primero contado desde la resolución impugnada, excediendo el plazo de 30 días corridos que contempla el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, por lo que la acción habría precluido.

Agrega que la acción no cumple con los requisitos de forma y fondo exigibles, pues no precisa el acto u omisión específicamente ilegal o arbitrario, no desarrolla el nexo causal entre el acto impugnado y las garantías supuestamente vulneradas, y no solicita de manera concreta el restablecimiento del imperio del derecho.

En cuanto al artículo 19 N°3, hace presente que el artículo 20 de la Constitución solo ampara el inciso quinto de dicho numeral, sin que el recurso indique cuál inciso se habría infringido.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas; en subsidio, que se declare la acción extemporánea.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el recurrente impugna las resoluciones disciplinarias dictadas por el Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado —Oficios HCSD N°135/2025 y N°181/2025— que dispusieron su separación definitiva de la institución, sosteniendo, en síntesis, que el procedimiento seguido habría vulnerado normas del Reglamento General y del debido proceso, con infracción de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, consta de los antecedentes que la resolución definitiva que confirmó la sanción fue dictada el 31 de diciembre de 2025, y que la presente acción fue interpuesta el 31 de enero de 2026, esto es, el día trigésimo primero contado desde la resolución impugnada, excediendo en un día el plazo de 30 días corridos que contempla el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

En consecuencia, la acción deducida resulta extemporánea, debiendo ser rechazada por este solo motivo.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde igualmente su rechazo por las razones que se expresan a continuación.

De los antecedentes acompañados aparece que el recurrente fue formalmente citado a comparecer ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina, fue oído en sesión, presentó sus descargos y ejerció el derecho a impugnar la decisión de primera instancia, interponiendo apelación que fue conocida y resuelta por el órgano interno competente. En tales condiciones, no se advierte privación del derecho a defensa ni la intervención de un órgano no establecido con anterioridad a los hechos, descartándose la vulneración del artículo 19, N°3 de la Constitución en su núcleo esencial.

OCTAVO: Que las alegaciones relativas a la falta de precisión de cargos al momento de la citación, a la competencia de la comisión investigadora para atribuir responsabilidades reglamentarias, a los eventuales conflictos de interés de sus integrantes, a la correcta delimitación de las atribuciones del comandante según el artículo 40 del Reglamento y a la comparación de situaciones de otros oficiales no sancionados, constituyen materias que requieren un análisis de lato conocimiento y eventualmente prueba, excediendo el ámbito cautelar y sumarísimo del recurso de protección, el cual no constituye una instancia de revisión integral de procedimientos disciplinarios ni de la valoración de los antecedentes fácticos efectuados por la autoridad competente.

NOVENO: Que tampoco se configura arbitrariedad, pues la sanción aplicada aparece fundada en un procedimiento previo y en antecedentes que fueron ponderados por el órgano disciplinario conforme a su normativa interna.

La discrepancia del recurrente con la calificación jurídica de los hechos, con la determinación de sus responsabilidades de mando o con la apreciación de los antecedentes fácticos por parte del Consejo Superior de Disciplina no transforma la decisión en ilegal o arbitraria.

DÉCIMO: Que, en cuanto a las garantías del artículo 19, N°1 y N°2 invocadas, no se advierte de qué modo la decisión disciplinaria adoptada en el ejercicio de potestades estatutarias pueda estimarse como una afectación ilegítima de la integridad psíquica del actor ni como un trato discriminatorio respecto de otros voluntarios, desde que no se acreditan antecedentes que permitan concluir la existencia de un trato desigual arbitrario imputable a la recurrida.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la calidad de bombero voluntario, esta se encuentra sujeta al cumplimiento de deberes estatutarios y al régimen disciplinario interno, no configurándose un derecho indubitado a su mantención cuando existe una decisión adoptada por el órgano competente en el marco de sus atribuciones.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 208-2026 (Protección)

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