nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen Constructora ECORA S.A., representada por su abogado Francisco Leppes López, junto a don nombre reservado y don nombre reservado, todos individualizados en el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes, deduciendo acción constitucional en contra de don nombre reservado y de la sociedad nombre reservado, a quienes atribuyen la realización de actos de hostigamiento, imputación de delitos inexistentes, difusión de comunicaciones y antecedentes a múltiples terceros, así como la elaboración y remisión de material audiovisual y escrito, todo lo cual —afirman— vulneraría sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, N° 4, N° 16 y N° 21 de la Carta Fundamental.

Informaron las recurridas al tenor de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción constitucional de protección, los recurrentes Constructora ECORA S.A., junto a don nombre reservado y don nombre reservado, han sostenido que el recurrido don nombre reservado, en representación de nombre reservado, desarrolló durante los meses de septiembre a noviembre de 2025 una serie de conductas consistentes en el envío reiterado de correos electrónicos, mensajes, antecedentes y material audiovisual a múltiples destinatarios, entre ellos ejecutivos y trabajadores de Minera Escondida–BHP, así como a terceros ajenos por completo a cualquier vínculo contractual, en los cuales se les atribuiría la comisión del delito de apropiación indebida, se les imputarían deudas inexistentes, incumplimientos contractuales y faltas graves de moralidad comercial, todo ello acompañado de amenazas veladas de escalamiento mediático y exposición pública, cuyo propósito —afirman— sería dañarlos, desprestigiar su reputación, alterar su desenvolvimiento personal y profesional y generar un cuadro de hostigamiento que se habría prolongado por más de veinte días, afectando su integridad psíquica, honra, vida privada, libertad de trabajo y libertad de empresa, según se describe detalladamente en el libelo de protección.

Indican, además, que no mantienen relación contractual alguna con el recurrido ni con la empresa que representa, por lo que las imputaciones de hechos delictivos y morosidades carecerían de todo sustento, configurando un acto ilegal y arbitrario que justifica la intervención urgente de esta sede cautelar.

SEGUNDO: Que, evacuando informe al tenor de lo requerido, los recurridos don nombre reservado y nombre reservado exponen que los hechos descritos en la acción constitucional se originan exclusivamente en una relación comercial previa entre su empresa y TWO RACE nombre reservado, a quien se habría arrendado un camión pluma Volvo FMX año 2024, PPU SZBX-70, destinado a faenas de Minera Escondida-BHP, maquinaria que —afirman— continuó siendo utilizada sin pago de las facturas emitidas y sin ser restituida, generándose para ellos pérdidas significativas.

Relatan que, frente a la negativa de devolución del equipo y la ausencia de pago, interpusieron una denuncia penal por apropiación indebida conforme al artículo 470 N° 1 del Código Penal y, en ese contexto, remitieron comunicaciones dirigidas únicamente a quienes participaban en la operación, custodia y administración del equipo dentro de la faena.

Alegan que todas las comunicaciones enviadas se limitaron a relatar hechos veraces y comprobables, sin injurias ni expresiones dolosas, y que cualquier difusión de tales antecedentes se justificó por el interés directo de los involucrados frente al uso irregular de la maquinaria.

Sostienen, asimismo, que no imputaron responsabilidad penal alguna a quienes no detentaban vínculo contractual con su empresa, pues su actuación se circunscribió al legítimo ejercicio del derecho a denunciar hechos que pudieren revestir carácter de delito, descartando así toda ilegalidad o arbitrariedad en su conducta, así como la existencia de una afectación real a las garantías invocadas.

Finalmente, afirman que el conflicto es de naturaleza contractual o comercial, existiendo una vía penal en curso y otras acciones idóneas que excluyen la procedencia del recurso TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente QUINTO: Que, en tal marco, el conflicto jurídico que se somete al conocimiento de esta Corte queda circunscrito a determinar si las comunicaciones, correos electrónicos, mensajes, material audiovisual y demás actuaciones atribuidas a don nombre reservado y a nombre reservado —consistentes en la imputación de delitos, exigencias de pago, remisión de antecedentes a terceros ajenos a todo vínculo contractual, advertencias de escalamiento mediático y difusión de un video en el que se aludiría a los recurrentes como responsables de una apropiación indebida— constituyen un acto ilegal o arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza a las garantías invocadas por Constructora ECORA S.A., don nombre reservado y don nombre reservado, en los términos previstos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, antes de entrar al examen de si las actuaciones denunciadas constituyen ilegalidad o arbitrariedad, es necesario precisar el alcance de la difusión atribuida al recurrido. En efecto, aun cuando las comunicaciones cuestionadas no fueron dirigidas a un público amplio ni divulgadas mediante canales masivos, sí fueron remitidas a un conjunto de destinatarios cuya identidad y número exacto no consta en autos, tratándose de personas que desempeñan funciones diversas dentro de Minera Escondida–BHP u otras entidades vinculadas a la operación del equipo. Tal indeterminación en los receptores concretos, así como la imposibilidad de establecer con precisión el grado de relación funcional de cada uno de ellos con el conflicto que originó dichas comunicaciones, revela que la exposición de las imputaciones realizadas por el recurrido se proyectó hacia un círculo de terceros que no necesariamente tenían participación directa en la controversia contractual o en la denuncia penal.

Esta circunstancia —esto es, la difusión dirigida a un grupo acotado pero no identificable ni plenamente determinado— importa una potencial afectación al honor y reputación de los recurrentes, en tanto la incertidumbre sobre el universo de destinatarios y la naturaleza de su vinculación con la empresa recurrente puede amplificar el efecto lesivo de los mensajes, al permitir que imputaciones de carácter delictivo circulen en un entorno cuya pertinencia funcional no ha sido demostrada y cuya composición no es verificable por esta Corte. Sin perjuicio de ello, será en los considerandos siguientes donde se analizará si dicha exposición, atendidas su forma y contexto, alcanza el umbral de ilegalidad o arbitrariedad constitucionalmente exigido para la procedencia del presente recurso.

SÉPTIMO: Que, para los efectos de dilucidar si los actos denunciados constituyen ilegalidad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde distinguir entre dos dimensiones claramente diferenciadas en el material acompañado: por una parte, la legítima denuncia penal por eventual apropiación indebida deducida por el recurrido ante el Ministerio Público, y por otra, la conducta consistente en la expansión masiva, reiterada y dirigida a terceros ajenos de correos electrónicos, mensajes, material audiovisual y un texto ficcionado, en los que se atribuye directamente a los recurrentes la comisión de un delito, se los vincula a un supuesto “modus operandi” estafatorio y se les expone ante ejecutivos, trabajadores y mandos de Minera Escondida–BHP, sin vínculo contractual alguno que lo justifique.

En efecto, consta del recurso que el recurrido remitió el día 20 de octubre de 2025 un correo electrónico a más de una decena de personas vinculadas a BHP, afirmando la existencia de un “Caso 519 7148 520 asociado al RUC 2501471255-3 Fiscalía de Antofagasta por delito de apropiación indebida”, imputando dicho delito a Constructora ECORA S.A., a nombre reservado y a nombre reservado, pese a que, según los propios antecedentes del informe, la denuncia fue dirigida respecto de terceros y no respecto de los recurrentes. Asimismo, se acompañó material en el que se afirma que los recurrentes adeudarían facturas, se los señala como responsables de retención ilícita del equipo y se les atribuyen conductas deshonestas y contrarias a la moral comercial; todo ello, además, reforzado con la confección de un video explicativo y una “novela” ficcionada con fotografías creadas mediante inteligencia artificial, ambos difundidos a un listado de destinatarios aún más amplio.

Tales actuaciones exceden por completo la esfera lícita del ejercicio del derecho a denunciar y del legítimo reclamo comercial. No existe norma que permita a un particular atribuir públicamente delitos a personas determinadas, mediante difusión masiva y no institucional, sin que exista procedimiento penal dirigido contra ellas, ni menos elaborar y divulgar material audiovisual que refuerce tales imputaciones. La imputación de delitos en ausencia de investigación penal dirigida a los afectados y su divulgación pública constituyen un acto objetivamente contrario al ordenamiento, por cuanto vulnera el deber general de respeto a la honra y vida privada y desplaza a los particulares hacia un ejercicio abusivo de autotutela comunicacional, ajeno al marco institucional previsto para la persecución penal.

En tal mérito, este Tribunal estima demostrado que las comunicaciones masivas, imputaciones delictivas y material audiovisual y ficcionado difundidos por el recurrido constituyen actos ilegales, en cuanto contravienen el orden jurídico al atribuir ilícitos inexistentes – o aún no comprobados- a personas sin vínculo contractual o comercial con él y al difundir dicha información a terceros ajenos a la disputa, afectando con ello bienes jurídicos protegidos por el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que, asentada la existencia de ilegalidad en los términos ya expuestos, corresponde examinar si las conductas imputadas al recurrido revisten también el carácter de arbitrarias, esto es, si se verifican sin fundamento racional suficiente, contrariando los principios de lógica, proporcionalidad y razonabilidad que deben informar toda actuación que pueda afectar derechos fundamentales.

En la especie, el conjunto de antecedentes acompañado por los recurrentes permite constatar que, aun existiendo un conflicto comercial previo entre el recurrido y la empresa Two Race, y pese a que el propio recurrido reconoce que los hechos que motivaron su denuncia penal dicen relación con dicha relación contractual, optó por desplegar un patrón sostenido de comunicaciones, denuncias públicas y elaboración de material audiovisual y ficcionado dirigido a terceros que no solo carecen de vínculo contractual directo, sino que tampoco tienen intervención en el conflicto sometido a conocimiento del Ministerio Público, tales como ejecutivos, profesionales y trabajadores de Minera Escondida–BHP de diversos niveles y áreas, así como correos institucionales y personales de destinatarios ajenos por completo al supuesto ilícito.

La extensión, reiteración y masividad del actuar resulta particularmente relevante: no se trata de un mensaje aislado ni de una comunicación destinada exclusivamente a quien detentaría —según el recurrido— responsabilidad en la restitución del camión, sino de un envío progresivo y escalonado, en aumento, que incluye correos electrónicos de tono acusatorio, afirmaciones explícitas sobre delitos graves, difusión de cifras económicas presentadas como deudas, la remisión de un video explicativo elaborado por el propio recurrido y la generación de un documento ficcionado con imágenes creadas mediante inteligencia artificial que incorpora directamente los nombres, fotografías y supuestos comportamientos ilícitos de los recurrentes, todo lo cual fue enviado a un número considerable de terceros.

Tal proceder revela un ejercicio comunicacional desproporcionado, carente de justificación racional y manifiestamente excedido respecto del fin lícito que el recurrido afirma perseguir, esto es, obtener el pago de arriendos o la restitución de maquinaria. La imputación delictiva contra personas que —según se desprende del recurso y no fue desvirtuado por el informe— no eran sujetas pasivas de su denuncia, y la decisión de amplificar tales imputaciones mediante canales informales, audiovisuales y narrativos, sin control institucional alguno, tornan evidente que el actuar carece de la razonabilidad mínima exigida para excluir el calificativo de arbitrariedad.

En efecto, si el conflicto comercial o contractual y la eventual comisión de un delito se encontraban ya sometidos a conocimiento del Ministerio Público, no existía razón válida —y menos proporcional— para extender la divulgación de tales imputaciones a un universo de terceros ajenos al procedimiento. La decisión de “hacer público” el conflicto mediante videos, relatos ficcionados y amenazas de escalamiento mediático constituye una forma de presión impropia, que rompe con toda lógica de proporcionalidad y transforma un reclamo legítimo en un acto de exposición reputacional severa e injustificada.

Por todo ello, este Tribunal concluye que la conducta denunciada es también arbitraria, por cuanto carece de fundamento racional, excede desproporcionadamente la finalidad que el recurrido podía legítimamente perseguir y afecta sin justificación válida la esfera personal de los recurrentes.

NOVENO: Que, asentado que parte del comportamiento atribuido al recurrido consiste en la comunicación a terceros ajenos de imputaciones delictivas vinculadas directamente a la empresa recurrente, corresponde examinar su incidencia sobre la garantía prevista en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, específicamente en lo que respecta al honor y reputación comercial de Constructora ECORA S.A.

En tal sentido, es propio del ámbito protegido por dicha norma el prestigio y la credibilidad que una persona jurídica mantiene frente a su entorno económico, particularmente cuando su actividad depende de la confianza que terceros depositan en su cumplimiento contractual y en la rectitud de su conducta empresarial.

Bajo este prisma, la divulgación a un conjunto amplio de destinatarios externos —sin vínculo necesario con la controversia que originó la denuncia penal del recurrido y sin que conste que la empresa recurrente haya sido objeto de investigación penal- sólo consta denuncia y creación de causa penal en sede fiscal- o contractual que justifique tal referencia— produce un menoscabo objetivo en su imagen corporativa, en cuanto instala ante terceros una sospecha de falta de idoneidad, incumplimiento o ilicitud que no se sustenta en un procedimiento formal ni en hechos acreditados respecto de ella.

Tal forma de exposición, al proyectar dudas sobre su fiabilidad en el tráfico económico, afecta directamente el ámbito reputacional protegido por el artículo 19 N° 4 en su dimensión objetiva.

Por consiguiente, el Tribunal concluye que la conducta del recurrido ha perturbado el honor comercial de la empresa recurrente, no por la existencia de un conflicto contractual o penal —que pertenece a otras sedes— sino por la forma en que este fue exteriorizado ante terceros sin motivo legítimo que justificara dicha proyección, afectando con ello la credibilidad y confianza indispensables para el ejercicio regular de su actividad empresarial.

DÉCIMO: Que, establecidos los efectos jurídicos de los actos denunciados y precisado que la vulneración constitucional se circunscribe a la honra comercial de la empresa recurrente, corresponde determinar el alcance específico de la protección que en esta sede cautelar procede otorgar.

Tal como ha sido desarrollado en los considerandos precedentes, la conducta reprochada no se refiere al legítimo ejercicio de acciones penales o civiles por parte del recurrido, ni corresponde que esta Corte intervenga en controversias cuya resolución compete a otros procedimientos. Lo que motiva la tutela constitucional es, exclusivamente, la proyección comunicacional impropia, consistente en la divulgación a terceros —sin vínculo necesario con el conflicto y fuera de todo cauce institucional— de imputaciones delictivas y contenidos audiovisuales o ficcionados que afectan la dignidad corporativa y la credibilidad empresarial de la recurrente.

En tal contexto, la naturaleza del recurso de protección —acción cautelar orientada a restablecer de manera inmediata el imperio del derecho— exige una respuesta estrictamente delimitada a la perturbación constatada, orientada a impedir la reiteración de actos que comprometan nuevamente la honra y el desenvolvimiento empresarial de la afectada, sin interferir en la libertad del recurrido para ejercer sus acciones legales en las sedes que correspondan. Tal equilibrio impone, como medida razonable, ordenar al recurrido abstenerse de remitir nuevos correos, mensajes, material audiovisual o ficcionado que atribuya delitos o faltas de probidad a la empresa recurrente, o que exponga su reputación ante terceros ajenos al conflicto contractual, así como prohibir formas de difusión pública que proyecten, sin fundamento en un procedimiento formal, imputaciones capaces de reiterar la lesión constitucional ya acreditada.

De este modo, la protección se dirige específicamente a evitar la reiteración de conductas comunicacionales abusivas, sin impedir el desarrollo de las acciones civiles o penales que el recurrido estime pertinentes y sin afectar la tramitación de los procedimientos que actualmente se encuentren en curso. Tal es el alcance cautelar que resulta adecuado para restablecer el imperio del derecho y brindar protección efectiva al derecho fundamental vulnerado en autos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por Constructora ECORA S.A., en contra de don nombre reservado y de la sociedad nombre reservado Sp, debiendo abstenerse de efectuar nuevas imputaciones delictivas respecto de Constructora ECORA S.A. ante terceros ajenos al conflicto contractual para con el recurrente, mientras no exista investigación o resolución formal que así lo determine.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2074-2025 (PROT)