INVORG LIMITADA con TESORERIA PROVINCIAL CALAMA

Antofagasta, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Don Bernardo Yevenes Carvajal, abogado, actuando en representación de la Sociedad denominada Inversiones Orellana González Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, en la ciudad de Antofagasta, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Tesorería Provincial de Calama, representada por el Tesorero Provincial Subrogante don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado en la ciudad de Calama, por realizar actos que amenazan, perturban y/o privan la garantía constitucional establecida en el numeral 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, pues, en forma arbitraria otorgó convenio por el total de la deuda en circunstancias que se indicó convenio parcial, haciéndose imposible su cumplimiento por las altas sumas de dinero exigida, y requiere que se ordene a la Tesorería Provincial de Calama otorgar el debido convenio y condonación parcial, con las costas del recurso.

En su informe la Tesorería Provincial de Calama solicitó el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente de protección señala que con fecha 25 de mayo de 2017 la Tesorería Provincial de Calama rechazó la solicitud de condonación y convenio parcial respecto de la deuda que la empresa recurrente mantiene con la Tesorería Provincial de Calama, toda vez que la empresa mantendría ciertos incumplimientos que impedirían otorgar el convenio en la forma solicitada, de conformidad con el artículo 192 del Código Tributario y la Circular N° 1 del año 2017 publicada en el sitio web de la Tesorería General de la República. Agrega, que con fecha 22 de junio del presente año solicita reconsideración de la solicitud de condonación y convenio y acompaña nuevos antecedentes justificativos de su comportamiento tributario y económico, y la recurrida con fecha 27 de junio del presente, resuelve cursar el convenio por el total de la deuda, por la suma de $246.327.645, indicando que se trataría de un convenio parcial.

Explica que el acto arbitrario fue la resolución que curso el convenio, infringiendo lo previsto en el artículo 192 del Código Tributario y la Circular N° 1 del 2017 que en su Capítulo II, N° 1 señala las políticas de convenios conforme a la facultad establecida en el artículo en comento, permitiendo al Tesorero General establecer normas o criterios de general aplicación con el fin de dar la posibilidad al contribuyente de pagar sus deudas morosas en un plazo de hasta 24 meses, definiéndose los siguientes parámetros para acceder al beneficio de convenio de pago, por la totalidad de la deuda y parcial o por folios, lo que es complementado por la Resolución Exenta N° 340 de fecha 26 de febrero de 2016, por lo que resulta irracional que la Tesorería curse un convenio y condonación manifestando que es parcial, cuando en los hechos lo hace por el total de la deuda, lo que produce la imposibilidad de su cumplimiento considerando los graves problemas económicos que se le informaron.

Refiere que la aplicación estricta de la normativa legal administrativa que regula la materia no implica cercenar de modo alguno la facultad del Servicio de Tesorería para ejecutar su mandato legal, pues el contribuyente sólo está ejerciendo los derechos que la ley y la Constitución le otorgan, pagar sus deudas tributarias de la mejor forma posible para la continuidad de la actividad económica.

Además indica que se infringe el principio de eficiencia y eficacia de actos administrativos establecido en el artículo 3° de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 7° de la Constitución Política de la República de Chile, que establece que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, toda vez que al existir una Resolución y Circular que establecen criterios generales para obtener convenios y condonaciones, y no como lo hace la resolución normas que ignora de forma arbitraria ya que indica que se trata de un convenio parcial cuando en realidad es por el total de la deuda.

Señala que lo obrado por la recurrida importa afectación a las garantía constitucional establecidas en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República de Chile, por el trato discriminatorio en comparación con los miles de contribuyentes que en igual o peores condiciones han accedido a condonación y convenios, así como contribuyentes con convenios vencidos o bloqueados por el Servicio de Impuestos Internos que han accedido a condonación y convenio parcial en su caso.

Por lo expuesto, el recurrente solicita se ordene a la Tesorería Provincial de Calama otorgar el debido convenio y condonación parcial, con las costas del recurso.

SEGUNDO: Que Tesorería Provincial de Calama, en su informe, solicita el rechazo del recurso de protección con costas. Explico que la deuda fiscal que mantiene en la actualidad el recurrente versa sobre los formularios N° 21 y N° 22 por un total de $276.985.147 incluidos los reajustes, intereses y multa, y la solicitud de convenio y condonación presentada primeramente manifestaba que sólo podía pagar un pie de $20.000.000, y cuotas de $2.000.000, peticionando en definitiva que se diera en forma total o parcial y en los plazos y condiciones que el Tesorero determine, la que fue rechazada en base al comportamiento evidenciados en sistema de cumplimiento de convenios anteriores que registraban 3 caducidades por no pago, con posterioridad la recurrente solicito reconsideración de la resolución y acompañó nuevos antecedentes, teniendo sustento normativo en los artículos 190 y 192 del Código Tributario y la Circular N° 1 y 130 de la Tesorería General de la República, alegando que la propia Circular señala que un mal contribuyente se le puede otorgar convenio parcial con 30% de pie y 12 cuotas y finaliza peticionando que este convenio se diera en la forma de total o parcial y en los plazos y condiciones que el Tesorero determine sobre los formulario número 21 folio 1738432, folio 1738436, folio 1773986, folio 164077322 y formulario número 22 folio 240207956. Así las cosas, señala que con fecha 27 de junio de 2017 dieron lugar a la reconsideración y otorga el convenio en los términos descritos en el tercer visto considerando de la misma resolución, esto es, por los formularios y folios peticionados y con un pie de 30% y 12 cuotas.

Precisa que el recuro de protección se debe declarar inadmisible por la existencia de recursos e instancias administrativas destinadas a solucionar el conflicto, y porque se dirige en contra de actos administrativos que ya se encuentran bajo el imperio del derecho, los que sólo se puede dejar sin efecto de oficio o a petición de la parte interesada por los medios y recursos idóneos ante la misma institución que los dicto.

Agrego que el actuar de la Tesorería Provincial como Juez Sustanciador se encuentra dentro de las esfera de sus atribuciones en conformidad con lo establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

También indica la recurrida que a la luz de la “Teoría de los actos propios” toma especial relevancia la conducta del recurrente, por cuanto no puede sostener posteriormente por motivos de propia conveniencia una posición distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto que recurre, por lo que deben primar las consecuencias jurídicas de la primera conducta y rechazarse la pretensión de protección que se invoca y que implica cambio de conducta que no debe ser aceptada.

Alegó asimismo la falta de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, y que el artículo 192 del Código Tributario le concede la facultad de otorgar o denegar celebrar convenios y otorgar condonaciones de deudas tributarias y/o fiscales.

Por último indico que no se advierte que se le haya dado un trato discriminatorio y que haya impedido a la recurrente la suscripción de un convenio de pago, y que en el caso que el contribuyente deseaba un convenio particular y especial fuera de las normas generales establecidas, debió haber incoado la solicitud conforme a los criterios dado por la Circular N° 198 que contempla la modalidad de convenio de pago especial (Full), aquel cuyo pie y cuotas mensuales se ajustan a las reales posibilidades económicas del deudor las que deberán cubrir el total de la deuda morosa pudiendo dejarse la cuota final el saldo que no logre ser pagado con 23 cuotas previas, otorgándose a los contribuyentes que acrediten que se encuentren en una situación socio-económica compleja o bajo circunstancias calificadas que le impidan acogerse al convenio de pago tradicional.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En el presente caso, el recurso de protección en análisis dice relación con lo obrado por la Tesorería Provincial de Calama perjudicando el derecho garantizado en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República de Chile del recurrente, al dar un trato discriminatorio, por otorgar un convenio por el total de la deuda por la suma de $246.327.645, indicando que se trataría de un convenio parcial, y que hace imposible su cumplimiento.

CUARTO: Que para resolver en el presente recurso se debe tener presente el artículo 192 del Código Tributario, norma que por cierto no es imperativa, sino facultativa, en orden a lo que se establecen en su inciso 1° y 2° “El Servicio de Tesorería podrá otorgar facilidades hasta de dos años, en cuotas periódicas, para el pago de los impuestos adeudados, facultad que ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución. Facúltese al Tesorero General para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa y judicial, mediante normas o criterios objetivos y de general aplicación, que se determinarán por dicho Servicio.” Asimismo, refuerza el criterio anterior el inciso 3° de la letra d del artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías al decir “Del mismo modo el Servicio podrá otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos de créditos del Sector Público, de acuerdo a las modalidades establecidas en el Código Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del crédito. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante norma o criterios de general aplicación”. De las normas citadas se desprende que es facultativo para Tesorería acoger o rechazar la solicitud de convenio y condonación.

QUINTO: Que, por otro lado, también es necesario tener presente que se observa en el escrito de solicitud de condonación y convenio parcial de pago solicitado por la recurrente a la Tesorería recurrida que fue respecto de los giros formularios 21, folios 1640773, 1738432, 1738436, 1773986, formularios 22 folio 240207956, todos de un total de $269.771.550, cuya solicitud no se dio lugar a un nuevo convenio en la resolución de fecha 25 de mayo de 2017, cuyos fundamentos fueron por figurar tres convenios caducados dando cuenta el comportamiento irregular del contribuyente en materia de cumplimientos tributarios, sumado que no figuran declarados y pagados los dos últimos formularios 29 del contribuyente, y al solicitar reconsideración la recurrente se le otorga un convenio de pago, esto es, por el total de los formularios solicitados $246.327.645, cuyo porcentaje de cuota inicial al contado es el 30% del total y el resto pagado en 12 cuotas, lo que coincide con lo propuesto en el escrito de reconsideración, así el Servicio de Tesorería al otorgar el convenio considero todos los folios adeudados y por los cuales se efectuaron las peticiones.

Ahora bien, de lo obrado por Tesorería Provincial de Calama aparece procedente su actuar y que fue ajustado a la ley y no arbitrario, toda vez que las dos resoluciones dictadas fueron debidamente fundadas y dentro de sus competencias y facultades para otorgar o denegar condonación y convenios de pagos; más aún considerando que el Servicio le otorgó en la última resolución de reconsideración convenio de pago al contribuyente por los folios solicitados, no observándose arbitrariedad o ilegalidad en su proceder y mucho menos discriminación arbitraria en el trato otorgado.

SEXTO: Que, entonces, en mérito de los antecedentes que constan en autos y de lo señalado en los considerandos anteriores, no puede reprocharse que el actuar del Servicio de Tesorería de otorgar la solicitud de convenio de pago sea ilegal, ni mucho menos arbitraria, en la medida que se ha ejercido una facultad legal y conforme al procedimiento reglamentario pertinente. En estas condiciones, no puede considerarse que se haya afectado la garantía constitucional invocada por la recurrente, por lo que se procede desestimar el recurso por falta de fundamentos, sin costas, puesto que no se estima conveniente dicha carga al deducir el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 192 del Código Tributario, y artículos 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y artículos 20 y 19 número 22 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por Inversiones Orellana González Limitada, en contra de la Tesorería Provincial de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2074-2017 (PROT)