nombre reservado con UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA LABORAL EXOTICA

Antofagasta, a siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que comparece don Juan Emmanuel Delgado Campos, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, casado, pensionado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de Unión Deportiva Laboral “Exótica”, organización comunitaria funcional de carácter deportivo, RUT RUT reservado, con personalidad jurídica inscrita en el Registro Civil bajo el N°21771 de fecha 29 de mayo de 1991, representado legalmente por su presidente, don nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o quien legalmente lo subrogue o reemplace, por el acto ilícito y arbitrario consistente en la aplicación de la sanción de despojarlo del cargo de tesorero del directorio de la recurrida, perdiendo tal calidad, vulnerando gravemente sus derechos garantizados en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto la sanción de cesación del cargo de Tesorero, recuperando íntegramente el mismo; y, que la recurrida se abstenga de realizar nuevos actos u omisiones que perturben o priven las garantías constitucionales reconocidas por el ordenamiento jurídico al actor.

Informó la recurrida, Unión Comunal Liga Deportiva Laboral Exótica, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Principia el recurrente, señalando que el presente recurso tiene como objeto, revertir los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, consistentes en la aplicación, al actor, de la sanción de despojarlo del cargo de tesorero en el Directorio de la Liga, con fecha 03 de septiembre del año en curso, situación que se mantendría hasta la época de interposición de la presente acción.

Relata que, la Unión Comunal Liga Deportiva Laboral “Exótica” o “La Liga”, es una organización comunitaria funcional de carácter deportivo, con personalidad jurídica, regida por la Ley N°19.418, cuyos estatutos se encuentran adecuados a lo dispuesto por la Ley N°19.712 y en el DS N°59 de 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La Liga tiene por objeto representar y promover los valores e intereses específicos resultantes de la práctica deportiva, dentro de la comuna de Calama; procurar a sus socios oportunidades de desarrollo personal, convivencia, salud y protección comunal; desarrollar entre sus socios la práctica y fomento del deporte en general y del futbol y voleibol femenino en particular; promover la participación de la comunidad en actividades deportivas, y promover el mejoramiento moral e intelectual de sus miembros.

Que, el actor ha formado parte de la institución desde el año 1976, y ha tenido cargos en distintas asociaciones deportivas, así como distintos cargos en el Directorio de la recurrida, formando incluso parte de la Comisión Revisora de Cuentas de la Liga, periodo en el cual, ha participado activamente en sus actividades, cumplimiento con las obligaciones establecidas en los estatutos, siempre actuado apropiada y coherentemente.

Hace presente que, en las elecciones de Directorio celebradas el 25 de mayo de 2024 fue elegido en el cargo de tesorero con 17 votos y, que la sanción impuesta es sumamente cuestionable, pues el actor ha cumplido de forma íntegra sus funciones y no ha cometido una falta grave que amerite tal sanción.

Precisa que, los fundamentos que se tuvieron en consideración para acordar su sanción, dicen relación con que, en agosto de 2024 recibió un llamado citándolo a una reunión con el Directorio y, que una vez ahí, se le informó que existía una grabación de audio de él sosteniendo una conversación telefónica con una tercera persona, en la cual se refería a miembros de la Liga, situación que molestó al Directorio, y en especial a la secretaria de la recurrida, quien incluso manifestó que iniciaría acciones legales en su contra fundada en la Ley Karin. Que, en dicha reunión se le solicitó la renuncia a su cargo, a lo que el actor se negó, pues la grabación se habría realizado sin su autorización y se trató de una llamada personal, que en nada vulnera o infringe alguna norma de los Estatutos de la Liga o de la ley.

Añade que, el 02 de septiembre de 2024, el Directorio citó de manera urgente para el día siguiente, fijando como único punto a tratar la “Falta grave de un miembro de la directiva de la mesa central”, reunión en la que se reprodujo la grabación realizada al actor a los socios de la Liga, y posteriormente, a solicitud del presidente del Directorio, se decidió aplicar la sanción del término inmediato de su cargo de Tesorero de la Liga.

Indica que, el actor ha solicitado en diversas oportunidades se le entregue copia del acta de la reunión de presidentes en que se decidió su destitución, pero se ha negado reiteradamente a entregársela.

Arguye que, la grabación telefónica del actor y su posterior reproducción a los miembros de la recurrida, vulneró gravemente los derechos de privacidad e intimidad del recurrente, comportamiento que no es jurídicamente, social ni moralmente aceptable e inclusive es constitutivo de delito según lo establecido en el artículo 161 A del Código Penal.

En dicho contexto, sostiene que el acuerdo adoptado en su contra incurrió en graves vicios por la sanción aplicada contraria a derecho, pues debió hacerse a través del procedimiento establecido en los Estatutos (de existir uno), o mediante el procedimiento recogido en el artículo 24 de la Ley N°19.418.

Enfatiza que, se debió considerar en un análisis la configuración de la causal de expulsión, a saber, la falta grave de un miembro de la directiva de la mesa central. Que los actos del actor no constituyen falta grave ni de ningún tipo en contra del directorio ni de la recurrida, considerando que, los antecedentes en los que se sustenta la supuesta falta grave, fueron obtenidos vulnerando los derechos del recurrente; que tampoco se han cumplido las garantías procesales mínimas dispuestas en la ley a fin de garantizar un justo y racional procedimiento.

En cuanto al derecho, se remite a las garantías constitucionales que alega conculcadas, citando variada jurisprudencia al efecto, destacando, particularmente sobre aquella consagrada en el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que, la recurrida al sancionar al actor y despojarlo de su cargo, estaría ejerciendo jurisdicción, ya que estaría afectando derechos de terceros, debiendo fundar su actuar en un proceso previo legalmente tramitado, conforme lo señalado en la propia ley N°19.418, la que se indica que sólo se podrá despojar a un dirigente de su cargo por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto, actuando la recurrida en el caso de marras, como una comisión especial. Mientras que, sobre el derecho a propiedad que también alega transgredido, éste se estaría afectando al haber sido privado el recurrente sobre el cargo de tesorero que ejercía en al directorio respectivo.

Que, la acción denunciada no cumplió con los requisitos legales, al no tener ni siquiera la oportunidad de efectuar sus descargos, es precisamente lo que constituye dicho actuar en uno ilegal y arbitrario. Ello, con relación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°19.418 y al artículo 18 letra d) del mismo cuerpo legal, toda vez que, los estatutos no contemplan un procedimiento especial para la remoción de un miembro del directorio de su cargo, sino que solo establece un procedimiento general para la aplicación de sanciones.

SEGUNDO: Informó, don Rolando Frez Tapia, abogado, en representación de la recurrida, Unión Comunal Liga Deportiva Labora Exótica, al tenor de recurso, instando por su rechazo.

En primer lugar, opuso la excepción de caducidad de la acción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, que contempla un plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Que, en la especie, el recurrente tuvo conocimiento de los hechos de los que se le acusó, con fecha 08 de agosto de 2024, oportunidad en la que el presidente de la organización recurrida le informó que habían tomado conocimiento de una serie de expresiones peyorativas que verbalizó al interior de sus dependencias, tratando de payaso al presidente de la Unión; de cabeza de agua a otro director y de boliviana, chuqui, a la secretaria de la liga, quien en su calidad de trabajadora de la liga presentó las denuncias correspondientes ante la Inspección del Trabajo.

En dicho contexto, sostiene que con fecha 20 de agosto de 2024, el recurrente le informó verbalmente al directorio de la recurrida que renunciaba al cargo de tesorero, producto de las conductas en las que incurrió, referidas en el párrafo anterior. Así, el día 22 de agosto del presente, el actor a propósito de su renuncia verbal manifestada al directorio, hizo entrega de todos los documentos que mantenía en su cargo de tesorero, oportunidad en la que hizo presente que, el documento escrito donde constaba su renuncia se le habría quedado en su casa, pero lo llevaría al día siguiente.

Precisa que, con fecha 03 de septiembre pasado, y debido a que el ex tesorero de la liga no presentó por escrito su renuncia, se celebró la asamblea extraordinaria en la que se aprobó la censura del recurrente en su cargo de tesorero de la organización. Y, que con fecha 03 de octubre del año en curso, el actor interpuso el presente recurso, transcurriendo 55 días corridos desde que el actor tomó conocimiento de los hechos fundantes de su acción.

Como segunda alegación, sostiene que existe un procedimiento especial para impugnar las decisiones o elecciones de la organización, que no es precisamente el recurso de protección, pues, la recurrida es una organización comunal regida por sus estatutos y en lo no previsto por ellos, por las disposiciones contenidas en el Decreto 58 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, destacando su artículo 25, para sostener, que la reclamación del recurrente debió ser presentada ante el Tribunal Regional Electoral respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N°2 de la Ley N°18.593, habida consideración que, el cargo de tesorero lo asumió don nombre reservado.

Asimismo, alega la ausencia de un derecho indubitado, que impide hacer lugar a la presente acción, y que si bien se señalan garantías constitucionales conculcadas, nada se dice en la forma que se habría afectado aquella del N°2; destacando que respecto del N°3 no se encuentra íntegramente resguardo por el recurso de protección, sino que únicamente cuando existe vulneración al inciso 5° de dicho numeral.

Igualmente, alega ausencia de vulneración de las garantías alegadas por el recurrente, lo que también importa un rechazo del recurso. Que, al actor se le aplicó la sanción de censura en calidad de tesorero del directorio de la recurrida, conservando la calidad de socio al interior de la organización. Ello, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 58, al no indicar nada en dicho respecto los estatutos respectivos.

Precisa que, el día 03 de septiembre de 2024, a las 18:45 Hrs., se llevó adelante la asamblea extraordinaria en la que participaron 17 asistentes, se votó la censura del tesorero de la directiva, previo debate en el que participó el actor. Aprobándose la censura por 14 presidentes, rechazando la moción solo 3, por lo que se cumplió con la exigencia de quorum que impone el artículo 24 letra d) del decreto 58, pues se requería sólo que 11,333 presidentes votaran en favor de la moción. Que, en contra de dicha decisión, el actor pudo comparecer ante el Tribunal Electoral Regional dentro del plazo de 15 días hábiles, lo que no hizo, por lo que la resolución de la asamblea se encuentra firme y ejecutoriada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, conforme se extrae del libelo recursivo, la controversia de autos radica determinar si el actuar de la recurrida, consistente en haber aplicado la sanción de censura al recurrente en su calidad de tesorero respecto del directorio del cual formaba parte, se torna ilegal y arbitraria en virtud de los fundamentos esgrimidos por el actor. Que, según el actor, dicha sanción resultaría ser totalmente contraria a derecho, y que de haberse querido aplicar, debió hacerse a través del procedimiento establecido en los estatutos, en caso de existir, o mediante el procedimiento recogido en la Ley N°19.418.

SEXTO: Que, previo a entrar en el fondo de la controversia, corresponde primeramente pronunciarse sobre la alegación de caducidad y/o extemporaneidad de la acción deducida por la recurrida, fundada básicamente en el hecho que, el actor habría tomado conocimiento de los hechos fundantes de su acción, a lo menos, el día 08 de agosto del año en curso, en circunstancias que, la presente acción se impetró el 03 de octubre de los corrientes.

Que, tal como se razonó en el considerando anterior, el hecho que se reprocha como ilegal y arbitrario, consiste justamente en la aplicación de censura respecto del cargo de tesorero que ejercía el actor en la organización recurrida, resultando no ser un hecho controvertido que la misma se aplicó con fecha 03 de septiembre de 2024, en la celebración de la asamblea extraordinaria fijada únicamente con el objeto de discutir la “Falta grave de un miembro de la directiva de la mesa central”, argumento suficiente para rechazar la presente alegación. Ello, aun cuando, y tal como lo indica la Unión Comunal de autos, el actor durante el mes de agosto haya manifestado una renuncia voluntaria al cargo en cuestión y la cual no se habría concretado, pues como se dijo, lo reprochado a través del ejercicio de la presente acción es la sanción aplicada que se tradujo en su destitución del cargo para el cual había sido electo, sin que exista controversia alguna que la misma fue acordada en aquella asamblea del 03 de septiembre recién pasado.

SÉPTIMO: Ahora bien, sobre el fondo, y en atención a lo sostenido por las partes en sus respectivas presentaciones, no resulta ser un hecho controvertido que el actor efectivamente ejercía el cargo de tesorero en la Unión Comunal Liga Deportiva Laboral “Exótica” y, que producto de dichos proferidos de su parte contra el presidente de la organización, otro director y de la secretaria de la misma, se habría decidido, en asamblea extraordinaria fijada al efecto, aplicar la sanción de censura en contra del recurrente, hecho acaecido el 03 de septiembre de 2024.

En el mismo sentido, tampoco ha sido discutido que la recurrida es una organización comunitaria, constituida conforme a la Ley N°19.418, actualmente Decreto N°58, resultándole aplicable en cuanto a su regulación y organización, además de sus estatutos, el referido cuerpo normativo.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que, si bien el actor no indica ni reconoce en su recurso el tenor de sus dichos, si reconoce la existencia de una grabación respecto de una conversación telefónica que habría sido obtenida sin su autorización, en la que se referiría a miembros de “la liga”.

OCTAVO: A su turno, la recurrida sostiene que, sus estatutos nada dicen respecto del proceso de censura, por lo que de forma supletoria resulta aplicable en la especie el procedimiento establecido en el Decreto N°58, en virtud del cual ajustó su actuar, indicando los motivos que se tuvieron en vista por los asistentes a la asamblea fijada con el fin de discutir la conducta imputada al actor, en relación con los dichos sobre miembros de la organización, lo que constituiría una “falta grave”. Que, finalmente el resultado de dicha asamblea habría arrojado como resultado a favor de aplicar la sanción de censura un total de 14 votos, contra 03 que pretendía rechazarla, dando cumplimiento, según indica, al quorum impuesto por el artículo 24, letra d) del Decreto N°58.

NOVENO: Que, como se dijo, la principal alegación del recurrente obedece a que la sanción aplicada resultaría ser totalmente contraria a derecho, por cuanto debió seguirse, en caso de existir, el procedimiento establecido en sus estatutos, o mediante el procedimiento recogido en la Ley N°19.418. Junto con ello, alega que la grabación en la que constarían sus dichos y que dio origen al procedimiento en su contra, aplicándole la sanción de censura, habría sido obtenida sin su autorización por tratarse de una llamada de carácter personal, cuya reproducción a los demás miembros de la liga habría vulnerado gravemente sus derechos de privacidad e intimidad, lo que incluso sería constitutivo del delito previsto en el artículo 161 A del Código Penal.

Mientras que, la recurrida sostiene que su actuar se enmarcó dentro del procedimiento establecido al efecto, el que por lo demás no se encuentra en sus estatutos, sino que en el actuar Decreto N°58, obrando en consecuencia.

Es así, que en la especie, no se vislumbra la existencia de un derecho indubitado que permita la intervención de esta Corte en los términos previstos por el legislador, sino que por el contrario, se requiere de un análisis más profundo y acucioso del caso en cuestión donde se puedan ponderar los antecedentes a través de un procedimiento declarativo y de lato conocimiento que permita la rendición de prueba al efecto a fin de que cada parte pueda probar sus aseveraciones, sin las restricciones propias de un procedimiento como el de autos.

DÉCIMO: Asimismo, se comparte lo sostenido por la recurrida, en orden a la carencia en que incurre el libelo recursivo con relación a las garantías constitucionales que se alegan transgredidas, particularmente aquella del artículo 19 N°2 y N°24, en las que el actor únicamente se limitó a esbozarlas.

Mención a parte amerita la garantía constitucional del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que, la única garantía que puede ser amparada a través del ejercicio de la presente acción con relación a dicho numeral, es aquella contenida en el inciso 5°, la de juez natural, no siendo posible establecer de los presupuestos fácticos invocados por el recurrente, la existencia de una vulneración a dicha garantía constitucional, máxime cuando, la sanción de censura aplicada al actor se enmarca en virtud de lo dispuesto en el artículo 24, letra d), del Decreto 58 que fija el texto coordinado y sistematizado de la Ley N°19.418.

Que, en cuanto a la alegación vertida en estrados por el recurrente, en orden a no haberse remitido carta de citación para asistir a la asamblea extraordinaria celebrada el 03 de septiembre recién pasado, lo cierto es, que emitir pronunciamiento en dicho respecto, excede los fines propios en atención a su naturaleza cautelar y de urgencia, tal como se ha indicado precedentemente.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha sostenido esta Corte, habida consideración que las medidas solicitadas por el actor para efectos de restablecer el imperio del derecho dice relación con dejar sin efecto la sanción aplicada en su contra, ordenándose la recuperación íntegra de su cargo en la institución recurrida, lo que implicaría necesariamente la remoción de su miembro actual, quien asumió el 03 de septiembre del año en curso, ello corresponde a materias cuya reclamación compete al Tribunal Electoral Regional, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley N°18.593.

UNDÉCIMO: Corolario de lo anterior, resultado evidente que lo peticionado en marras excede las facultades de esta Corte para intervenir a través de la presente acción, ante la no existencia de derechos indubitados, ni actos que pueden ser catalogados como ilegales o arbitrarios por parte de la recurrida que transgredan, vulneren o conculquen las garantías constitucionales invocadas por el actor, no cabe sino disponer el rechazo del recurso de autos, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Julio Emmanuel Delgado Campos, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Unión Comunal Liga Deportiva Laboral Exótica.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2069-2024 (Protección)