nombre reservado con DELEGACIÓN PRESIDENCIAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a doce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Jacqueline Elizabeth Santander Miranda, abogada, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, actuando en su favor, y Daniel Guevara Cortés, abogado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Antofagasta y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, representada por la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta nombre reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios en la dictación de la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022 y su posterior desalojo y demolición ocurrido el 18 de agosto de 2022, vulnerándose las garantías constitucionales consagradas en los N° 1,2,3,4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en relación a los artículos 6,7 y 76 de la misma Carta Fundamental.

Informó la recurrida, solicitó el rechazo de las acciones, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección se cimentó, en síntesis, en contra de la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, que requirió administrativamente la restitución de la propiedad fiscal, fundamentándose en la potestad que tendría la delegada provincial en el artículo 4 letra H) de la Ley N° 19.175 de 1992, sobre Gobierno y Administración Regional.

Refieren que la zona norte del país, en especial la Región de Antofagasta, presenta poca disponibilidad de terrenos no fiscales, lo que es una de las principales causas del déficit y los problemas habitacionales que aquejan a la zona. Es así, que en el sector Balneario El Huáscar, durante los últimos años se han instalado distintas personas en terrenos fiscales, procediendo incluso a la construcción de viviendas, lo que ha estado en conocimiento de la delegada presidencial. Refieren que se instalaron en un inmueble fiscal ubicado en suelo urbano de la comuna de Antofagasta, en el sector denominado Balneario El Huáscar, amparado por la inscripción que rola a fojas 3497 vuelta, bajo el número 3775, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2014.

En el caso de la actora nombre reservado, refiere haber ocupado una superficie de 509,68 m2, que se encuentra fuera del plano del loteo del Huáscar (N° 02101-7.906 C.U.), no ubicándose en ninguna área verde. En ese lugar instaló una casa habitación, consistente en un primer piso con una base de estructura metálica y un segundo piso con instalación de madera prefabricada, con un valor de $6.800.000 aproximado, además procedió a cercar el sector que ocupaba, lo que fue fruto de su esfuerzo y trabajo, recurriendo incluso a un crédito bancario para adquirir la vivienda, siendo la única que tenía en propiedad. Es así como intentó regularizar el inmueble fiscal y para ello presentó solicitud de arriendo bajo expediente administrativo 2AR20923, ingresado con fecha 23 de mayo del año en curso, pero la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta decidió no acoger la postulación requerida para uso habitacional, mediante Resolución Exenta N° E-28289, de 25 de julio de 2022. Sin embargo, antes del cierre de la postulación de arrendamiento, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022. Indicó que en contra de la última citada resolución con fecha 18 de julio del año en curso interpuso recurso de reposición con superior jerárquico en subsidio, el que fue rechazado por la Delegación Presidencial Regional, a través de la Resolución Exenta N° 743, de 11 de agosto de 2022, sustentando el rechazo en la decisión del de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta de 25 de julio de 2022, la que es posterior a la resolución recurrida. Añade que también fue rechazado el recurso jerárquico interpuesto por la Subsecretaría del Interior en Resolución Exenta N° 2698, de 18 de agosto de 2022. Luego, el 29 de julio ingresó nuevamente solicitud de arriendo, las que fueron rechazadas por la Resolución Exenta N° E-33711 y Resolución Exenta N° E-33710, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, de fecha 19 de agosto de 2022, las que fueron notificadas el 22 de agosto del año en curso, es decir, con posterioridad al desalojo y destrucción de las viviendas emplazadas en el territorio fiscal.

Es así, que el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, le notifican de la Resolución Exenta N° 2698, de la Subsecretaría del Interior, que resuelve el recurso jerárquico, en ese momento ella comienza a explicarles que se encontraba pendiente una tramitación de arriendo fiscal y sin mediar violencia fue detenida por Carabinero de Chile, es así que su casa habitación fue arrasada completamente destruida con maquinarias pesadas, sin verificar si en el inmueble se encontraban moradores y sin saber el paradero todavía de los bienes muebles que guarnecían su hogar y sin poder ingresar al sector donde tenía construida su vivienda ya reducida a escombros.

En el caso del actor nombre reservado, refiere haber ocupado un terreno de aproximadamente unos 70 x 25 metros, dentro del cual construyó una instalación destinada a uso habitacional y comercial, con un costo de aproximadamente $5.882.500, además erigió un portón de 15 x 2,20 metros y procedió a emparejar y nivelar el terreno para construir un radier de 6 x 10 metros aproximadamente, lo que significó costos de aproximadamente de $2.800.000. Refiere que presentó solicitud de arriendo bajo el expediente administrativo 2AR20959, ingresado el 27 de mayo de 2022, pero la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta decidió no acoger la postulación requerida para uso habitacional, mediante la Resolución Exenta N° E-28285, de 25 de julio de 2022. Sin embargo, antes del cierre de la postulación de arrendamiento, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022. Indicó que, sin perjuicio que no le fue notificada, interpuso en contra de la citada resolución con fecha 18 de julio del año en curso un recurso de reposición con superior jerárquico en subsidio, el que fue rechazado por la Delegación Presidencial Regional, a través de la Resolución Exenta N° 745, de fecha 11 de agosto de 2022, sustentando el rechazo en la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta de 25 de julio de 2022, la que es posterior a la resolución recurrida. Añade que también fue rechazado el recurso jerárquico interpuesto por la Subsecretaría del Interior en Resolución Exenta N° 2699, de 18 de agosto de 2022.

Posteriormente, el 29 de julio del presente año ingresó nuevamente solicitud de arriendo y al día de hoy no ha sido notificado de ninguna resolución que rechace o acepte la postulación, sin embrago, el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, las maquinarias comenzaron a derribar la vivienda de doña nombre reservado, refiere que él se encontraba dentro de la vivienda de ella, pero tuvieron que salir corriendo por la parte trasera ante el derrumbe, resultando ilesos. En lo que respecta a su casa no fue destruida, pero fue desarmado o desmantelado el portón que permitía el ingreso al sitio que él ocupaba, lo que permitió la sustracción de distintos materiales y herramientas que tenía almacenado en el lugar.

Respecto del actor nombre reservado, refiere haber ocupado unos 500m2, construyendo un inmueble habitación de distintos materiales, siendo los principales bloques y lozas, constaba de un único piso y contenía distintos bienes muebles que detalla, cuyo valor aproximado, incluido el cerco era de $43.000.000. Refiere que presentó solicitud de arriendo bajo el expediente administrativo 2AR21113, ingresado el 16 de junio de 2022, pero la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta decidió no acoger la postulación requerida para uso habitacional, mediante la Resolución Exenta N° E-28287, de 25 de julio de 2022. Sin embargo, antes del cierre de la postulación de arrendamiento, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022. Indicó que en contra de la última resolución citada interpuso recurso de reposición con superior jerárquico en subsidio, el que fue rechazado por la Delegación Presidencial Regional, a través de la Resolución Exenta N° 744 de fecha 11 de agosto de 2022, sustentando el rechazo en la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta de 25 de julio de 2022, la que es posterior a la resolución recurrida. Añade que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros vecinos del sector, no ha sido notificado de resolución alguna de la Subsecretaría del Interior con respecto al recurso jerárquico, sin perjuicio de lo anterior, ingresó el 05 de agosto de 2022 nuevamente solicitud de arriendo, sin ser todavía notificado de ninguna resolución. Ahora bien, el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, las maquinarias comenzaron a derribar la vivienda de doña nombre reservado, refiere que él se encontraba dentro de la vivienda de ella, pero tuvieron que salir corriendo por la parte trasera ante el derrumbe. En lo que respecta a su vivienda también fue destruida con maquinarias pesadas, que era la contigua a la primera derrumbada, sin saber el paradero de los bienes muebles que guarnecían su hogar y sin poder ingresar al sector donde tenía construida su vivienda ya reducida a escombros, fallando los controles de la autoridad, quienes no custodiaron el lugar para evitar las sustracciones.

En el caso del actor nombre reservado, refiere haber construido una casa habitación de 12 metros de frente por 10 metros de fondo, la que tenía 6 habitaciones amobladas, dos baños completamente equipados, living y comedor amoblados, construida con materiales sólidos, de bloques, losa y radier, lo que tuvo un costo aproximado de $60.000.000. Refiere que presentó solicitud de arriendo bajo el expediente administrativo 2AR21432, ingresado el 29 de julio de 2022, pero la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta decidió no acoger la postulación requerida para uso habitacional, mediante la Resolución Exenta N° E-33713, de 19 de agosto de 2022, la que le fue notificada recién el 23 de agosto de los corrientes. Sin embargo, antes del cierre de la postulación de arrendamiento, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022, resolución que no le fue notificada en ningún momento, por lo que no pudo interponer los recursos que la ley permite. Ahora bien, el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, las maquinarias comenzaron a derribar la viviendas del sector, incluida la suya reduciéndola a escombros, fue destruida completamente, sin saber el paradero de los bienes muebles que guarnecían su hogar y sin poder ingresar al sector donde tenía construida su vivienda ya reducida a escombros, fallando los controles de la autoridad, quienes no custodiaron el lugar para evitar las sustracciones.

En el caso del actor nombre reservado, refiere que procedió a cercar unos 500m2, el que consistía en unas panderetas de pastelón, contando con un portón que permitía el acceso a ese loteo, lo que tuvo un costo aproximado de $5.000.000. Indicó que no alcanzó a construir una casa habitación u otra instalación, pero sí almacenaba diversos materiales de construcción y herramientas que estaban dispuestos para la construcción de una casa habitación en ese lugar. Refiere que presentó solicitud de arriendo bajo el expediente administrativo 2AR21318, ingresado el 20 de julio de 2022, sin tener noticias del resultado de su postulación. Sin embargo, antes del cierre de la postulación de arrendamiento, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022, resolución que no le fue notificada en ningún momento, por lo que no pudo interponer los recursos que la ley permite. Ahora bien, el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, las maquinarias comenzaron a derribar la viviendas del sector, incluido el portón que fue arrancado, quedando sus herramientas y materiales a merced de terceros inescrupulosos, sin poder acercarse al lugar, sin saber el paradero de los bienes muebles, fallando los controles de la autoridad, quienes no custodiaron el lugar para evitar las sustracciones.

En el caso del actor nombre reservado, refiere que procedió a cercar una porción del terreno, construyendo panderetas hasta formar un polígono, las panderetas eran de pastelón y contaba con un portón que permitía el acceso al loteo, lo que tuvo un costo de aproximadamente $3.000.000, y señaló que no alcanzó a construir una casa habitación. Refiere que presentó solicitud de arriendo bajo el expediente administrativo 2AR21337, ingresado el 21 de julio de 2022, pero la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta decidió no acoger la postulación requerida, mediante la Resolución Exenta N° E-33717, de 19 de agosto de 2022, la que le fue notificada recién el 23 de agosto de los corrientes. Sin embargo, la Delegación recurrida dicta la Resolución Exenta N° 660, de fecha 13 de julio de 2022, la que fue notificada incluso con fecha posterior al día 18 de agosto cuando fue desalojado. Ahora bien, el día 18 de agosto de los corrientes, las autoridades, encabezadas por funcionarios de la Delegación Presidencial, encontrándose la prensa en el lugar e incluso el alcalde de Antofagasta, las maquinarias comenzaron a derribar las viviendas del sector, incluido el portón que fue arrancado y parte de la pandereta que cercaba el sitio.

Sostuvieron la ilegalidad de la Resolución Exenta N° 660-2022, de 13 de julio de 2022, de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, que ordena la restitución administrativa de la propiedad raíz fiscal, ubicada en área verde 10 y al sur del loteo el Huáscar, según plano ministerial N° 02101-7906-C-U, coordenada UTM 352778, 7373345, entre sector el Huáscar y acceso a Roca Roja, comuna y provincia de Antofagasta y del consecuente desalojo material con auxilio de la fuerza pública del mismo terreno fiscal, con fecha 18 de agosto del año en curso, porque funda la recurrida su actuar en el artículo 4 letra H) de la Ley N° 19.175, de 1992, sobre Gobierno y Administración Regional, que faculta al Delegado Presidencial exigir administrativamente la restitución de los bienes del Estado, en concreto los bienes nacionales de uso público. Es así que la disposición no es tan amplia como parece, ya que no se refiere a todos los bienes nacionales, sino que exclusivamente a los bienes nacionales de uso público, lo que ha sido refrendado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, a saber, en las sentencias Rol 36.664-2021, de 03 de agosto de 2021 y Rol 88.979-2021, de 05 de agosto de 2022 -las que trascriben-. En este sentido, indicaron que no sería aplicable a los bienes fiscales, por eso es determinante distinguir la naturaleza jurídica del bien raíz objeto del acto administrativo ilegal. Sostienen que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 589 del Código Civil, el inmueble objeto de la controversia es un bien fiscal y no un bien nacional de uso público, lo que es reconocido por la recurrida y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta. Por lo anterior, la orden de restitución resulta ilegal, porque se debió proceder en cuanto a la restitución conforme a lo previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y en consecuencia la Delegación se encuentra impedida de ejercer la atribución contenida en la letra h) del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Indicaron que para obtener válidamente la restitución debieron haber interpuesto las acciones posesorias establecidas en el Titulo IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, según se establece en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1977, lo que en estos casos no ocurrió, lo que no satisface las exigencias del debido proceso, quebrantando la institucionalidad y el principio de separación de poderes del Estado, porque la Administración se está atribuyendo potestades jurisdiccionales, propias de los tribunales de justicia.

Estimaron que la Delegación Presidencial recurrida no se ajustó a derecho en su actuar, ya que existe una situación de posesión de los actores, en forma regular y pacífica, sin violencia o clandestinidad, por lo que existe una situación de hecho, una posesión consolidada que está siendo turbada ilegalmente por el recurrido, teniendo una solicitud de arrendamiento fiscal pendiente al momento de la dictación de la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, máxime considerando que al momento del desalojo y demolición existían nuevas solicitudes de arrendamiento pendientes de resolución, por lo que no se ha respetado el correcto proceso administrativo, puesto que no es racional desalojar y demoler viviendas en un terreno mientras se tramitan solicitudes de arriendo del mismo. Refieren que el Ministerio de Bienes Nacionales puede en cumplimiento de órgano administrador de los bienes del Estado, otorgar concesiones de uso oneroso o arrendamientos fiscales, siendo también un órgano saneador, así, por ejemplo, a través del D.L. 2695. En algunos casos, el Ministerio de Bienes Nacionales ha decidido celebrar contratos de arrendamientos sobre terrenos fiscales, reconociendo que los solicitantes son ocupantes irregulares que no han pagado rentas anticipadamente y, en consecuencia, establecer un monto de pago por la ocupación, no existiendo un criterio racional para hacer la distinción, lo que deviene en una arbitrariedad.

Asimismo, estimaron que desconoció lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, pues sabían la recurrida y el Ministerio de Bienes Nacionales que había personas desde hace tiempo asentándose y construyendo sobre terrenos fiscales, lo que cobra especial importancia debido a que entre ellos se ha reconocido el principio del constitucionalización del derecho civil, norma de rango legal que es superior en jerarquía como un Decreto Ley.

Señalaron que el actuar de la recurrida Delegación Presidencial no solamente es ilegal y arbitraria, sino que además es desproporcional e irracional, al desconocer la realidad habitacional del país y específicamente la del Norte del País, donde el suelo es casi de un 80% de propiedad fiscal.

En lo que respecta a las garantías constitucionales vulneradas sostuvieron que serían las consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24, detallando específicamente la forma en la que ha ocurrido -a su juicio- dichas vulneraciones.

Por último, solicitaron que se declare que la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, al dictar la Resolución Exenta N° 660-2022, de 13 de julio de 2022, seguida del desalojo y demolición del 18 de agosto de los corrientes, ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dictándose las medidas que se consideren necesarias para restablecer el pleno imperio del derecho, ordenando que cese la privación, perturbación o amenaza de la recurrida, declarando que dichos actos y actuaciones carecen de eficacia y, por consecuencia, validez, por haber actuado fuera de las competencias que se otorga la Ley y que se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 660-2022, de 13 de julio de 2022, de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, ordenándose sancionar o se sirva a disponer el inicio de los procedimientos sancionatorios en contra de las autoridades de la Delegación recurrida, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Rodrigo Meriño Meriño, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo con costas de los recursos. Indicó que con fecha 12 de mayo de 2022, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, realizó una fiscalización al inmueble individualizado en Ficha N° 1362216, Área Verde 10 y al sur del Loteo El Huáscar, plano N° 021017906-C-U, Coordenadas UTM 352778; 7373345; Sector entre el Huáscar y Acceso a Roca Roja, Antofagasta, con una superficie fiscalizada estimada de 12,328,00 m2, cuya estimación comercial alcanza las 9.862 UF. Así se constató la ocupación ilegal de tomas de tipo habitacional, casas de veraneo y/o segundas viviendas, los cuales se sobreponen a calle proyectada y área verde 10, del plano N° 02101.7906-CU y además sobre una gran superficie al sur de dicho plano ministerial, según informa Bienes Nacionales se observa al menos tres sitios, en el cual el más consolidado (ocupación 1) es una construcción de albañilería de bloque de hormigón en primer piso, con revestimiento de piedra, segundo piso de tabiquería con techumbre de calamina, el lote es de 20 metros x 24 metros y la superficie construida es de al menos 144 m2, tiene cierre perimetral completo de pastelón de hormigón armado, así los tres sitios poseen cierre perimetral y dos de ellos no tienen moradores y uno de ellos recién ha construido un piso de albañilería de bloque de hormigón. En la referida fiscalización se le dejó a una persona que se identificó como trabajador notificación N° 1656 y 1657 de fecha 12 de mayo de 2022, a fin de que los ocupantes adjunten antecedentes de dicha ocupación.

Respecto a la ocupación 2, colindante al sur del AV10, se observa una larga fachada de pastelones de hormigón armado con evidentes muestras de trabajo de nivelación de terreno, para terminar de cerrar el perímetro completo del total de la ocupación, se dejaron pegadas las notificaciones N° 1658 y 1659 de fecha 12 de mayo de 2022. Es así que, en el mes de enero de 2022, se informó la ficha de fiscalización ID 1351414, la cual informó la ocupación ilegal sobre AV10 y proyección de la calle. En este contexto, a través del oficio N° SE02-000683-2022, de 25 de enero de 2022, se solicitó el desalojo de la ocupación a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, dictando esta última la Resolución Exenta N° 371-2022.

Indicó que, conforme al Plan Regulador Comunal vigente de Antofagasta, se observa que la ocupación se emplaza en dos zonas, Zona C-1d y Zona E-10, la primera corresponde a la Zona Sub Centro Turístico Comunal y la segunda corresponde a la Zona Área Verde No Edificable, se permite el uso de áreas verdes, se prohíbe el asentamiento humano. Por ello se recomendó por parte de la Unidad de Fiscalización solicitar a la Delegación Presidencial de Antofagasta, la restitución del inmueble fiscal, amparado por la inscripción fiscal que rola a fojas 3497 vuelta, bajo el número 3775, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2014 y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para cobros por ocupación.

Señaló que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, mediante ORD.SE02 N° 3368/2022, solicitó desalojó del inmueble denominado Área Verde 10 y al sur del Loteo El Huáscar, plano N° 021017906-C-U, Coordenadas UTM 352778; 7373345; Sector entre el Huáscar y Acceso a Roca Roja, de la comuna de Antofagasta con una superficie fiscalizada estimada de 12.328,00 m2, cuya estimación comercial alcanza las 9.862 UF. Por esa razón la Delegación en usos de sus atribuciones legales y en virtud de la solicitud, dictó la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, y el 15 de julio del año en curso, funcionarios de la Delegación Presidencial en compañía de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta y personal de la dotación policial se personaron en el predio a requerir administrativamente la restitución de la propiedad fiscal individualizada, a lo cual los ocupantes de los inmuebles se opusieron.

Explicó que, la recurrente nombre reservado, su argumento para sostener el recurso de reposición y jerárquico se basó en que se encontraba en trámite desde el 23 de mayo de 2022 una solicitud de arriendo fiscal, fue así que consultado a Bienes Nacionales, refieren que resolvieron negativamente la solicitud de arriendo.

Lo mismo respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, quienes también sostuvieron en sus recursos de reposición, que se encontraban en trámite desde el 16 de junio de 2022 y 27 de mayo de 2022, respectivamente, una solicitud de arriendo, por ello que consultado a Bienes Nacionales, refieren que resolvieron negativamente las solicitudes, por lo anterior resolvieron rechazar los recurso de reposición y elevar los antecedentes al Señor Subsecretario de Interior, quien se adhirió a lo resuelto por la Delegación y rechazó los recursos jerárquicos con fecha 18 de agosto de 2022.

En el caso del recurrente nombre reservado, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta rechazó la solicitud de arriendo, por las razones que constan en la Resolución Exenta N° E.33713. Indicó que no ha presentado recurso alguno ante la Delegación Presidencial en contra de la Resolución Exenta N° 660/2022.

Explicó que en el caso del recurrente nombre reservado, al contrario de lo que sostiene, la solicitud de arriendo ingresada el 20 de julio de 2022, se encuentra resuelto y notificado con fecha 22 del corriente, así la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta rechazó la solicitud de arriendo, por las razones que constan en la Resolución Exenta N° E.33719. Añadió que no se ha interpuesto recurso alguno ante la Delegación Presidencial en contra de la Resolución Exenta N° 660/2022.

Así en el caso del recurrente nombre reservado su solicitud de arriendo ingresada el 21 de julio de 2022 fue rechazada y se encuentra notificada, por los motivos plasmados en la Resolución Exenta N° E-33717. Añadió que no se ha interpuesto por parte del recurrente algún recurso en contra de la Resolución Exenta N° 660/2022.

Sostuvo que, tratándose de desalojos de inmuebles del Estado, existen 3 normas centrales, a saber, el artículo 4° literal h) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959, Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República y el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, que dispone normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

Tras citar lo dispuesto en los artículos 110 y 116 de la Carta Fundamental, señaló que a la provincia de Antofagasta le corresponde a la Delegación Presidencial Regional ejercer las funciones y atribuciones del Delegado Presidencial Provincial.

Es así que el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 1° señala “El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza”. Asimismo, la referida norma en su artículo 2 letra o) señala que el delegado presidencial podrá “Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones”. Por otro lado, el artículo 4° señala que “El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente, h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

Así el Decreto Ley 1939, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del estado, en su inciso primero y segundo del artículo 19° establece “La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso. Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.”

Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 en su artículo 26 letras e) y f) inciso primero dispone. El Gobernador tendrá las siguientes atribuciones.

e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común;

f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley.

Por las normas citadas, refiere que la autoridad regional se encuentra facultada por ley para solicitar administrativamente la restitución de los inmuebles fiscales que se encuentren en los supuestos que las normas indican, por lo que la Resolución Exenta recurrida se encuentra pronunciada conforme a derecho.

Indicó que más allá del encargo especial que la ley le otorga a la autoridad respecto de los bienes nacionales de uso público, nada en la norma autoriza para hacer la distinción que pretenden los recurrentes, precisamente por la definición legal, porque no puede pretender el intérprete que cuando la norma habla de “todo empleo ilegitimo que entrabe su uso común” se esté refiriendo exclusivamente a los bienes nacionales de uso público, pero aún en ese entendido, lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, concurre otra hipótesis prevista en la norma, la existencia de una ocupación ilegal, que autorizan la actuación administrativa directa de la autoridad. Es así que la circunstancia que el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939, establezca que tratándose de ocupantes ilegales de bienes raíces fiscales podrán ejercerse las acciones posesorias establecidas en el Titulo IV del libro III del Código de Procedimiento Civil, no altera lo señalado, ya que como la misma norma indica, esta facultad que la ley concede a la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales, lo es: “sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales (entiéndase Delegados).

Expuso que la resolución impugnada se encuentra además establecida en lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22, del año 1959, cuerpo legal plenamente vigente, que establece que el Gobernador Provincial dispone de una serie de facultades, entre otras, artículo 26 “f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley.”

En este sentido, indicó que no es efectivo que el Decreto Ley N° 1.939, de 1976, derogara tácitamente la normativa señalada en el párrafo anterior, pues se limitó a indicar, en el contexto del proceso de regionalización que entrara en vigencia ese mismo año, que las atribuciones y deberes que la legislación vigente señala para los intendentes provinciales y Gobernadores departamentales, debían ser ejercidas por los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, mientras no se dictaren normas definitivas en la materia, lo que no puede predicarse en términos absolutos con pretensión de exclusión de cualquier otro texto normativo, ocurriera con la dictación de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, pues la misma como su nombre lo indica, se limitó a fijar el marco general aplicable a las autoridades respectivas, pero sin pretensión de exclusividad o exclusión de otra normativa.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 22 del año 1959, ha sido legalmente modificado sucesivamente, la última vez por la Ley 20.537, del año 2011, por lo que debe concluirse que en aquello que no ha existido manifestación legislativa se encuentra plenamente vigente y nada autoriza pensar que fuera derogado el año 1977 por el D.L. 1.939 y/o Ley 19.175. Por la misma razón, debe desestimarse la existencia de una derogación orgánica por la dictación de la Ley 19.176, y todavía más cuando de la mera lectura del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 da cuenta que regula una serie de materias, más allá de las cuestiones orgánicas de dichos órganos de la administración.

Estimó que, establecida las facultades, debe descartarse que su aplicación pueda calificarse de arbitraria, más en consideración que la mera conservación fiscal constituye razón suficiente para ello.

Alegó que la mera existencia de diversas ocupaciones ilegales en la ciudad no otorga título de ocupación y menos puede considerarse que el Estado haya realizado actos que originaran en los ocupantes la legitima confianza de que existía la voluntad estatal que permanecieran en el lugar.

Explicó que las edificaciones que se hacen en un terreno pertenecen al dueño de éste, por ser inmuebles por adhesión conforme a las reglas del Código Civil, por lo que los recurrentes no tienen titularidad alguna sobre el inmueble fiscal ni sobre alguna edificación en predio fiscal, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley 1.939. Además, añade que serían poseedores irregulares y de mala fe, por lo que la posesión alegada no es tal.

Por último, refiere que la exigibilidad del acto recurrido fue en virtud del artículo 51 de la Ley 19.880, lo que se concretó 33 días luego de su notificación. Indicó que las acciones perdieron oportunidad y eficacia, por lo que por ese sólo motivo se deberá desechar y considerando que la Iltma. Corte carece de facultades legales para sancionar administrativamente a la administración del Estado.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste su ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la narración fáctica de las acciones se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 660-2022, de 13 de julio de 2022, de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, ordenándose sancionar a la misma por las dictaciones de actos ilegales y arbitrarios, lo que incluye su posterior ejecución de desalojo y demolición en contra de los recurrentes.

SEXTO: Que cabe tener presente la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, de la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, que resolvió: “1.-REQUIÉRASE ADMINISTRATIVAMENTE A UN GRUPO DE PERSONAS DE DIFICIL INDIVIDUALIZACIÓN, TERCEROS DE QUIENES SE IGNORAN MAYORES ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN, ocupantes ilegales de la propiedades fiscal que habitan y/o usufructúan ubicadas en esta ciudad, AREA VERDE 10 Y AL SUR DEL LOTEO EL HUSCAR, SEGÚN PLANO MINISTERIAL N° 02101-7906-C-U,COORDENADA UTM 352778;7373345, SECTOR ENTRE EL HUSCAR Y ACCESO A ROCA ROJA, COMUNA Y PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, conjuntamente con todos sus ocupantes y cualquier tercera persona extraña que pudiese estar ocupando indebidamente los bienes inmuebles en referencia, a fin de que efectúen su restitución, en forma inmediata de realizada la notificación de la presente resolución, por carecer de derecho alguno para tal beneficio; 2.-En caso de no cumplir con lo ordenado, se actuará debida y seguidamente a los actos de notificación, con el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario y/o hubiere oposición de los actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega de los inmuebles; 3.-NOTIFÍQUESE a los ocupantes ilegales, de difícil individualización, entregándoles copia autorizada de la presente Resolución de desalojo administrativo de bien fiscal; 4.- Asimismo, notifíquese a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Antofagasta, para que preste la colaboración y facilite los medios materiales adecuados y necesarios para proceder al desalojo decretado, sea por si o a través de otros organismos públicos y/o municipales. 5.-OFÍCIESE a este respecto a Carabineros de Chile-Prefectura de Antofagasta, para que proceda a realizar las notificaciones correspondientes y cumpla forzadamente con el desalojo requerido, si hubiere lugar, tomando todas y cada una de las medidas sanitarias y de prevención previstas para tal efecto.” (sic)

SÉPTIMO: Que no existe controversia que la propiedad ocupada por los recurrentes es el inmueble individualizado en la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, de propiedad fiscal y que no existe actualmente a su favor una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a la ley, pues las solicitudes de arriendo que ingresaron, fueron rechazadas por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mediante Resoluciones Exentas respectivas.

Por otra parte, se desprende que fueron notificados los ocupantes de difícil individualización el día 15 de julio del presente año, en la forma indicada en la resolución recurrida, porque los recurrentes que ejercieron sus recursos de reposición y superior jerárquico lo confirman. Es un hecho no discutido que los recursos de reposición deducidos por los actores Sra. nombre reservado, Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado fueron rechazados, así como también los recursos superiores jerárquicos el día 18 de agosto del año en curso, esto es, el mismo día en que se procedió a ejecutar la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, que disponía el desalojo y en su numeral 2.- “En caso de no cumplir con lo ordenado, se actuará debida y seguidamente a los actos de notificación, con el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario y/o hubiere oposición de los actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega de los inmuebles.”

OCTAVO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que el artículo 4º de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, dispone que “El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas”. Su inciso segundo agrega que: “El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente”. Además, sus letras d) y h) señalan, respectivamente: “d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.”; y, “h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

Por su parte la letra b) del artículo 2 del mismo cuerpo legal, dispone que “Corresponderá al delegado presidencial regional: b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;” “c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;” y “o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.”

Además, la Carta fundamental en su artículo 116 establece: “En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.

Corresponde al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el delegado presidencial regional y las demás que le corresponden.”

NOVENO: Que, por otro lado, el inciso segundo del artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, previene que: “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales”. A continuación, su inciso tercero preceptúa que: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”.

Ahora bien, la citada norma no es incompatible ni obstaculiza el ejercicio de las obligaciones establecidas en la letra h) del artículo 4 de la Ley 19.175 -Ley posterior- en orden a ejercer el delegado presidencial provincial la vigilancia de los bienes del Estado e impedir su ocupación ilegal.

DÉCIMO: Que, entonces, conforme a las normativas citadas, se corrobora que la recurrida -Delegación Presidencial Regional de Antofagasta- tiene dentro de sus obligaciones velar por la adecuada vigilancia de los bienes del Estado, por el respeto al uso a que están destinadas, debiendo impedir su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común, pudiendo exigir administrativamente su restitución cuando proceda.

En este sentido, sobre la base de tal facultad y por la solicitud precedente del ORD.SE02 N° 3368/2022, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, que solicitó desalojo del inmueble fiscal, se motivó la dictación de la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022.

En efecto, la recurrida tiene la obligación de vigilancia de los bienes del Estado e impedir su ocupación, norma establecida por el legislador en un sentido amplio y genérico al decir “bienes del Estado”, por lo que se entienden incluidos los bienes fiscales, esto se colige por su sentido literal de la propia norma, pues al decir “especialmente de los nacionales de uso público”, no significa que deban ejercer exclusivamente dicha facultad sobre únicamente los bienes nacionales de uso público, por lo que se entiende que la norma incluye los bienes del Estado en general sin hacer distinción o exclusión. Es en razón de aquello, que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta le solicitó a la Delegada Presidencial Regional que ejerciera su facultad de solicitar la restitución administrativa y procediera a desalojar a los ocupantes ilegales del inmueble de propiedad fiscal.

DÉCIMO PRIMERO: Que conviene asentar que el acto recurrido ha sido dictado en conformidad a las atribuciones conferidas a la Delegación Presidencial Regional, pues su intervención ha sido requerida y motivada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en el marco de sus facultades legales, solicitud que aparece debidamente fundada en los antecedentes de hecho aportados por la fiscalización practicada.

Por otra parte, es evidente que los recurrentes no gozan de título o autorización, definitiva ni temporal, para ocupar el inmueble fiscal.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, la recurrida actuó dentro del marco de sus facultades y atribuciones, con fundamento plausibles, legales y razonables, otorgando a los afectados la posibilidad de recurrir y justificar sus alegaciones, dictando finalmente en cada caso resoluciones debidamente fundadas, basadas a su vez en los argumentos esgrimidos por los recurrentes que en parte decían en relación, que se encontraban en tramitación sus solicitudes de arriendo de la propiedad fiscal -no porque no gozara la Delegación Presidencial Regional la facultad para decretar el desalojo del inmueble fiscal-, que evaluaron los antecedentes aportados, por lo que bajo ningún respecto puede sostenerse que el actuar es ilegal y arbitrario, máxime si procedieron a la ejecución de la resolución que ordenaba el desalojo una vez resuelto los tres recursos superiores jerárquicos que fueron interpuestos por tres de los recurrentes.

En efecto, de los antecedentes aportados se puede concluir que existió oposición por parte de los ocupantes recurrentes el día 15 de julio de 2022, así como el día 18 de agosto del presente año, por lo que se procedió al auxilio de la fuerza pública para lograr el desalojo y demolición de las edificaciones emplazadas sobre la propiedad fiscal y de la cual no querían restituir los ocupantes.

DÉCIMO TERCERO: Que los recurrentes para justificar su oposición al desalojo expusieron que se encontraban en tramitación de nuevas solicitudes de arriendo ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, lo que no es óbice para cumplir con lo dispuesto en la resolución recurrida, sumado al hecho que existían vigentes resoluciones exentas que ya habían rechazado las solicitudes de arriendo, debidamente fundadas. Es decir, se puede desprender que con el fin de evitar la ejecución de la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, se ingresaron nuevamente solicitudes de arriendo, con posterioridad al 13 de julio del presente año, lo que demuestra la actitud contumaz de los ocupantes ilegales para no cumplir con lo ordenado mediante la resolución exenta de la autoridad administrativa, quien ha obrado en usos de sus facultades legales. Es más, el actuar de la recurrida no se avizora caprichoso ni antojadizo, en desmedro de ellos solamente frente a otros ocupantes ilegales, pues se debe recordar que le precede el acto administrativo debidamente fundado en los hechos y en el derecho, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, que pudo constatar mediante fiscalización la ocupación ilegal sobre la propiedad fiscal de una gran extensión de terreno con una superficie de 12.328,00 m2, sobre el Área verde 10 y al Sur del Loteo el Huáscar, según Plano Ministerial N° 02101-7906-C-U,Coordenada UTM 352778;7373345, sector entre el Huáscar y acceso a Roca Roja, Comuna y Provincia de Antofagasta, por lo que solicitó en usos de sus facultades al órgano administrativo el desalojo del inmueble fiscal.

DÉCIMO CUARTO: Que en lo referente a la afectación con el acto de demolición de las edificaciones y bienes muebles de su propiedad -a juicio de los recurrentes- y existiendo controversia sobre el dominio de los mismos, por las alegaciones esgrimidas por la recurrida, se debe tener presente que las acciones deducidas de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, por lo que al existir discusión del dominio de los mismos no existirá pronunciamiento, por no ser esta una vía declarativa de derechos.

DÉCIMO QUINTO: Que descartada la concurrencia en la especie de un acto arbitrario o ilegal, no corresponde analizar la eventual conculcación de garantías constitucionales, constituyendo éste motivo suficiente para rechazar las acciones intentadas.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde dejar asentado que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar o de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados de las cuales los recurrentes en este caso no son titulares de ninguna de ellas, ya que se reconoce implícitamente en sus recursos que sobre las vías de hecho, sin autorización o permiso ocuparon ilegalmente y contrario a derecho una gran extensión de terreno con una superficie de 12.328,00 m2 y edificaron sobre el mismo, al margen de toda regulación urbanística, en una zona que se encuentra prohibido construir conforme al Plano Regulador Comunal de Antofagasta, por lo que necesariamente se deberá rechazar las acciones deducidas.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que se condenará en costas a los recurrentes por haber resultados todos ellos totalmente vencidos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, CON COSTAS, los recursos deducidos por Jacqueline Elizabeth Santander Miranda, abogada, actuando en su favor y por el abogado Daniel Guevara Cortés, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

ROL 20.650-2022 (PROT) (Acumulados los recursos de protección Roles N° 20.708-2022; 20.707-2022; 20.813-2022; 20.849-2022; 20.989-2022)