INVERSIONES CUMBRES DE ALTOS CALAMA con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS -

Antofagasta, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Tejada Castillo, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA, sociedad de giro inmobiliario, Rut N° RUT reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, torre cobre, oficina 1306, Calama, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Antofagasta, representada legalmente por nombre reservado, arquitecto, en su calidad de Director Regional de Vialidad, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado el acto ilegal y arbitrario el día 19 de julio de 2022, denominado “Informe de Expropiaciones N° 34”, pide que se ordene el inicio de un procedimiento de regularización y formalización de la expropiación, según lo establecido en el Decreto Ley N°2186 y se oficie a la Tesorería General de la República, para que suspendan el cobro de contribuciones por el área ocupada por avenida Circunvalación o las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Evacúa informe el recurrido, instando por el rechazo del recurso.

Evacua informe el Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en contra del informe de expropiación N° 34, de 19 de julio de 2022, que fue dictado por la Directora Regional (S) de Vialidad Ximena Saavedra, en el proceso N° 16153969, en el marco de la solicitud SIAC código AM001W-0095899, que rechazó la solicitud de regularización y formalización de la expropiación de la faja del Lote A-Dos, que es de propiedad de Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA.

Expone que Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA -Altos de Calama- es una empresa inmobiliaria que se dedica a la compra de terrenos para el desarrollo de proyectos de loteo o habitacionales. Es así que es propietaria del Lote A-DOS, el cual está ubicado en la Avenida Circunvalación s/n, de la ciudad de Calama, Región de Antofagasta, ubicado geográficamente entre los kilómetros 116.400 y 116.910 aproximadamente de la Ruta N° 25, en el tramo denominado Avenida Circunvalación. Indicó que el rol de avalúo fiscal es el N° 05200-00028 y el dominio se encuentra inscrito a nombre de Altos de Calama a fojas 2.257 N° 1.803, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama, del año 2019, la que fue adquirida en razón de un contrato de compraventa que fue suscrito con Inversiones e Inmobiliaria Villa Nueva S.A., mediante escritura pública de fecha 30 de agosto de 2019, por su parte, la Inmobiliaria Villa Nueva S.A. adquirió el terreno con fecha 05 de agosto de 2010, por compraventa al Sindicato de Trabajadores Supervisores Rol A de la empresa Codelco Chile, División Codelco Norte. El LOTE A-DOS tiene una superficie de 13,40 hectáreas.

Indicó que es un hecho público y notorio que al interior de los deslindes de la propiedad se encuentra emplazada una porción de la conocida Ruta 25-Avenida Circunvalación de la ciudad de Calama, la que se empezó a construir el año 2003 y finalizó el año 2008. Refiere que se trata de una ocupación material o de facto, pues no ha estado amparada por el derecho, sin ningún título de ocupación. Por su parte, el certificado N° 137 que fue emitido el 11 de mayo de 2022 por la Dirección de Obras de Calama, ratifica que el Lote A-DOS no se encuentra afecto a utilidad pública. El área total de la ocupación irregular abarca una faja total de terreno aproximadamente 20.070 metros cuadrados, sin sumar el área de protección que usualmente estas obras públicas reservan para futuras ampliaciones o ensanches.

Por otro lado, el Lote A-DOS se ubica en un área de expansión urbana, específicamente en la zona ZU-1 del Plan Seccional El Topáter, por lo que se trata de un suelo que es urbanizable, donde se puede subdividir y construir con fines habitacionales.

Indicó que, desde el mes de junio del año 2020, por la Ley de Transparencia que ha venido solicitando al Ministerio de Obras Públicas y al Departamento Provincial de Vialidad del Loa de Calama información sobre los procesos expropiatorios o la constitución de servidumbres, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria. Por lo anterior, el 30 de junio de 2022 ingresó un escrito solicitando formalmente a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas iniciar los trámites que sean necesarios para la regularización y formalización de la expropiación de la faja del Lote A-DOS, pidiendo oficiar al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República, para que dichas entidades se abstengan de seguir cobrando el impuesto territorial, esto es, contribuciones por aquella porción del Lote A-DOS que se encuentra irregularmente ocupado por la avenida Circunvalación. Fue así que la Dirección de Vialidad de la Región de Antofagasta con fecha 19 de julio de 2022 dictó el informe de expropiación N° 34 que señaló: “En virtud del art. 26 del D.F.L 850/1997, que se conoce como Ley de Caminos, “todo camino que éste o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido, y que esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio. En cuanto a la solicitud de informar a Tesorería General de la República, respecto del terreno Rol de Avalúo N° 5200-28, de la Comuna de Calama, “cabe señalar que actualmente el certificado detallado de este inmueble indica que la propiedad se encuentra en trámite de subdivisión total y que tiene asociada una superficie de 51.620 m2 de terreno. Por lo tanto, actualmente el Lote A-2 ya no registra en SII 13,40 HAS, tal como se indica en la presentación”.

Expuso que en virtud del informe solicitaron una reunión de Lobby con la recurrida para tratar de entender el contenido del informe, la que se llevó a cabo el 04 de agosto del año en curso, con la presencia del Director Regional de Vialidad, quien manifestó que el Informe de Expropiaciones N° 34 es un acto administrativo terminal que puso término al procedimiento iniciado con la solicitud, además indicó que no se puede iniciar un procedimiento administrativo expropiatorio, pues debe ser discutido en tribunales, utilizando el procedimiento judicial que es descrito en el Decreto Ley N°2186/1978, también conocido como Ley de Expropiaciones. Sin embargo, el Decreto Ley citado en su artículo 9 otorga la posibilidad de reclamar únicamente en contra del “acto expropiatorio”, por lo que al no existir dicho acto no sería procedente. Así el artículo 34 letra a) señala que podrá ser dejado sin efecto el acto cuando su extracto no sea publicado en el plazo previsto, pero el problema es la inexistencia del acto expropiatorio, por lo que utilizar el Decreto Ley N°2186 no sería la vía idónea para reclamar o solicitar la regularización, por lo que no queda más -a su juicio- que solicitar a esta Corte que ordene el inicio de un procedimiento administrativo expropiatorio que permita regularizar la ocupación del Lote A-DOS y la posterior dictación de un “acto expropiatorio”.

Detalla que se estaría vulnerando su garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y los artículos 889 y siguientes del Código Civil y la garantía consagrada en el artículo 19 N° 21, pues le impide desarrollar algún proyecto inmobiliario sobre buena parte del Lote A-DOS.

Añade que el acto recurrido es deficiente en su motivación y fundamentación, siendo un requisito formal de validez, pero también es una exigencia de fondo, por lo que se torna en un acto antojadizo y arbitrario.

Por último, solicitó que se ordene el inicio de un procedimiento de regularización y formalización de la expropiación según lo establecido en el Decreto Ley N° 2186 y que se oficie a la Tesorería General de la República para que suspendan el cobro de contribuciones por el área ocupada por la avenida Circunvalación o las medidas que se estimen para asegurar el resguardo de las garantías constitucionales.

SEGUNDO: Que informa por la recurrida nombre reservado, Director Regional Vialidad de la Región de Antofagasta, instando por el rechazo del recurso de protección. Expone que el recurrente solicitó consulta en el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana -SIAC-, que tiene por objetivo enlazar al Ministerio de Obras Públicas con la ciudadanía, en este contexto, el día 07 de julio de 2022 ingresó su consulta sobre solicitud de regularización y formalización ingresada en la Dirección de Vialidad de la expropiación faja del Lote A-DOS, ubicada en la ciudad de Calama, y señaló que es efectivo que el día 19 de julio de 2022 se emite Informe de Expropiaciones N° 34, mediante el cual la Dirección Regional de Vialidad emite respuesta en conformidad a los lineamientos contenidos en el Ord. N° 1495, de 07 de agosto de 2018, que instruye sobre aplicación de procedimiento sobre obtención y emisión de “informe de no expropiación”, a través del cual se establece si una propiedad se encuentra o no afecta a una expropiación por parte de la Dirección de Vialidad. Fue así que el informe recurrido advierte: “A la petición de regularización haciendo referencia al artículo 26° del DFL N°850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL N°206 de 1960, “Todo camino que esté o hubiere estado en uso o público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido” y “Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio”. Agrega a la respuesta otorgada a la consulta, “en cuanto a la petición de informar a Tesorería General de la República la superficie que ocuparía la ruta 25 Ch, para efecto de impuesto territorial respecto al Rol de Avalúo N°5200-28, de la Comuna de Calama, cabe señalar que actualmente el certificado detallado de este inmueble indica que la propiedad se encuentra en trámite de subdivisión total y que tiene asociada una superficie de 61.620 mts2 de terreno. Por lo tanto, actualmente el Lote A-2 ya no registra en SII 13,40 HÁS, tal como se indica en la presentación”.

Indicó que mediante certificación contenida en Informe N°34, la Dirección de Vialidad establece la situación actual de faja de Lote A-DOS, ello por cuanto tratándose la Ruta 25 de una vía que permite la transitabilidad a los ciudadanos de la nación, se presume de esta estructura vial su carácter de pública, ello por cuanto la normativa contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL N°206 de 1960, contempla la presunción simplemente legal respecto del carácter de bien nacional de uso público de aquellas vías que estén o hubieran estado abiertos al uso púbico en todo el ancho que éstas tengan o hayan tenido. Sin embargo, dicho precepto no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio, por lo que se confiere la carga de la prueba en aquel particular que reclama su derecho de dominio.

Expone que lo anterior se encuentra plena y latamente reconocido por la jurisprudencia administrativa emanados de la Contraloría General de la República, contenida en pronunciamientos N°27.805 de 1991, N°21.634 de 2001. Este último dictamen establece que el inciso primero del artículo 26 del DFL 850, dispone que los caminos que estén o estuvieron en uso público se presumirán públicos en todo su ancho y la Dirección de Vialidad ordenará o hará cumplir su reapertura o ensanche, cuando se requiera, cualquiera sea el tiempo por el cual el camino estuvo sustraído al uso público, de modo que esta presunción exige que el camino preste servicio a la generalidad de la población, sin que considere que los terrenos no sean de dominio de un particular para aplicar la presunción, sino que, después de establecerse las predichas condiciones, se salva el derecho de los eventuales perjudicados para reclamar judicialmente su dominio.

Refiere que, por lo demás, la solicitud ingresada por el recurrente no fue lo suficientemente clara y con antecedentes consistentes con lo indicado en cuanto al rol y cabida asociada, omitiendo señalar que en la reunión sostenida en agosto, se le aclaró que las acciones que debía iniciar el titular del derecho de dominio que se considere actualmente perjudicado de un emplazamiento de una ruta de uso público y en el caso de encontrarse en la hipótesis contempladas en el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, corresponde a un juicio de lato conocimiento, el cual mediante un pronunciamiento judicial ordene alzar la inscripciones, ordene inscripciones o subinscripciones modificatorios al dominio vigente que resulten pertinentes y conforme a la real cabida de la propiedad.

Estimó que no han emitido un acto infundado de negativa a la regularización de la situación de ocupación expuesta, sino que ha constatado una situación que se encuentre contemplado dentro del ámbito de su competencia.

Así la Ruta 25 emplazada en la Provincia de El Loa, cuyo rol ha sido consignado y declarado camino nacional, mediante Decreto MOP DV N° 121, de fecha 19 de febrero de 2009, se encontraba emplazada antes de ser adquirida en dominio por el requirente -lo que debió advertir previamente mediante levantamiento topográficos-, y que mediante Decreto MOP N° 1463, de 03 de agosto de 2002, declara camino público en las áreas urbanas de la II Región de Antofagasta, a las calles o avenidas que indica, incorporando a la Ruta 25, con un trazado desde cruce longitudinal (Carmen Alto)-Calama.

Finalmente solicita que se rechace con costas, por no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias de vulneraciones de los derechos fundamentales, tratándose de un asunto de lato conocimiento en la que mediante un pronunciamiento judicial se producen efectos en la cabida del predio denominado Lote A-DOS.

TERCERO: Que informó el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de la Provincia El Loa-Calama, en calidad de suplente, sobre los antecedentes registrales esgrimidos por el recurrente y que dicen relación con un faja de terreno que cruza su propiedad, la que corresponde a la avenida Circunvalación de la ciudad de Calama.

Es así que conforme a la inscripción de fecha 30 de agosto de 2019, rolante a fojas 2257 N° 1803, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces El Loa-Calama, Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA es titular inscrita y vigente de un inmueble ubicado en esta ciudad, denominado Lote A-2, el que conforme a plano protocolizado en el Registro de documentos de propiedad correspondiente al año 2016 y bajo el número 3907, tiene una superficie aproximada de 13,40 hectáreas, con los siguientes deslindes y medidas: Al norte: en 169,958 metros, 22,225 metros y 199.870 metros con lote A-1; al sur: en 349,162 metros, con terreno de otros propietarios; al oriente: en 119,108 metro, 126, 047 metros y 38,669 metros, con terrenos de otros propietarios; y, al poniente: en 229,80 metros, 159,20 metros y 11,50 metros con lote B y 84,66 metros, 19,05 metros, con terrenos de otros propietarios.

El inmueble singularizado es producto de una subdivisión materializada por medio de un plano debidamente protocolizado con el número 3907 del Registro de documentos de propiedad correspondiente al año 2016; el señalado inmueble era parte de uno mayor denominado “Topater”, inmueble que fue singularizado por el que en su momento fuese titular inscrito y vigente, amparado por inscripción de fojas 414 vta. Nº 253 del año 1973 bajo el número 13. Dicha singularización se verificó por medio de un plano protocolizado bajo el Nº 875 del año 2000, con una superficie de 194,064 hectáreas con las siguientes medidas y deslindes: al norte: en 424,132 metros con terrenos de otros propietarios; al sur: en 349,162 metros con terrenos de otros propietarios; al oriente: en 499,996 metros con terrenos de otros propietarios; y, al poniente: en línea quebrada de 39,05 metros y 84,66 metros con terrenos de otros propietarios; en línea quebrada 11,50 metros, 159,20 metros y 229,80 metros con lote B.

Indicó que, revisado el historial jurídico-registral del inmueble no se ha encontrado acto jurídico alguno que diga relación con expropiaciones o servidumbres relativos a la avenida Circunvalación de esta ciudad y revisados los libros índices de este oficio, desde el año 1925 a la fecha, no se han encontrado inscripciones que digan relación con expropiaciones o servidumbres relativas a la avenida Circunvalación de esta ciudad. Por su parte, analizados los registros y documentos citados, se puede señalar que tanto en el plano protocolizado bajo el Nº875 del año 2000 y 3907 del año 2016, se puede apreciar la constatación o existencia en los mismos, de que dicha avenida cruza de sur a norte (y viceversa) por su lado poniente el terreno propiedad de la actora.

Por último, hizo presente que recientemente la actora presentó conjuntamente con el sindicato de supervisores rol-A de Codelco chile, división Codelco Norte, sendos planos modificando las medidas y deslindes de los lotes denominados A-1 y A-2, los cuales no se han protocolizado y perfeccionado ante el Registro producto de una negativa por falta subsanable, es decir, por errores de cita o forma, los cuales una vez subsanados, serán objeto de las actuaciones registrales correspondientes.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el acto que se impugna es el denominado Informe de Expropiaciones N° 34, de 19 de julio de 2022, emitido por la Dirección de Vialidad de la Región de Antofagasta, que negó la solicitud de un procedimiento de regularización y formalización de la expropiación de la faja del Lote A-Dos, que es de propiedad de Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA, encontrándose parte de aquel ocupado por la Avenida Circunvalación en la ciudad de Calama.

SÉPTIMO: Que de lo informado por la recurrida y los antecedentes que se acompañan, en especial por lo informado por el Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama, es un hecho la existencia de registros como el plano protocolizado bajo el Nº3907 del año 2016, en los que se puede apreciar la constatación o existencia de que la Avenida Circunvalación cruza de sur a norte -y viceversa- por parte de un terreno denominado Lote A-2. Ahora bien, la recurrida se ampara para rechazar la solicitud de iniciar un procedimiento administrativo expropiatorio del Lote A-2 y la posterior dictación de un acto expropiatorio, en la presunción simplemente legal del carácter de bien nacional de uso público de aquellas vías que estén o hubieran estado abiertos al uso público en todo el ancho que éstas tengan o hayan tenido establecida en el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1997, pues señaló que necesariamente la carga de la prueba para desvirtuar la presunción para reclamar judicialmente el dominio recae en la actora en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, el citado artículo 26 dispone: “Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público.

Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio.”

OCTAVO: Que cabe entonces a la luz de lo informado dilucidar si la respuesta entregada por la recurrida es ilegal y/o arbitraria. En este sentido, se debe tener presente que no existe norma alguna que faculte a un propietario de un terreno ocupado para uso público ordenar u obligar al órgano administrativo iniciar un procedimiento de expropiación -no es un derecho indubitado-, pues dicha facultad corresponde a los órganos administrativo iniciarlo conforme al Decreto Ley N°2186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, bajo ciertos parámetros y procedimientos que se encuentran expresamente regulado, Decreto Ley que por cierto fue establecido con el fin de crear un procedimiento ágil y expedito para poder desarrollar las obras que el progreso del país exige, y, por otra parte, resguardar en forma justa el derecho del propietario y los distintos derechos de terceros que, de un modo u otro, se ven alcanzados o afectado con la expropiación. Es decir, fue creado para desarrollar las obras públicas, no necesariamente para regularizar como lo pretende el recurrente. Es así como consta la existencia del Informe de No expropiación contenido en el Ord. N° 1495, de 07 de agosto de 2018, que instruye sobre aplicación de procedimiento sobre obtención y emisión de “informe de no expropiación” del Ministerio de Obras Públicas, en que la recurrida Dirección de Vialidad obtiene lineamientos para establecer si una propiedad se encuentra afecta o no a expropiación, por lo que se puede avizorar que la respuesta no se torna en ilegal ni arbitraria, pues se ampara en normativa legal vigente, es más el propio Informe de Expropiaciones N° 34, señala textualmente en la parte final “El presente documento no es garantía de que el predio no pueda ser expropiado en el futuro”. Es decir, la recurrida no le está negando en definitiva que en un futuro pueda ejercer su facultad de expropiar el predio singularizado.

Por consiguiente, sí lo pretendido es poder recuperar la faja de terreno que es de su propiedad u obtener una indemnización, debe necesariamente iniciar las acciones legales que correspondan y que cualquier particular debe realizar en su posición, máxime considerando que tal como consta, cuando adquirió el dominio de la propiedad a la que hace alusión el recurrente ya se encontraba emplazado el camino público de la Avenida Circunvalación, sin haberse expropiado con anterioridad.

En lo que respecta a la falta de motivación y fundamentación del acto recurrido, se advierte que el mismo es fundado, pues hace referencia a la norma que se ampara e inclusive hace mención a la razón del porque no informa a la Tesorería General de la República respecto a la superficie que ocuparía la Ruta 25 para efecto de impuesto territorial, ya que tal como quedo pasmado en el acto recurrido, el informe advierte que la propiedad se encuentra en trámite de subdivisión total y que tiene asociada una superficie de 51.620m2 de terreno, por lo que actualmente el Lote A-2 ya no registra en el Servicio de Impuestos Internos 13,40 HAS, como hace referencia en la presentación. En consecuencia, el recurrente obtiene la respuesta a su solicitud ingresada en el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, inclusive siendo recibido con posterioridad personalmente por el Director Regional de Vialidad en agosto del presente año, distinto es que con la respuesta obtenida no se esté de acuerdo.

NOVENO: Que dada la naturaleza del procedimiento de esta acción cautelar constitucional, que no tiene forma de juicio, se hace imposible observar la existencia de un derecho indubitado referido a lo solicitado -ordenar un acto expropiatorio-, por lo demás, se dificulta pretender por esta vía dilucidar incluso su derecho de propiedad sobre la superficie individualizada, ya que la recurrida lo controvierte por la presunción simplemente legal de los caminos públicos a la que hace alusión, incluso la cabida de superficie sobre el mismo, indicando que no fue precisa y exacta, por lo que se requeriría necesariamente del conocimiento acabado de los antecedentes que las partes hagan valer en un juicio, informes de expertos o peritos, entre otros, de conformidad a un procedimiento regulado en un juicio con el fin de obtener por la vía declarativa lo pretendido en definitiva por el recurrente, que no es otra cosa que una indemnización por el terreno ocupado como camino público. Es así que necesariamente se debe accionar como en derecho corresponde, que es lo que procede sobre cuestiones que no están inequívocamente establecidas y, por lo mismo, se hace imposible disponer el restablecimiento del derecho respecto de garantías constitucionales no indubitadas, debiendo en consecuencia, desestimarse el recurso, sin costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Pablo Tejada Castillo, en representación de Inversiones Cumbres de Altos Calama SpA, en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 20.534-2022 (PROT)

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