nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Antofagasta, a veintiséis de diciembre del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; quien recurre de protección en contra de la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Metropolitana, por emitir el dictamen N°R-01-UJU-137890-2025, de fecha 8 de octubre de 2025, que rechaza las licencias médicas N RUT reservado, NºRUT reservado, NºRUT reservado, NºRUT reservado, N°RUT reservado, NºRUT reservado, NºRUT reservado, correspondientes al período comprendido entre el 22 de julio del 2022 y el 17 de febrero de 2023, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que inició su vínculo laboral el 1 de mayo de 2022 con la empresa Green Hill Servicios Educacionales, relación que se mantuvo vigente hasta el año 2023. Durante dicho período, producto de su condición de salud, su médico tratante le otorgó siete licencias médicas sucesivas, todas posteriores al inicio del vínculo laboral y mientras este se encontraba vigente. Sin embargo, la COMPIN resolvió aceptar solo la primera licencia, pero sin derecho a pago de subsidio, y rechazó las restantes, fundando su decisión en la supuesta inexistencia de vínculo laboral vigente.

Sostiene que dicha conclusión es errónea, pues acompañó reiteradamente antecedentes destinados a acreditar su relación laboral, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por la autoridad administrativa. Añade que, pese a múltiples gestiones y recursos administrativos interpuestos desde el año 2022, incluida una última resolución de la Superintendencia de Seguridad Social de 8 de octubre de 2025, la COMPIN no ha emitido pronunciamiento efectivo sobre dichos recursos, manteniéndolo en una situación de incertidumbre prolongada.

Relata además que, durante la tramitación administrativa, se le exigieron antecedentes adicionales de carácter informal, como declaraciones de terceros, y se aludió reiteradamente a un eventual conflicto derivado del parentesco que mantiene con la sostenedora del establecimiento educacional en que se desempeñaba. Afirma que dicho argumento resulta discriminatorio e improcedente, toda vez que su calidad profesional como docente lo habilitaba plenamente para ejercer el cargo que desempeñaba, sin que el parentesco invocado constituya una causal legal para desconocer su vínculo laboral ni para rechazar sus licencias médicas.

Sostiene que las resoluciones impugnadas carecen de la debida fundamentación exigida por el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, limitándose a reiterar la supuesta inexistencia de vínculo laboral sin analizar los antecedentes acompañados, lo que configura, a su juicio, un actuar arbitrario e ilegal.

Como consecuencia de dicho proceder, señala haber sufrido un perjuicio grave y persistente, tanto en el plano económico como en su salud psíquica, derivado de la falta de ingresos durante períodos prolongados de reposo médico, la acumulación de deudas y el estrés generado por la ausencia de respuestas claras por parte de la autoridad administrativa.

Por lo expuesto, denuncia la vulneración de diversas garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en particular, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; igualdad ante la ley, por el trato discriminatorio recibido; libertad de trabajo, al cuestionarse su idoneidad por motivos ajenos a su capacidad profesional; y el derecho de propiedad, respecto del subsidio por incapacidad laboral al que estima tener derecho como cotizante del sistema de salud.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se declare que la COMPIN ha actuado de manera ilegal y arbitraria, y se ordene la aprobación de las licencias médicas rechazadas, junto con el pago de los subsidios correspondientes, como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales afectadas.

SEGUNDO: Que informa nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien expone que el recurrente ingresó al colegio en marzo de 2022, asumiendo el cargo de Subdirector. Posteriormente, en el mes de mayo del mismo año, se formalizó su relación laboral mediante la suscripción de un contrato de trabajo, desarrollando sus funciones de manera normal, diligente y proactiva.

Indica que, en el transcurso de su vínculo laboral, el trabajador presentó licencias médicas que se extendieron por un par de meses. Una vez finalizado dicho período de reposo, y atendida su condición de salud, continuó prestando servicios en el establecimiento hasta marzo de 2023, fecha en que se suscribió el correspondiente finiquito laboral, poniendo término a la relación de trabajo.

Hace presente que, con posterioridad al término del contrato, el establecimiento realizó diversas gestiones tendientes a contactarlo, con el fin de ofrecerle nuevamente un puesto de trabajo, propuestas que habrían sido rechazadas por el propio trabajador. En este sentido, el colegio aclara que el actor no prestó servicios en períodos distintos a aquellos comprendidos entre mayo de 2022, fecha de inicio del contrato, y marzo de 2023, fecha de suscripción del finiquito, según los registros del Departamento de Administración.

En relación con las licencias médicas presentadas durante el mes de julio, detalla que el trabajador habría consultado reiteradamente al área administrativa del establecimiento respecto de una eventual fiscalización presencial por parte de la COMPIN, manifestando además su preocupación por el no pago de dichas licencias, lo que le habría generado un perjuicio económico significativo. Indica que el recurrente se encontraba a la espera de dicha fiscalización para la autorización del pago correspondiente.

Frente a esta situación, la administrativa del establecimiento, solicitó al trabajador la documentación necesaria para acreditar su calidad de dependiente, tales como contrato de trabajo, libro de remuneraciones, liquidaciones de sueldo, comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y otros antecedentes laborales. Toda esta documentación fue enviada oportunamente, acompañada además de una declaración del Jefe de Finanzas que se desempeñaba en ese período.

Por último, reconoce la existencia de un vínculo de parentesco entre el trabajador y la sostenedora del establecimiento educacional, precisando que ello no constituyó impedimento alguno para su contratación, toda vez que no existe normativa que prohíba este tipo de relaciones laborales, más aún, considerando que el señor nombre reservado es profesor de profesión.

Concluye señalando que desconoce las razones por las cuales se le menciona como recurrido en la causa, toda vez que, según su apreciación, únicamente se le alude como lugar de trabajo del recurrente. No obstante, manifiesta su plena disposición a colaborar y a entregar toda la documentación adicional que sea requerida para el esclarecimiento del caso.

TERCERO: Que, informa nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (COMPIN), quien el primer lugar señala que el recurrente se encuentra afiliado al sistema de salud FONASA.

Detalla que las licencias reclamadas corresponden a siete períodos consecutivos, comprendidos entre el 22 de julio de 2022 y el 17 de febrero de 2023, todas ellas emitidas con diagnósticos psiquiátricos tales como reacción al estrés grave y trastorno de adaptación (F43), episodio depresivo (F32) y trastorno mixto ansioso-depresivo (F41.2), y que todas fueron rechazadas por la COMPIN.

Respecto de la tramitación de dichas licencias, explica que se efectuó una revisión exhaustiva de los antecedentes médicos y técnico administrativos, en cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a la COMPIN como órgano técnico y fiscalizador. Recalca que actúa como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud y en la procedencia del subsidio por incapacidad laboral.

En cuanto a los antecedentes laborales del recurrente, indica que éste habría sido contratado por la empresa Greenhill Servicios Educacionales SpA para desempeñarse como subdirector, con un sueldo base informado de $2.500.000. Sin embargo, al momento de tramitar las licencias médicas, el recurrente sólo acompañó un contrato de trabajo de carácter indefinido sin firma de las partes, liquidaciones de sueldo correspondientes a algunos meses del año 2022, un certificado de pago de cotizaciones previsionales por sólo tres meses y un certificado de afiliación al sistema de salud.

De la revisión de dichos antecedentes, señala que advirtió inconsistencias relevantes, destacando especialmente que el contrato de trabajo carecía de firma, que sólo se acreditaban cotizaciones previsionales por un período acotado y no concordante con la antigüedad declarada del vínculo laboral, y que existía un vínculo de parentesco directo entre el recurrente y la empleadora, al ser éste el padre de la representante legal y sostenedora de la empresa.

A raíz de estas inconsistencias, instruyó un peritaje laboral, iniciado el 1 de agosto de 2022, con el objeto de verificar la existencia real de un vínculo laboral bajo subordinación y dependencia. En dicho proceso, tomó declaración al recurrente, quien confirmó el parentesco con la empleadora y la estructura societaria de la empresa. Asimismo, se revisaron antecedentes del Servicio de Impuestos Internos y se solicitó al recurrente la entrega de denominadas “huellas laborales”, tales como correos electrónicos, mandatos, representaciones, comprobantes de pagos u otros medios materiales que acreditaran el ejercicio efectivo de funciones. Según informa, los antecedentes aportados no resultaron concluyentes para establecer una relación laboral efectiva.

Además, efectuó una visita de fiscalización presencial al Colegio Greenhill, ocasión en la que se entrevistó a la directora del establecimiento, quien reconoció que el recurrente, padre de la sostenedora, realizaba ocasionalmente talleres y que la sostenedora se encontraba fuera del país, dificultando la conclusión del peritaje. La falta de comparecencia de la empleadora y la ausencia de elementos objetivos adicionales impidieron despejar las inconsistencias detectadas.

Conforme a lo anterior, indica que concluyó que no se logró acreditar la existencia de un vínculo laboral efectivo, en los términos exigidos por la normativa laboral y previsional, esto es, una relación de subordinación y dependencia sustentada en huellas laborales materiales y concretas. En virtud de ello, resolvió rechazar las licencias médicas por la causal de “sin vínculo laboral, según fiscalización”, decisión que posteriormente fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social al conocer de los recursos de reclamación interpuestos por el recurrente.

Añade que, al revisar nuevamente los antecedentes con ocasión del presente recurso de protección, se detectó un error administrativo en la causal originalmente consignada en algunas resoluciones, lo que motivó su corrección formal, manteniéndose, no obstante, la decisión de rechazo de las licencias médicas por no cumplirse los requisitos legales para acceder al subsidio por incapacidad laboral.

Finalmente, fundamenta su actuar en la normativa vigente, destacando que el derecho a licencia médica y al subsidio asociado exige no sólo la acreditación de una condición de salud que justifique el reposo, sino también la existencia de una relación laboral válida y efectiva. En ausencia de esta última, señala que resulta improcedente autorizar el pago del subsidio. En consecuencia, solicita rechazar las alegaciones formuladas por el recurrente en su recurso.

CUARTO: Que informa Andrea Cisternas Tiemann, abogado, en representación de la Superintendencia De Seguridad Social, quien en alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que los actos administrativos que confirmaron el rechazo de las licencias médicas datan, a lo menos, de enero de 2023, agosto de 2023 y noviembre de 2023, y que el recurrente tuvo conocimiento cierto de tales decisiones, como mínimo, desde el 13 de febrero de 2023, fecha en que dedujo su tercera solicitud de reconsideración administrativa. Sin embargo, la acción constitucional recién fue interpuesta el 7 de noviembre de 2025, esto es, más de dos años y nueve meses después, excediendo con creces el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección. Enfatiza que las reclamaciones administrativas posteriores no suspenden ni renuevan dicho plazo, conforme a jurisprudencia reiterada de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia debatida dice relación con el derecho a la seguridad social, específicamente con la autorización de licencias médicas y el pago de subsidios por incapacidad laboral, garantía consagrada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, la cual no se encuentra amparada por la acción cautelar del artículo 20. Se sostiene que la acción de protección no constituye una vía subsidiaria ni una instancia adicional de revisión de decisiones administrativas en materia de licencias médicas.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo en subsidio, informa sobre el fondo del asunto. Expone que el recurrente reclamó en reiteradas oportunidades contra resoluciones de la COMPIN que rechazaron sus licencias médicas por falta de acreditación de vínculo laboral, correspondientes a períodos iniciados desde julio de 2022. Dichos reclamos fueron conocidos y resueltos por la Superintendencia mediante diversas resoluciones exentas, todas las cuales confirmaron lo obrado por la COMPIN.

La autoridad administrativa señala que, si bien el recurrente acompañó antecedentes formales, como contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones, certificados de cotizaciones previsionales y declaraciones de terceros, los procesos de fiscalización realizados, incluyendo un peritaje efectuado el 5 de agosto de 2022, no permitieron constatar la existencia de huellas laborales materiales y concretas que acreditaran el efectivo desempeño de labores bajo subordinación y dependencia. Destaca, además, que la supuesta empleadora es hija del recurrente, circunstancia que refuerza la exigencia de una acreditación especialmente robusta del vínculo laboral, la cual no se verificó en la especie.

Explica que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica presupone necesariamente la existencia de un vínculo laboral vigente, pues sus finalidades son justificar la ausencia al trabajo y reemplazar la remuneración mediante un subsidio. En ausencia de dicho vínculo, no existe ausencia laboral que justificar ni remuneración que reemplazar, resultando improcedente la autorización de la licencia y el pago del subsidio. Precisa que la sola existencia de documentos formales no resulta suficiente cuando estos presentan inconsistencias frente a los antecedentes obtenidos en fiscalización.

Asimismo, indica que la Superintendencia actuó dentro del ámbito de sus facultades legales, ejerciendo su rol de autoridad técnica de fiscalización en materia de seguridad social, conforme a la Ley N°16.395 y normativa complementaria, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad. Sostiene que la controversia planteada por el recurrente, relativa a la existencia del vínculo laboral, es de carácter discutido y requiere una sede jurisdiccional distinta, no siendo susceptible de ser resuelta por la vía cautelar del recurso de protección, el cual exige la existencia de un derecho preexistente e indubitado.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, señalando que no existe afectación a la vida, integridad física o psíquica, ni al derecho de propiedad, puesto que la emisión de una licencia médica no genera, por sí sola, un derecho adquirido al subsidio, el cual solo nace una vez cumplidos todos los requisitos legales. En consecuencia, solicita se rechace la acción de protección en todas sus partes, con costas.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, cabe emitir pronunciamiento sobre la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida, la que funda en el hecho de que la actora tenía conocimiento sobre el rechazo de sus licencias médicas a lo menos desde 13 de febrero de 2023, fecha en que dedujo su tercera solicitud de reconsideración administrativa, en circunstancias que, la presente acción recién la impetró el día 7 de noviembre de 2025.

Sin perjuicio de lo anterior, tal alegación será desestimada, por cuanto, y según obra expresamente en el presente expediente electrónico, la resolución exenta impugnada mediante el ejercicio de la acción de marras, corresponde a aquella dictada por la SUSESO, individualizada bajo el N° R-01-UJU-137890-2025, de fecha 8 de octubre de 2025, que confirmó el rechazó de las licencias médicas en cuestión, por lo que, a la fecha de ingreso del recurso el plazo para su interposición de 30 días corridos se encontraba vigente.

OCTAVO: Que, en segundo lugar, corresponde emitir pronunciamiento sobre la alegación por parte de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a la improcedencia del presente arbitrio, por tratarse éste de las materias contenidas en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política; rechazando desde luego tal aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada que en ella fluyen como garantías infringidas aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, están comprendidas en el amparo de la acción constitucional de protección en comento.

NOVENO: Que, en la especie, de los hechos que fundan la acción y de los documentos acompañados, se desprende que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia corresponde al rechazo de las licencias médicas con el objeto de que se ordene a la recurrida dejar sin efecto las resoluciones de la recurrida se aprueben las mencionadas licencias médicas, y en definitiva se pague por el órgano correspondiente los subsidios laborales a los que tiene derecho por incapacidad laboral.

DÉCIMO: Que, para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A su turno, el artículo 16 del referido Decreto con Fuerza de Ley dispone que, “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Por lo tanto, es menester exigir de la resolución que resuelve la reconsideración solicitada por el actor una fundamentación que se haga cargo del fondo de las causales de rechazo de las licencias, debiendo para ello desarrollar un análisis de los antecedentes de salud del recurrente y evaluar nuevamente, si fuera necesario, tal condición a fin de adoptar una decisión basada en criterios objetivos como subjetivos.

UNDÉCIMO: Que del mérito de los antecedentes acompañados por las partes y de los informes evacuados por los órganos recurridos, se desprende que la controversia central del presente arbitrio dice relación con la existencia o inexistencia de un vínculo laboral efectivo entre el recurrente y la entidad educacional Greenhill Servicios Educacionales SpA durante los períodos cubiertos por las licencias médicas reclamadas, cuestión que fue objeto de fiscalización administrativa y peritaje laboral por parte de la COMPIN.

DUODÉCIMO: Que, en el ejercicio de sus facultades legales, la autoridad administrativa efectuó una revisión de los antecedentes médicos y laborales aportados, constatando inconsistencias relevantes, tales como la falta de firma en el contrato de trabajo acompañado, la acreditación parcial e incompleta de cotizaciones previsionales, la ausencia de huellas laborales materiales y concretas que dieran cuenta del ejercicio efectivo de funciones bajo subordinación y dependencia, así como la existencia de un vínculo de parentesco directo entre el recurrente y la sostenedora de la entidad empleadora, circunstancia que, sin constituir por sí sola una prohibición legal, exigía un estándar probatorio particularmente riguroso para acreditar la relación laboral invocada.

No obstante, las gestiones realizadas, incluyendo la instrucción de un peritaje laboral, la solicitud de antecedentes adicionales, la revisión de información tributaria y una fiscalización presencial al establecimiento educacional, la autoridad concluyó que no se logró acreditar de manera fehaciente la existencia de un vínculo laboral efectivo en los términos exigidos por la legislación laboral y previsional, decisión que fue posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social al conocer de los recursos administrativos deducidos por el recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este contexto, no se advierte que el actuar de los órganos recurridos carezca de razonabilidad o de fundamentación suficiente, toda vez que las resoluciones impugnadas se sustentan en antecedentes objetivos obtenidos en procesos de fiscalización y peritaje, y se ajustan a la normativa que regula la procedencia de las licencias médicas y del subsidio por incapacidad laboral, descartándose, en consecuencia, la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en los términos denunciados.

DÉCIMO CUARTO: Que, por lo demás, la determinación de la existencia o inexistencia de un vínculo laboral efectivo, cuando éste es controvertido y requiere ponderación de prueba compleja, constituye una materia de lato conocimiento que excede los márgenes propios del recurso de protección, el cual, como acción cautelar, exige la concurrencia de un derecho indubitado y preexistente, circunstancia que no se verifica en la especie.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con las garantías constitucionales invocadas, no se configura vulneración al derecho a la vida ni a la integridad física o psíquica del recurrente, desde que la negativa a autorizar las licencias médicas no importa una afectación directa a tales derechos; tampoco se advierte infracción al principio de igualdad ante la ley ni a la libertad de trabajo, por cuanto el rechazo se funda en criterios objetivos y generales derivados de la falta de acreditación del vínculo laboral; como tampoco, se afecta el derecho de propiedad, toda vez que el subsidio por incapacidad laboral no constituye un derecho adquirido mientras no se cumplan íntegramente los requisitos legales para su otorgamiento.

Por todo la razonado precedentemente, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Metropolitana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2023-2025 (Protección)