Protección contra Revisiones Técnicas Ormazábal Hijos Limitada u Ormazábal Hijos Limitada

Antofagasta, diecinueve de enero de dos mil quince.

VISTOS:

Comparece a fojas 81 don nombre reservado, empresario, con domicilio en domicilio reservado, en representación de Planta de Revisiones Técnicas nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Revisiones Técnicas Ormazábal Hijos Limitada u Ormazábal Hijos Limitada, representada por nombre reservado, y en contra del Ministerio De Transportes y Telecomunicaciones, representada para estos efectos por el Secretario Regional Ministerial de la Región de Antofagasta don nombre reservado, por estimar que existe a su respecto una privación, perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 3 y 8 de la Constitución Política de la República, solicitando se disponga la paralización de las obras de construcción de la instalación de la Planta de Revisión Técnica que indica, con costas.

A fojas 132 informó la recurrida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por intermedio del Secretario Regional Ministerial, pidiendo el rechazo del recurso.

A fojas 146 informa el recurrido Revisiones Técnicas Ormazábal Hijos Limitada, instando por el rechazo del recurso.

Visto el recurso, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se fundó en que con fecha 11 de diciembre de 2012 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llamó a licitación pública para otorgar concesiones para operar plantas revisoras de vehículos motorizados en la Región de Antofagasta, conforme a las bases de licitación previamente aprobadas por medio de resolución exenta de fecha 27 de noviembre de 2012. Con fecha 10 de octubre de 2013, se adjudicó a la recurrida Ormazábal Hijos Limitada la concesión número 3 del proceso de licitación, el que comprende dos plantas revisoras, una en la comuna de Antofagasta y otra en Tocopilla.

Respecto de la última de las plantas mencionadas, hace presente que se trata de una clase AB, dotada de un línea de revisión para vehículos livianos y otra para vehículos pesados, destinada a prestar servicios de revisión técnica y verificación de contaminantes de todo tipo. Por medio de resolución exenta N° 1666/2013 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones se aprobó el respectivo contrato de concesión, conforme al cual la concesionaria debía cumplir con la construcción, instalación y equipamiento completo de los plantas adjudicadas dentro de un plazo de 240 días corridos contados desde la publicación de la resolución exenta referida, lo que tuvo lugar con fecha 29 de enero de 2014 y que según se expone a la fecha de interposición del recurso ya se encuentra vencido. Adicionalmente se debía entregar un informe vial básico en el término de 30 días, lo que fue cumplido.

En conjunto con lo anterior, las bases de licitación establecieron ene le punto 2.1.5.3 que el concesionario debía cumplir permanentemente con las disposiciones legales y reglamentarias respecto al medio ambiente.

Añade que con fecha 16 de marzo de 2007, por medio del DS N° 50 del Ministerio de Salud la comuna de Tocopilla fue declarada como zona saturada de contaminación, produciéndose los efectos propios que la legislación medioambiental establece al respecto.

Posteriormente, señala que producto de diversos reclamos de vecinos por la emanación de malos olores y emisión de material contaminante, el Departamento de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo de la municipalidad de Tocopilla realizó visitas inspectivas al terreno donde la recurrida construye la nueva planta revisión técnica, elaborando un informe en el que se da cuenta de que en ese lugar existe un escorial, es decir, un depósito de escoria de desechos provenientes de las termoeléctricas que funcionan en la comuna, convirtiéndose esto en un foco contaminante que ponen en riesgo la salud de la población. En el mismo informe, se sugiere la realización de una investigación complementaria que permita, entre otros puntos, identificar la empresa que genera los residuos y la fecha la misma, un análisis gránulométrico de la composición de la ceniza y en general realizar las denuncias pertinentes ante los organismos competentes, a fin de proteger la integridad de todos quienes residen en la comuna.

Hace presente que existen poblaciones en las inmediaciones del terreno, por lo que las personas que viven en ese lugar están expuestas a este foco contaminante, al igual que lo están los trabajadores de la propia recurrida y, eventualmente, lo podrían estar quienes acuden este lugar a practicar la revisión técnica de su vehículos.

De esta forma, la recurrida, Ormazábal Hijos Limitada, incurre en una conducta ilegal o a lo menos arbitraria, al construir una planta sobre un depósito de escoria, sin ningún manejo del material contaminante depositado en dicho lugar, poniendo con esto en grave riesgo la salud de la población y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A continuación, señala que conforme al artículo 8 y 10 de la ley 19.300, corresponde que el proyecto de construcción de la planta revisora que sea sujeto al sistema de evaluación de impacto ambiental, toda vez que se trata de un proyecto industrial que se ejecuta en una zona declarada como saturada, esto es, conforme a la misma ley, aquella en que una o mas normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Sin embargo, el proyecto se efectúa al margen de la normativa referida, con desprecio de sus normas, a vista y paciencia de la autoridad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, también recurrido, sin cumplir con las exigencias en comento.

Refiere además que conforme al artículo 11 de la ley 19.300, corresponde además, en atención al riesgo que este proyecto genera para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, la elaboración de un estudio de impacto ambiental.

En segundo término, agrega que la recurrida Ormazábal Hijos Limitada, ejecuta desde el primer día y actualmente, obras constructivas de su nueva planta revisora de vehículos motorizados sin permiso de edificación, de lo que da cuenta el oficio número 138/2014 de fecha 20 de octubre del mismo año, enviado por el Director de Obras Municipales de Tocopilla al Alcalde de dicha comuna. En el mismo informe, continúa, se señala que se ordenó la paralización inmediata de las faenas, lo que no ha sido cumplido hasta la fecha por el recurrido, el que en definitiva, no solamente no cumplió con la normativa ambiental, sino que tampoco tiene interés en cumplir con las normas de la Ley general de urbanismo y construcción y su ordenanza, las que exigen la exigencia del permiso en comento.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala en primer lugar la del artículo 19 número ocho de la Constitución Política, que protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, agregando que es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En la especie, afirma, ha quedado demostrado que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo dejó de cumplir este mandato constitucional, sino que ha permitido además la ejecución de un proyecto que lesiona gravemente esta garantía. Asimismo, esta última entidad ha dejado de ejercer sus facultades de fiscalización sobre la ejecución del proyecto, el que no respeta las bases de licitación en el punto 2.1.5.3 y que ni siquiera cuenta con un permiso de edificación. Cita al efecto jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema.

Posteriormente señala que además existe una vulneración de la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política que protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica las personas, desde que esta comprometida la salud de toda la población, el propio compareciente y de su grupo familiar.

Por último, entiende que existe una vulneración de la garantía constitucional del numeral 3° inciso quinto de la Constitución Política referido al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Lo anterior, por cuanto la recurrida Ormazábal Hijos Limitada ha ejecutado un proyecto industrial sin los permisos ambientales y municipales que exigen las normas legales y reglamentarias, por lo que ha devenido en comisión especial respecto de sus propios actos, los que ha revestido en los hechos de una legalidad de la que carecen, llegando incluso a no cumplir con una orden emanada de la Dirección de Obras Municipales de la entidad edilicia respectiva.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señaló que según los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como conforme a las facultades establecidas en los diversos cuerpos legales que regulan su competencia y atribuciones, no solo para otorgar concesiones para operar establecimientos que practican revisiones técnicas de vehículos, sino también como órgano normativo rector nacional encargado de proponer políticas en materia de tránsito, toda normativa que cita en lo pertinente, afirma que en la especie no existe consentimiento de su parte en la configuración de eventuales actos arbitrarios e ilegales, como pretende denunciar el recurso interpuesto, toda vez que ha actuado conforme a las facultades conferidas por la ley e inserto en un contexto normativo específico, configurado por la existencia de regulación aplicable a la actividad del transporte.

Posteriormente, concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, refiriendo que existieron una serie de actos administrativos que regularon el proceso de la puesta en marcha de la planta revisora Ormazábal Hijos Limitada. En efecto, con fecha 27 de noviembre de 2012, se dictó la resolución N° 251 que aprobó las bases de licitación para operar establecimientos que practican revisiones técnicas de vehículos, posteriormente, por medio de la resoluciones que indica, se llamó a licitación pública para otorgar tres concesiones de esta especie en la región de Antofagasta, las que fueron sometidas al control jurídico de la Contraloría General de la República, entidad que tomó razón de estas y que por tanto gozan de presunción de legalidad, para luego, entre otras actuaciones, dictarse la resolución N° 1666 de fecha 23 de diciembre de 2013, que aprobó el contrato de concesión, suscrito en esa misma fecha, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Secretario Regional Ministerial competente y la concesionaria Ormazábal Hijos Limitada, publicándose el extracto pertinente en el Diario Oficial con fecha 29 de enero de 2014. Todo lo anterior, en cumplimiento a los procedimientos del artículo cuarto de la ley 18.696.

A continuación, luego de referir que la actividad a desarrollar por parte de la planta revisora Ormazábal Hijos Limitada consistente en practicar revisiones técnicas de vehículos y verificar las emisiones de contaminantes, así como las condiciones bajo las que la misma se efectúa, indica que no se consideró conforme a lo anterior, que dentro de los requisitos para la construcción y funcionamiento de este tipo de proyectos se requiriera de un estudio de impacto ambiental según lo dispuesto en la ley 19.300. Lo anterior, por cuanto a su entender esta actividad no contempla un riesgo para la salud de la población, considerando la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos, ni tampoco existirían antecedentes que impliquen la emisión de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, de forma directa o indirecta, ya sea de las instalaciones o de los procesos que se verifican en su funcionamiento.

Por otra parte, dispone que la actividad que realiza la planta revisora no puede ser calificada como proyecto industrial, en el sentido de entender cómo “actividad industrial” el conjunto de actuaciones desarrolladas en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, reparación, conservación, transformación, armaduría, confección, emplazamiento de substancias, productos o artículos en estado natural o ya elaborados o para la prestación de servicios, tales como molienda, tintorerías, acabado o terminación de artículos. A mayor abundamiento, señala que el proceso de revisión técnica consiste en una secuencia de estaciones de inspección, cuyo objetivo central es velar porque los vehículos mantengan un correcto funcionamiento de sus sistemas de seguridad y emisiones, verificando que se reúnan las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de la circulación y protección del medio ambiente, realizando las inspecciones sin desmontar ninguna pieza o elemento del vehículo, salvo situaciones expresamente señaladas en la reglamentación. Se trata, entonces, de un servicio público, sometido a una regulación particular, no de una actividad comercial ni menos industrial.

Por lo anterior, ni la construcción ni el funcionamiento de la planta en comento califican como proyecto susceptible de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que la autorización que otorga el ministerio no ha podido implicar una renuncia al ejercicio de sus prerrogativas, ni menos la vulneración de la normativa medioambiental.

Ahora bien, en cuanto a la evidencia de suelos con depósito de cenizas, hace presente que de ser lo anterior efectivo, conforme a las bases administrativas y técnicas de licitación, se exige que la superficie total del local debe ser pavimentada, de modo que conforme a los procedimientos de encapsulamiento de recibos como cenizas volátiles o polvos finos respirables, estos serían contenidos en un depósito de seguridad, lo que implica que el material es aislado del ambiente. En este entendido, la instalación de la respectiva planta, se convierte en una solución de encapsulamiento del terreno que ha sido denunciado como un aparente escorial.

Concluye en lo referente a este punto, que no se han vulnerado derechos, ni tampoco han existido actuaciones arbitrarias e ilegales, por cuanto el concesionario ha debido dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, lo que fue constatado por el Ministerio por intermedio de los fiscalizadores de la SEREMI respectiva y las visitas del equipo ministerial, realizadas en los meses de octubre noviembre diciembre 2014.

En cuanto a la inexistencia de un permiso de edificación, afirma que le consta según la información solicitada ejerciendo su rol fiscalizador, que el día 3 de diciembre de 2014 se otorgó el permiso para obra nueva correspondiente a la planta de revisión técnica en cuestión.

Concluye señalando que no existe ninguna amenaza, privación o perturbación de los derechos garantizados por nuestra Constitución Política en los términos que alega la recurrente, correspondiendo por lo tanto el rechazo con costas de la acción interpuesta.

TERCERO: Que informando la recurrida Ormazábal Hijos Limitada, señaló en primer término que no concurren en la especie los requisitos que hacen procedente el recurso de protección. En efecto, no se señala con precisión cuáles son los derechos presuntamente vulnerados, incurriendo la contraria en una confusión, contrariando la seguridad de lo pretendido y la indemnidad los derechos que se indican infringir. Asimismo, señala que el recurso de protección es una acción de emergencia frente a una vulneración manifiesta de los derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política, y no una acción que tenga por objeto resolver cuestiones que deban ser conocidas por otros tribunales u organismos. En este sentido, si la recurrente estima que no se han respetado las bases de licitación o el contrato de concesión, en particular en lo relativo a los plazos de construcción, debió haber impugnado estos actos mediante los mecanismos administrativos que corresponden, y no pretender hacerlo mediante esta vía.

A continuación, señala que en su oportunidad, al no contar con el permiso de construcción, la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Tocopilla ordenó la paralización de las obras, pero posteriormente, el día 3 de diciembre de 2014, la misma entidad concedió el permiso de edificación correspondiente.

Destaca que la construcción del proyecto de ninguna manera puede ser calificado como industrial, como pretende la recurrente, añadiendo que conforme a la clasificación que efectúa el Servicio de Impuestos Internos, las plantas de revisión técnica se encuentran enmarcadas dentro del área servicios como comercio minorista.

Por último, señala que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y tampoco se ha detallado de manera suficiente, de que manera se produciría dicha vulneración. De esta manera, en lo referente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la contraria se limita a señalar que se ejecuta un proyecto que vulnera dicha garantía y que este no cuenta con un permiso de edificación, lo que no es efectivo y de serlo, no implica una afectación de dicha garantía constitucional.

Respecto al derecho a la vida e integridad física y psíquica, tampoco se detalla de qué manera se produciría la vulneración alegada, entendiéndose que esta se refiere a las imputaciones de efectuarse la construcción en un depósito escorial, cuestión que no resulta efectiva.

En lo relativo al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, resulta su entender confuso el imputar una afectación a esta garantía, reiterando al efecto que se han obtenido los permisos correspondientes.

Concluye haciendo presente que a su entender la verdadera motivación del presente recurso, tiene un origen patrimonial y de carácter personal respecto al recurrente, por cuanto éste dice comparecer en representación de la Planta de Revisiones Técnicas nombre reservado/0206, la que no logró adjudicarse la licitación por el próximo período, siendo de su interés es causar el mayor retraso posible a la puesta en marcha de la planta revisora que esta parte se adjudicó.

CUARTO: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

QUINTO: Que atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que para que el recurso de protección sea acogido es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que con relación a este último requisito lo primero que debe indicarse es que no se encuentra acreditado que las recurridas, mediante los actos que se le reprochan afecten las garantías invocadas, particularmente la de vivir en un ambiente libre de contaminación.

En efecto, descartado y reconocido en el recurso que las cenizas que llegan al terreno en que se construye la nueva planta de revisión técnica de la ciudad de Tocopilla no son producidas por las recurridas sino, conforme al recurso, se trata de desechos emitidos por las plantas termoeléctricas que existen en la ciudad de Tocopilla, como asimismo, que el traslado de las partículas no puede ser atribuido a ningún proceso realizado por los recurridos, pues o llegaron al lugar trasladadas por terceras personas o bien es el resultado de fenómenos climáticos, particularmente el viento, cuestión que afecta a prácticamente toda la ciudad de Tocopilla, no puede atribuirse los problemas que lo anterior trae aparejado para el medio ambiente pues, antes bien, resultando incontrovertido que conforme a las bases de licitación el inmueble destinado a la planta deberá ser pavimentado completamente, salvo un sector menor destinado a área verde, deviene que la construcción de la planta, al menos en ese sector, importará que dejará de existir material particulado en condiciones de desplazarse y afectar la salud de terceros, resultando así cierta la afirmación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al informar en orden a que se producirá un encapsulamiento de los mismos.

En todo caso, asilándose la recurrente a este respecto en un certificado emitido por el Encargado de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Tocopilla, debe indicarse que el mismo no resulta suficientemente claro pues se habla de un escorial, en que durante años se han depositado desechos en forma irregular, al precisar al respecto se habla, en lo que interesa, de evidencia de suelos con deposición de cenizas y se precisa que al norte de la planta existe una “torta de cenizas” que no presenta manejo de ningún tipo, como también sin cierre, señalización u otro mecanismo de alerta, de lo que sigue que salvo la constatación de la existencia de cenizas en el suelo, pública y notoriamente un fenómeno que afecta a toda la ciudad de Tocopilla, ni siquiera se ha acreditado fehacientemente la existencia en el lugar de construcción de la planta, del denominado escorial a que alude el recurrente.

A este respecto, por último, debe señalarse que no consta en el certificado y los informes señalados, base alguna ni prueba científica que confirme las aseveraciones contenidas en el informe, y menos la experticia del que los emite pero, en lo que resulta más relevante, resulta incontrovertido que antes de la interposición del recurso la Municipalidad de Tocopilla, a través de los órganos técnicos establecidos en la ley para el efecto, otorgó el correspondiente permiso de construcción, de lo que sigue que el eventual riesgo que la construcción de la planta pudiera acarrear para la salud de terceros, es una cuestión meramente especulativa que no tiene comprobación en estos antecedentes.

OCTAVO: Que también ha hecho caudal el recurrente en la necesidad de que el proyecto se sujete al procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley N° 19.300, por tratarse de un proyecto industrial.

Sin perjuicio de tratarse de una problemática que debiera ser resuelta por los tribunales especiales creados por la ley, lo cierto es que, más allá de afirmarlo, el recurrente no ha explicado, en modo alguno, en qué se asila para sostener que la prestación de servicios que realizan las plantas de revisión técnica, pueda ser considerado un proyecto de carácter industrial, no divisándose elemento alguno para así determinarlo, sin perjuicio que, como lo indicó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en su informe, considerando el objeto de la planta, no se estableció dentro de los requisitos para su construcción y funcionamiento, la elaboración de un estudio de impacto ambiental, añadiendo que se trata de una actividad que no contempla un riesgo para la salud de la población ni la emisión de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, ni tratarse de una actividad industrial.

Conforme a lo anterior, la empresa de revisión técnica no ha hecho otra cosa que asilarse en las exigencias que la formuló la autoridad administrativa al momento de la licitación, al tiempo que si las bases de la misma debieron considerar la necesidad de elaborar estudios de esta naturaleza, el recurso a este respecto aparece como manifiestamente extemporáneo, desde que las bases fueron aprobadas en el año 2012.

Corolario de lo señalado este recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el los artículos 19, números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación Y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de Revisiones Técnicas Ormazábal Hijos Limitada u Ormazábal Hijos Limitada y en contra del Ministerio De Transportes y Telecomunicaciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 2020-2014 Redacción del Ministro Dinko Franulic Cetinic, quien no firma por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y el Abogado Integrante Sr. Víctor Hugo Toloza Zapata. Autoriza el Secretario (s) don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a diecinueve de enero de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.