nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CALAMA

Antofagasta, a veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña Verónica Yévenes Márquez, abogada, en representación convencional de doña nombre reservado, de nacionalidad peruana, comerciante, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo acción constitucional de protección, en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, representada legalmente por su alcalde don Eliecer Chamorro Vargas, o por quien le suceda o lo subrogue de conformidad a ley, producto del actuar arbitrario e ilegal que le causa privación y perturbación a las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°1496 de fecha 14 de agosto de 2024, que dispuso la clausura de su establecimiento comercial, solicitando se declare el actuar ilegal y arbitrario en que ha incurrido la recurrida con la dictación del referido Decreto Alcaldicio; dejando sin efecto el mismo y, consecuencialmente, la clausura del local comercial; se, disponga toda otra medida necesaria y adecuada para el restablecimiento del imperio del derecho y el respeto de las garantías constitucionales de la actora; todo ello, con costas.

Informó don Jorge Fernández Espejo, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Calama, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su acción, indicando que el acto administrativo contra el cual reclama es el Decreto Alcaldicio N°1496 de fecha 14 de agosto de 2024, notificado a la actora el 22 de dicho mes y año, dictado por la entidad edilicia recurrida, el cual ordena que se proceda “por intermedio del Depto. de Inspección Municipal, la CLAUSURA DEL LOCAL, ubicado en Latorre Nº2.001, segundo piso, Calama, en razón de los hechos acontecidos, el fin de semana pasado, que conllevó a la muerte de una persona al interior del local, y además se observó en la fiscalización, que en el tercer piso del mismo domicilio existen habitaciones, que podrían indicar o presumir, que se estaría realizando una actividad distinta al giro original de la contribuyente Sra. nombre reservado, rut: RUT reservado, quien cuenta con patente comercial Nº[cuenta reservada] “Restaurant Comercial” y de Alcohol Nº401015 “Restaurant Diurno y Nocturno de Alcohol”, actuación basada conforme a los antecedentes mencionados en el VISTOS de este decreto.”

Precisa que, la motivación y justificación de dicho decreto se encuentra contenido en su considerando uno, en el que se limita a señalar lo siguiente: “a) “El memorando Nº710/2024, fechado el 12 de agosto de 2024, de la Asesoría Jurídica, donde se informa situación ocurrida en el local comercial ubicado en domicilio reservado; b) el decreto alcaldicio general Nº1.295, del 11 de julio de 2024, que sancionó en acuerdo Nº192/2024, del 26 de junio de 2024, donde rechaza la renovación del segundo semestre 2024, de la patente de alcohol, rol 401015, giro restaurante diurno y nocturno de alcohol, a nombre la contribuyente señora nombre reservado, local ubicado en domicilio reservado; c) El Decreto Alcaldicio General Nº1.495, fechado el 13 de agosto de 2024, mediante el cual aprobó el acuerdo Nº242/2024, del 07 de agosto de 2024, donde se acogió el recurso de reposición, interpuesto en contra de la decisión adoptada en el acuerdo Nº192/2024; d) el memorándum Nº902, del 13 de agosto de 2024, de la Dirección de Inspección, donde informa situación del local en cuestión y además adjunta documentos como; anexo 01 fiscalización, memorándum Nº622/2024, de inspección, memorándum Nº1047/2024, de finanzas y nota periodística de mega noticias; el informe local con expendio de alcohol segundo semestre 2024, el ORD.Nº68 de fecha junio de 2024, remitido por la junta de vecinos Calama, centro.”

Enseguida, destina un acápite denominado “ANTECEDENTES PREVIOS”, para efectos de contextualizar la forma en que ocurrieron los hechos, haciendo presente que, sin perjuicio del acuerdo adoptado por la Municipalidad el 26 de junio de 2024, que rechazó la renovación del segundo semestre de la patente de alcohol, giro restaurante diurno y nocturno de alcohol, se dedujo recurso de reposición en su contra, el que fue acogido con fecha 13 de agosto del año en curso, autorizando la renovación y pago extemporáneo de dicha patente de alcoholes del local de la actora ubicado en domicilio reservado; que, al 14 de agosto de 2024, la recurrente pudo renovar la patente de alcoholes, pagando ante la Dirección de Finanzas, departamento de Tesorería de la I. Municipalidad recurrida; y, que si bien el local comercial se encontraba cerrado, en dichas dependencias vivían la sobrina de la actora, nombre reservado, y su cuñado, quienes en su calidad de familiares directos, no pagaban arriendo alguno, afirmando que no ejercía un giro comercial distinto.

Refiere además que, con fecha 10 de agosto del año en curso, el cuñado de la recurrente concurrió al domicilio de su sobrina doña nombre reservado, a dejar su almuerzo, encontrándola sin vida, por lo que llamó a Carabineros para adoptar el procedimiento correspondiente.

En dicho contexto alega, no resulta lícito ni razonable que el decreto alcaldicio impugnado en autos, funde su decisión de clausura del local comercial, “….en razón de los hechos acontecidos, el fin de semana pasado, que conllevó a la muerte de una persona al interior del local, y además se observó en la fiscalización, que en el tercer piso del mismo domicilio existen habitaciones, que podrían indicar o presumir, que se estaría realizando una actividad distinta al giro original de la contribuyente Sra. nombre reservado”, afirmando que dichas infracciones no existen.

Precisa que, dos serían las circunstancias que fundamentan a juicio del municipio la clausura del local; uno, sería la muerte de una persona en su interior, y otro, la existencia de habitaciones donde la persona fallecida pernoctaba, y que “podrían indicar o presumir” que se estaría realizando una actividad distinta al giro comercial de la contribuyente, sin aclarar cual podría ser tal giro distinto, ni menos aún, en que se basan o fundamentan los indicios o presunciones señaladas, ni fundamentar como la lamentable muerte de una persona incide de manera directa en la decisión adoptada y que motiva la interposición del presente recurso. Así, se habría emitido un acto administrativo cuyo fundamento y motivación no serían efectivo, y que, además, no cumplen con los requisitos formales que deben cumplir las resoluciones o actos administrativos finales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de la Ley N°19.880.

Añade que, el local comercial en cuestión se denomina “La Oficina”, el que es una pyme, cuyo giro es la compraventa y comercialización de comidas y bebidas, y se encuentra ubicado en domicilio reservado, en la ciudad de Calama, y que cuenta con la debida autorización y patente municipal para explotar el giro de restaurante diurno y nocturno, existiendo habitaciones para la recurrente y su familia en el tercer piso del local, sin que se trate de un giro comercial distinto.

Luego, cita los artículos 1712 y 47 del Código de Procedimiento Civil, que dicen relación con las presunciones, legales o judiciales, para sostener que, para otorgarle valor probatorio a las mismas y que en definitiva puedan constituir plena prueba, y tal como se desprende del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, los jueces del fondo deben puntualizar o precisar la operación lógica que los llevó al respectivo convencimiento, arguyendo que, en la especie, el acto administrativo recurrido en caso alguno establece de qué forma acreditan la presunción que en el tercer piso del mismo domicilio existen habitaciones que llevaron a concluir que se estaría realizando una actividad distinta al giro original de la contribuyente, constituyendo el acto recurrido en ilegal y arbitrario, siendo la presunción a la cual arribo la entidad edilicia absolutamente infundada.

Reclama que, el decreto de clausura, por sí, no es inteligible, al no contener la información necesaria para su acertada comprensión e impugnación, lo que atenta a la defensa jurídica; que, además, la clausura decretada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 58 del Decreto Ley N°3063 de 1979, mediante el cual se faculta al alcalde para decretar la inmediata clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que le fueren impuestas, toda vez que la contribuyente cuenta con la respectiva patente municipal para explotar la actividad económica que ejerce, sin que haya ejercido un giro distinto.

SEGUNDO: Que, informó don Jorge Fernández Espejo, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Calama, solicitando rechazar la presente acción.

En primer lugar, hace presente que la patente de alcohol es una de carácter accesoria, mientras que la patente comercial es de carácter principal, y la que habilita el ejercicio de la actividad económica, por lo que debe considerarse que para la renovación de una patente de alcohol se debe contar, entre otros requisitos, con patente comercial vigente y que no sea utilizada con un giro o actividad distinta al otorgado. Así, la patente principal de la recurrente corresponde al giro restauran comercial, ROL 310529, debiendo tenerse presente que, el artículo 5° de la Ley de alcoholes contempla que las patentes se concederán en la forma que determina dicha ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la Ley N°18.695, en lo que fueren pertinentes, para luego sostener que, el Decreto de Rentas Municipales es aplicable al caso de marras, y por ende, es procedente la clausura regulada en el artículo 58 en lo que dice relación con la patente principal, por ende es lícito la dictación del decreto impugnado en autos.

Enseguida, se refiere a los antecedentes para la dictación del Decreto Alcaldicio General N°1496-2024, remitiéndose en parte a lo indicado por la actora en su libelo recursivo, quien reconocería la existencia de habitaciones, lo que coincide con lo indicado en el mencionado decreto. Habitaciones que harían presumir que se estaría realizando una actividad distinta al giro otorgado, reconocimiento que, implicaría inmediatamente una vulneración al artículo 14 de la Ley N°19.925, norma que dispone, que “Todos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona”.

Asimismo, se refiere a lo indicado por la actora, en orden a que el fallecimiento de su sobrina fue el día 10 de agosto de 2024, siendo por tanto anterior al Decreto Alcaldicio que acogió el recurso de reposición, precisando que, el día en que se acogió dicho recurso fue el 07 de agosto de 2024, en sesión ordinaria de Consejo Municipal, de lo que daría cuenta el Decreto N°1495-2024, por lo que dicha actuación administrativa fue previo a la ocurrencia de aquel lamentable hecho. Y, que el acto que conllevó a la clausura del establecimiento fue el Decreto Alcaldicio N°1496-2024, de fecha 14 de agosto de 2024.

También, se hace cargo sobre la alegación de la actora en orden a que los hechos acontecidos aún no han conllevado a un pronunciamiento del Ministerio Público, destacando que, la causa se está tramitando bajo el número 2400938550-5 como ECOH, es decir, un Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, que mediante un enfoque de trabajo multidisciplinario se activó al recibir la noticia de un homicidio, secuestro u otro delito cometido en el contexto de crimen organizado, constituyéndose el local comercial clausurado y ubicado en domicilio reservado denominado “La Oficina”, en el sitio del suceso.

Afirma que, el Decreto Alcaldicio impugnado es un acto definitivo, establecido y regulado en el artículo 41 de la Ley de Bases de Procedimientos del Estado, y no uno de mero trámite, constituyendo por tanto la resolución final que ha puesto termino al procedimiento administrativo de clausurar el domicilio antes citado, el que además contiene una serie de actuaciones, resoluciones y decisiones formuladas por el Municipio en el ejercicio de sus funciones, de modo tal que, no existe ilegalidad alguna en el actual de la recurrida, quien además, goza de facultades para dictar resoluciones de carácter particular y disponer la clausura de un local cuyo giro comercial no se adecue al amparo establecido en la patente comercial efectivamente otorgada.

Finalizando, señala que la recurrente omite información relevante al respecto, y es que el sello de clausura habría sido violado un día después de su instalación, de lo que daría cuenta el informe de inspección municipal que acompaña a su presentación, lo que conllevó a cursar una infracción el 16 de agosto de 2024, antecedentes que fueron expuestos al Juzgado de Policía Local, donde se resolvió condenar a la actora al pago de una multa de 5 UTM, por infracción al artículo 58 de la Ley de rentas Municipales.

Por último, enfatiza que, el acto impugnado no constituye un acto ilegal toda vez que fue realizado en cumplimiento del marco normativo vigente en materia de patentes comerciales, a la luz de lo establecido en la Ley N°19.925 en concordancia con el Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales y tampoco constituye un acto arbitrario, al emanar de las facultades decisorias del Alcalde, siendo una potestad legal que debe ser ejercida con razonabilidad, fundando su decisión.

TERCERO: Que, a folios números 10 y 17 del expediente digital, el Sr. nombre reservado, fiscal adjunto de la Fiscalía Local Calama-ECOH, evacuó el oficio solicitado en autos.

En primer lugar informó, que la investigación de la causa RUC 2400938550-5 se encuentra en etapa de investigación, no judicializada, y en estudio de todos los antecedentes existentes en la carpeta a fin de tomar una decisión en la causa.

Que, complementando dicho oficio, indica que de los antecedentes incorporados en la carpeta investigativa, no existen antecedentes relativos a que en el lugar de ocurrencia de los hechos, se hayan arrendado piezas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, de los antecedentes expuestos, es posible concluir que el acto reprochado como arbitrario e ilegal por la actora, consiste en el Decreto General Alcaldicio N°1496, de fecha 14 de agosto de 2024, suscrito por don Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la comuna de Calama, en virtud del cual se dispuso la clausura del local comercial ubicado en domicilio reservadoo piso, de dicha ciudad.

SÉPTIMO: Que, para un mayor entendimiento, el decreto alcaldicio impugnado, previa remisión a los antecedentes y/o situaciones fácticas que sirvieron de base para su dictación, así como fundamentos de derecho invocados al efecto, decretó:

“1°.- PROCÉDASE a la CLAUSURA del local comercial ubicado en domicilio reservadoo PISO, en razón de los hechos acontecidos el fin de semana pasado, que conllevo a la muerte de una persona al interior del local y además se observó en fiscalización, que en el 3° PISO, del mismo domicilio existen habitaciones, que podría indicar o presumir que se estaría realizando una actividad distinta al giro original de la contribuyente Sra. nombre reservado, RUT N°RUT reservado, quien cuenta con patentes Comercial Rol 310529 “Restaurant Comercial” y de alcohol Rol 401015 “Restaurante Diurno y Nocturno de Alcohol”, actuación basada conforme a los antecedentes mencionados en los Vistos de este Decreto.

2°. - ENCÁRGUESE a la Dirección de Inspección Municipal efectuar lo mandatado en el punto primero precedente de este acto administrativo.

3°. - La violación de la clausura será sancionado en la forma establecida en el inciso final del Artículo 58°, del Decreto Ley N°3063 del año 1979, cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro.

4°. - La rotura del sello puesto por los Inspectores Municipales, será denunciada al Tribunal competente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Penal.

5°. - La Municipalidad no se hace responsable de los equipos, instalaciones, mercaderías, mobiliarios, máquinaria y otras especies que puedan existir al interior del inmueble, mientras dure la cláusula, para lo cual, en el momento de dicho acto, él o la representante legal del establecimiento comercial a que se refiere el punto primero del presente Decreto, o a quien se encontrase a cargo, deberá tomar todas las medidas conducentes para su resguardo.

6°. - NOTÍFIQUESE por parte de Secretaría Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.880, a doña nombre reservado, o quien se encuentre al interior del local a cargo del mismo. Existiendo la factibilidad de proceder a los recursos que regula la Ley, el de reposición por parte del afectado, escrituradamente.”

Que, dicho Decreto Alcaldicio, basa su fundamento además, en el Memorándum N°710/2024, fechado el 12 de Agosto de 2024, de la Asesoría Jurídica, donde se informa situación ocurrida en el local comercial ubicado en domicilio reservado° piso; Decreto Alcaldicio General N°1.295 del 11 de julio de 2024, que sancionó el Acuerdo N°192/2024, del 26 de junio 2024, donde rechazó la renovación del 2° semestre de 2024, de la patente de alcohol, rol 401015, giro Restaurante Diurno y Nocturno de Alcohol, a nombre de la contribuyente y recurrente de autos; Decreto Alcaldicio N°1595, de fecha 13 de agosto de 2024, mediante la cual se aprobó el Acuerdo N°242/2024 del 07 de agosto de 2024, que acordó acoger el recurso de reposición en contra del decreto anterior; Memorándum N°902, del 13 de agosto de 2024, de la Dirección de Inspección, donde se informa situación del local en cuestión y además adjunta documentos que allí se indican; Informe de Locales con Expendio de Alcohol 2° semestre 2024; Ordinario N°68 de fecha junio de 2024, remitido por la Junta de Vecinos de Calama Centro; Decreto Ley N°2385 de 1996, que fija el texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N°3063 de 1979; Ley N°18.575; Ley N°10336 y dictámenes de la Contraloría General de la República; Ley N°21180; Constitución Política de la República; Decreto Supremo N°1150 de 19880 del Ministerio del Interior, refundido por Decreto N°100 de fecha 22 de septiembre de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880; Ley N°21.121; Ley N°20730; Decreto Alcaldicio N°182 del 19 de enero de 2024; entre otros.

OCTAVO: Que, de lo anterior, y tal como lo reconoce la recurrida, queda en evidencia que el acto administrativo contra el cual se reclama, se funda en dos aspectos centrales; el primero, en la muerte de una persona al interior del domicilio donde funciona el local comercial clausurado, cuestión que no resulta controvertida en autos; y, en segundo lugar, a la existencia de habitaciones, igualmente al interior del local comercial, lo que haría presumir el ejercicio de actividades económicas por parte de la recurrente distintas al giro otorgado.

Sobre el primer fundamento de clausura, y tal como se dijo, no resulta ser un hecho controvertido la muerte de una persona al interior del establecimiento comercial, respecto de quien sería la supuesta sobrina de la actora. Que, dicha situación particular, ameritó la intervención de la Fiscalía Local de Calama–ECOH, quien indicó que dicha causa se encuentra en etapa de investigación, no judicializada; lo que impide determinar en esta sede detalles sobre cómo ocurrieron los hechos que culminaron con el fallecimiento de una persona; y, que desde ya se puede calificar como un antecedente grave, que a juicio de esta Corte se basta por sí mismo para justificar la medida adoptada por parte de la entidad edilicia recurrida, hechos respecto de los cuales, incluso, ameritó la intervención de la sección ECOH de la Fiscalía Local de Calama.

Luego, como segundo fundamento del decreto impugnado, encontramos la existencia de habitaciones al interior del domicilio donde funciona el local comercial de marras, y que hace presumir a la recurrida la realización por parte de la actora y contribuyente de autos, de una actividad distinta a la amparada por su patente comercial. Que, para fundamentar tal alegación, se remite al propio reconocimiento que hace la actora en su libelo recursivo, quien efectivamente reconoce la existencia de habitaciones en dicho local, las que se encontrarían ubicadas en el tercer piso del mismo, parte del inmueble en dónde se habría verificado el fallecimiento señalado de la persona aludida en el párrafo anterior, guardando estricta relación con aquél y, que cómo se dijo, resulta ser un hecho grave que actualmente se encuentra en investigación.

NOVENO: Que, de lo anterior, se desprende que el Decreto Alcaldicio que por esta vía se impugna, se encuentra debidamente fundado, dictado por autoridad competente en el marco de sus atribuciones, y que con los antecedentes existentes hasta la época de su emisión, cumple con el estándar de motivación de los actos administrativos que se impone como exigencia a la Administración en los artículos 11, inciso 2° y 41 inciso 4°, de la Ley N°19.880.

DÉCIMO: Que, como ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema “la exigencia de motivación de los actos de la Administración se satisface mediante una exposición clara y completa de los motivos del acto administrativo de que se trata, lo que importa un examen riguroso de las razones que lo sustentan y un análisis concreto de sus fundamentos. Además, la motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión indispensables para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad” (Corte Suprema Roles Nos 3598-2017 y 20.783-2018)”.

UNDÉCIMO: Que, si bien el ejercicio de la potestad municipal en lo relativo al otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes, ya sea comerciales o de alcoholes, o como ocurre en la especie, la decisión de clausura de un establecimiento comercial, considera elementos reglados y discrecionales, estos últimos se encuentran sometidos al control jurisdiccional, no en cuanto a su mérito u oportunidad, sino en lo que atañe al deber de la Administración de proporcionar razones adecuadas y atinentes como fundamento de la decisión, lo que en el caso de marras se satisface con la pormenorizada remisión a diferentes y abundantes antecedentes que sirvieron de fundamento para la dictación del Decreto Alcaldicio recurrido, lo que finalmente conlleva necesariamente a disponer el rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Verónica Yévenes Márquez, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2013-2024 (PROT)