nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

/jvz Antofagasta, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Marina Soledad Escobedo Jiménez, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos por planilla sobre la remuneración del recurrente estando pendiente un procedimiento ejecutivo de cobro de la misma deuda. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida, habiendo optado previamente por la vía judicial para el cobro de un crédito, retomó simultáneamente el cobro extrajudicial mediante descuentos directos sobre el salario del trabajador, ejerciendo así un doble procedimiento de cobro, vulnerando, con ello, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso señalando que en el año 2021 suscribió un crédito con la recurrida por la suma de $18.714.857, pagadero en 60 cuotas mensuales de $443.936, obligación que posteriormente fue reprogramada el 4 de octubre de 2022, estableciéndose un saldo de $18.894.827 a pagar en 60 cuotas de $440.792. Señala que, debido a problemas de salud incompatibles con su trabajo en la Fundición de Concentrados de Codelco, debió trasladarse junto a su familia a la Región de Coquimbo, donde emprendió un negocio de cafetería que fracasó en 2024, permaneciendo desempleado hasta julio de 2025, fecha en que obtuvo un empleo administrativo en Calama.

Agrega que, en su remuneración del mes de septiembre de 2025, pagada el 8 de octubre de dicho año, se le efectuó un descuento de $648.693 por concepto de crédito personal, suma cercana al 50% de su salario, dejándole únicamente $665.074 para su subsistencia mensual. Al indagar sobre este cobro, tomó conocimiento de que la recurrida había iniciado una demanda ejecutiva en su contra el 22 de junio de 2023, en causa rol C-1747-2023 ante el Tercer Juzgado Civil de Calama, procedimiento del cual no fue válidamente notificado, habiéndose presentado incidente de nulidad por falta de emplazamiento.

Invoca el artículo 20 de la Constitución Política de la República y sostiene que las cajas de compensación, como entidades prestadoras de un servicio público, se encuentran vinculadas a la Constitución y a la ley, debiendo actuar conforme a un análisis motivado y racional. Cita jurisprudencia de tribunales superiores de justicia que establecerían que, una vez elegida la vía judicial para el cobro, la caja queda privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo arbitrario retomar los descuentos extrajudiciales.

Sostiene que el actuar de la recurrida afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, garantizado por el artículo 19, N° 24 de la Carta Fundamental, al privársele de parte de sus ingresos mediante el ejercicio abusivo de facultades contractuales ejercidas a destiempo, reviviendo un cobro extrajudicial cuando ya optó por la vía jurisdiccional.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar los descuentos por planilla sobre su remuneración, se disponga la devolución de los dineros descontados desde la presentación de la demanda ejecutiva hasta la dictación de sentencia, y se condene en costas a la recurrida. Asimismo, solicita orden de no innovar para que se suspendan los descuentos mientras se tramita el recurso.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Señala que el 20 de octubre de 2021 se otorgó al recurrente, nombre reservado, un crédito social código N° 013CON102432306 por un capital inicial de $18.714.857, pagadero en 60 cuotas mensuales de $443.936. Indica que, producto de la morosidad existente, el 4 de octubre de 2022 el deudor efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $18.894.827, pagadera en 60 cuotas de $457.482. Sostiene que, a la fecha de evacuación del informe, la operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas correspondientes a los meses de enero de 2023 a octubre de 2025, esto es, las cuotas N° 2 a N° 35 de 60, encontrándose el crédito plenamente vigente y actualmente exigible.

Argumenta que la Circular N° 3567 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social obliga a las cajas de compensación a iniciar acciones de cobranza judicial no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 UF, razón por la cual el inicio del juicio ejecutivo no constituye un acto voluntario sino una obligación normativa.

Expone que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. En tal sentido, sostiene que el descuento por planilla constituye un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social y no una gestión de cobranza extrajudicial, siendo técnica y fácticamente imposible calificarlo como tal, dado que opera con independencia de la voluntad del acreedor.

Argumenta que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita además el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que mientras no se declare judicialmente la prescripción, deben continuar practicándose los descuentos respectivos.

En cuanto a la vulneración del artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, sostiene que no existe traspaso ilegal ni expropiación de las remuneraciones del deudor, toda vez que es la propia ley la que ordena proceder con el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible.

Invoca jurisprudencia de tribunales superiores de justicia que habría rechazado recursos de protección similares, los cuales confirman la legalidad del mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Finalmente, solicita se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, por no existir acto ilegal ni arbitrario en su actuar. Acompaña además expediente de crédito e informa que mantiene paralizado todo descuento en cumplimiento de la orden de no innovar decretada en autos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, consistente en efectuar un descuento improcedente en las remuneraciones del recurrente, provenientes de un crédito social cuyo cobro se habría intentado en sede civil, en procedimiento iniciado por la propia recurrida, en causa rol C-1747-2023, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Calama, el 22 de junio de 2023, libelo que se funda en el pagaré N° 013CON102432306, y por la suma -luego de la repactación- de $18.894.827, precisando además en su recurso que el descuento que estima ilegal y arbitrario se practicó unilateralmente por la recurrida en la liquidación de septiembre de 2025.

SEXTO: Que, para resolver, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso a través de la planilla de remuneración del afiliado.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, en el caso de marras, se encuentra establecido que la recurrida, respecto del crédito en análisis, previamente optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento ejecutivo seguido ante el Tercer Juzgado de Letras de Calama, resultando evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que es la misma caja de compensación quien, una vez elegida la vía judicial, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la mentada norma, significando aquello la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos de la actora, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señaladas, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, como se dijo, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la caja de compensación en cuestión, razón que basta para acoger el recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en cuanto la recurrida deberá abstenerse de practicar el cobro del crédito social Nº 013CON102432306, vía descuentos de remuneraciones, debiendo, asimismo, reembolsar el monto indebidamente descontado de la liquidación de remuneraciones del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 2008-2025 (Protección)