Protección contra Colegio nombre reservado de la Fundación Educacional nombre reservado

Antofagasta, a veinticinco de febrero del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Camila Escobedo Rodríguez, abogada, domiciliada en domicilio reservado, Santiago de Chile, en representación de nombre reservado, estudiante, domiciliada en domicilio reservado, Región de Antofagasta; quien deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado de la Fundación Educacional nombre reservado, representada por nombre reservado, o quien haga las veces de sus funciones, ambos domiciliados en domicilio reservado, región de Antofagasta, por no realizar oportunamente una investigación, y la inexistencia de un procedimiento formal sancionatorio, sin adoptar medidas específicas de protección, sin entrega de antecedentes y con una posterior actitud revictimizante por parte del establecimiento hacia la alumna afectada, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso las recurridas instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundan el recurso señalando que la recurrente es alumna regular del establecimiento recurrido y presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, condición conocida y reconocida por el propio colegio desde años anteriores, lo cual, según argumenta, impone al establecimiento un deber reforzado de resguardo, protección y acompañamiento.

Expone que durante el año escolar 2025 la estudiante habría sido expuesta de manera reiterada y sostenida a situaciones de connotación sexual por parte de compañeros del establecimiento, consistentes en conductas como forzarla o incitarla a besar a otros estudiantes, burlas persistentes y episodios de exposición corporal, las que ocurrían principalmente en recreos, traslados internos y clases de educación física. Sostiene que no se trató de hechos aislados, sino prolongados en el tiempo y conocidos por otros alumnos y apoderados, lo que evidenciaría una falla de detección y resguardo por parte del colegio.

Indica que la madre de la estudiante toma conocimiento directo de la gravedad de estos hechos el 27 de octubre de 2025, cuando dos compañeros del curso se acercan espontáneamente a informarle que nombre reservado era objeto de tales conductas desde hacía tiempo, identificando incluso a los estudiantes involucrados. Destaca que esta información no provino del colegio, sino de pares de la estudiante, lo que se presenta como indicio de falta de respuesta oportuna del establecimiento. Ese mismo día, la madre informa la situación al profesor jefe y luego envía un correo electrónico formal de denuncia al Encargado de Convivencia Escolar, con copia al rector y a miembros del equipo directivo, solicitando intervención urgente.

Al día siguiente, 28 de octubre de 2025, la madre concurre presencialmente al establecimiento y formula denuncia formal. Se levanta un acta inicial y se le informa que iniciaran una investigación conforme a protocolos internos. Sin embargo, sostiene que desde ese momento el actuar del colegio se caracterizó por falta de claridad, ausencia de información concreta y dilaciones injustificadas, incrementándose la angustia de la madre y la sensación de desprotección de la estudiante. Durante los días posteriores, la madre reitera su disposición a colaborar, aporta nombres de apoderados que podrían confirmar la reiteración de los hechos y solicita que las entrevistas a menores se realicen con presencia de sus padres, para evitar presiones indebidas o distorsiones en los relatos; según expone, estas solicitudes no fueron respondidas clara ni oportunamente.

Señala que aunque el colegio informó formalmente recién el 4 de noviembre de 2025 el inicio de una investigación interna, la madre debió insistir reiteradamente para acceder a información mínima sobre su avance. El 10 de noviembre de 2025 solicitó expresamente conocer si se habían realizado entrevistas, qué medidas se habían adoptado y cuáles serían los plazos del procedimiento, sin recibir respuesta. Recién el 13 de noviembre de 2025 la madre fue citada a una reunión en el establecimiento, instancia en la que representantes del colegio reconocieron expresamente que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. Informaron que se aplicaron ciertas medidas de carácter educativo y que algunos estudiantes suscribieron cartas de compromiso. Sin embargo, en esa misma reunión habría quedado en evidencia que no existía un procedimiento sancionatorio formalizado por escrito, que no todos los apoderados de los estudiantes involucrados habían sido citados y que no se habían adoptado medidas específicas de protección para la estudiante, tales como separación efectiva o acompañamiento especializado.

Tras ello, la madre comienza a solicitar formalmente copia del acta de esa reunión y antecedentes escritos del procedimiento llevado a cabo, reiterando sus solicitudes los días 3, 9 y 10 de diciembre de 2025. A la fecha de presentación del recurso, afirma que el establecimiento no entregó el acta ni proporcionó un expediente claro, ordenado y verificable de la investigación, ni informó una fecha estimada para hacerlo. Sostiene que esta negativa reiterada impidió comprender qué se investigó, cómo se investigó y qué conclusiones formales se adoptaron, profundizando opacidad e indefensión.

Agrega que la situación se agrava cuando, en reunión sostenida el 1 de diciembre de 2025 con el rector, el relato institucional cambia, ya que una funcionaria a cargo de la investigación habría señalado que las situaciones denunciadas se produjeron porque la propia niña, “por afán de agradar”, se acercaba a otros estudiantes. Estima que tal explicación contradice el reconocimiento previo efectuado en la reunión del 13 de noviembre, desconoce la condición de Trastorno del Espectro Autista de la estudiante y resulta revictimizante.

En ese marco, plantea que subsiste un desconocimiento sobre la existencia real y el contenido de un procedimiento investigativo y sancionatorio formal, así como la insuficiencia o nulidad de medidas concretas de resguardo para la estudiante y para la comunidad escolar, configurándose infracción a la normativa vigente, al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a garantías constitucionales.

Sobre la oportunidad en que se presenta el recurso, sostiene que las omisiones y actuaciones denunciadas no son hechos consumados, sino que se mantienen vigentes, el colegio no habría concluido un procedimiento sancionatorio formal, escrito y verificable, ni adoptado medidas eficaces y suficientes de protección; además, persistiría la negativa a entregar antecedentes y la inexistencia de un expediente claro, todo lo cual constituiría una afectación continua.

Subsidiariamente, para efectos de cómputo, indica como último hito una comunicación del 5 de diciembre, en que nuevamente se habría negado la entrega de información y la adopción de medidas serias.

Afirma que los hechos importan una amenaza grave, actual y persistente a los derechos fundamentales de la niña, particularmente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como su derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada.

En cuanto al derecho a la integridad física y psíquica, argumenta que las conductas de connotación sexual sufridas afectan directamente la esfera íntima y la integridad psíquica de la estudiante, y que la protección exigible no se agota en constatar el daño, sino en adoptar medidas inmediatas y eficaces para evitar su reiteración y profundización.

Sostiene que la respuesta institucional fue tardía, insuficiente y carente de claridad, manteniendo a la estudiante expuesta al mismo entorno donde ocurrieron las vulneraciones, sin resguardos concretos y verificables.

Enfatiza que la amenaza se agrava por la sensación de desprotección e incertidumbre, por la falta de transparencia del procedimiento, por la inexistencia de un procedimiento sancionatorio escrito, y por la revictimización derivada de relativizar los hechos o sugerir que la propia niña tuvo iniciativa, lo que sería particularmente improcedente tratándose de una menor con TEA. Añade que la amenaza no cesa por el término del año escolar 2025, pues la estudiante continuaría el año 2026 en el mismo establecimiento y, según afirma, en iguales circunstancias respecto de los agresores, manteniéndose latente el riesgo y la inoperancia administrativa.

Sobre la igualdad ante la ley, plantea que la recurrida habría incurrido en una discriminación indirecta o estructural, al abordar los hechos desde parámetros de consentimiento y conducta propios de estudiantes neurotípicos, sin realizar ajustes razonables ni considerar adecuadamente la condición de TEA. Indica que la referencia al “afán de agradar” trasladaría implícitamente una cuota de responsabilidad a la víctima, desconociendo particularidades del trastorno relacionadas con comprensión de dinámicas sociales y límites, configurando un trato desigual e injustificado.

Agrega que la vulneración se manifiesta también en la falta de aplicación efectiva de medidas de mayor intensidad previstas en el Reglamento Interno frente a situaciones graves y en la opacidad procedimental que impediría a la madre ejercer en condiciones de igualdad su derecho a comprender, cuestionar y exigir protección.

En relación con la ilegalidad y arbitrariedad, invoca el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el protocolo específico frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, mencionado como contenido en la página 50 del RICE, que impondría deberes de actuación integral, medidas inmediatas de resguardo, investigación formal, acompañamiento psicoeducativo, prohibición de revictimización y adopción de medidas en plazos breves.

Sostiene que, pese a afirmarse que se “activó” un procedimiento interno, la madre no ha accedido a un procedimiento sancionatorio formal, escrito y verificable ni a un expediente que permita conocer diligencias, criterios y decisiones. Agrega que el propio RICE contempla medidas disciplinarias no expulsivas frente a faltas gravísimas, como cambio de curso, condicionalidad y suspensión temporal, y que el cambio de curso de los agresores aparece como herramienta idónea para evitar contacto con la víctima, prevenir reiteración y garantizar un entorno seguro, sin recurrir a sanciones extremas. En ese escenario, afirma que la omisión de medidas reglamentarias expresamente previstas, como la separación efectiva y el cambio de curso, y la negativa a entregar antecedentes, tornan el actuar del colegio arbitrario e ilegal, por apartarse de su normativa interna y de los principios de proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad e interés superior del niño.

Concluye solicitando se declare que la recurrida incurrió en actuar arbitrario e ilegal que perturba o amenaza los derechos del artículo 19 N°1 y N°2, ordenando medidas para restablecer el imperio del derecho, consistentes en la entrega inmediata a la madre de todos los antecedentes relativos al procedimiento sancionatorio; la adopción de medidas disciplinarias acordes a la gravedad, considerando la condición neurodivergente, incluyendo condicionalidad de matrícula para 2026 y reorganización de los agresores en otro curso del mismo nivel, además de cualquier otra medida necesaria para resguardar integridad física y psíquica y prevenir revictimización; y condena en costas.

SEGUNDO: Que informa Daniel Gálvez Henríquez, abogado, en representación de La Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, quien solicita el rechazo de la acción constitucional.

En primer lugar, expone una síntesis del recurso interpuesto, para luego sostener que los hechos fueron abordados con estricto apego al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la normativa vigente, descartando categóricamente cualquier vulneración a la integridad física y psíquica o a la igualdad ante la ley de la estudiante.

Señala que el 28 de octubre de 2025 se realizó entrevista con la madre y la alumna, activando de inmediato el protocolo correspondiente. Entre el 29 de octubre y el 18 de noviembre se efectuaron entrevistas a estudiantes que pudieran tener participación o conocimiento de los hechos denunciados. El 19 de noviembre se informó formalmente a la apoderada el resultado del proceso investigativo, comunicando que los estudiantes involucrados, junto a sus apoderados, asumieron compromisos de no reiterar las conductas, y que se adoptarían medidas formativas y de intervención a nivel de curso, además de acciones de acompañamiento y visualización en favor de la estudiante.

En cumplimiento de lo anterior, el 20 de noviembre de 2025 se desarrolló una intervención formativa con el 3° básico “B”, denominada “Espacios personales. Lo adecuado y lo no adecuado”, orientada a reforzar el respeto del espacio personal, la empatía y el buen trato. Indica que la propia apoderada, con fecha 21 de noviembre, remitió correo electrónico valorando el trabajo formativo realizado.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2025 le envió comunicación formal detallando todas las acciones desarrolladas, medidas adoptadas y plan de acompañamiento. La madre respondió ese mismo día manifestando su disconformidad con la calificación de los hechos y solicitando sanciones más gravosas, advirtiendo que recurriría a la Superintendencia de Educación si no obtenía una respuesta satisfactoria.

A raíz de ello, fue invitada a una nueva reunión que se efectuó el 1 de diciembre de 2025 con el Rector del establecimiento, instancia en la cual la apoderada reiteró su solicitud de medidas más restrictivas, como condicionalidad de matrícula y reunión extraordinaria de apoderados. El Rector sostuvo que la resolución adoptada por el área de Convivencia Escolar se ajustaba plenamente al Reglamento Interno y a la normativa vigente. Por lo que no se suscribieron acuerdos adicionales. El establecimiento destaca que la resolución fue formalmente notificada el 25 de noviembre de 2025 y que la apoderada no interpuso el recurso de apelación interna contemplado en el Reglamento, por lo que la decisión quedó firme.

En cuanto al fondo, la recurrida explica que la investigación concluyó que las conductas correspondían a juegos inadecuados propios de la edad, estudiantes de aproximadamente nueve años, descartándose la existencia de intención sexual en los hechos. En razón de ello, se optó por medidas formativas proporcionales, privilegiando la orientación pedagógica por sobre sanciones disciplinarias severas, criterio que, según se expone, se encuentra alineado con las directrices de la Superintendencia de Educación, particularmente la Circular N°482 de 2018 y las Circulares N°781 y 782 de 2025. Añade que no puede imponerse una nueva sanción disciplinaria para el año 2026, como la condicionalidad de matrícula solicitada por la recurrente, ya que ello implicaría vulnerar el debido proceso y aplicar una doble sanción respecto de hechos ya resueltos mediante medidas firmes.

Asimismo, rechaza la alegación de discriminación por la condición de Trastorno del Espectro Autista de la estudiante, afirmándose que siempre fue oída en compañía de su madre, que se dispusieron medidas de apoyo y visualización acordes a su necesidad educativa especial permanente, y que tales acciones no pudieron ejecutarse plenamente debido a la inasistencia de la alumna hasta el término del año escolar, situación respaldada por certificado médico acompañado por la propia apoderada.

Concluye solicitando, el rechazo del recurso, declarando que el actuar del Colegio nombre reservado se ajustó a la legalidad, que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales invocadas y que la discrepancia de la madre con las medidas adoptadas no configura por sí misma ilegalidad o arbitrariedad.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución de la materia sub lite, en cuanto al fondo, cabe tener presente que en la especie, la recurrente imputa al establecimiento educacional recurrido haber incurrido en omisiones e irregularidades en la tramitación de una investigación interna relativa a hechos de connotación sexual que habrían afectado a la estudiante, sosteniendo que no se habría instruido un procedimiento sancionatorio formal, que no se habrían adoptado medidas suficientes de protección ni entregado antecedentes del proceso, y que existiría una actitud revictimizante, vulnerándose con ello las garantías del artículo 19 N°1 y N°2 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que, con fecha 28 de octubre de 2025, el establecimiento activó el protocolo correspondiente previsto en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar, procediendo a entrevistar a la estudiante y a su madre, desarrollándose posteriormente entrevistas a otros alumnos entre los días 29 de octubre y 18 de noviembre del mismo año. Asimismo, consta que el día 19 de noviembre se comunicó formalmente a la apoderada el resultado del proceso investigativo, informándose la adopción de medidas formativas, compromisos suscritos por los estudiantes involucrados y acciones de acompañamiento y reforzamiento pedagógico a nivel de curso, desarrollándose intervención específica el 20 de noviembre.

SÉPTIMO: Que la controversia planteada no dice relación con la inexistencia absoluta de actuación por parte del establecimiento, sino con la suficiencia, intensidad y naturaleza de las medidas adoptadas, particularmente la decisión de privilegiar medidas formativas por sobre sanciones disciplinarias más gravosas, así como con la negativa de acceder a la imposición de condicionalidad de matrícula y cambio de curso para el año académico siguiente.

OCTAVO: Que la determinación de la calificación de los hechos y la proporcionalidad de las medidas disciplinarias o formativas adoptadas en el marco de un Reglamento Interno de Convivencia Escolar constituye, en principio, una materia entregada al ámbito de autonomía técnica y pedagógica del establecimiento educacional, sin que corresponda a esta Corte sustituir dicha valoración, salvo que se acredite de manera manifiesta una infracción normativa o un actuar carente de razonabilidad, circunstancias que no se advierten en la especie.

NOVENO: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, no se ha acreditado la existencia de una amenaza actual y concreta a la integridad física o psíquica de la estudiante atribuible a una omisión ilegal del establecimiento, toda vez que consta la activación del protocolo, la investigación de los hechos denunciados y la adopción de medidas destinadas a prevenir su reiteración. La mera discrepancia de la recurrente respecto de la entidad o suficiencia de tales medidas no transforma por sí sola el actuar en ilegal o arbitrario.

Respecto de la alegación de vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, no se advierte la concurrencia de un trato diferenciado injustificado fundado en la condición de Trastorno del Espectro Autista de la estudiante, constando que fue oída en compañía de su madre y que se dispusieron medidas de acompañamiento acordes a su condición, sin que se haya demostrado discriminación directa o indirecta en los términos denunciados.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el ordenamiento jurídico contempla vías específicas y especializadas para el conocimiento y fiscalización de eventuales infracciones a la normativa educacional y a los protocolos de convivencia escolar, correspondiendo particularmente a la Superintendencia de Educación el control del cumplimiento del Reglamento Interno y de los procedimientos disciplinarios, así como la adopción de medidas correctivas o sancionatorias en caso de infracción.

Del mismo modo, en el evento de estimarse configuradas situaciones constitutivas de vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, el sistema de protección integral previsto en la Ley N°21.430 contempla mecanismos administrativos y jurisdiccionales idóneos para su conocimiento.

En consecuencia, el recurso de protección no constituye la vía adecuada para sustituir los procedimientos especializados antes referidos ni para revisar en detalle la valoración pedagógica y disciplinaria efectuada por el establecimiento educacional, no habiéndose acreditado en autos un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere de manera actual y manifiesta las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Camila Escobedo Rodríguez, abogada, en representación de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado De La Fundación Educacional nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2–2026 (Protección)