nombre reservado con COMUNIDAD EDIFICIO EDUARDO ABAROA 1

Antofagasta, a once de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Luis Orellana Retamales, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de los trabajadores de Comunidad Edificio nombre reservado, cuya nómina parcial consta en documento signado en la letra b) del otrosí respectivo de su presentación, deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, administradora, y en contra del Comité de Administración de Comunidad Edificio nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Evacuan informe los recurridos, solicitando el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se basa en las siguientes consideraciones:

Señala el recurrente que el hecho fundante de la acción es el maltrato sicológico y amenazas en contra de los trabajadores del Edificio nombre reservado por parte de la administradora, y la omisión de resguardo de los derechos de los trabajadores por parte del Comité de Administración. Sobre el particular, sostiene haber tomado conocimiento de los hechos de maltrato a través de una reunión virtual de fecha 5 de mayo de 2020, con un grupo de propietarios de la comunidad del Edificio nombre reservado, entre ellos la señora nombre reservado, propietaria que expresó su parecer al comité de la administración mediante una carta de fecha 2 de mayo del presente, sin obtener respuesta.

Refiere que mediante una cadena de correos electrónicos que acompaña en un otrosí de su presentación, el día 10 de abril de 2020 el presidente del Comité se reunió con parte de los trabajadores y tomó conocimiento de los malos tratos laborales de los han sido objeto e irregularidades por parte de la administradora. Así las cosas, asevera que la conducta omisiva del Comité de Administración recurrido ha perjudicado los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores sin que hasta hoy se hayan tomado acciones concretas para terminar con el mal ambiente laboral, entre ellas, pedir la renuncia de la administradora, o bien, citar a una asamblea de copropietarios para discutir dicho punto y posibilitar su remoción legal.

Agrega que, según se advierte de los documentos que acompaña en un otrosí de su presentación, la administradora recurrida ha sido desvinculada de otros condominios de la ciudad de Calama por incurrir en idénticos hechos, lo que avala la veracidad de la denuncia.

Manifiesta que los actos descritos constituyen una amenaza y perturbación grave a los derechos constitucionales de los trabajadores del Edificio nombre reservado, en flagrancia, pues pretenden limitarlos. Agrega que dichos actos son ilegales, porque a la luz de lo que señala el artículo 19 N° 1 de la Carta Política, carece de todo fundamento legal y fáctico la amenaza al derecho a la integridad física y psíquica de los trabajadores.

Asevera que incluso tras la reforma laboral del año 2008, se acciona vía tutela laboral en idénticos términos que esta acción constitucional, pudiendo impetrarse una u otra vía según parezca de mejor resolución jurídica. Indica que ante el episodio de pandemia por Covid-19 que vive nuestro país, ha estimado adecuado hacerlo por esta vía ante la necesidad urgente de restablecimiento de imperio del derecho en favor de los trabajadores del Edificio Abaroa.

Bajo el acápite de descripción normativa del acto, refiere que se ha producido flagrantemente una amenaza ilegal por parte de la administradora y el Comité de Administración recurridos, del derecho constitucional a la integridad psíquica de los trabajadores del condominio, y una perturbación, dado que han limitado los legítimos derechos de laborar en ambiente sano y de pleno respeto a sus derechos. Agrega que la arbitrariedad es explícita, pues los actos de la administradora obedecen a un capricho abusivo y contrario a derecho.

Finaliza su presentación indicando como peticiones concretas, que esta Ilma. Corte acoja el recurso, adoptando como providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, las siguientes: (A) Que ordene a la administradora recurrida que debe abstenerse de efectuar actos contrarios a derecho en contra de los trabajadores del Edificio nombre reservado; (B) Que se ordene al Comité de Administración recurrido a impetrar las acciones que la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y el Código del Trabajo les exige, tales como la citación a una asamblea ordinaria, para que ella se pronuncie sobre la remoción de la administradora, así como también, separar de sus funciones a esta persona hasta la realización de dicha asamblea, así como todas aquellas que permitan el cese de las conductas y amenazas denunciadas en contra de los trabajadores del condominio; (C) con costas del recurso, por no tener los recurridos motivos plausibles para litigar. En subsidio, que se adopten las providencias que la Ilma. Corte de Apelaciones estime convenientes para la protección de los derechos de trabajadores del Edificio nombre reservado y el restablecimiento del imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la abogada Margot del Pilar Fernández Gutiérrez evacua informe por el recurrido Comité de Administración de la Comunidad Edificio nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que a inicios de abril de 2020, el Comité de Administración recibió una denuncia verbal de uno de sus trabajadores, relativa a la existencia de problemas con la administradora nombre reservado. Por lo anterior, el presidente del Comité entrevistó a cada uno de los trabajadores y a la administradora. Indica que de la investigación realizada, se constataron indicios relativos a la existencia de un mal ambiente de trabajo.

Expresa que la investigación concluyó a fines de abril del presente, y que en reunión ordinaria del Comité, se resolvió por unanimidad proceder a terminar el contrato de trabajo de la administradora. Así las cosas, manifiesta que con fecha 30 de abril de 2020, se notificó la carta de despido, por la causal contemplada en el artículo 159 N°1 del Código del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo de las partes, expresándose que el contrato de trabajo terminará su vigencia el día 30 de mayo de 2020.

Sostiene que por lo anterior, el Comité de Administración considera haber realizado todas las actuaciones que en derecho corresponden, encontrándose resuelto el asunto materia del recurso de forma interna por la comunidad vecinal que representa; concluyendo que no les consta vulneración de garantía constitucional alguna. Para mejor ilustración de la causa, acompaña copia de la carta de despido de la administradora.

TERCERO: Que el abogado Álvaro Domingo Rosas Lizama, en representación de la recurrida nombre reservado, evacua informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como cuestión previa, refiere que con fecha 30 de abril de 2020, su representada es notificada formalmente que se ha dispuesto poner término a su contrato de trabajo como administradora de la comunidad Edificio Abaroa I, bajo la causal de mutuo acuerdo, haciéndose efectivo el cese de sus funciones a partir del día 30 de mayo de 2020; sosteniendo que tal cese podría implicar que el recurso de protección interpuesto en términos prácticos perdería vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace cargo de los hechos que se expresan en el recurso. Primeramente, califica como una ausencia de seriedad la manera en que se pretende individualizar a los trabajadores que el recurrente dice representar, pues la “nómina parcial” a la que alude -sin perjuicio de estar mal individualizada- no corresponde a una expresión certera de personas, debidamente individualizadas y haciéndose responsable de sus actos mediante sus respectivas firmas, pues sólo se visualiza una constancia presentada ante la Inspección del Trabajo, firmada digitalmente mediante el uso de clave única por doña nombre reservado, haciendo mención a 6 personas, incluida la propia firmante, que supuestamente serían trabajadores de la comunidad Edificio Abaroa I de Calama. Por otra parte, argumenta que aquellas 6 personas que dicen tener una relación laboral, tienen a su disposición los procedimientos de reclamación tanto en la Inspección del Trabajo -realizando las denuncias respectivas y no una mera constancia- como a nivel judicial, mediante el mecanismo de tutela laboral.

En cuanto a los hechos que se indican en la referida constancia, sostiene que no se expresa época, lugar ni frases precisas que su representada habría utilizado, y que pudieran interpretarse como atentatorias a la dignidad de las personas.

Por otro lado, refiere que de los hechos que se expresan en el recurso, no es posible determinar que aquellos se hayan verificado dentro del plazo de 30 días contados con anterioridad a la fecha de presentación del recurso.

Agrega que el recurrente cita a una persona de nombre nombre reservado, que supuestamente sería una copropietaria del Edificio Abaroa I, sin que se haya agregado algún documento oficial que dé cuenta tanto de su existencia y su condición de propietaria de alguna unidad habitacional. Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que en la carta que habría emitido esta supuesta propietaria -la que carece de fecha- no existe una relación circunstanciada de ningún hecho concreto o frase precisa, que pudiera ser analizada y entendida tanto por su parte como por esta Ilma. Corte.

Posteriormente, se hace cargo de los restantes documentos que se acompañan en el recurso, efectuando los reparos que latamente expone.

Sostiene que de los antecedentes expuestos por el recurrente, no es posible establecer fehacientemente la fecha en que los hechos ocurren específicamente, y tampoco se explicita en qué consisten los hechos o de qué forma se genera la vulneración a un derecho garantizado constitucionalmente, especialmente aquél referido a la integridad psíquica. Asimismo, indica que no existe en el caso de marras, ningún hecho ejecutado por su representada que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional, citando jurisprudencia sobre el particular.

Finalmente, alega que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de orden constitucional, cuya finalidad es amparar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que enumera el citado artículo 20 de la Carta Política. Al tratarse de una acción cautelar de urgencia, cuya tramitación es sumaria y sin forma de juicio, solo puede amparar derechos indubitados o situaciones fácticas no controvertidas, debido a que no es admisible una etapa probatoria en la que pueda corroborarse las afirmaciones inciertas o discutidas de las partes, careciendo en consecuencia de las garantías de un juicio declarativo de lato conocimiento.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley, o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en este orden de ideas, las situaciones de maltrato laboral denunciadas por el recurrente requieren de una corroboración empírica o a lo menos indiciaria, de tal modo que asentada su efectividad, se puedan adoptar las medidas concretas y pertinentes en su resguardo, para lo que necesariamente debe recurrir a un juicio de lato conocimiento, transformándose la acción constitucional en una vía no idónea para encausar su pretensión declarativa.

En efecto, no existen antecedentes suficientes que permitan sostener la existencia de situaciones de acoso laboral y, por otra parte, ésta no es la vía adecuada para establecer la eventual responsabilidad de los recurridos, toda vez que para ello se requiere de un juicio contradictorio, y a través de los medios de prueba legal, determinar la existencia del hecho denunciado, en el procedimiento jurisdiccional correspondiente. Por tales razones, el recurso será desestimado.

No obsta a la conclusión anterior, la actual situación de emergencia sanitaria por COVID-19, por cuanto los Juzgados de Letras del Trabajo se encuentran investidos de la facultad de decretar las medidas cautelares que correspondan, si del mérito del proceso fluye su necesidad, pertinencia y oportunidad.

SEXTO: Que si perjuicio de lo anterior, de la copia de la carta de despido de fecha 30 de abril de 2020, acompañada por ambos recurridos, se advierte que se puso término al contrato de trabajo de la administradora recurrida en dicha fecha por la causal prevista en el artículo 159 N° 1 del Código del Trabajo, estableciéndose que el último día de labores sería el 30 de mayo del presente, cuestión que fue reconocida en estrados por la parte recurrente. En consecuencia, fluye que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, pues lo que se pretendía no era otra cosa que la remoción de la referida administradora, según se expuso en el recurso.

SÉPTIMO: Que no se condenará en costas a la recurrente por no estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por Luis Orellana Retamales en contra de nombre reservado y del Comité de Administración de Comunidad Edificio nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1993-2020 (protección)