Protección contra Servicio de Tesorería Regional de Antofagasta

Antofagasta, quince de junio de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 17, la comparecencia de Luis Alberto Carvajal Peña, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, dependiente, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra del Servicio de Tesorería Regional de Antofagasta, representado por el Tesorero Regional nombre reservado, o quien haga las veces como tal, domiciliados en domicilio reservado, contra la Universidad de Antofagasta, representada por su nombre reservado, o quien haga las veces como tal, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Administradora General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta nombre reservado, o quien haga las veces como tal, también domiciliada en domicilio reservado, por estimar que las recurridas vulneran la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, en razón del acto ilegal y arbitrario, consistente en el cobro de una deuda por concepto de crédito universitario del fondo solidario que fue declarada prescrita por sentencia ejecutoriada y la retención de impuestos por parte de la Tesorería como consecuencia de este cobro, solicitando que se tomen las medidas conducentes al restablecimiento del derecho y la garantía constitucional, con costas sólo respecto de la Universidad de Antofagasta.

A fojas 27, informa el Director Regional Tesorero de la Tesorería Regional de Antofagasta, señalando que la acción carece de todo fundamento y que no existe de su parte alguna acción arbitraria o ilegal al efectuar la retención de dinero, solicitando el rechazo del recurso.

A fojas 33, informa la Universidad de Antofagasta, quien reconoce lo expuesto por la recurrente y acompaña cheque a su nombre, con el objeto de restituir el monto indebidamente retenido.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción en que su representado efectúo el trámite de declaración de renta 2015 el 24 de abril de este año, lo que fue aceptado por el Servicio de Impuestos Internos el 6 de mayo pasado, aceptando la devolución de la operación renta por la cantidad de $790.657. Luego, el 13 de mayo a través de auto consulta en el portal de dicha repartición, la Tesorería General de la República informa que se efectuó una retención por la cantidad de $780.083 sobre el monto autorizado, sin señalar el motivo de dicho descuento.

Dado lo anterior su representado se dirige la oficina de la Tesorería de Antofagasta para pedir información sobre la retención, indicándosele que se debía a la deuda que mantenía con el fondo solidario por crédito universitario de la Universidad de Antofagasta. Sin embargo, hace presente que con fecha 12 de abril de 2013 dedujo demanda de prescripción del crédito universitario, contra la Universidad de Antofagasta, la que fue acogida con fecha 7 de enero de 2014, declarándose prescrita la acción de la Universidad para demandar dicho monto.

De este modo, alega que la Universidad estaba en pleno conocimiento de la imposibilidad para demandar el crédito universitario, por lo que debió informar a la Tesorería que no retuviera de la declaración de renta algún monto en lo sucesivo sobre dicho crédito. Si bien comprende que la Tesorería no tenía conocimiento de la sentencia y de sus efectos, alega que es procedente con este recurso que la misma se abstenga en lo sucesivo de retener algún monto de la operación de renta de nombre reservado y que diga relación con el fondo solidario por crédito universitario de la Universidad de Antofagasta.

En cuanto a la Administradora General del Fondo Solidario, señala que dicha autoridad quien informa a la Tesorería, de acuerdo a la Ley 19.989, en el mes de marzo a quienes debe retenérseles en la operación de renta por concepto de deuda del crédito y, en el caso particular debía abstenerse respecto de este recurrente.

Al efecto alega que los actos ilegales y arbitrarios vienen dados por la no información de la Universidad a la Tesorería, no obstante la existencia de una sentencia firme ejecutoriada que declaró la prescripción de la deuda que se cobra. Mientras que el actuar de la Administradora del Fondo Solidario también es ilegal y arbitrario porque también debía abstenerse de informar en estas circunstancias. Respecto de la Tesorería, en tanto, si bien indica que no es posible estimar que su actuar fue ilegal y arbitrario, por este recurso pretende que se abstenga de retener en lo sucesivo dineros relacionados con deuda al fondo solidario.

En definitiva, citando el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y previa indicación del efecto expropiatorio de derechos que estos actos han ocasionado y la vulneración al derecho de propiedad, solicita que se tomen todas las medidas conducentes al restablecimiento, tutela y protección de dicho derecho y garantía, con costas.

A su recurso acompañó copia de la sentencia definitiva dictada con fecha 7 de enero de 2014 en los autos rol 1509-2013, con su certificado de ejecutoría, en virtud de la cual se declararon prescritas las acciones ejecutivas y ordinarias de cobro que detentaba la Universidad de Antofagasta respecto de obligaciones emanadas de seis pagarés que fueron objeto de dicho juicio.

SEGUNDO: Que informa la recurrida Tesorería General de la República, señalando que la acción es improcedente a su respecto dado que el recurrente busca que se tomen medidas para que no proceda la retención por la deuda del crédito fiscal universitario, basando su pretensión en que el crédito fue declarado prescrito, por sentencia recaída en causa 1509-2013 del 3º Juzgado Civil de Antofagasta, en circunstancias que su actuar, como lo manifiesta el propio recurrente, no ha sido en caso alguno ilegal o arbitrario, desde el momento que, conforme a la Ley Nº 19.989, debe retener cuando les ha sido mandatado hacerlo.

Agrega que si existió una causa de naturaleza civil en que se debatió la prescripción de la deuda, en ningún caso dicha resolución implica que deba proceder a la abstención de retener las sumas adeudadas, pues las sentencias judiciales producen efectos relativos respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. En consecuencia, alega que no es posible sostener que el servicio y actuado en perjuicio del recurrente, sobre todo si la deuda supuestamente se encontraría prescrita por sentencia declarada en juicio del cual no fueron parte.

Finalmente, alega que aun cuando se estableciera un actuar ilegal y arbitrario de la Universidad y la Administradora del Fondo, jamás les fue informada la circunstancia de abstenerse de retener la devolución impuestos por una deuda que para dicho servicio se encontraba vigente y cuyo mandato de retener no había sido revocado por los propios mandantes; solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso.

TERCERO: Que la recurrida Universidad de Antofagasta también informó al tenor del recurso, señalando que efectivamente, como lo indica el recurrente, en su oportunidad se dedujo demanda de prescripción extintiva en su contra, en la cual se declaró prescrita la deuda que el recurrente sostenía con la Universidad de Antofagasta a título de fondo solidario del crédito universitario.

Agrega que por una descoordinación interna y sin ánimo de vulnerar la garantía constitucional del recurrente, la Universidad no informó a la Tesorería la inexistencia de la deuda, procediendo esta última a dos retenciones de devolución de impuesto del recurrente, correspondiente al año tributario 2014, una por la suma de $780.083 y la segunda por la suma de $434.334.

A su parecer, afirma no haber cometido acto arbitrario o ilegal que haya vulnerado alguna garantía del recurrente, en especial la prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la constitución política de la República, tanto así que en el mismo acto en que evacuó el informe acompaña cheque a nombre del recurrente, emitido por la corporación, por la suma de $1.214.417 que corresponden a los montos retenidos por concepto de devolución de impuestos, el que se encuentra en custodia de esta Corte.

En virtud de esta respuesta, se prescindió del informe requerido a la Administradora General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la misma casa de estudios CUARTO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de propiedad.

De la descripción que hace el Constituyente se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho;

QUINTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente; en virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

SEXTO: Que, acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de los afectados, y supuesto que la acción u omisión sea ilegal o arbitrario;

SÉPTIMO: Que los hechos que motivan el recurso consisten en que la Tesorería retuvo al recurrente una cantidad determinada de dinero respecto de una deuda que sostenía con la Universidad Antofagasta por concepto del fondo solidario del crédito universitario que se encontraba declarada prescrita por sentencia ejecutoriada, en consecuencia se cumple con los presupuestos del recurso en cuanto existe un acto voluntario que desconoce el imperio del derecho, no obstante el propio reconocimiento de la Universidad de Antofagasta y el hecho de haber girado un cheque a nombre del reclamante, hace desaparecer la actuación en este procedimiento desde que pierde oportunidad el recurso porque se ha restablecido por voluntad de una de las recurridas el imperio del derecho, lo que justifica el rechazo del recurso.

OCTAVO: Que, en lo relativo al pago de las costas, se estima procedente no imponer dicha carga al recurrente por tener un evidente motivo para recurrir al tiempo de su interposición.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Luis Alberto Carvajal Peña, en representación de nombre reservado, contra el Servicio de Tesorería Regional de Antofagasta, la Universidad de Antofagasta y la Administradora General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1992-2015 (Protección)

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Óscar Clavería Guzmán y Sra. nombre reservado, y el Abogado Integrante Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a quince de junio de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.