Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta

Antofagasta, nueve de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, profesora, interponiendo recurso de protección de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, representada por nombre reservado, Secretario General Ejecutivo de dicha entidad, solicitando se restablezca el imperio del derecho declarando arbitraria e ilegal las actuaciones del recurrido y se deje sin efecto la resolución que ordena su reubicación, ordenando su reincorporación al Centro de Atención Integral de Adultos doctor Antonio Rendic B-32, en las mismas condiciones que se encontraba trabajando hasta el 9 de abril del presente año, con costas.

A fojas 35, informa la recurrida solicitando el rechazo con costas del recurso.

A fojas 44 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se interpuso recurso de protección por parte de la nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, solicitando se deje sin efecto el traslado dispuesto por la recurrida desde el establecimiento educacional en el que ejercía labores desde el año 2002, por ser lo anterior un atentado en contra del derecho a la libre elección del trabajo establecido en el artículo 19 número 16 de la Constitución Política.

Funda su pretensión en que en el año 1981, fue contratada por la Municipalidad de Antofagasta para desempeñarse como profesora de educación básica, siendo dependiente de la corporación recurrida a contar del día 1° de marzo de 1984, desempeñándose en diversas funciones, hasta ser asignada mediante concurso interno, como encargada de unidad técnico pedagógica del Centro de Atención Integral de Adultos doctor Antonio Rendic B-32 con fecha 8 de abril de 2002.

Indica que con fecha 9 de abril del presente, se enteró de su reubicación al establecimiento Unidad Educativa A-17 Liceo “nombre reservado”, sin que se hubiese consultado su parecer respecto a dicho traslado. Hace presente que nunca existió por su parte un ánimo en este sentido y que, además, esta actuación implica desempeñar el cargo de “evaluador”, el que posee una remuneración menor a la que percibía con anterioridad.

Refiere que la decisión de ser trasladada, fue tomada por don nombre reservado, Secretario General Ejecutivo de la entidad recurrida, quien no se encontraba habilitado para tomar esta determinación sin su previa autorización o requerimiento. Además, dicho funcionario se negó a otorgarle audiencia para conversar respecto de esta reubicación.

Señala además, que el lugar al que fue trasladada tiene una oferta educativa de educación pre-básica a educación media, mientras que el lugar donde se desempeñaba anteriormente, se dedica especialmente a la atención a adultos, que es precisamente la materia en la que cuenta con especialización.

Como argumentos de derecho, cita lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo y los artículos 42 y 97 del Decreto Supremo N°253 de 1992, que establece el Reglamento del Estatuto sobre Profesionales de la Educación, concluyendo en base a estas normas que es procedente la destinación a otros establecimientos educacionales, pero mediante resolución fundada del alcalde, previa consulta al profesional y siempre y cuando el traslado no le signifique a éste un menoscabo.

Respecto a lo anterior, concluye que ninguno de estos presupuestos fue cumplido en su caso, por cuanto el representante de la recurrida no cuenta con la competencia para disponer el traslado por ser esta una atribución exclusiva de la alcaldesa, no se le efectuó ninguna consulta y por último, esta circunstancia le acarrea un perjuicio económico.

Además, señala que de conformidad al artículo 22 del reglamento antes señalado, la variación de la dotación docente de una comuna, sólo rige a contar del inicio del año escolar siguiente, por lo que entiende que su reubicación fue extemporánea por cuanto se dispuso para un año escolar que ya había comenzado.

En virtud de lo expuesto, lo anterior califica el actuar de la recurrida como arbitrario e ilegal, siendo además constitutivo de una infracción a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de la República.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, entiende en primer término que existe una perturbación y amenaza a su derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 número 1) de la Carta Política, por cuanto se ha atentado en contra de su integridad psicológica al haber sido removida de su fuente laboral.

En segundo lugar, indica que existe una afectación del derecho a la libertad de trabajo y su protección, estipulado en el artículo 19 número 16 de la Constitución Política, por haberla forzado a desempeñar sus funciones en otro lugar de la comuna, sin respeto a las normas que regulan la materia.

Por último, señala que la interposición de la acción de protección, no obsta al ejercicio de otros derechos, haciendo referencia a la existencia de procedimientos administrativos especiales paralelos.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, alegó en primer término la improcedencia del recurso, ya que, a su entender, la garantía constitucional de libertad de trabajo ha sido cumplida y respetada por el empleador de la recurrente, por cuanto ésta obtuvo libremente el cargo de docente, actividad que ha mantenido por más de 30 años. Lo anterior, sin perjuicio de que en virtud del vínculo de subordinación o dependencia, puede ejercer legítimamente el derecho a designar a la trabajadora en el cargo que se requiera de acuerdo a las necesidades de los establecimientos educacionales de su dependencia, así como respecto de aquellas labores en que su desempeño mejore.

En el mismo sentido, indica que el recurso de protección tiene un carácter excepcional y que en la especie se está frente a un tema que no se encuentra dentro del ámbito de esta acción constitucional sino que este debe ser materia de un procedimiento de lato conocimiento.

Dice que en la especie no existe una afectación a los derechos de la recurrente, por cuanto su designación en calidad de “evaluador curriculista” fue una actuación que se enmarcó dentro de las facultades que la ley le otorga y que, además, no le provocó ningún desmedro económico a la trabajadora al recibir como remuneración una cantidad superior a la que percibía con anterioridad.

Respecto a los hechos relatados en el recurso, señala que no es efectivo que el cargo de encargada de unidad técnico pedagógica, que la actora desempeñó a contar del año 2011, le haya sido asignado mediante concurso interno, sino que en esa oportunidad, tal como ocurrió en esta ocasión, el Secretario General ejecutivo hizo uso de la facultad establecida en el artículo 29 de la Ley 19.070, designándola en dichas funciones virtud de una delegación expresa de facultades otorgadas por la alcaldesa y la presidenta del directorio de la entidad recurrida. Ahora bien, hace presente que frente a esa primera designación, la recurrente no manifestó su disconformidad, siendo incomprensible que recién ahora señale que le resulte vulneratorio de garantías constitucionales un proceder que con anterioridad le pareció conforme a derecho.

Expuso que como la recurrente posee el título de Profesora General Básica, se encuentra habilitada para ejercer labores en todos los cursos de este nivel educacional, sin que el hecho de haber obtenido especializaciones posteriores obligue al empleador a otorgarle un cargo relacionado con estas.

Agrega que sirvió de fundamento de la última designación el deficiente desempeño de la docente. Hace presente al efecto, que la unidad educativa en la que ésta trabajaba anteriormente, presentaba un déficit que superaba los trescientos millones de pesos, cuestión que a su entender se debía, en parte, al pago de remuneraciones al profesorado por horas que no se realizaban, siendo de cargo de la recurrente el control de lo anterior. Asimismo, tampoco efectuó un trabajo riguroso en el acompañamiento en aula, se habría ausentado de reuniones técnicas, entre otras faltas que constarían en los informes correspondientes.

Por último, señala que a diferencia de lo que se relata en el recurso, la labor que cumplía la recurrente con anterioridad no era de jefatura, sino que, tal como lo hace actualmente, se trata más bien de lo que se entiende como un docente técnico.

Como argumentos de derecho dice que en la especie se ha ejercido la facultad establecida en el artículo 12 del código del trabajo, denominada Ius Variandi, cumpliéndose con todos presupuestos de esta disposición legal al haberse designado a la recurrente en labores similares y en un recinto que se encuentra dentro del mismo lugar o ciudad. Lo anterior porque se la mantuvo en un cargo correspondiente a la categoría de docente técnico y en razón de que la unidad educativa “Doctor Antonio Rendic”, donde anteriormente se prestaban los servicios y el Liceo A-17 “nombre reservado”, donde fue designada en el mes de abril del presente, se encuentran a tres cuadras de distancia, descartando en virtud lo anterior que exista alguna degradación o menoscabo.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que igualmente, para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

SEXTO: Que no se ha controvertido que la recurrente, con fecha 1° de marzo del año 1984, fue contratada como profesora por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, reconociéndosele una antigüedad desde el día 1° de septiembre del año 1981.

También existe acuerdo que mediante Resolución N° 245, de 9 de abril del año 2014, por resolución suscrita por el señor Secretario General Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la ciudad, se designó a la recurrente en el cargo de evaluador de la Unidad Educativa A-17 Liceo “nombre reservado”, agregándose que desempeñaría tales funciones en calidad de designada a contar del día 9 de abril del año en curso.

Tampoco se ha discutido que la recurrente, antes de esta designación, se desempeñaba en el cargo de Encargada de la Unidad Técnico Pedagógica del Centro de Atención Integral de Adultos Doctor Antonio Rendic B-32.

SÉPTIMO: Que la recurrida ha señalado que la facultad para proceder a la designación de la docente mediante la resolución impugnada emana de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Trabajo, es decir, del denominado ius variandi, que permite al empleador alterar la naturaleza de los servicios o el sitio recinto en que se prestan, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio recinto dentro del mismo lugar o ciudad, sin que importe menoscabo.

Indicó además la recurrida que la señora nombre reservado, en su cargo anterior, también fue designada, empleando la facultad que el artículo 29 del Estatuto Docente le otorga al Secretario General Ejecutivo de la entidad, en cuanto dispone: “los profesionales de la educación serán designados o contratados para el desempeño de sus funciones mediante la habitación de un decreto al servicio o un contrato de trabajo según corresponda…”.

Por último, señaló que la Ley N°20.501 estableció que cada nuevo director gozará de elegir a su equipo directivo y a la espera de su obligación en la unidad educativa B-32, es que procede el sistema de designaciones, para que la llegada del director pueda efectivamente contar con un equipo directivo de confianza conforme al convenio, según lo establecido en el artículo 34 F del Estatuto Docente.

OCTAVO: Que lo primero que debe indicarse es que, el procedimiento de designación de un docente en un cargo determinado, establecido en el artículo 29 del Estatuto Docente, constituye una forma de ingreso a la carrera docente, como aparece claramente de la norma y, además de la inserción de la misma en el Párrafo II del Título III del Estatuto Docente, referido precisamente al ingreso a la Carrera Docente.

Por lo mismo, resulta manifiesta la impertinencia de recurrir a un mecanismo de designación respecto de un docente que ya ha ingresado a la carrera, como en este caso, mediante un contrato de trabajo, precisamente la otra forma de ingreso que prevé la norma.

De acuerdo a lo señalado, luego, la resolución impugnada esto es la número 245 del 9 de abril de este año, emplea erróneamente el mecanismo de designación pues, como se dijo, el mismo sólo es aplicable como una forma de incorporación a la carrera docente y, consecuentemente, no puede ser usado para trasladar un docente de una unidad educativa a otra.

NOVENO: Que el Estatuto Docente contempla la posibilidad de traslado de un docente de un establecimiento a otro dependiente de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, requiriéndose para ello, como dice el artículo 42, solicitud expresa del profesional de la educación o bien que la destinación sea una consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y el Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional.

La norma agrega que si producida la destinación se estima que la misma ha causado menoscabo, puede reclamarse conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediera, sin que ello implique paralizar la destinación.

La norma anterior se ve complementada con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, que indica: “los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales, dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una Misma Corporación Educacional, según corresponda.”

Agrega la norma: “la destinación podrá ser:

a) Voluntaria, a petición suya, que la autoridad puede o no aceptar discrecionalmente; o b) Por Resolución fundada del Alcalde, previa consulta profesional de la educación, y siempre que no signifique menoscabo de su situación laboral y profesional.”

DÉCIMO: Que si bien el artículo 71 del Estatuto Docente dispone que a los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal les son aplicables supletoriamente las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias, precisamente por la supletoriedad de la norma común, no puede recurrirse directamente el artículo 12 del cuerpo legal antes citado como pretende la corporación demandada pues, como se ve, el ejercicio del ius variandi por parte del empleador tratándose de profesionales de la educación del sector municipalizados está expresamente regulado por la ley y su reglamento, y cualquiera que sea la interpretación que pueda darse a las mismas, necesariamente debe convenirse que exige, como mínimo, consulta al profesional de la educación objeto de la medida, cuestión que en este caso se echa de menos.

En efecto, en este caso la recurrida procedió por medio de una resolución de su Secretario General Ejecutivo, a designar a la recurrente en otro cargo en un establecimiento educacional distinto. Ella no requirió esa destinación, no postuló a un nuevo cargo, no es el producto de la fijación anual de la dotación de profesionales de la educación en la comuna y, como se adelantó, en todo caso, no se le consultó por la autoridad para proceder a la medida.

No altera lo anterior, los eventuales problemas administrativos que hayan sido observados en el establecimiento educacional en el cual la recurrente se desempeñaba como Encargada de la Unidad Técnico Pedagógica, pues la destinación a un establecimiento educacional distinto no está prevista en la ley como una suerte de medida disciplinaria y, en todo caso, no consta que la que eventualmente pueda corresponder a la actora este determinada conforme a la normativa correspondiente.

Menos aún puede ser escuchada la recurrida cuando indica que se había aplicado una medida en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 F (sic) del Estatuto Docente, en cuanto establecería la posibilidad para cada nuevo director de elegir su cuerpo directivo y a la espera de su aplicación en la unidad educativa B-32 es que procede el sistema de designaciones para que la llegada del director pueda efectivamente contar con un equipo directivo de su exclusiva confianza pues, de lo dicho en el propio informe, aparece que este sistema no es aplicable aún en aquella unidad educativa y, en todo caso, no se cumplió respecto de la recurrente con las exigencias legales para proceder a su destinación en otro lugar y todo ello, sin perjuicio de compartirse o no con la interpretación de las normas a las que hace alusión la recurrida.

UNDÉCIMO: Que, corolario de todo lo señalado, es que la recurrida, al disponer la designación de la señora nombre reservado en otro establecimiento educacional, sin cumplir con la normativa legal y reglamentaria aplicable, atribuyéndole responsabilidades administrativas que no se encuentran fehacientemente establecidas por los medios idóneos al efecto, se ha constituido en una verdadera comisión especial vulnerando así una cuestión básica del debido proceso y que debe ser dejado a sin efecto para restablecer el imperio del derecho.

Por lo señalado, resulta innecesario pronunciarse respecto de la eventual vulneración de las garantías constitucionales traídas a colación por la recurrente en su libelo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, la acción constitucional deducida en lo principal de fojas 7, por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, representada por nombre reservado, Secretario General Ejecutivo y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución N°245/14, de 9 de abril del año en curso, restituyéndose a la recurrente en el cargo que ejercía con anterioridad a su dictación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 199-2014 Redacción del Ministro Sr. Dinko Franulic Cetinic.

Pronunciada por la Primera Sala, constituida por el Ministro Sr. Dinko Franulic Cetinic, Fiscal Judicial don nombre reservado don Fernando Orellana Torres. Autoriza Mauricio Pontino Cortés, Secretario Titular.

En Antofagasta, a nueve de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.