nombre reservado con INSPECCION DEL TRABAJO

Antofagasta, a ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Manuel Alejandro Rojas Asenjo, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, periodista, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por doña nombre reservado, inspectora jefe, ante la negativa por parte de la recurrida en orden a entregarle copia de las denuncias formuladas en su contra, sin razón alguna, conducta ilegal y arbitraria que imposibilita el ejercicio de su derecho a defensa, solicitando a fin de restablecer el imperio del derecho se le ordene entregar copia de las respectivas denuncia, con costas.

Informó don Agustín Campillay Robledo, abogado, en representación de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda el recurrente su acción, señalando en primer lugar que, el debido proceso está garantizado en el reglamento de la ley nombre reservado 21 de 26 de mayo del año en curso, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al señalar que son principios básicos de dicha ley, la no discriminación y el debido proceso, especialmente el conocimiento del estado de la investigación, destacando que, el artículo 4 del citado reglamento indica que son participantes en el procedimiento los que intervienen como denunciantes o denunciados.

Bajo dicho contexto, alega haber solicitado a la Inspección del Trabajo recurrida, las copias de las denuncias formuladas por las personas que indica, a fin de poder ejercer su derecho a defensa y conocer primeramente de qué se tratan dichas denuncias, toda vez que, la propia ley Karin, así como también sus reglamentos, establecen la posibilidad qué, en el caso de que dichas denuncias sean falsas, pueda el propio denunciado ejercer dicha ley en su beneficio.

Que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida se ha negado sin razón alguna, a acceder a lo solicitado, por lo que desconoce los hechos sobre los cuales se les acusa, afectando el ejercicio de su derecho a defensa.

SEGUNDO: Que, informó don Agustín Campillay Robledo, abogado, en representación de la recurrida Inspección del Trabajo de Antofagasta, solicitando rechazar la presente acción.

Al efecto, señala que existen denuncias por acoso laboral efectuadas por las personas que individualiza (dos), derivadas por el empleador Universidad Católica del Norte conforme al artículo 211-C, lo que materialmente se hace a través del ingreso en la plataforma electrónica que se ha dispuesto por la Dirección del Trabajo, los que figuran bajo los ticket que indica de fecha 23 y 27, ambos del mes de agosto del año en curso, en los que se denuncia a don nombre reservado, y donde las trabajadoras denuncian situaciones que estiman constitutivas de acoso laboral.

Refiere que, el actor, con fecha 30 de agosto del año en curso efectuó una presentación ante la Inspección del Trabajo de esta ciudad, solicitando copia de las denuncias efectuadas en su contra. Y, que posteriormente, a inicio de septiembre se apersonó en la Inspección Provincial junto con otra persona, quien se identificó como su padre y abogado, el Sr. Manuel Rojas Asenjo, solicitando copias de las denuncias interpuestas.

Que, ante dicha situación, el abogado que informa les indicó que no podía acceder a su solicitud, por cuanto las denuncias debían ser tramitadas conforme al proceso administrativo establecido al efecto en la circular 04, de fecha 12 de julio de 2024, que imparte instrucciones específicas sobre nuevo procedimiento de investigación de denuncias por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo y pronunciamiento de investigación interna en la empresa de acuerdo a los criterios de la Ley N°21.643.

Agrega que, en esa misma oportunidad se les indicó que no se puede acceder a su petición, por cuanto la denuncia remitida aún no se había asignado para su tramitación, por lo que, al no ser documentación emanada del servicio recurrido, no entra en los aspectos regulados por la ley de acceso a la información pública, y tienen el carácter de denuncias privadas. Por otro lado, conforme a ley N°19.800, al no haberse iniciado el procedimiento, no existe la calidad de partes aun en el proceso, y aun en el caso de que así fuera, el fiscalizado por este Servicio es el empleador y no el trabajador a quien se le señala el haber incurrido en las conductas de acoso, por lo que durante el procedimiento de fiscalización el inspector respectivo lo iba a citar a declarar para efectos de que en dicha oportunidad plantee los descargos que estime conveniente respecto de la denuncia formulada.

Asimismo, con fecha 09 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico dirigido a la unidad de partes, el recurrente presentó un escrito solicitando copia de todo lo obrado en la investigación denunciada por la Universidad Católica de Antofagasta.

Precisa que, a la época de evacuar el informe de autos, aun no transcurrían los plazos establecidos en la Ley N°19800 para efectos de que, formalmente se deniegue o acoja la solicitud del recurrente, no existiendo acto administrativo terminal alguno que se pronuncia sobre la solicitud efectuada.

Enseguida, alega la improcedencia de la acción deducida en autos, cual es, una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, el que además, no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien eventualmente se siente perjudicado por una actuación administrativa que aún está en desarrollo y no tiene siquiera un acto administrativo terminal. Y, que en dicho tenor se ha pronunciado esta Corte en sentencia que indica, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Igualmente, niega la existencia de acto arbitrario o ilegal alguno, el que necesariamente debe esta presente para recién hablar de conculcación de alguna garantía protegida por la acción de protección, precisando que, el Servicio recurrido ha cumplido con los presupuestos establecidos en la Ley N°21.643, Ley N°19.880 y de la propia normativa de la Dirección del Trabajo en esta materia como es la circular N°4, por lo que las afirmaciones del recurrente no son efectivas. Conforme ello, concluye que las funciones de fiscalización e interpretativa que tiene la Dirección del Trabajo, surgen de texto legal expreso y vigente, esto es, en los artículos 211-B Bis, 211-C, artículo 505 del Código del ramo, y del artículo 1° del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. Tales facultades en la práctica se materializan con el desarrollo de un proceso de fiscalización a fin de determinar si es posible o no verificar los hechos denunciados para de esta forma subsumir los mismos en una norma legal a fin de determinar si existe o no acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, debiendo incluso reconocerse lo dispuesto en el artículo 2 del Código del Trabajo, que junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor última que le corresponde a la Dirección del Trabajo en representación del Estado.

Luego, desarrolla un acápite destinado a la perspectiva de género, principio rector establecido por la Ley N°21.463, el que se encuentra además contenido en la circular N°4, haciendo patente la obligación que ha contraído el Estado de Chile, al ratificar el Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo. Ello, con relación a la Ley N°21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género.

Por último, alega inexistencia de conculcación de garantías constitucionales, haciendo presente que, en caso alguno ni la ley, ni el reglamento ha establecido la obligación de que a la persona denunciada se le entregue copia de la denuncia, si no que a ser informada de manera clara y oportuna sobre la materia o hechos que les pueden afectar, cosa que en la especie aun no ocurre toda vez que lo que existe a la fecha es una remisión de una denuncia por parte del empleador a la Dirección del Trabajo, estando el procedimiento de fiscalización en desarrollo, por lo que en la oportunidad respectiva se le va a informar al trabajador denunciado sobre los hechos y se le garantizara el ser oído, tomándosele declaración al efecto, enfatizando que, las denuncias de autos corresponden a un antecedente respecto de las cuales el Servicio no está autorizado para entregar a la persona denunciada, toda vez que, se han puesto en conocimiento de dicha repartición hechos que afectan a las trabajadoras, los que deben ser investigados a través del proceso de fiscalización actualmente en desarrollo, no produciéndose aún el término del proceso, ni la entrevista con el trabajador denunciado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según se extrae del libelo recursivo, el acto que se reprocha como arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, consiste en la negativa de esta última en orden de otorgar copias a la parte recurrente de las denuncias formuladas en su contra por dos trabajadoras de la Universidad Católica de esta ciudad.

A su turno, la recurrida, niega la existencia de un actuar arbitrario e ilegal, por cuanto, y en primer lugar, a la época de solicitud de las referidas copias, las denuncias en cuestión derivadas por parte del empleador de las denunciantes no se encontraban asignadas para su tramitación, enfatizando que dichas denuncias no han emanado del servicio recurrido; que, de conformidad a la Ley N°19.880, al no haberse iniciado el procedimiento no existe la calidad de partes aun en el proceso y, que en el caso de haber iniciado, el fiscalizado es el empleador y no el trabajador denunciado, quien durante el desarrollo del procedimiento sería citado a declarar; que, a la época de evacuar el informe aún no habían transcurrido los plazos para efectos de que formalmente se deniegue o se acoja la solicitud del recurrente; por encontrarse el procedimiento administrativo de la denuncia de autos regulado en la Circular N°4 de fecha 12 de julio del año en curso, con relación a la Ley N°21.643,; y, por ponerse en conocimiento de la recurrida hechos que afectan a las trabajadoras denunciantes, que deben ser investigados a través del proceso de fiscalización que se encuentra en actual desarrollo. Lo anterior, sin perjuicio de alegar la improcedencia de la acción cautelar impetrada en autos, al no configurarse los requisitos de procedencia.

SEXTO: En primer lugar, y tal como lo reconoció el abogado de la parte recurrente en estrados, se puede advertir que los hechos expuestos en el presente recurso de protección no dan cuenta de la existencia de una vulneración o amenaza a la garantía constitucional que invoca, especialmente en relación con la Garantía del Juez Natural contenida en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, única que puede ser amparada a través de la acción de protección, conforme lo dispone el artículo 20 de la carta fundamental, no siendo posible establecer de los presupuestos fácticos que invoca el recurrente, la existencia de vulneración a la garantía constitucional aludida en los términos pretendidos por el actor, bastando ello para rechazar el presente recurso.

SÉPTIMO: Que aun, soslayando lo anterior, se debe dejar en claro que el recurso de protección no obedece a un procedimiento mediante el cual se pueda exigir, como ocurre en la especie, que la recurrida entregue copias de las denuncias formuladas en contra del actor, las que por lo demás se dedujeron directamente ante su empleador, quien a su vez las derivó a la Inspección del Trabajo de esta ciudad para su tramitación, cuyo marco jurídico conforme lo ha indicado la propia recurrida hace aplicable los preceptos contenidos en la Ley N°19.880, Ley N°21.643 y la circular N°4 de la Dirección del Trabajo, resultando evidente que en la especie aquella esfera de acción es la que en estos autos debe ser agotada, pues, como ya se ha indicado, la presente acción tiene como objetivo principal, atendida su naturaleza cautelar y de urgencia, la intervención de esta Corte en presencia o existencia de derechos preestablecidos o indubitados que, producto de un actuar arbitrario o ilegal estén siendo amenazados, privados o perturbados en su ejercicio, lo que en el caso de marras no se vislumbra.

Abunda la conclusión anterior, el hecho que, la presente acción cautelar de garantías fundamentales no fue establecida por el legislador para atacar los denominados “actos trámites”, como ocurre en la especie, toda vez que, el acto administrativo terminal y que finalmente puede determinar la responsabilidad que se persigue y, que eventualmente puede ser objeto de una acción cautelar como la presente, aún no se dicta, pues indiscutido resulta que el procedimiento respecto de las denuncias recién se encuentra en su etapa de inicio, en el cual incluso aun no ha declarado el actor en su calidad de denunciado, es más, ni siquiera, a la época en que se evacuó el informe por parte de la recurrida, las denuncias habían sido asignadas para efectos de su tramitación, razones todas por las cuales el presente recurso no podrá prosperar y se dispondrá su rechazo, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Manuel Rojas Asenjo, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Inspección del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1981-2024 (PROT)