nombre reservado con nombre reservado

PAGE Antofagasta, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, Técnico Mecánico, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección contra la SEREMI de Salud de Antofagasta, representada por nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen las garantías reconocidas en el artículo 19 Nº 1, 16 inciso 3° y 21 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitó el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección se cimentó en la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento decretada por la recurrida mediante la fiscalización realizada al sitio ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, el día 13 de junio del año en curso. Sostiene el recurrente que dicho terreno se encuentra destinado al rubro mecánico y habitación desde el año 1993, fecha en que firmó Contrato de Arrendamiento con la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, regularizando entonces los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. Precisa que la actividad económica que desarrolla es de taller mecánico, específicamente, desarmaduría de vehículos, pintura, venta de repuestos y reacondicionamiento de éstos en general. Agrega que producto de la fiscalización realizada, se suspendió la energía eléctrica en el terreno que arrienda, siendo privado de dicho servicio por más de cuatro semanas.

Precisa que desde el año 2009, ha tratado de regularizar el terreno con la compra del mismo, sin resultados. Agrega que durante la fiscalización, la recurrida constató la presencia de residuos propios del trabajo que realiza, y que desde el año 2013 no cuenta con patente municipal por la dificultad en la regularización del suelo. Refiere que con el actuar de la recurrida se ve imposibilitado para realizar trabajar y desarrollar una actividad económica, arriesgándose además a que el Servicio Regional Ministerial de Bienes Nacionales, no renueve el contrato de arrendamiento vigente entre ambos. Destaca la poca empatía de la recurrida, debido a que el día en que fue citado para realizar los descargos, se percata que las dependencias del Servicio no cuentan con vías exclusiva para personas de tercera edad, como es su caso, debiendo subir por las escaleras hasta el tercer piso, sin considerar además su actual condición, esto es, uso de bastón por rotura de ligamento. Arguye que las garantías constitucionales cuyo ejercicio estima amenazadas con el actuar de la recurrida son el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, que funda en verse privado de vivir dignamente con los servicios básicos; y por la poca deferencia entregada por la recurrida el día en que fue citado a sus dependencias para realizar los descargos. Además refiere ver amenazada la libertad de trabajo, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, precisando que el terreno afectado con la prohibición es su fuente de trabajo desde hace 25 años, que cuenta con cierre perimetral donde sólo tienen acceso quienes trabajan allí, por lo que la comunidad no se encuentra expuesta a sustancias peligrosas ni a los materiales que se utilizan para la actividad propia de un taller mecánico. Concluye solicitando se acoja el recurso de protección interpuesto.

Acompaña al recurso los siguientes documentos: certificado de nacimiento; acta de fiscalización N°6345, emitida por Servicio Regional Ministerial de Salud de Antofagasta; Contrato de arrendamiento de bien raíz fiscal; Copia simple de correo electrónico indicando acuerdo entre MBN y Asociación de Usuarios de Bienes Nacionales, de fecha 24 de junio de 2009; y constancia de citación de fecha 27 de abril de 2012.

SEGUNDO: Que, se informó por la recurrida, quien previo análisis general sobre los antecedentes de hecho del recurso, detalla como normativa aplicable al caso, los artículos 1, 3, 67, 82, 90, 155, 156, 174 y 178 del Código Sanitario; artículo 1° en relación al artículo 8 letra a), y 10 del D.S N°144 de 1961 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza; artículos 1, 2, 3, 6, 11, 12, 15, 33, y 85 del D.S N°148 de 2005, del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos; artículos 19; 20 y 192 del D.S N°43 de 2015 que aprueba el Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas; y los artículos 3, 18, 37, 42 y 131 del D.S N°594 de 1999, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.

Respecto a la fiscalización explicó que con fecha 13 de junio de 2018 mediante una visita inspectiva al lugar se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria consignados en el acta N°6345, que acompañó a su informe y que como consecuencia de aquello, conforme la normativa aplicable, la fiscalizadora decretó la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento, aperturándose además un procedimiento sumario mediante el expediente N°182EXP664, el que se encuentra en tramitación.

Agrega que el recurrente hizo sus descargos a la audiencia que fuera citado, sobre la base de los mismos argumentos que fundan el recurso de protección.

Sostiene que el recurrente a la fecha del informe no ha solicitado el alzamiento de la medida sanitaria impuesta, la que implica sólo un cese temporal de las actividades propias del negocio, en tanto no se acredite que el riesgo inminente que motivó la medida ha dejado de existir. Añade que la medida impuesta no tiene relación con el corte de energía eléctrica que argumenta el recurrente y que la situación particular del inmueble con la SEREMI de Bienes Nacionales no ha sido motivo de la fiscalización.

Sobre los argumentos del recurrente relativos a la poca deferencia de su parte el día que concurrió a las dependencias para efectuar sus descargos, aclara que el edificio institucional cuenta con vías exclusivas para personas de tercera edad o con dificultad en su desplazamiento, y que además en dichos casos, los funcionarios han sido instruidos de bajar al primer piso del edificio para facilitar la tramitación de quienes concurren al lugar en esas circunstancias.

Agrega que el Ministerio de Salud a través de sus SEREMIS cuenta con un sistema digital de tramitación de sumarios sanitarios denominado “MIDAS”, por lo que los fiscalizadores entregan a los sumariados una minuta con las instrucciones para su defensa.

Explica que la Excma Corte Suprema en acción proteccional Rol N°6915-2015 confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la Iltma Corte de Apelaciones de Antofagasta en Rol N°5129-2015, caratulada “nombre reservado con nombre reservado” que rechazó la acción proteccional por una medida sanitaria de prohibición de funcionamiento cuestionada por vulneración a la garantía consagrada en el N°21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, argumentando que la medida en cuestión es de carácter provisional y con sumario sanitario en curso.

Precisa que en la especie, se encuentra en plena tramitación el sumario N°182EXP664, iniciado el 13 de junio de 2018, en el que el recurrente ha ejercido su derecho a defensa.

Agrega que los argumentos vertidos en el recurso en cuanto se afectaría en grado de amenaza la garantía del N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, son ajenos a la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento, ya que ésta no dice relación con el corte de energía eléctrica o de servicios básicos que afectarían al inmueble fiscalizado, sino que la medida aplicada se relaciona con la actividad desarrollada por el recurrente por resultar riesgosa para la salud.

En cuanto a las garantías consagradas en el N° 16 inciso 3° y N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que el recurrente estima amenazadas, las rechaza pues, a través de la fiscalización se impuso la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento, y ello no implica el corte de servicios básicos, ni impide ingresar al lugar, como en el caso de una clausura, sino la imposibilidad de realizar las labores propias del rubro, ya que éstas en las condiciones en que son desarrolladas, por los insumos que utiliza y la manera en que son dispuestos, resultan riesgosos para la salud del recurrente, los trabajadores a su cargo y los vecinos a la vivienda.

Añade que la libertad de trabajo no puede oponerse a la salubridad pública, y el derecho a desarrollar una actividad económica debe respetar las normas legales que la regulan.

Finaliza indicando que en virtud del ejercicio de sus facultades se dispuso la instrucción del correspondiente sumario en curso y una medida sanitaria de emergencia por el riesgo inminente a la salud que implicaba la manera en que el recurrente desarrollaba su actividad económica, no existiendo arbitrariedad, ni ilegalidad del acto administrativo en cuestión. Solicita el rechazo del recurso de protección intentado en su contra, con costas, por no existir vulneración de garantías fundamentales y por encontrarse en curso el correspondiente sumario sanitario. En subsidio solicita ser eximida del pago de las costas, por haber tenido motivo plausible para litigar. Adjunta al informe copia simple del sumario sanitario N° 182 EXP 664, Acta de Inspección N° 6345 y descargos del sumariado.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste su ejercicio.

CUARTO: Que de la narración fáctica de la acción se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento del taller mecánico en el que el recurrente ejercer sus actividades laborales. Luego, del Acta de Fiscalización N° 6345 de fecha 13 de junio de 2018 se desprende que la autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus facultades legales, constató diversas infracciones a la normativa aplicable, entre otros, acumulación de residuos peligrosos, derrame de combustible, acumulación de chatarra para venta, sin autorización sanitaria, acumulación de residuos en el techo de la vivienda, además de no contar con las autorizaciones sanitarias para la acumulación de residuos peligrosos y no peligrosos y la disposición fuera del predio. De esta forma, habiéndose constatado por un Ministro de Fe, el incumplimiento de la normativa sanitaria por parte del recurrente en el ejercicio de su actividad, no es posible concluir que los derechos que éste alude como vulnerados lo son como consecuencia del actuar de la recurrida, esto es, por la medida de prohibición de funcionamiento, toda vez que el proceder de la autoridad sanitaria se motiva en la propia conducta del recurrente en el ejercicio de actividad económica incumpliendo la normativa que lo rige.

Por otra parte, se debe establecer que la medida de prohibición de funcionamiento aplicada por la autoridad administrativa es transitoria y revocable en la medida que el propio recurrente corrija las infracciones que motivaron su aplicación.

QUINTO: Que conforme a la normativa citada por la recurrida, se corrobora que ésta debe velar por que se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de todos los habitantes, y en casos justificados que impliquen un riesgo inminente para la salud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 178 del Código Sanitario, puede ordenar medidas sanitarias con el solo mérito del Acta que levanta el Ministro de Fe, entre otras, la prohibición de funcionamiento de locales o establecimientos, si se constatare infracciones al Código del ramo o a sus reglamentos, por lo que su ejercicio no puede calificarse como ilegal o arbitrario.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo razonado la vulneración al N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que se denuncia infringida por la recurrente, sus fundamentos no dicen relación exclusiva con el acto recurrido, además conforme a lo informado en dicho sentido por la recurrida, la falta de trato digno denunciado, aun cuando fuera efectivo, no puede afectar la validez del acto, sin perjuicio de generar consecuencias administrativas diversas a la invalidación de la medida; y la falta de servicios básicos, los antecedentes acompañados a la acción cautelar, no puede atribuirse a la medida sanitaria aplicada.

En cuanto a las garantías consagradas los N°s 16 inciso 3° y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, tampoco pueden considerarse infringidas, toda vez que las restricciones denunciadas son una consecuencia directa de los incumplimientos a la normativa sanitaria del propio actor al momento de la fiscalización, como da cuenta el acta respectiva.

SEPTIMO: Que en consecuencia, no resultando acreditada la existencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal que pudiera amenazar, amagar o perturbar alguno de los derechos susceptible de ser amparados constitucionalmente mediante este arbitrio, deberá desestimarse el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra la SEREMI DE SALUD DE ANTOFAGASTA.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1979-2018 (PROT)

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