Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior

Antofagasta, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: Comparece doña Bárbara Luz Cardozo Carruyo, abogada en nombre de doña nombre reservado, cédula de identidad NUM000, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, solicitando que se deje sin efecto el Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, dictado por el Ministerio del Interior, mediante el cual se rechazó la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente.

El recurrido Ministerio del Interior, evacuó informe, pidió el rechazo del recurso, con costas.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se indica en el recurso que la recurrente ingresó a Chile el 28 de noviembre de 2016, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas. Posteriormente, obtuvo una Visa de Residente Temporario en calidad de Titular por el plazo de un año, y finalmente obtuvo la residencia definitiva mediante Resolución Exenta NUM002 de fecha 26-07-2018.

Refiere que el 22 de abril de 2022, la recurrente presentó una solicitud de carta de nacionalización, en virtud del artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República y cumpliendo con el plazo de residencia en Chile exigido en el Decreto del Ministerio del Interior, N°5.142, siendo acogida a trámite la solicitud avanzando regularmente y pasando a la etapa de análisis.

Indica que, en el marco del procedimiento, la recurrente fue debidamente citada a entrevista ante la Policía de Investigaciones de Chile diligencia efectuada el 18 de agosto de 2022, levantándose el correspondiente informe policial, el cual fue remitido al Servicio Nacional de Migraciones para su incorporación al expediente administrativo y posteriormente el 29 de mayo de 2025, el Director del Servicio Nacional de Migraciones emitió el Oficio Ordinario NUM003, dirigido al Subsecretario del Interior, mediante el cual remitió el expediente de nacionalización de la recurrente con calificación favorable, señalándose en el oficio que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos en el Decreto Supremo N°5.142 para el otorgamiento de la carta de nacionalización, agregando además lo siguiente: “Cabe señalar que la peticionaria, al 23 de mayo de 2025, cumple con los requisitos legales; y si bien registraba antecedentes negativos en el país, estos se encuentran aclarados, por lo que no existirían impedimentos para su otorgamiento.”

Indica que la tramitación administrativa se desarrolló con total normalidad y con evaluación positiva por parte de la autoridad migratoria competente, encontrándose el expediente en etapa final para la dictación del decreto correspondiente, pero para sorpresa de la recurrente, el 3 de octubre de 2025 recibió en su correo electrónico el Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, dictado por el Ministerio del Interior mediante el cual se rechaza su solicitud de carta de nacionalización, fundándose en los siguientes motivos: “3. Que, en adición a lo indicado, y según la información que al respecto posee el Servicio Nacional de Migraciones, consta que la parte solicitante registra, además, el siguiente antecedente negativo en Chile: -Causa RUC N°2000038545-0 RIT N°1699-2020 del Juzgado de Garantía de Tocopilla por el cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de salud, la que se encuentra terminada con fecha 16.05.2022, por la comunicación de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.”

Señala que ello produjo gran preocupación a la recurrente, puesto que en dicho acto administrativo se señala que la decisión se funda en la existencia de una causa RUC N°2000038545-0, RIT N°1699-2020, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, por el cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud, sin embargo, el propio decreto reconoce expresamente que dicha causa se encuentra terminada con fecha 16 de mayo de 2022, conforme a la comunicación de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, de acuerdo con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.

Destaca que el origen de dicha causa penal proviene de un reclamo administrativo hospitalario, y no de un ilícito penal ni de hechos dolosos imputables a la recurrente, pues, consta en el reclamo OIRS NUM004, presentado el 5 de octubre de 2018 por el señor nombre reservado ante el Hospital Marcos Macuada, que el usuario manifestó disconformidad por la administración de un medicamento a su familiar durante una atención médica de urgencia, y así, mediante correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2018, la Dra. nombre reservado respondió formalmente el reclamo, señalando que el paciente (de 92 años, con antecedentes de Alzheimer, demencia senil, accidente cerebrovascular, e insuficiencia renal) consultó por dolor intenso en el brazo izquierdo y recambio de valva por fractura de húmero y se le administró analgesia endovenosa con metamizol y ketoprofeno, tras lo cual el paciente presentó una reacción anafiláctica aguda, que fue manejada de forma inmediata y exitosa mediante oxígeno, corticoides, antihistamínicos y adrenalina, revirtiéndose completamente la sintomatología respiratoria, explicando la profesional a los familiares que el medicamento aplicado no contenía ácido acetilsalicílico, al cual el paciente era alérgico, y que la conducta adoptada obedeció exclusivamente a la necesidad de aliviar el dolor. Asimismo, indico que, debido a la alteración de conciencia observada posteriormente, el paciente fue derivado al Hospital Regional de Antofagasta para exámenes neurológicos y evaluación especializada, por lo que el paciente no falleció durante la atención de la recurrente, sino días posteriores, ya que la recurrente lo atendió el 29 de septiembre y falleció el 7 de octubre de 2018, ya hospitalizado en otro establecimiento asistencial (Hospital Regional de Antofagasta), a consecuencia de una falla multiorgánica debido a enfermedad renal etapa IV, circunstancia que demuestra que el desenlace fatal no fue consecuencia del acto médico realizado por la doctora, ni existe vínculo causal entre la atención brindada y el fallecimiento posterior. Añade que a partir de ese reclamo hospitalario se derivó una denuncia ante el Ministerio Público, que dio origen a la causa RUC N°2000038545-0, la cual fue finalmente cerrada por decisión de no perseverar, decisión adoptada por el propio Ministerio Público al constatar la inexistencia de antecedentes suficientes que permitieran fundar imputación alguna, reafirmando que no existió dolo ni negligencia médica atribuible a la profesional y en consecuencia, no se dictó formalización ni acusación en su contra, ni se estableció responsabilidad penal o civil alguna.

Afirma que pese a ello el Ministerio del Interior fundó su decisión de rechazo en esa misma causa penal concluida, ignorando su contexto administrativo y médico, pues, la autoridad utilizó como “antecedente negativo” un procedimiento finalizado hace más de tres años, desatendiendo que su origen fue un reclamo hospitalario sin relevancia penal, lo que carece de toda razonabilidad y fundamento jurídico, vulnerando el principio de presunción de inocencia y el principio de razonabilidad administrativa, configurando una actuación arbitraria e ilegal contraria al artículo 19 N°2 de la Constitución Política, añadiendo que la decisión impugnada también omitió ponderar los antecedentes favorables del expediente administrativo, entre ellos, la calificación positiva otorgada por el Servicio Nacional de Migraciones y la intachable trayectoria profesional de la recurrente, añadiendo que el Servicio de Salud de Antofagasta, mediante Certificado de Calificaciones de fecha 21 de octubre de 2025, acreditó que la doctora nombre reservado ha obtenido, durante los períodos 2018 a 2024, las más altas calificaciones institucionales (todas en Lista 1: Distinción) en su desempeño como médico de atención primaria. Dichos antecedentes reflejan un comportamiento profesional ejemplar y consolidan la inexistencia de motivos válidos para denegar su nacionalización.

Añade que, en el curso de su procedimiento de nacionalización, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través del Informe NUM005 de fecha 14 de febrero de 2024, constató la revisión de antecedentes en múltiples bases de datos institucionales y según dicho informe, tanto el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Departamento de Asesoría Técnica de la PDI (GEPOL/SIBI), INTERPOL, el Sistema de Residentes Extranjeros, la Audiencia de Control de Detención, Equifax, el Repositorio del Poder Judicial (PJUD), la Base Única de Datos (BUD) y las fuentes de información abierta no registran antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes y solo se dejó constancia de una orden de investigar cancelada en 2020 relativa a la mencionada causa, sin formalización ni acusación en contra de la recurrente y finalmente, la PDI certificó que la recurrente mantiene vigente su residencia definitiva, que ha residido en Chile por más de siete años, y que se desempeña profesionalmente en hospitales del Servicio de Salud de Antofagasta, confirmando así su conducta intachable y su plena integración al país.

Enfatiza que es manifiestamente injusto que el Ministerio del Interior haya utilizado como fundamento de rechazo una causa penal que el propio órgano persecutor dio por concluida, sin condena ni juicio, pues ello desconoce el principio de presunción de inocencia y expone a la recurrente a una forma de sanción administrativa impropia e infundada, y más grave aún, es que aceptar este tipo de razonamientos podría abrir la puerta a que simples denuncias infundadas o malintencionadas, carentes de sustento judicial, se utilicen para perjudicar la tramitación de solicitudes administrativas de cualquier persona Expresa que, desde el punto de vista penal, la recurrente posee irreprochable conducta, cumpliendo plenamente con las exigencias que la legislación chilena establece para el otorgamiento de la carta de nacionalización y no existe en su historial ninguna circunstancia que permita calificar su comportamiento como reprochable o contrario a los valores del Estado, sino muy por el contrario, se trata de una profesional del área de la salud que ha ejercido su labor con compromiso y que, en el contexto del ejercicio médico, fue injustamente denunciada.

Sostiene que se coloca a la recurrente en una posición de desigualdad injustificada respecto de otros solicitantes que, encontrándose en idénticas condiciones jurídicas sí han obtenido la nacionalización, siendo el acto impugnado una discriminación arbitraria, contraria a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Explica que el artículo 10 de la Constitución Política de la República distingue entre dos formas de adquirir la nacionalidad chilena por parte de extranjeros y en su número 3° es una institución de carácter reglado, cuyo procedimiento y requisitos se encuentran establecidos en el Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, mientras que el artículo 2° de dicho cuerpo normativo dispone que “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva.”, lo que significa que, una vez acreditado el cumplimiento de tales requisitos, la autoridad no se encuentra habilitada para negar discrecionalmente su otorgamiento, debiendo resolver conforme al principio de legalidad (arts. 6 y 7 de la Constitución) y al principio de igualdad ante la ley (art. 19 N°2), mientras que la nacionalización por gracia, regulada en el artículo 10 N°4 de la Constitución, constituye una atribución de naturaleza excepcional y política, conferida mediante ley especial del Congreso Nacional, destinada a reconocer méritos extraordinarios o servicios distinguidos y a diferencia de la carta de nacionalización, esta sí reviste carácter puramente discrecional y honorífico.

Asevera que en el caso sub-lite, el decreto que rechazó la solicitud de la recurrente sostiene (citando los artículos 1 y 2 del D.S. N°5.142 de 1960 y el artículo 1, apartado 4°, número 4 de la Ley N°16.436) que en virtud de esos artículos se otorga la facultad en términos potenciales, al indicar que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados, cuya procedencia dependería de la valoración subjetiva de la autoridad respecto del “mérito” o “dignidad” del solicitante, pero tal interpretación desnaturaliza completamente la figura de la carta de nacionalización y confunde su régimen jurídico con el de la nacionalización por gracia del artículo 10 N°4, pues, el propio Decreto N°5.142 delimita los requisitos legales y el procedimiento administrativo que rigen la carta de nacionalización, sin establecer facultades discrecionales amplias y el hecho de que el artículo 7 de dicho decreto exija fundamentar los rechazos no implica libertad para decidir arbitrariamente, sino que refuerza la obligación de motivar las decisiones dentro del marco reglado. Por tanto, sostener que la autoridad puede negar la carta con base en una apreciación subjetiva de la “indignidad” del solicitante, aun cuando no concurra ninguna causal del artículo 86 de la Ley N°21.325, constituye una interpretación errónea y contraria al principio de legalidad e incluso aun si se acogiera la tesis administrativa de que el otorgamiento de la carta de nacionalización permite valorar el “mérito” o la “dignidad” del solicitante, resulta evidente que la recurrente no puede ser calificada de indigna para acceder a la nacionalidad chilena.

Señala que el actual régimen jurídico aplicable a la nacionalización de extranjeros contempla en forma taxativa los casos en que no procede otorgar la carta de nacionalización. El artículo 86 de la Ley N°21.325, sobre Migración y Extranjería, norma que reproduce, tratamiento normativo que difiere sustancialmente del régimen anterior previsto en el derogado artículo 3° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, que señalaba (en su numeral 1°) que no podrían obtener esta gracia “los que hayan sido condenados y los que estén actualmente procesados por simples delitos o crímenes, hasta que se sobresea definitivamente a su respecto”, sin embargo, dicha disposición fue expresamente derogada, eliminándose del ordenamiento jurídico la referencia a las personas “procesadas” o sometidas a causas penales en tramitación, añadiendo que la derogación de ese artículo tuvo un efecto jurídico claro, suprimir toda posibilidad de denegar la nacionalización por el solo hecho de existir una investigación o proceso penal en curso, y limitar los impedimentos únicamente a condenas efectivas dentro de los plazos señalados por la ley vigente, por lo que hoy en día no hay disposición alguna que habilite a la autoridad para negar la carta de nacionalización a quien no ha sido condenado, pues, aplicar por analogía la antigua regla del Decreto N°5.142 (ya derogada) implicaría desconocer el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Por otro lado, señala que el principio de discrecionalidad administrativa no otorga a la autoridad libertad absoluta para decidir sin fundamento, sino un margen limitado de apreciación dentro de los confines que impone el principio de legalidad (arts. 6 y 7 de la Constitución Política) ya que, la discrecionalidad no equivale a arbitrariedad, y su ejercicio debe sujetarse siempre a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente, en armonía con los derechos fundamentales reconocidos en el orden constitucional. Añade que, en el caso de la recurrente, la autoridad invocó la discrecionalidad para denegar una carta de nacionalización a pesar de que se acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales y no concurre ninguno de los impedimentos del artículo 86 y de esta forma, el Ministerio del Interior desnaturalizó el alcance de la potestad discrecional, convirtiéndola en arbitrariedad, al fundar su decisión en un antecedente penal inexistente y en consideraciones ajenas al marco legal vigente. Tal proceder vulnera los artículos 6, 7 y 19 N°2 de la Constitución, por cuanto sustituye la aplicación objetiva de la ley por juicios de valor personales, desconociendo que la función pública se ejerce conforme al Derecho y no a la voluntad del funcionario.

Seguidamente examinó latamente la garantía vulnerada del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, indicando que el Decreto Exento NUM001, dictado por el Ministerio del Interior, mediante el cual se rechazó la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, deviene en ilegal y arbitrario, toda vez que la autoridad administrativa aplicó criterios de valoración discrecional que no se encuentran previstos en la ley, introduciendo un trato desigual frente a otros solicitantes que se hallan en idénticas condiciones jurídicas.

Termina solicitando se deje sin efecto el Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, dictado por el Ministerio del Interior, mediante el cual se rechazó la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, retrotrayendo el procedimiento administrativo al estado anterior a su dictación, para que la autoridad competente emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, considerando exclusivamente los requisitos legales y objetivos establecidos para el otorgamiento de la carta de nacionalización, y prescindiendo de antecedentes carentes de valor jurídico o penal, con pleno respeto a los principios de legalidad, igualdad ante la ley, razonabilidad y presunción de inocencia que amparan a la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Diego Valenzuela Esparza, en representación del Ministerio del Interior, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

Señala que, según la normativa actual, es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas al Ministerio del Interior para su resolución, conforme al artículo 157, N°8, de la ley N°21.325.

Destaca que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras está regulado por el decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, lo que no fue modificado por la Ley 21.325 que en sus artículos 84 y siguientes reconduce la regulación de este trámite a dicho cuerpo normativo.

Expresa que, de una revisión de la acción de protección interpuesta en autos, se advierte que la recurrente no explica suficientemente por qué el rechazo de su solicitud de nacionalización es una acción arbitraria o ilegal que pueda importar una afectación a sus garantías constitucionalmente protegidas, ya que solo se limita a afirmar aquello y a relacionar esa afirmación con los principios de inocencia e igualdad ante la Ley.

Hace presente que la arbitrariedad está determinada por el actuar infundado por parte de los órganos de la Administración de Estado, lo que deviene en actos administrativos que normalmente carecen de mérito y fundamentación, pero en el caso del Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, no es posible afirmar tal circunstancia, toda vez que, para su dictación, previamente la autoridad ministerial formó su convencimiento en base a un exhaustivo análisis de antecedentes, que se apoyó estrictamente en informes técnicos efectuados por diversos organismos expertos en la materia, tales como los informes de la Policía de Investigaciones de Chile y el estudio casuístico efectuado por el Servicio Nacional de Migraciones, entre otros. Añade que, al señalar la reclamante que el acto administrativo que por esta vía busca controvertirse es arbitrario, realiza una afirmación de carácter genérica y que no corresponde a la realidad en la que obra esta Cartera de Estado.

Afirma que el acto administrativo impugnado efectivamente posee una fundamentación, y distinto es que la parte recurrente considere que aquella no es suficiente, o derechamente inválida, lo cual no significa, necesariamente, que el acto efectivamente padezca de una arbitrariedad.

En cuanto a la ilegalidad del acto administrativo reclamado, señala que el Decreto Exento NUM001, fue dictado por el Ministerio del Interior, por expreso otorgamiento de facultades del legislador conforme la normativa legal, por autoridad competente, previa investidura regular, en uso de sus facultades y conforme las formalidades que dispone la Ley, no siendo posible afirmar que estamos ante un caso de ilegalidad contemplada por el ordenamiento jurídico nacional, puesto que, el Ministerio del Interior, al dictar el Decreto Exento NUM001, actuó en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, que señala que la nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior y así, el decreto de concesión de carta de nacionalización es firmado por esa Cartera de Estado, facultad que se encuentra consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436, que declara las materias que podrán ser objeto de decretos o resoluciones por las autoridades que en ella se señalan con su sola firma.

Explica que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa, por el Presidente de la República, a través del ejercicio de una facultad discrecional, lo que se desprende de la lectura del artículo 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, al disponer que: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que…”, apreciándose que el otorgamiento de carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente y es la misma legislación la que se refiere a la carta de nacionalización como una gracia. Destaca que el ejercicio de esta facultad es discrecional, privativa del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior.

Arguye que la doctrina distingue entre el ejercicio de facultades regladas y discrecionales, y en las primeras, toda la actuación previa al nacimiento de un determinado acto administrativo se encuentra prevista y determinada en la ley, por lo que la autoridad debe ceñirse estrictamente a ella, tanto al verificar los supuestos de hecho como en el procedimiento que determina la decisión, la cual está igualmente regulada en relación a la situación fáctica que la origina, mientras que en el ejercicio de facultades discrecionales, la Administración goza de cierto ámbito de libertad al momento de adoptar la decisión.

Enfatiza que, en este último caso, indudablemente concurren etapas regladas, toda vez que debe existir norma expresa que entregue a un órgano determinado la libertad para decidir ante precisos supuestos de hecho.

Hace presente que el decreto N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, indica los requisitos mínimos para solicitar la carta de nacionalización, así como el procedimiento que debe seguirse para resolver dicha solicitud, sin embargo, no existe artículo que altere la naturaleza de concesión potencial del otorgamiento de carta de nacionalización, por lo que es evidente que nos encontramos frente a una potestad discrecional, acorde a lo indicado en el numeral anterior.

Destaca que las solicitudes de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, de lo cual se sigue que aquellas tratan sobre requerimientos de interés privado que se elevan a la autoridad con competencia en la materia, la cual no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, los cuales a juicio de la autoridad no se han cumplido. Añade que es de suma relevancia entender que el decreto que rechaza la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente no es un acto que le signifique privación o desconocimiento de su nacionalidad, derecho esencial a la persona humana, que, además, es un atributo de la personalidad reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que la recurrente posee la nacionalidad venezolana, por lo que el rechazo de su solicitud, en base a motivos expresamente señalados en el acto impugnado, no puede considerarse lesivo de derechos, al no ser ilegal ni arbitrario.

Refiere que el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa no otorgue carta de nacionalización, por considerar que existen antecedentes suficientes para ello, razonamiento que ha sido utilizado por esa Cartera, al estimar en el considerando 16 del acto administrativo impugnado que “el solicitante cuenta con antecedentes negativos por el cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud, conducta que quebranta los bienes jurídicos de seguridad pública, seguridad individual e integridad física y psíquica, antecedentes que aconsejan no conceder la carta de nacionalización a la solicitante, ya que no sería poseedora del mérito requerido para el mérito requerido para el otorgamiento de tal gracia.”.

Destaca que si bien la causa a la que hace referencia el acto que deniega la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente no ha desembocado en condenas penales, al finalizar por medio de las facultades legales del Ministerio Público para no proseguir con la investigación en su contra, ello no significa que la autoridad administrativa, en el ejercicio de su facultad privativa de conceder este tipo de solicitudes, pueda considerar dichos antecedentes como relevantes para tales efectos, lo cual no implica una afectación al principio de proporcionalidad ni falta de fundamentación alguna del acto administrativo, pues, un razonamiento distinto implicaría desconocer dicha facultad a la autoridad, al mismo tiempo de imponer estándares que ni el constituyente ni el legislador han establecido para ese tipo de procedimientos, ya que ninguna norma que regula este procedimiento indica un estándar de convicción penal que debe alcanzarse para rechazar esas solicitudes.

Agrega que según los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes, por lo que no sería procedente que, a través de una acción de protección, se intente revertir la decisión de la autoridad administrativa, la cual se encuentra debidamente fundada según los estándares normativos establecidos para ello, en base al ejercicio de una atribución privativa, por cuanto, tal como indica el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

Termina solicitando rechazar en todas sus partes las peticiones de la recurrente, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho expuestos.

TERCERO: Que informó la abogada doña María Astudillo Vásquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción y de la condena en costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por el recurrente.

Refiere que la actora, nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país el 27 de noviembre de 2016, a través del aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista y luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante Resolución Exenta NUM002, de fecha 26 de julio de 2018, se otorgó a la recurrente el permiso de permanencia definitiva, beneficio que se encuentra actualmente vigente.

Indica que el 22 de abril de 2022, la recurrente solicitó a esa autoridad, mediante el “Portal de Trámites Digitales de ese Servicio”, la carta de nacionalización, mediante la solicitud ID NUM006.

Hace presente que el 29 de mayo de 2025, mediante Oficio Ordinario NUM003, que es acompañado por la parte recurrente se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para continuar con la tramitación de su solicitud, sin embargo, este fue devuelto con fecha 8 de agosto de 2025, debido a que la extranjera registra denuncia por otros delitos cometidos por empleados público en el desempeño de sus funciones en la ciudad de Antofagasta con fecha 28 de enero de 2018, por lo que con fecha 11 de septiembre de 2025, luego de subsanar lo indicado por la autoridad correspondiente, mediante Oficio Ordinario NUM007, que acompaña, se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, autoridad competente para continuar con la tramitación.

Expresa que por Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, se rechazó por la autoridad competente la solicitud de Carta de Nacionalización presentada por la recurrente, lo cual le fue debidamente notificado con fecha 3 de octubre de 2025.

Destaca que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior, conforme el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, sugiriéndole a la autoridad ya señalada la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Hace presente que la Resolución Exenta precitada, de la Subsecretaría del Interior, fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundada, añadiendo que la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, otorgado con fecha 5 de diciembre de 2019, beneficio asimilado al actual beneficio de residencia, por lo que actualmente mantiene situación migratoria regular en el país, por lo que la situación de pendencia de la solicitud del recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Indica que por su naturaleza jurídica la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, los que menciona, citando el artículo 10 de la Constitución Política.

Señala que en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para conceder la carta de nacionalización, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S.

N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.”, añadiendo que el decreto de concesión de carta de nacionalización es firmado, por delegación, por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, facultad que se encuentra consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966, que declara las materias que podrán ser objeto de decretos o resoluciones por las autoridades que en ella se señalan, con la sola firma del respectivo funcionario. Agrega que en cuanto a las causales y requisitos legales para otorgar la carta de nacionalización, el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, señala los requisitos mínimos que los postulantes a la carta de nacionalización deben cumplir para presentar su solicitud ante la autoridad competente, añadiendo que la forma y los requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada se encuentran contempladas en los artículos 4° y 5° de la norma ya individualizada, siendo uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto N°5142 y para elaborar su informe, la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esta autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto, normas que reproduce.

Finalmente, y tras recalcar la labor del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la tramitación de una solicitud de carta de nacionalización, termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario materializado en el Decreto Exento NUM001 de 2 de octubre de 2025 que rechazó la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización a la recurrente.

Cabe señalar que la Constitución Política de la República, prescribe en el artículo 10, “Son chilenos:”, …, 3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley,”, agrega en su inciso final “La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”

En este contexto, el artículo 1° del D.S. N°5.142, de 1960 del Ministerio del Interior dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”.

A turno, el artículo 2° del D.S. precitado, establece que “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros … “, refiriendo los requisitos para el otorgamiento, mientras que, en el artículo 4°, precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142, de 1960 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones que, luego, en tiempo y forma allí prevista, debe ser remitido al Ministerio del Interior.

Finalmente, el artículo 7° del referido D.S., dispone, expresamente: “El decreto que deniegue la carta de nacionalización será siempre fundado y firmado por el Presidente de la República.”

En concordancia, con el marco jurídico antes indicado, el artículo 86 de la Ley 21.325, refiere: “Artículo 86.

Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de crímenes. 2. Los que hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.”

SÉPTIMO: Que, en este orden, el alcance del control judicial que promueve la acción constitucional está estrictamente vinculado con la naturaleza del acto administrativo impugnado, desde el momento que aquello conducirá y habilitará un examen de mérito (aspectos político-técnicos) o un examen de legalidad (comprensivo de motivación del acto), todo ello, según la fuente del acto obedezca a una potestad reglada, o a una potestad discrecional, respectivamente.

Ahora bien, habrá discrecionalidad en el obrar de la Administración, cuando la ley le confiera al órgano, posibilidad de elegir entre varias opciones, todas legítimas y válidas, sin que la norma predetermine completamente el resultado, otorgándole un margen de apreciación, siempre de forma fundada y motivada; a diferencia de las potestades regladas, cuyo resultado o consecuencia, está previsto en la ley. Sobra decir que, ambas potestades, están supeditadas al respeto irrestricto del principio de legalidad y del principio de primacía constitucional.

De lo expuesto, las esferas de discrecionalidad, no se condicen, en un Estado de Derecho, con decisiones arbitrarias ni antojadizas, desde el momento que, el ordenamiento jurídico instaura límites formales y materiales que, condicionan, su ejercicio.

Así, el sometimiento a la legalidad, el deber de fundamentación y motivación, el apego a la proporcionalidad, el respeto a las garantías fundamentales de las personas y la revisión judicial, se enderezan, como garantías frente a las decisiones de la Administración y límites de la discrecionalidad, cuyo respeto, otorgará legitimidad al acto administrativo, considerando que, “esta potestad del Ministerio del Interior está sujeta a límites materiales que provienen desde la Constitución, el Derecho Internacional y, especialmente, desde el Derecho Internacional de los derechos humanos.” (STC 2273-12-INA de 4 de julio de 2013)

OCTAVO: En la especie, atendido el tenor literal de los artículos 2° y 7° del D.S. N°5.142, de 1960 del Ministerio del Interior, el otorgamiento de la carta de nacionalización, o su rechazo, obedece al ejercicio de una potestad discrecional por parte del órgano investido legalmente para ello, de lo que se sigue que la revisión judicial solo puede comprender un control de legalidad que abarca un control de motivación del acto administrativo, no pudiendo extenderse, por tanto, a aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia; de forma tal que la revisión judicial se abocará a determinar “si existe o no contradicción entre la decisión previa administrativa y el ordenamiento jurídico” (Parejo Alfonso.

Administrar y Juzgar, dos funciones constitucionales distintas y complementarias: un estudio del alcance y la intensidad del control judicial, a la luz de la discrecionalidad administrativa. Tecnos, (1993), p. 58), “si lo concluido es la consecuencia racional y lógica de los supuestos de hecho que motivan el acto” (Cordero Vega, Luis.

Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Thomson Reuters La Ley, (2015), p. 634.), ello por cuanto “el control de la legalidad puede llevar a la anulación de un acto administrativo por ser ilegal, nunca por ser inoportuno.” (Pierry, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. En: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Nº8, 1984, p. 179)

Sentado lo anterior, la potestad discrecional para negar la nacionalización no es absoluta; la decisión debe sostenerse en la concurrencia de antecedentes que se correspondan con las causales legales previstas en el artículo 86 de la Ley 21.325, a saber, condenas penales de entidad; o bien, con aquellas referidas en el D.S. N°5.142, de 1960 del Ministerio del Interior, esto es: falta de cumplimiento de requisitos relativos a residencia definitiva y tiempos; documentación incompleta o inconsistente, la no acreditación de medios de subsistencia, evaluaciones negativas; la no aprobación de exámenes, en casos determinados; de suerte tal que, la denegación ha de descansar en motivos fundados y racionales que, siempre dentro del marco legal, justifiquen el rechazo.

NOVENO: Que, el Decreto Exento NUM001 de 2 octubre de 2025, extendido por el Ministerio del Interior deniega la carta de nacionalización, si bien, motiva la decisión en la existencia de informes técnicos evacuados por la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones, concluye que en razón de aquellos se arribó a la convicción que la conducta de la solicitante quebrantó bienes jurídicos dada la existencia de causa RUC N°2000038545-0, RIT N°1699-2020, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, por el cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud. Todo lo cual, resultaría indiciario, formalmente, del ejercicio de una potestad respetuosa de la legalidad.

Sin embargo, los informes técnicos que sirven de sustento a la decisión, registran antecedentes y conclusiones, totalmente diversas a la decisión adoptada en el Decreto impugnado; ello sumado a la circunstancia que la causa penal que denotaría atentado a bienes jurídicos (RUC N°2000038545-0, RIT N°1699-2020, del Juzgado de Garantía de Tocopilla), se encuentra terminada desde el 16 de mayo de 2022, en razón de decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, de conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.

En efecto, el Ordinario NUM003 de 29 de mayo de 2025, extendido por el director del Servicio Nacional de Migraciones, remitió con calificación favorable el expediente de nacionalización de la recurrente, indicándose que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos en el D.S.

N°5.142 de 1960 para el otorgamiento de la carta de nacionalización, indicando: “Cabe señalar que la peticionaria, al 23 de mayo de 2025, cumple con los requisitos legales; y si bien registraba antecedentes negativos en el país, estos se encuentran aclarados, por lo que no existirían impedimentos para su otorgamiento.”

En similar sentido, se arribó, Informe NUM005 de fecha 14 de febrero de 2024 evacuado por Policía de Investigaciones de Chile (PDI), dando cuenta de la revisión de antecedentes de la recurrente, en múltiples bases de datos institucionales: Servicio de Registro Civil e Identificación, el Departamento de Asesoría Técnica de la PDI (GEPOL/SIBI), INTERPOL, el Sistema de Residentes Extranjeros, Equifax, el Repositorio del Poder Judicial (PJUD), la Base Única de Datos (BUD) y las fuentes de información abierta, sin registrar antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes, dejándose constancia de una orden de investigar cancelada en 2020, sin formalización ni acusación en contra de la recurrente, agregando que mantiene vigente residencia definitiva que ha residido en Chile por más de siete años, y que se desempeña profesionalmente en hospitales del Servicio de Salud de Antofagasta.

Así las cosas, existe un evidente divorcio, entre la decisión adoptada por el órgano y los informes técnicos que invoca para motivarla, generando una evidente grieta argumentativa que resta razonabilidad y sustentación lógica a la denegación de carta de nacionalización quedando el acto, por tanto, desprovisto de fundamentación, resultando, así, en una decisión arbitraria.

A mayor abundamiento, en la decisión contenida en el Decreto recurrido, se omiten antecedentes de envergadura, tales como el Certificado de Calificaciones de 21 de octubre de 2025, extendido por el Servicio de Salud de Antofagasta, que da cuenta que la doctora nombre reservado, recurrente de autos, obtuvo durante los períodos 2018 a 2024, calificaciones institucionales en Lista 1: Distinción, en todos los periodos, y que, la Administración no ponderó ni confrontó con la conclusión de lesión a bienes jurídicos vertida en el acto terminal recurrido, lo que compromete la razonabilidad de la decisión adoptada, reforzando un proceder arbitrario.

Luego, la sola existencia de la causa penal RUC N°2000038545-0, RIT N°1699-2020, del Juzgado de Garantía de Tocopilla, no tiene virtuosidad para satisfacer las causales de rechazo de carta de nacionalización que, taxativamente, previó el legislador en el artículo 86 de la ley 21.325 y en cuyo tenor literal expresamente indica el vocablo “condenados” en sus dos numerales, considerando que, aquella concluyó el 16 de mayo de 2022, en razón de comunicación de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, al amparo del artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal; no existiendo disposición alguna que habilite la denegación en razón de denuncias sin condenas; no obstante, ello, la Administración ha extendido las causales de denegación a supuestos no previstos en la ley, desconociendo que, por mandato legal, solo las condenas penales firmes constituyen un impedimento legal para obtener la nacionalización, todo lo cual, determina que el Decreto Exento NUM001 de 2 octubre de 2025, sea un acto, además, ilegal, más todavía, si no expresa motivos ni fundamentos que permitan comprender el por qué la sola existencia de la causa penal que no arribó a condena alguna, tendría idoneidad tal que justificara prescindir de todos los restantes informes técnicos favorables que se arribaron y respaldara la decisión denegatoria de la carta de nacionalización. Nada de ello fue expresado.

Sufraga lo expuesto, a propósito del decreto que deniegue la carta de nacionalización, el expreso designio del legislador vertido en el perentorio mandato prescrito en el artículo 7° del D.S. N°5.142, de 1960 del Ministerio del Interior, que dispone: “será siempre fundado y firmado por el Presidente de la República.”

En consecuencia, el Decreto Exento NUM001 de 2 octubre de 2025, da cuenta del ejercicio de una potestad distanciada no solo del deber de fundamentación y motivación en el estándar que exige la ley y la Constitución, sino también alejada de las hipótesis legales, lo que obliga acoger la acción y adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho.

DÉCIMO: Que, indefectiblemente, el obrar de la recurrida ha lesionado la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, incurriendo en una discriminación arbitraria e ilegal, al fundar la decisión contenida en el Decreto Exento NUM001 de 2 octubre de 2025, en un antecedente penal inexistente, jurídicamente para los efectos del artículo 86 de la Ley 21.325, sustituyendo la aplicación objetiva de las causales previstas en la ley para el rechazo, por juicios de valor subjetivos sobre el “mérito” de la solicitante o la “conveniencia” de otorgar la carta de nacionalización, apreciaciones totalmente reñidos con el marco normativo que, por mandato del artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República, reserva a la ley, el establecimiento de procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización; desconociendo, el límite material para ejercer su potestad discrecional que, viene impuesto, por las garantías que, la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales reconocen a las personas, por cuanto “… en el ejercicio de estas potestades el Ministerio del Interior tiene un nuevo estándar. En esa virtud, no podrá discriminar entre extranjeros, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con los artículos 25 y 13 de dicho Pacto, respectivamente, y artículo 2° de la Ley 20.609); …; deberá reconocer los derechos constitucionales del extranjero que haya ingresado legalmente al país y cuya situación de residencia temporal o definitiva se encuentra en una fase de regularización (artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y, finalmente, que el propio artículo 19 No. 7 no apodera al Estado a configurar reglas que diferencien radicalmente en el ejercicio del derecho de circulación y de residencia del extranjero, salvo su estricto apego al cumplimiento de los requisitos legales de general aplicabilidad a toda persona.” (STC 2273-12-INA de 4 de julio de 2013)

En este escenario, la sola invocación de potestad discrecional, para calificar la inconveniencia de otorgar una carta de nacionalización, en razón de la existencia de una causa penal que, además, culminó sin condena, no basta para justificar la decisión, pues tal obrar, abre espacios para introducir factores de desigualdad y discriminación extra legem que trasgreden en último término la dignidad de las personas.

DECIMOPRIMERO: Que, estimándose ilegal y arbitrario el Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, dictado por el Ministerio del Interior, en cuyo otorgamiento y decisión final, no tuvo injerencia el Servicio Nacional de Migraciones, al cesar su intervención con la remisión de antecedentes al referido Ministerio, conforme el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, es que se rechazará el recurso en relación al Servicio.

DECIMOSEGUNDO: Finalmente, atendido que, el recurso será acogido parcialmente, esto es, solo respecto de uno de los recurridos, no se condenará en costas, al tenor de lo prescrito en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones, y atendido, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, y, en los artículos 6, 7, 10, 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I. SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Bárbara Cardozo Carruyo, en favor de doña nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Exento NUM001, de 2 de octubre de 2025, y se ordena retrotraer el procedimiento al estado de emitir un nuevo pronunciamiento con estricto apego a los antecedentes del expediente, a los requisitos legales y objetivos establecidos en la ley para el otorgamiento o el rechazo de la carta de nacionalización, según corresponda, todo ello, en el más breve plazo.

II. SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese y comuníquese.

Rol 1974-2025 (Protección)

Redacción de la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez.