nombre reservado con SEREMI DE BIENES NACIONALES DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Carlos Pérez Ortiz, abogado, actuando en favor de nombre reservado, Masciel nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, RUT RUT reservado, representado legalmente por su alcalde Eliecer Daniel Chamorro Vargas, con domicilio en domicilio reservado; el Servicio de Salud de Antofagasta, representado legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado; del Gobierno Regional de Antofagasta, representado legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el desalojo que se llevó a cabo en el inmueble fiscal ubicado en el Barrio Industrial sitios 5C y 5F, de la ciudad de Calama, ocupado por los actores, lo que causa privación, perturbación y amenaza de sus garantías fundamentales.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala que todos son pertenecientes a la etnia atacameña y son hijos de nombre reservado y nombre reservado, además de don nombre reservado. Expone que nombre reservado llega a la comuna de Calama a mediados de 1996 para encontrar una oportunidad de trabajo en Codelco, pero no cumpliéndose dicha expectativa, y con el fin de sacar adelante a su familia, solicitó al Ministerio de Tierras y Colonización de ese entonces un bien en donde instalar el primer taller mecánico de la ciudad, para lo cual suscribió el día 02 de noviembre de 1993 un contrato de arrendamiento con la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, quien le da en arrendamiento los sitios fiscales N°1 al 6 ubicados en Diego de Almagro con Avenida Argentina de la comuna de Calama, individualizado en el plano N°II-3-3560-C-U, inscrito a favor del Fisco de Chile a fojas 49V, bajo el N°57 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Loa correspondiente al año 1928. La superficie total de los terrenos era de 4.344 m2 y según dicta la cláusula segunda de dicho contrato “…el bien raíz fiscal será destinado por el arrendatario para fines de: Construcción de Viviendas”.

Menciona que, por su parte, doña nombre reservado, madre de los recurrentes, también celebra un contrato de arrendamiento con la Seremi, en donde se le otorgan los sitios fiscales N°1-E y 1-C, ubicados en Chunchurri Bajo de la comuna de Calama, individualizado en el plano N°II-3-3500-C-R, inscrito a favor del Fisco de Chile a fojas 49V, bajo el N°57 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Loa del año 1928.

Refiere que la familia en su conjunto vivía en el sitio fiscal arrendado a don nombre reservado, esto es, en domicilio reservado de la comuna de Calama, donde su ocupación general se centraba en el cuidado de animales, agricultura y al uso de un taller mecánico, durante más de 20 años, sin ningún retraso en el pago del canon de arrendamiento.

No obstante, indica que el día 26 de septiembre de 1003 (Sic) en la esquina de las calles Diego de Almagro con Av. Grecia, se encontraban unos trabajadores realizando una serie de excavaciones para colocar un cierre perimetral para futuros trabajos de construcción, y al percatarse que tales cierres estaban obstruyendo su legítimo derecho como arrendatarios, consultan a la autoridad en donde toman conocimiento de que los trabajadores provenían de la empresa Cooperativa Habitacoop Ltda. Agrega que su hermano mayor, nombre reservado (QEPD), realiza una denuncia por usurpación ilegal ante el Juzgado del Crimen competente, y que el inmueble fue totalmente destruido junto a todos los enseres que se encontraban en el interior.

Asimismo, indica que don nombre reservado, ante la imposibilidad de poder tener una audiencia con el Seremi de Bienes Nacionales, le remite una misiva explicando lo sucedido, rogando su intervención, y dicho órgano público, constatando la ilegalidad, emite una serie de actos administrativos para reestablecer los derechos de don nombre reservado en calidad de arrendatario con el Estado de Chile, refiriéndose al Ordinario N°718 de fecha 02 de noviembre de 1993, emitido por el Departamento Provincial El Loa del Ministerio de Bienes Nacionales, dirigido al Gobernador Provincial EL Loa, en donde se le solicita el desalojo administrativo de Habitacoop, y en respuesta a dicho oficio, el Gobernador dictó la Resolución Exenta N°13 de 03 de noviembre de 1993, que decretó el desalojo administrativo. Añade que el desalojo jamás ocurrió y las autoridades de aquel entonces les ofrecieron como solución la reubicación de la familia a otros terrenos fiscales como compensación, indicándoles que debían arrendarlos por el plazo de 5 años, y que posterior a ello, les serían entregados los respectivos títulos de dominio.

Refiere que el lugar escogido sería el sector de Chunchurri Bajo, donde ya se encontraba arrendando la madre de su representada, correspondiente a los sitios fiscales 1-A, 1-B y 1-E o parcelas N°12, 13 y 14 de calle Cobija, y en compensación del taller mecánico que se destruyó, se entregaron los sitios fiscales 5C y 5F en la zona D del Barrio Industrial de Calama a su hermano nombre reservado.

Hace presente que estos sitios otorgados en compensación eran realmente unos vertederos y la familia con esfuerzo fue edificando y cultivando hasta hoy convertirlos en terrenos útiles, con un valor mucho más elevado al que solían costar en esa época.

Expresan que esta promesa de adquirir los terrenos mediante cesión gratuita del Fisco de Chile nunca se concretó y tuvieron graves problemas para poder pagar los cánones de arrendamiento, ya que al efectuar los pagos se les entregaba excusas para no recibirlos, como que debían esperar nuevos cálculos del IPC y que la documentación se había remitido a Antofagasta, e inclusive debieron seguir pagando las rentas del sitio fiscal del cual habían sido desalojados. Esta situación se le hizo saber al Jefe Provincial de Bienes Nacionales de El Loa el 10 de noviembre de 1995, y luego de varias misivas enviadas, el 20 de abril de 2009 don nombre reservado y don nombre reservado, ambos ex jefes provinciales y ex gobernador a la época, indicaron que: “Dado el actual crecimiento y expansión habitacionales de la ciudad de Calama, los citados terrenos pasaron a tener calidad de prescindibles para la construcción de viviendas habitacionales, sin haber regularizado la situación de la familia antes mencionada, que ha hecho uso y goce de un bien fiscal “sin clandestinidad ni violencia”, a partir de una solución administrativa, propuesta por el Ministerio de Bienes Nacionales”.

Añade que luego, durante el año 2016, el presidente de la Asociación de Agricultores de Calama, el día 21 de marzo de ese año, emitió un certificado que señala, respecto de las tierras en cuestión, que: “Todas esas tierras, actualmente eran convertidas en tierras vegetales, se ha recuperado casi el 100% de estas, ya que las tierras no son basurales son tierras fértiles y productivas se ha sembrado en todos estos años choclos, alfalfa y estas tierras han sido forestadas.

En mi calidad de Presidente de Asociación de Agricultor de Calama doy fe que este trabajo se ha realizado a lo largo de los años por el señor nombre reservado y su familia, invirtiendo una gran cantidad de recursos humanos, financieros y de maquinaria pesada, abono de la tierra. Se ha recuperado tierra vegetal de otros sectores del oasis de Calama, que han sido desechadas por construcciones de viviendas, hoteles, etc.”

Dice que pasaron los años y fallecieron los padres de los recurrentes, y en el año 2020 falleció don nombre reservado, sin que en vida pudiese tener respuesta por parte de la autoridad para regularizar los títulos de dominio, no obstante, la familia jamás cesó la explotación ni ocupación de los predios, continuó los trámites y solicitudes a Bienes Nacionales y han cuidado, mantenido y explotado los terrenos que por legítimo derecho les corresponden.

Posteriormente, hace presente recurso de protección Rol 6-2021 fallado por esta Corte con fecha 08 de febrero de 2021, el cual fue acogido y frenó el desalojo ilegal y arbitrario que se estaba realizando por las autoridades de ese entonces.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, señala que la familia hace más de 30 años que habita de forma pacífica e ininterrumpida los sitios otorgados en compensación por el Estado de Chile, y han intentado regularizar los títulos de dominio, sin obtener al día de hoy alguna respuesta seria y concreta por parte de la autoridad. En cuanto al predio ubicado en el Barrio Industrial sitios 5C y 5F, es ocupado para la reparación de vehículos motorizados, venta de repuestos y desarmaduría, al interior se encuentra un taller mecánico, repuestos, vehículos y tres perros.

Refiere que el día 18 de agosto de 2024 don nombre reservado, hijo de nombre reservado, guardó uno de los vehículos encomendados a reparar, y se percató que habían cambiado el candado del portón y habían instalado un letrero con logos gubernamentales, el cual contiene la frase “Chile invierte en Chile” y al costado se indica que “Aquí se construirá Centro Oncológico Ambulatorio de Calama”, apareciendo los logos del Servicio de Salud de Antofagasta, del Gobierno Regional de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Calama.

Sostiene que jamás fueron notificados de alguna resolución judicial y/o administrativa de desalojo, y que aquel se efectuó de forma ilegal y arbitraria, sin haberse sustanciado un debido proceso racional y justo donde pudieran ejercer sus defensas, sumado a que el Estado de Chile no se ha hecho cargo de regularizar su propiedad y al interior están sus animales.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere las del artículo 19 números 1 y 3 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene la restitución del inmueble Barrio Industrial sitios 5C y 5F y de los bienes que guarecen en su interior, y se dicten las medidas necesarias que fueren necesarias a fin de cautelar los derechos de los recurrentes, con costas.

SEGUNDO: Que informa la recurrida, Gobierno Regional de Antofagasta, a través de su abogado Mauro La nombre reservado Amaral, solicitando el rechazo del recurso.

Como cuestión preliminar, se refiere a las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales conforme a la Ley N°19.175, siendo una de sus competencias el otorgamiento a terceros de concesiones a título gratuito de corto plazo sobre bienes fiscales, regulada en el artículo 61 del Decreto Ley N°1.939 de 1977, sobre normas sobre adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado, radicada actualmente en los Secretarios Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales o los jefes de oficinas provinciales en virtud de delegación efectuada mediante Decreto Supremo N°79, de 2010, del Ministerio de Bienes Nacionales. Agrega que el gobernador o gobernadora regional adoptará la decisión sobre el otorgamiento de la concesión, previo acuerdo del consejo regional, en base a los antecedentes técnicos y jurídicos que entrega la Seremi de Bienes Nacionales, haciendo referencia a las etapas que la Administración ejecuta para este otorgamiento, según recuadro que adjunta.

Indica que en contra de esta decisión procederá recurso de reposición que deberá ser resuelto por dicha autoridad con acuerdo del respectivo consejo regional, sin que sea procedente el recurso jerárquico, y en los casos en que los gobiernos regionales soliciten concesiones gratuitas de corto plazo, la competencia será ejercida exclusivamente por la Seremi de Bienes Nacionales, para fines de su tramitación y otorgamiento. Por último, señala que los gobiernos regionales podrán poner término o caducar aquellas concesiones gratuitas de corto plazo que hayan otorgado en virtud del ejercicio de esta competencia.

Luego, refiere que la propiedad objeto del presente recurso es de dominio fiscal y se encuentra inscrita a fojas 49VTA, del número 57, correspondiente al año 1928, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del Loa – Calama. Dichos terrenos recaen sobre inmuebles fiscales situados al Noreste de la ciudad de Calama, entre la Avenida Balmaceda y Avenida Almirante Grau, correspondiente al sector del Ex Barrio Industrial, comuna de Calama, todos individualizados en el Plano N°02201-7.097, y que corresponden a los lotes 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E y 5-F.

Considerando el dominio fiscal de los inmuebles, sostiene que toda eventual ocupación no autorizada de los recurrentes es ilegal, no solo por el hecho de que no tengan título que los habilite, sino que también dichos terrenos ya tienen un destino para cumplir una finalidad pública existiendo una concesión gratuita para su uso. Es así, que en virtud de los principios que rigen a los órganos de la Administración del Estado, teniendo presente el bien común por sobre el interés particular, la cartera de bienes nacionales contempla la posibilidad de realizar concesiones de manera gratuita ya sea a entidades públicas como entidades particulares, todo de conformidad a lo que prescribe Ley N°1.939, que regula las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (artículo 61).

Añade que el Servicio de Salud de Antofagasta, realizó una solicitud a la Seremi de Bienes Nacionales, en orden a obtener la concesión gratuita por 5 años de los lotes 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E y 5-F, Zona D, cuya superficie es de 9.900 metros cuadrados, ubicado en la comuna de Calama. Que, como fines y objetivo principal de la entidad postulante, esta se enmarca en la concesión de dichos terrenos para un proyecto, que consiste en la construcción de un centro de pesquisa y tratamiento de oncología en dicha ciudad, que describe, y con fecha 2 de mayo de 2023, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, dicta la Resolución Exenta N°329, que autoriza la ocupación de predio fiscal que indica al Servicio de Salud de Antofagasta, en virtud de EX: 2CGC10043, que dispone otorgar permiso de ocupación provisoria al Servicio de Salud de Antofagasta, sobre los inmuebles en cuestión. Este permiso se extendía por el plazo de 6 meses, y luego la Seremi de Bienes Nacionales solicitó al Gobierno Regional de Antofagasta pronunciarse en orden a esta concesión, lo que se hizo con fecha 26 de octubre de 2023, en virtud de sesión ordinaria N°739, el Consejo Regional de Antofagasta, mediante acuerdo 17162-23 (S.Ord.739.26.10.23) en que, por unanimidad, salvo el voto en contra e inhabilidad específica indicadas al final, se manifiesta opinión favorable.

Refiere que en virtud de Ord. SE02 -4283-2024, de fecha 7 de agosto de 2024, la Seremi de Bienes Nacionales informa sobre la situación de la concesión de uso gratuito a corto plazo a favor del Servicio de Salud de Antofagasta por el plazo de 5 años, cuyo análisis de pertinencia e informe técnico considera la pertinencia sobre la tramitación de los predios fiscales. Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2024, en virtud de las competencias transferidas al Gobierno Regional de Antofagasta sobre la materia, procede a dictar la Resolución Exenta N°01312/204, concediendo el uso gratuito al Servicio de Salud de Antofagasta, respecto de los terrenos fiscales ubicados en la comuna de Calama, encontrándose totalmente vigente dicha resolución hasta la fecha.

En cuanto a los actos ilegales y arbitrarios denunciados, asevera que nada hace constar que los terrenos fiscales aludidos se hayan otorgado en compensación por el Estado de Chile y que dicha ocupación sea tolerada y pacífica, no se ha hecho llegar ningún antecedente que diga relación con la regularización de una eventual ocupación por parte de los recurridos y que estos hayan sido aceptados por la autoridad competente. Lo que, si se puede afirmar, es que previa a la concesión gratuita por 5 años, si obraba dentro de los antecedentes la solicitud de una concesión gratuita de ocupación gratuita provisoria, por el lapso de 6 meses por parte del Servicio de Salud, por tanto, cualquier otra ocupación realizada por terceros ajenos al Servicio de Salud, se torna totalmente ilegal.

Afirma que no puede existir una vulneración a las garantías constitucionales denunciadas, ya que, por actos administrativos fundados, existía una concesión gratuita del terreno fiscal al Servicio de Salud, no siendo aplicable lo resuelto en causa rol 6-2021 de esta Corte, pues no existe inactividad por parte de la Seremi de Bienes Nacionales en cuanto al destino de dichos terrenos fiscales.

Concluye que el Gobierno Regional de Antofagasta no ha desplegado ninguna acción u omisión de carácter ilegal o arbitrario en contra de los recurrentes, siendo su actuar enmarcado dentro de las competencias que le ha investido la ley y la Constitución, actuó dentro del marco de las competencias transferidas en cuanto a la concesión de uso gratuito de terrenos fiscales, teniendo además presente, que dicha entidad, ejerce dichas competencias en el marco de la administración superior de la región, procurando el desarrollo social de la misma, actuando, en este caso, con colaboración de las entidades recurridas.

TERCERO: Que, igualmente, emitió informe el Servicio de Salud Antofagasta, quien solicita el rechazo de la presente acción.

Primeramente, se refiere al marco normativo del Decreto N°140 de 2004 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, y a la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de la Administración del Estado.

Reitera lo informado por el Gobierno Regional de Antofagasta en cuanto a que el bien raíz objeto del recurso es fiscal, existe una concesión gratuita sobre aquellos y no existen actos ilegales ni arbitrarios, ni vulneración de garantías constitucionales.

Luego, alega falta de legitimación pasiva para accionar de protección por los recurrentes en su contra ya que el terreno objeto de desalojo no es de dominio del Servicio de Salud, sino que posee una concesión que lo habilita a ejecutar actos sobre el inmueble fiscal, y siendo el desalojo la vulneración alegada, aquello no fue gestionado, instruido ni ejercido por el Servicio.

CUARTO: Que, por su parte, informó al tenor del recurso la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Región de Antofagasta, instando por su rechazo.

Expone que efectivamente el ascendiente de los recurrentes, don nombre reservado, mantuvo dos (2) contratos de arriendo sobre parte del inmueble fiscal que se pretende proteger a través de esta acción; al último contrato se le puso término anticipado e inmediato por no pago de rentas mediante Resolución Exenta N°099 de fecha 24 de abril de 1996; y dichos contratos fueron otorgados respectivamente en los años 1992 y 1993, teniendo ambos una duración de un (1) año, renovable, en donde se constata que el uso al cual se destinó el inmueble era la construcción de viviendas, lo cual nunca se cumplió, utilizando el sitio en otros usos no permitidos por la autoridad. Añade que en la propia carta enviada por doña nombre reservado, de fecha 06 de julio de 1995, dirigida al Seremi de la época, reconoce incumplimiento en los pagos de la renta, argumentando problemas económicos.

Sostiene que los documentos allegados por la recurrente no dan cuenta indubitada de sus pretendidos derechos, por el contrario, se verifica que se ha realizado una ocupación ilegal, creando artificialmente un reconocimiento estatal de su ocupación, ya que no existe ningún acto administrativo de disposición sobre los sitios de marras que favorezca a los recurrentes, esto es, ni contrato de arriendo, ni la supuesta compensación pretendida por el recurrente, figura esta última que no existe en la normativa aplicable del Decreto Ley N°1.939.

Indica que con fecha 28 de julio y 12 de agosto de 2022, se realizaron fiscalizaciones en el inmueble ilegalmente ocupado, notificando el inminente desalojo, y según consta en las fichas de fiscalización ID 1370421 e ID 1371725, que acompaña, en dichas fechas funcionarios de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales El Loa, fiscalizaron los sitios 5C y 5F, los que al momento de la fiscalización se encontraban sin residentes, utilizados para uso de taller y desmantelamiento vehicular, dando cuenta el estado de conservación de los sitios “muy malo”, existiendo una ocupación ilegal en la misma, dejándose notificación N°1716, que adjunta; con fecha 13 de octubre de 2022, mediante oficios ORD. N°SE02-6729-2022 y SE02-6730-2022, solicitó a la Delegación Presidencial de El Loa, los desalojos sobre los sitios 5C y 5F; y con fecha 24 de octubre de 2022, mediante Oficio N°508, la Delegación Presidencial de El Loa, da respuesta a los oficios de la Seremi, informando la imposibilidad de acceder a los desalojos solicitados en atención al Cumplimiento de: 1) fallo ROL CORTE 37-2013 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Antofagasta y 2) Fallos de la Excma. Corte Suprema de 17 y 22 de junio de 2021, roles Nº38.134 2021 y Nº25.555- 2021, indicando que se deberá solicitar al Consejo de Defensa del Estado, el inicio de las acciones judiciales de lanzamiento en contra del arrendatario ya individualizado y contra todo ocupante, conforme lo dispuesto en el artículo 595 del Código de Procedimiento Civil.

Menciona que, posteriormente, con fecha 07 de febrero de 2024, se realizaron nuevas fiscalizaciones en el inmueble ocupado ilegalmente, notificando el inminente desalojo. Según consta en las fichas de fiscalización ID 1532635 e ID 1532640, se da cuenta de que al momento de la fiscalización de los sitios 5C y 5F, no se encuentran personas habitando el lugar encontrándose el sitio en abandono, en estado de conservación de los sitios “muy malo”, existiendo una ocupación ilegal en la misma. Se dejó notificación N°2431.

Arguye que el recurrente funda su pretendido derecho en meras expectativas que se crean a partir de la falsa creencia de que su ocupación es tolerada por el Ministerio de Bienes Nacionales, además que controvierte la teoría de la posesión inscrita ya que la propiedad es de dominio fiscal y no cumple con el onus probandi conforme al artículo 1.698 del Código Civil.

Luego, dice que la destinación del inmueble fiscal tiene fines de interés público ya que se desarrollará el Proyecto Centro de Pesquisa y Tratamiento de Oncología para la ciudad de Calama, que existe cumplimiento de las formalidades y presunción de legalidad de los actos administrativos que ha dictado, y que actualmente el inmueble no está siendo ocupado ni para fines de vivienda, ni comerciales ni agrícolas, sino más bien es una chatarrería, por lo que no se ha realizado un desalojo propiamente tal, por lo tanto, en la realidad objetiva, resultan imposibles las afectaciones mencionadas en el recurso.

Por último, refiere que el acto que se pretende vulneratorio, esto es, el pretendido proceso de desalojo, no se ha verificado, más bien corresponde a una acción aislada del Servicio de Salud de Antofagasta, como el cambio de candado y colocación de letreros, los cuales simplemente corresponden a actos de disposición del bien cuya autorización esta Seremi, como dueña del inmueble, dio al Servicio de Salud para que comenzara las obras del Centro Oncológico mediante la mencionada Resolución Exenta N°329 de fecha 02 de mayo de 2023.

Concluye que la recurrente no es titular de un derecho indubitado y no discutido que la habilite para deducir una acción de naturaleza cautelar y excepcional, como lo es el recurso de protección, y, en ningún caso ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, no verificándose la vulneración a las garantías constitucionales reclamadas.

QUINTO: Que, finalmente, informó la Ilustre Municipalidad de Calama, alegando falta de legitimación pasiva para accionar de protección por la recurrente, ya que el terreno objeto de desalojo no es de dominio de la Municipalidad de Calama, por cuanto no participa ni interviene en la administración del espacio, debiendo informar además que respecto del mismo no existe en la actualidad convenio u otro tipo de acuerdo con los dueños o concesionarios de la propiedad por el cual se haya traspasado su administración al Municipio de Calama. Agrega que el hecho que exista un logo de la municipalidad por el proyecto Centro Oncológico Ambulatorio Calama no atribuye responsabilidad de actos de desalojo ocurridos en el terreno en comento, así respecto al proyecto, se señala que existe un convenio de subvención en el que la Municipalidad de Calama se compromete a transferir a la Corporación la suma única de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos), monto de dinero que será destinado de manera exclusiva para la realización del diseño arquitectónico del “Centro Oncológico para Calama”.

En consideración a lo anterior, afirma que no existe ninguna actuación por parte del Municipio de Calama que pueda ser considerada como arbitraria y menos ilegal.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

OCTAVO: Que el acto arbitrario e ilegal que los recurrentes reclaman consistiría en el desalojo que se llevó a cabo en el inmueble fiscal ubicado en el Barrio Industrial sitios 5C y 5F, de la ciudad de Calama, ocupado de forma pacífica por los actores, según señalan, sin que hayan sido notificados y no existiendo resolución administrativa o judicial que lo justifique.

NOVENO: Que, como primera cuestión, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud de Antofagasta y de la Ilustre Municipalidad de Calama, aquella será acogida, por cuanto el actuar que la recurrente considera ilegal y arbitraria emana de las facultades del Gobierno Regional y de la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta.

DÉCIMO: Que, de los antecedentes expuestos y documentos acompañados, es dable concluir que el actuar de la recurrida Gobierno Regional de Antofagasta, se enmarca dentro de sus funciones y atribuciones legales, actuando de conformidad a la normativa vigente, avalando su actuar en el artículo 4° literal h) de la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley Nº22 de 1959, Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República, el artículo 19 del Decreto Ley Nº1.939 de 1977, y la Constitución Política de la República, en sus artículos 110 y 115 bis y siguientes.

Asimismo, el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales, se encuentra amparado en lo dispuesto en el D.L. 1.939 de 1977 y su Ley Orgánica D.L. 3.274 de 1980, además de otros cuerpos legales que rigen a la administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que, a este respecto, consta mediante Certificados N°516 y N°517 de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que el inmueble fiscal ubicado en calle El Abra con calle Chañarcillo, sitio 5-F y 5-C, ex Barrio Industrial, comuna de Calama, se encuentra amparado con la inscripción fiscal global que rola a fojas 49 vta., número 57, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama, correspondiente al año 1928.

Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por medio de la Resolución Exenta N°329, de fecha 02 de mayo de 2023, otorgó permiso de ocupación provisorio al Servicio de Salud de Antofagasta sobre estos inmuebles fiscales, por un plazo de seis meses, siendo el objeto de ocupación única y exclusivamente para desarrollar “La construcción del Centro de Pesquisa y Tratamiento de Oncología de la ciudad de Calama”, pudiendo el referido Servicio autorizar el ingreso de terceros a los inmuebles, sólo para efectuar el fin descrito.

Asimismo, de la Resolución Exenta N°01312/2024, de fecha 26 de septiembre de 2024, consta que el Gobierno Regional de Antofagasta le otorgó al Servicio de Salud de Antofagasta la concesión de uso gratuito por cinco años respecto del terreno fiscal en comento, debiendo la beneficiaria destinarlo a implementar el proyecto individualizado en el párrafo anterior, el cual permitiría ordenar la oferta de prestaciones de quimioterapia ambulatoria para los pacientes de las comunas de Calama y Tocopilla.

De otro lado, constan fiscalizaciones en el año 2022 y en el presente año, practicadas por la Seremi de Bienes Nacionales en el inmueble ocupado por los recurrentes, y de acuerdo a lo informado por la recurrida, no se encuentran personas habitando el lugar, encontrándose el sitio en abandono y en mal estado, dejándose notificación N°2431, mediante la cual se informa al ocupante que cuenta con un plazo de tres días hábiles para ingresar por oficina de partes de la Seremi de Bienes Nacionales documentos y antecedentes donde conste una autorización, permiso, concesión o contrato que lo faculte para usar y gozar del inmueble. De no acreditarse poseer alguna de las calidades señaladas, será reputado ocupante ilegal y se dará inicio a las acciones tendientes al desalojo y restitución del inmueble conforme a la normativa establecida.

DUODÉCIMO: Que, de lo asentado precedentemente, consta que la autoridad que dispuso el desalojo administrativo es la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, organismo que ha actuado en conformidad a la ley, considerando, además, que los recurrentes no son titulares de derecho alguno sobre el terreno que ocupan ilegalmente, lo que deviene, necesariamente, en el rechazo de la presente acción.

DÉCIMO TERCERO: Que, si bien, según los antecedentes acompañados a los autos, se constata que existió una ocupación autorizada por parte de la familia de los recurrentes en los años 90, fundado en un contrato de arrendamiento suscrito por don nombre reservado respecto del inmueble de marras con fecha 27 de octubre de 1993, según consta de la Resolución Exenta N°099, de fecha 24 de abril de 1996, el Ministerio de Bienes Nacionales puso término anticipado e inmediato a dicho contrato por incumplimiento de la obligación del arrendatario de pagar las rentas a que estaba efecto conforme al contrato, no encontrándose vigente.

De otro lado, la alegación de la recurrente en torno a que las autoridades de aquel entonces habrían otorgado la ocupación de la propiedad fiscal a título de compensación y se habrían comprometido a regularizar el dominio de esos terrenos, encuentra sustento únicamente en la carta emitida por nombre reservado y nombre reservado, ex Jefe Provincial de Bienes Nacionales- Calama y ex Gobernador de la Provincia de El Loa, en el año 2009, sin que exista algún acto administrativo emitido por dicha autoridad -ni por ninguna otra- que avalen estas aseveraciones.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, del marco normativo establecido, la actuación de las recurridas Gobierno Regional de Antofagasta y Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, encuentra sustento legal, no apreciándose en los hechos denunciados infracción a las garantías constitucionales protegidas por esta acción de protección, desde que no se afecta el derecho a la vida e integridad de los recurrentes, como tampoco el derecho al debido proceso, por cuanto no se ha acreditado que éstos tengan efectivamente algún derecho sobre el inmueble que se encuentran ocupando, máxime considerando que aquel se encuentra en estado de abandono, según lo consignado en las fiscalizaciones practicadas.

DÉCIMO QUINTO: Que, por último, cabe tener presente que lo resuelto en recurso de protección Rol 6-2021 de esta Corte, no puede ser considerado como antecedente a efecto de resolver estos autos, desde que mediante dicha acción se frenó el desalojo administrativo de otro inmueble ocupado por los recurrentes a fin de que se ejercieran las acciones posesorias establecidas en el Código Civil, la cual conforme al artículo 19 del Decreto Ley N°1.939 de 1977, es facultativa para la autoridad, no pudiendo exigirse la interposición de las mismas en este caso, máxime considerando que el inmueble fiscal fue otorgado al Servicio de Salud de Antofagasta en concesión de uso gratuito por cinco años para la implementación de un proyecto oncológico el cual permitiría ordenar la oferta de prestaciones de quimioterapia ambulatoria para los pacientes de las comunas de Calama y Tocopilla, debiendo primar el bienestar de la comunidad por sobre el interés particular de los recurrentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Carlos Pérez Ortiz, en favor de nombre reservado, Masciel nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, el Servicio de Salud de Antofagasta, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1958-2024 (PROT)

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