nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Antofagasta, a veintidós de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, funcionaria pública administrativa, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra del Banco Estado de Chile, ante la negativa en desbloquearla a fin de acceder a sus productos bancarios, previa solicitud de bloqueo de la recurrente y denuncia ante la autoridad por haber sufrido un robo en la comuna de Estación Central, acto ilegal y arbitrario que transgrede la garantía constitucional del derecho a la propiedad y a la vida, solicitando, se ordene a la recurrida que proceda a desbloquear sus cuentas, así como la devolución del dinero robado o sustraído y/o las demás medidas que se juzguen necesarias tendientes a asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales.

Informó don Sebastián Nicolás Diez de Medina Rojas, abogado, en representación del Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su acción, señalando que el 16 de agosto de 2024 fue asaltada en Estación Central, Región Metropolitana, por lo que se dirigió a la sucursal más cercana a dicha comuna, realizando el bloqueo correspondiente. Que, verificando su saldo, en la tarjeta de débito o cuenta RUT, ya no tenía el dinero que tuvo en su oportunidad y que ascendía a $400.000.- Agrega que, en dicha oportunidad le dijeron que una vez que obtuviera su cédula de identidad, podría dirigirse a una sucursal en su ciudad y realizar el desbloqueo de sus cuentas, toda vez que, también le robaron dicha cédula y su teléfono. Que, realizó la denuncia en uno de los móviles de Carabineros ubicados fuera del mall, la que se dirigió a la 3ª Comisaría de Santiago, para luego ser subida a fiscalía, donde fue archivada.

Expone que, llegó a la ciudad de Antofagasta el domino 18 de agosto del año en curso, y al día siguiente se dirigió al Registro Civil a solicitar un duplicado de su cédula, la que se le entregó el día 23 de dicho mes y año, y que también realizó ante la 3ª Comisaría de Antofagasta la respectiva denuncia. Luego, se dirigió a una sucursal del banco cercana a su lugar de trabajo para efectos de solicitar el desbloqueo de sus cuentas, quienes le indicaron que nada podían hacer, ya que dicho bloqueo se originaba desde Santiago, que desconocían el motivo, indicándoles que podía llamar al fono de emergencia otorgado en dicha oportunidad, donde ingresó un reclamo con fecha 23 de agosto, cuya respuesta tardaría entre 48 a 72 horas, pero que hasta la fecha de interposición del presente recurro, ello aún no ocurría.

Refiere que, en dicho día además, le llegó un correo donde se informaba que una tercera persona había dado aviso al banco que había realizado una transferencia que desconocía por $100.000.-, y que por ese motivo la recurrente se encontraba bloqueada, en circunstancias que sus cuentas estaban bloqueadas desde el 16 de agosto.

Alega una clara privación a su derecho de propiedad de usar, gozar y disponer, afectando su salud e integridad física y mental, así como también la de su familia, pues incluso fue diagnosticada con trastornos del sueño, y es la única sostén de su hogar e incluso tiene un hijo con hiperplasia suprarrenal congénita.

SEGUNDO: Que, informó don Sebastián Nicolás Diez de Medina Rojas, abogado, en representación de la recurrida Banco del Estado de Chile, solicitando rechazar la presente acción.

En primer lugar, señala de forma categórica que no existen actuaciones arbitrarias o ilegales imputables a la recurrida, y que la actora incluso no ha logrado en ningún caso explicar la ilegalidad de las medidas reclamadas, sino que al contrario, estas últimas se encuentran respaldadas plenamente en la Ley N°20.009, y en la normativa sectorial de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Que aun, sin considerar lo anterior, la causa de la supuesta vulneración de derechos radica netamente en el actuar de la recurrente, quien incluso a la fecha en que se evacuó el presente informe, no habría acompañado la Declaración Jurada simple que ordena el artículo 4 de la Ley N°20.009, ni tampoco habría realizado la Declaración de Origen de Fondos, o en su caso, la devolución por abonos de origen desconocido que habilitan a desbloquear sus productos bancarios debido a una denuncia de transferencia no reconocida en su origen.

Acto seguido, refiere que con fecha 23 de agosto de 2024, la recurrente, efectuó un aviso vía telefónica al Centro de Contacto del Banco del Estado, en virtud del cual desconoció haber realizado 10 operaciones, con cargo a su cuenta RUT, por lo cual, y conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°20.009, modificado por la Ley N°21.673, Banco Estado, previa asignación de código de recepción e identificador de seguimiento que indica, procedió de inmediato al bloqueo respectivo del medio de pago, en la especie, la cuenta RUT. Luego, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°20.009, modificado por la Ley N°21.673, la clienta suscribió una Declaración Jurada simple mediante la cual hizo efectivo su aviso, transformándolo derechamente en un reclamo. Esta declaración, de conformidad al inciso 3° de la citada norma, debe indicar “el monto reclamado, la fecha de la operación, el producto afectado y el medio a través del cual se realizó el fraude”. En ese sentido, el Banco del Estado de Chile ha dispuesto un modelo tipo de Declaración Jurada simple que contiene de manera clara y simple cada uno de los requisitos dispuestos por la norma.

Sin perjuicio de lo anterior, el requerimiento no pudo ser gestionado, debido a que la Declaración Jurada simple remitida no es válida para las operaciones señaladas. Concretamente, en lo que respecta al medio por el cual fueron realizadas las operaciones desconocidas, las que corresponden a comprar presenciales, mientras que, en la Declaración Jurada simple fueron mercadas como comprar no presenciales.

Expone que, abona la debida diligencia y buena fe de Banco del Estado de Chile, que se comunicó en dos oportunidades que el caso presentado no podía ser gestionado debido a que la documentación enviada es incompleta o no es válida como respaldo de las operaciones. La primera comunicación fue efectuada el 26 de agosto de 2024, y la segunda, el 2 de septiembre del mismo año. Y, que a la época en que se evacuó el informe de autos, el caso todavía no podía ser gestionado, pues aún no se habría subsanado el error en la suscripción de la Declaración Jurada, encontrándose actualmente en etapa de “pre-ingreso, en espera de DJ”, y restando días para que el número de caso expire en el sistema de gestión del a recurrida.

En lo que respecta al bloqueo de productos bancarios, indica que la recurrente se encuentra impedida de operar desde el 21 de agosto de 2024, debido a un abono realizado con fecha 16 de agosto de 2024 a su Cuenta Rut, número interno [cuenta reservada], por un monto de $100.000.-, siendo identificada por la recurrida, bajo estrictos parámetros analíticos de objetividad, como una transferencia no reconocida por su origen, lo cual la deviene en una transacción marcada como anómala. Ante ello, Banco del Estado de Chile, de manera preventiva y generalizada, bloquea los productos bancarios mientras se confirmación el cliente de origen si la transacción fue o no autorizada por el.

En virtud de lo anterior, para que la recurrente pueda operar con normalidad sus productos, debe completar el documento “Declaración de Origen de Fondos”, acompañando respaldos que justifiquen materialmente la existencia de este abono, como, por ejemplo, facturas, boletas, comprobante de transferencia de quien realiza el abono, conversaciones entre las partes, entre otros, pues, mientras que, en caso de que la recurrente desconozca la causa del abono antes mencionado, para que pueda operar con normalidad sus productos, debe completar el documento “Devolución por Abonos de Origen Desconocido”, solicitando que éstos sean retirados de su cuenta, y reintegrados a quien corresponda. Y, que en el evento de que la recurrente haya hecho uso de ellos, puede reintegrarlos y autorizar dicha devolución, con una copia de su C.I. a la casilla electrónica que indica. Exigencia cuyo asidero legal se encuentra en lo dispuesto en los capítulos 1-14, párrafo 1°, y en el capítulo 1-7, punto 4.2, de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos de la Comisión para el Mercado Financiero, de cuya interpretación se desprende la existencia de una obligación para el Banco del Estado de establecer medidas para la identificación, prevención y detección de operaciones potencialmente fraudulentas, debiendo adoptar medidas activas para impedirlas, lo que se ve reforzado con el artículo 6° de la Ley N°20.009, recientemente introducido por la Ley N°21.673.

Concluye que, la decisión en orden a no restituir los fondos denunciados, y no desbloquear sus productos bancarios no devienen en actos ilegales o arbitrarios, sino que al contrario, es fruto de un proceso racional y profusamente regulado por múltiples parámetros de objetividad, eficiencia, concordante con el marco normativo de la Ley N°20.009 y la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos de la Comisión para el Mercado Financiero.

En cuanto al derecho, y en particular sobre la acción impetrada en autos, alega su improcedencia, por cuanto no existiría arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del Banco del Estado de Chile, así como tampoco, la existencia de un derecho indubitado que cautelar, por lo que estos autos no serían la vía idónea para dar solución al conflicto planteado.

Posteriormente la recurrida, a folio 19 del expediente electrónico, amplió el informe evacuado en autos, en orden de indicar que la transferencia que dio origen al bloqueo de sus productos se trata de una operación realizada por otra cliente de Banco Estado, quien desconoció la realización de un depósito de $100.000.- a través de la APP del banco, con cargo a su cuenta RUT, hacia la cuenta RUT de la recurrente, realizada y reclamada el día 16 de agosto del año en curso, asignándosele un número de atención el que a la fecha se encuentra en trámite.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en el presente caso, el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal, consiste en la negativa por parte de la recurrida en orden a desbloquear los productos bancarios de los que es titular la recurrente, específicamente su tarjeta de débito y/o cuenta RUT, solicitando además, conforme se extrae de la parte petitoria del libelo recursivo, la devolución del “dinero robado”.

SEXTO: Que, tal como se indicó en el considerando tercero de la presente sentencia, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección.

SÉPTIMO: En dicho contexto, es que la presente acción no podrá prosperar, toda vez que, lo pretendido por la recurrente corresponde a la declaración de un derecho cuya existencia, vigencia y su consecuente exigibilidad ha sido cuestionada y desconocida por la entidad bancaria recurrida, máxime cuando, considerando la naturaleza de las afirmaciones y de los argumentos que motivan el presente recurso, así como los hechos esgrimidos por la recurrida en su informe respectivo, permiten situar la presente controversia y su eventual resolución, en los procedimientos de lato conocimiento establecidos por el legislador al efecto, como aquellos que previenen la Ley N°20.009, modificada por la Ley N°21.134, Ley N°19.496, y que en caso alguno puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría necesariamente a degenerar y/o desnaturalizar dicha acción, razones todas por las que, no cabe sino disponer su rechazo, tal como se indicará en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Banco del Estado de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1952-2024 (PROT)