Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S

Antofagasta, cinco de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien, en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario ejecutado con fecha 15 de enero de 2025, el cual rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, a fin de que se acoja la misma, adoptándose las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Informó la recurrida, instando al rechazo de la acción promovida.

Asimismo, remitió informe la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo solicitado.

Puesta la causa en estado, se han traído los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección se fundó en el rechazo por parte de la recurrida, en la devolución de los fondos previsionales del actor.

Los fundamentos de dicha decisión son los siguientes:

“1.- No se ha acompañado contrato de trabajo suscrito que dio inicio a la relación laboral con el empleador Hospital de Calama.

2.- Se hace presente que, si el afiliado presta servicios en un organismo del Estado o Municipalidad, no procederá la devolución de cotizaciones en caso de que haya sido contratado a través de un Decreto o Resolución de Nombramiento.”

Dice que la recurrida, obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de esta. Al efecto, citó la Ley 18.156, refiriendo que, acompañó la documentación requerida, estando entre ellos, el contrato de trabajo al cual hace referencia la recurrida. Así, se advierte que ha dado cumplimiento íntegro a la norma precitada, siendo procedente realizar al respectivo retiro.

Alegó como vulneradas, las garantías constitucionales establecidas en numerales 2° y 24° de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, la abogada, Valentina Lagos Sánchez, quien solicitó el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Aclaró, que con fecha 03 de enero de 2025, el recurrente presentó una "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley No. 18.156” identificando como empleador el “Servicio de Salud Antofagasta”, enfatizando que no incorporó un contrato de trabajo. En su lugar, presentó como documentación pertinente, la Resolución Exenta N° 4.390 emitida por el Servicio de Salud de Antofagasta con fecha 29 de noviembre de 2023, en la que se prórroga el contrato de trabajo a una serie de profesionales que prestan servicios en el Hospital de Calama.

En consecuencia, dice que el recurrente no aportó la documentación pertinente que permitiera acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 1° de la Ley N.18.156. Por ello, procedió al rechazo de la petición formulada.

Además, menciona, que la Superintendencia de Pensiones se ha pronunciado de forma clara y explícita en cuanto a que los Decretos o Resolución de Nombramiento, como el caso de marras, no pueden ser asimilados a un contrato de trabajo para efectos de que se configure la excepción dispuesta en la ley N°18.156 en el Oficio Ordinario N° 5.963, de fecha 16 de abril de 2007 y el Oficio Ordinario N° 11.880 de fecha 01 de junio de 2017.

Finalizó, sosteniendo que la recurrente no ha acudido a la Administradora para aclarar sus dudas, y optó directamente a la interposición de la presente acción cautelar, instrumentalizando la presente acción de urgencia.

En consecuencia, el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156 del Sr. nombre reservado no es un acto ilegal y arbitrario, pues el actuar de la Administradora se enmarca en la normativa vigente.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones, por medio de fiscal(s), Nicolás Acuña Gálvez, informó al tenor de la acción cautelar interpuesta.

Sostiene que no se ha recibido reclamo alguno por parte del actor.

Luego, anota la normativa aplicable, en concreto, la Ley N° 18.156, transcribiendo el artículo 1°. Así, de la norma se desprende que se faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran entrado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en tal norma.

Al efecto, se ha dictaminado mediante sistemática jurisprudencia administrativa que, en el caso del personal contratado por organismos públicos, mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo, la citada Ley, no recibe ninguna aplicación, puesto que se ha concluido que los contratos de trabajo a que se refiere no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento, en atención a que dichos Servicios son organismos estatales, funcionalmente descentralizados y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, no enmarcándose en el concepto de empresa a que se refiere la ley N° 18.156 en su artículo 1°.

Consecuentemente, a los trabajadores extranjeros que tienen la calidad de empleados públicos de estos Servicios de Salud no les resulta aplicable la ley N°18.156.

En el caso del recurrente, conforme a los antecedentes que obran en el expediente judicial, aparece que prestó servicios al amparo de la ley N°15.076 en el Hospital de Calama, establecimiento médico de carácter público que forma parte del Servicio Salud Antofagasta. Asimismo, no consta que su relación laboral haya sido con alguna de las corporaciones municipales de derecho privado sin fines de lucro, que administran y operan la atención primaria de salud, regidas por la ley N°19.378. En consecuencia, no corresponde autorizar la devolución de los fondos previsionales del recurrente por los servicios prestados en el Hospital de Calama, por cuanto no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley N°18.156.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectado por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la recurrente dedujo esta acción cautelar en contra de AFP CUPRUM S.A., por considerar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que no cumpliría con los requisitos establecidos en la normativa que regula la materia, esto es, la Ley N° 18.156.

SÉPTIMO: Que asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, al efecto se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual señala:

“ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”.

En este caso, de la revisión de los antecedentes acompañados por la recurrida, mismos que habrían sido acompañados a la solicitud presentada, conforme a lo señalado en su informe, es posible establecer que “se prorrogó contrato a los profesionales funcionarios que indica”, según da cuenta Resolución Exenta N° 4390, dictada por Patricio Toro Erbetta, director (s) del Hospital Carlos Cisternas, a contar el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Consta, además, que el recurrente es médico cirujano, con permanencia definitiva en territorio nacional.

OCTAVO: Que, entonces, se debe señalar que la finalidad de la precitada ley es facilitar a extranjeros-técnicos o profesionales- la disposición de sus fondos previsionales, en la medida que acrediten el cumplimiento de los presupuestos que allí se consignan.

NOVENO: Que, al efecto, y conforme los elementos que se han incorporado, se advierte que el recurrente se encuentra cubierto por el sistema de seguridad venezolano, en el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS).

DÉCIMO: Que, luego, la Circular N° 553 de 28 de octubre de 1988, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, precisa en relación con la letra a), del citado artículo 1 de la Ley N° 18.156, que “El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. El régimen de previsión o seguridad social a que esté afiliado el técnico extranjero fuera de Chile puede revestir cualquiera naturaleza jurídica, toda vez que la ley no ha hecho distinciones al respecto.”

DÉCIMO PRIMERO: Que, si bien no existe discusión entre los litigantes, en cuanto a que el actor es un profesional de origen extranjero, que comenzó a trabajar en Chile, en su calidad de médico cirujano, cabe tener presente que en su contrato o nombramiento no consta una cláusula o anexo que exprese su voluntad de mantenerse afiliado en Venezuela, y no se le exijan el cumplimiento en Chile de las obligaciones de cotizar y, además, no se hizo constar en la AFP al solicitar la devolución de las cotizaciones, como tampoco en el marco de esta acción constitucional, que su afiliación se mantenía, desde que el documento acompañado tiene una antigüedad de seis meses a la época de la solicitud, lo cual no permite tener por acreditado que a la fecha de la solicitud se mantenía dicha afiliación vigente.

En consecuencia, y no habiéndose acreditado el recurrente que cumpla con los requisitos legales, no existe mérito para declarar que la actuación recurrida sea ilegal y arbitraria y, en consecuencia, sólo cabe rechazar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 195-2025 (PROT)

Redactó el ministro señor Juan Opazo Lagos.