nombre reservado con CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS

Antofagasta, ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien, dedujo recurso de protección en contra de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., nombre reservado° 99.012.000-5, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto, de manera ilegal y arbitraria, negó, acoger el siniestro asociado a una Póliza de Vida Colectiva, y en consecuencia, otorgar la cobertura correspondiente, por invalidez total y definitiva, declarada previamente por la Comisión Médica Regional de Antofagasta, solicitando, se acoja el mismo, ordenando pagar el capital consignado en la referida Póliza, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, al tenor de la acción cautelar deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección se fundó la negativa de la Compañía aseguradora, a otorgar cobertura, conforme la Póliza contratada, por invalidez total y definitiva, decretada previamente por la Comisión Médica Regional de esta ciudad.

nombre reservado, el día 15 de febrero de 2018, con el objeto de incorporarse a un seguro colectivo de vida e Invalidez, correspondiente a póliza Nº 11140475, contratado por la Corporación de Empleados del Consorcio Nacional, realizó la correspondiente declaración de salud, que fue aprobada, por lo que se incorporó al referido seguro colectivo ese mismo año. En dicha declaración, informó padecer diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión.

Dice que, el seguro en cuestión contempla la cobertura de riesgo de fallecimiento, de beneficio por accidente y de Invalidez Total y Permanente 2/3. Por lo tanto, en caso de declararse la invalidez total y permanente en el porcentaje ya indicado, el seguro entregaría a la asegurada una indemnización equivalente a 40 sueldos, en base al promedio de los montos pagados los últimos 06 meses por concepto de comisiones, incentivos, bonos más sueldo base y gratificación.

Cuenta, que el 30 de agosto de 2023, debido a la aparición y desarrollo de Fibromialgia, fue declarada con Invalidez Total Definitiva por la Comisión Médica Regional de Antofagasta, mediante Dictamen Nº 003.3152/2023, que determinó un grado de incapacidad del 67%. Luego, el 25 de marzo de 2024, el referido Dictamen fue confirmado por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, quedando con carácter de Dictamen ejecutoriado el día 22 de abril de 2024.

Expone que, realizó el denunció del siniestro a la aseguradora, la que comunicó, el 08 de agosto del presente, su rechazo, conforme los siguientes fundamentos: “De acuerdo con los antecedentes recibidos, en el Acta de la Comisión Médica que evaluó la Invalidez, sesión N° 212 de fecha 25 de marzo del 2024, caso N° 125980, se concluye que las enfermedades que configuran el impedimento son: Fibromialgia, Diabetes No Insulinorequirente e Hipertensión Arterial, de las cuales, la asegurada señora nombre reservado, informa padecer en la Declaración de Salud de la Solicitud de Incorporación firmada el 15 de febrero del 2018, Hipertensión Arterial desde el año 1992 y Resistencia a la Insulina desde el año 2000. De los antecedentes médicos presentados, el doctor nombre reservado, señala en el Informe de Evaluación de Neurología, de fecha 26 de abril de 2023, que entre los diagnósticos clínicos se encuentran Diabetes Mellitus (8 años, es decir desde 2015) e Hipertensión Arterial (más de 30). Por lo anterior, se desprende que, dos de las tres enfermedades que ocasionan el menoscabo fueron diagnosticadas antes de la incorporación al seguro.” Agrega la resolución que, “El porcentaje de Menoscabo se compone de: un 49 % por Fibromialgia, Diabetes con un 35 % e Hipertensión Arterial con el 1%, por lo que solo se encuentra cubierto el 49% del total, no alcanzando el mínimo requerido para otorgar la cobertura que es el 66,67%. De lo anteriormente expuesto, se informa que hemos rechazado el siniestro para la cobertura de Invalidez Permanente Dos Tercios, por tratarse de, por un lado, dos de las tres enfermedades invalidantes corresponden a diagnósticos anteriores a la vigencia del seguro, conocidos y declarados por la asegurada y aceptados al momento de la incorporación su no cobertura en caso de producirse el siniestro por su causa y por otro lado que, la enfermedad con la cual si tendría cobertura, no alcanza el porcentaje mínimo que requiere la cláusula adicional del seguro contratado.”

Enfatizó que la decisión adoptada, infringe la Ley, dado que, entre las enfermedades invalidantes, se encuentra, la Fibromialgia como patología principal y, el legislador sostiene que la aseguradora será responsable de la pérdida, si cualquiera de las causas concurrentes, corresponde a un riesgo cubierto por la Póliza.

Por lo tanto, lo que interesa para activar la cobertura establecida en el seguro, es que se declare la invalidez total y/o permanente de 2/3 durante la vigencia del seguro, excluyéndose el caso que dicha invalidez provenga exclusivamente de enfermedades preexistentes, diagnosticadas y conocidas del asegurado, sin que sea lícito que la aseguradora determine la procedencia del siniestro en base a considerar cada patología de forma independiente, no siendo la Fibromialgia y tal como la asegura la recurrida, una enfermedad preexistente. En consecuencia, debió ser acogido necesariamente el siniestro denunciado.

Puntualiza, que, en parte alguna de la póliza, ni en particular en la CAD 220131583, se establece que si en caso de enfermedades invalidantes concurrentes, una o más de ellas son preexistentes y otras no lo son, la Invalidez deba provenir al menos en 2/3 de aquella que no es preexistente. Dicho razonamiento o interpretación es derechamente una interpretación abusiva de la propia Compañía.

Además, refiere, que el proceso de liquidación no es válido, ya que, conforme a la normativa vigente, la compañía de seguros debe informar al asegurado el derecho que le asiste para solicitar, que la liquidación sea practicada por un liquidador registrado en lugar de la liquidación directa por parte de la aseguradora, lo que no ocurrió en la especie. Por tanto, la recurrida ha actuado como juez y parte en el asunto, sin que haya consentido en ello.

Finalmente, alegó como vulneradas, las garantías Constitucionales, establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta fundamental.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado, Sebastián Andrés Valenzuela Morgan, solicitando el rechazo el recurso de protección interpuesto.

Señala, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de estos antecedentes, porque los hechos que se denuncian como constitutivos de vulneración de garantías fundamentales -el rechazo de la cobertura de un seguro- son materia de un juicio de lato conocimiento, en consecuencia, son otras las vías que el ordenamiento jurídico dispone para que el recurrente persiga la protección del derecho que alega.

En el fondo, sostiene que, la póliza suscrita por la actora, se rige por las Condiciones Generales inscritas en el Registro de Póliza de la Comisión del Mercado Financiero bajo el código CAD220131583 que en su artículo N°2, de las Condiciones Generales establece expresamente las definiciones que permiten obtener un mayor conocimiento del este seguro en particular“(c) Enfermedad: Es el conjunto de alteraciones morfológicas, estructurales o funcionales en un organismo debido a causas internas o externas que amerite tratamiento médico o quirúrgico, cuyo diagnóstico y confirmación sean efectuados por un médico legalmente reconocido. No se considera como Enfermedad las afecciones corporales provocadas intencionalmente por el Asegurado, o a causa de un Accidente. (e) Invalidez Permanente Dos Tercios: Es la pérdida irreversible y definitiva, a consecuencia de Enfermedad, Accidente o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, de a lo menos dos tercios (2/3) de la capacidad de trabajo, evaluado conforme a las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones, regulado por el D.L. Nº 3.500 de 1980.

Por otra parte, indica que en su artículo tercero se establece expresamente las exclusiones a la cobertura del siniestro, dentro de las cuales se encuentran en su letra (d) Enfermedades o lesiones preexistentes, sus consecuencias y complicaciones. Se entenderá por enfermedades o lesiones preexistentes aquéllas diagnosticadas o conocidas por al Asegurado o por quien contrata con anterioridad a la fecha de contratación de la cobertura que otorga esta cláusula adicional.

Indica que, lo anteriormente expuesto, tiene gran relevancia con las comunicaciones que se informan a la recurrente, que en definitiva se traduce en que no se ha cursado el pago del siniestro para la cobertura de Invalidez Permanente Dos Tercios, por tratarse de, por un lado, dos de las tres enfermedades invalidantes corresponden a diagnósticos anteriores a la vigencia del seguro, conocidos y declarados por la asegurada y aceptados al momento de la incorporación su no cobertura en caso de producirse el siniestro por su causa y por otro lado que, la enfermedad con la cual si tendría cobertura, no alcanza el porcentaje mínimo que requiere la cláusula adicional del seguro contratado. Asimismo, se entiende que rigen para esta cláusula adicional todas las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de la cobertura principal a la que accede la presente cláusula adicional. De ocurrir la Invalidez Permanente de dos tercios del Asegurado por alguna causa excluida, se producirá el término de la cobertura otorgada en virtud de esta cláusula adicional.

En consecuencia, de las pólizas de condiciones particulares, así como de los informes de liquidación, consta haberse realizado por ésta el análisis de los antecedentes referidos al siniestro en conformidad al procedimiento regulado por el D.S. 1.055, que tiene por objeto establecer la ocurrencia de un siniestro, y determinar si este tiene cobertura en la póliza contratada, además de cuantificar el monto de la pérdida y la indemnización a pagar. En este sentido las razones en las que se funda rechazo a la cobertura solicitada, refieren al incumpliendo de las condiciones contractuales.

Finaliza, indicando que ha actuado dentro de las esferas de sus atribuciones, no existiendo acto arbitrario y/o ilegal, que vulnere las garantías Constitucionales alegadas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, la cual no ha sido desconocida ni cuestionada, permiten formar el convencimiento, que:

· El 15 de febrero de 2018, la Corporación de Empleados del Consorcio Nacional firmó un seguro colectivo denominado "Vida Total y Permanente 2/3" con la Compañía de Seguros. Entre los asegurados se encuentra la Sra. nombre reservado, bajo la Póliza de Seguros N°11140475.

· De acuerdo con la póliza suscrita, se adjuntó una solicitud de incorporación al Seguro Colectivo que incluye una declaración personal de salud. En esta declaración, se informa sobre el padecimiento de hipertensión arterial desde el 23 de abril de 1992 y resistencia a la insulina desde 10 de mayo de 2000. Además, al firmar, se acepta expresamente que toda enfermedad y/o situación de salud preexistente declarada no estará cubierta por los beneficios de este seguro.

· El 30 de agosto de 2023, se diagnosticó a la Sra. nombre reservado con fibromialgia, lo que resultó en una incapacidad global de un 67 %. Ello según el Acta Médica que evaluó su invalidez, en la sesión N°212 del 25 de marzo de 2024.

SEXTO: Que de lo expuesto precedentemente consta que a la recurrente y a la respectiva Compañía de Seguros, les vincula un contrato de seguro conforme al cual las partes discrepan si la cobertura, alcanza a aquellas enfermedades declaradas prexistentes, y, además, a aquellas declaradas con posterioridad, en la especie, Fibromialgia, considerando cada patología de manera independiente, para el cálculo de los dos tercios contemplados en dicho instrumento o bien, si ello es irrelevante, en la medida de que, en su conjunto (Patologías preexistentes y aquellas no declaradas), y siendo la Fibromialgia una enfermedad declarada con posterioridad, la aseguradora debe concurrir a la cobertura del siniestro, dado que, es una causa concurrente a la incapacidad global decretada, que alcanza un 67 %.

SÉPTIMO: Que consecuencia, el caso propuesto, está relacionado con la controversia que genera la aplicación de un contrato celebrado por las partes cuya resolución requiere necesariamente del análisis de las probanzas que las partes puedan presentar en un procedimiento controversial, lo que se aleja del ámbito de aplicación de esta acción constitucional. En concreto, marginar aquellas patologías previas, por encontrarse expresamente excluida en las condiciones aseguradas, y sólo, considerar aquella enfermedad, declarada con posterioridad a la contratación, son materia de una discusión de fondo, consistente en determinar, por una parte, si el recurrente tiene o no el derecho de pedir la cobertura solicitada, y por la otra, si la compañía aseguradora está o no obligada a pagar la cobertura reclamada por el beneficiario, bajo la interpretación que realiza la actora de los artículos 533 y 542 del Código de Comercio.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, en los términos solicitados- pagar a ésta un capital equivalente a 40 Rentas, calculadas en la forma establecida en la referida póliza-, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto respecto de la respectiva Compañía de Seguros no es posible determinar, sin perjuicio de las demás acciones ordinarias que puedan deducirse por la actora para resolver la procedencia del pago de las indemnizaciones pretendidas, con mayores y mejores antecedentes, debiendo al menos en esta sede, deberá rechazarse el recurso por él incoado.

NOVENO: Que finalmente, respecto de aquella alegación que dice relación con la invalidación del proceso de liquidación, por cuanto no habría sido informada la actora del derecho que le asiste para solicitar un liquidador registrado, ningún elemento se incorporó para tal fin en esta sede, por tanto, dicho reproche será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1949-2024 (PROT)