Protección contra Servicio Nacional De Migraciones

Dpp/ Antofagasta, a catorce de noviembre del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, en representación de nombre reservado, DNI N°NUM000, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Servicio Nacional De Migraciones, representada legalmente por su director nombre reservado

Correa, ambos con domicilio en con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por emitir la Resolución Exenta N° NUM001 de 26 de septiembre de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, sin derivar los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de Refugiados, vulnerando sus derechos contemplados en el artículo 19 Nº1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que la recurrente ingresó a Chile el 2 de julio de 2023, luego de huir de Venezuela debido a la violencia generalizada y amenazas a su seguridad personal. El 21 de noviembre de 2024 se presentó en la Dirección Regional de Santiago para formalizar su solicitud de refugio, completando el formulario y rindiendo declaración. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la resolución que tuvo por desistida su solicitud, argumentando que la presentación se había efectuado fuera del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país, establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Destaca que, la recurrente realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con fecha 15 de septiembre del año en curso.

Sostiene que la autoridad actuó de manera arbitraria e ilegal, al aplicar una figura de desistimiento no prevista por la ley, privando a su representada del derecho a que su solicitud fuera debidamente tramitada. Afirma que la recurrente nunca manifestó expresa ni tácitamente su voluntad de desistirse, y que el Servicio creó una causal no contemplada en el ordenamiento jurídico, contrariando el artículo 52 del Decreto N° 837, que exige que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario.

Afirma que la resolución impugnada infringe el principio de irretroactividad de las sanciones, reconocido constitucionalmente en el artículo 19 N°3, como también en la jurisprudencia nacional e internacional, al aplicar una consecuencia gravosa no prevista legalmente y sin base normativa expresa.

Alega que el Servicio incumplió el deber legal de otorgar la visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N°20.430 y el artículo 42 del Decreto N°837, que ordenan conceder dicha visa una vez formalizada la solicitud, mientras se tramita el reconocimiento de la condición de refugiado.

Estima que, al impedir la tramitación de su solicitud, el Servicio vulnera el principio de no devolución, que impide expulsar a personas cuya vida o libertad peligren en su país de origen. Agrega que el artículo 27 de la Ley N°20.430 obliga a los funcionarios a remitir toda solicitud a la Secretaría Técnica de la Comisión de Refugiados, sin realizar calificaciones previas, lo que refuerza la ilegalidad del actuar del órgano recurrido.

Refiere que el proceder del Servicio constituye una acción ilegal y arbitraria que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues implica un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en situación similar, además de afectar el debido proceso y el derecho a solicitar refugio.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, declarando que el Servicio Nacional de Migraciones actuó ilegal y arbitrariamente, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, dar tramitación a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, conceder visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, mientras se resuelve el fondo del reconocimiento.

SEGUNDO: Que, Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, informa solicitando el rechazo del presente recurso por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La recurrida, luego de señalar jurisprudencia relativa al caso de marras, expone las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655 a la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados, especialmente el nuevo artículo 28 bis, que faculta al Servicio Nacional de Migraciones para tener por desistidas aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos formales previstos en los artículos 26 y 28 de la ley y 37 de su reglamento, o que sean manifiestamente infundadas. Señala que esta reforma zanjó toda discusión sobre la potestad del Servicio para efectuar un examen de admisibilidad formal, incluyendo la posibilidad de declarar la inadmisibilidad de solicitudes incompletas o carentes de fundamento.

Indica que el extranjero manifestó su intención de solicitar reconocimiento de la condición de refugiado el 14 de julio de 2025, a través de la plataforma institucional (ID N° NUM002). Tras la verificación de los antecedentes, el Servicio, mediante Resolución Exenta N° NUM003 de 2 de septiembre de 2025, notificó que su presentación no cumplía los requisitos formales, al haber sido efectuada fuera del plazo de siete días hábiles contado desde su ingreso al país, conforme al artículo 26 de la Ley 20.430. En dicha resolución se le concedió un plazo de quince días hábiles para subsanar las deficiencias acompañando la documentación requerida, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, habilitándose en su perfil electrónico una casilla específica para subir archivos en formato PDF o efectuar declaraciones complementarias.

Refiere que, vencido el plazo, y analizados los antecedentes aportados, el Servicio dictó la Resolución Exenta N° NUM001 de 26 de septiembre de 2025, declarando desistida la solicitud de reconocimiento de refugio, por estimar que la documentación presentada no permitía entender subsanadas las observaciones. En la misma se hizo constar que el solicitante conservaba su derecho a interponer los recursos administrativos y judiciales procedentes, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería.

Funda su actuación en el procedimiento administrativo regulado en la Ley N° 20.430 y su reglamento. Además, hace referencia al Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento, aprobado por Resolución Exenta N°21.726 de 11 de mayo de 2023, que regula la atención de quienes manifiestan intención de solicitar refugio. Dicho manual establece que toda comunicación con los solicitantes es escrita y electrónica, otorgándoles oportunidad para subsanar observaciones conforme a la Ley N° 19.880, artículo 31, bajo apercibimiento de desistimiento.

Concluye sosteniendo que no existe vulneración de garantías fundamentales, pues su actuar se ajustó a la Constitución y a la legislación aplicable. Niega cualquier conducta omisiva o negligente, indicando que la declaración de desistimiento se fundó en normas expresas y en el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos por la ley.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones vertidas por la recurrente en su presentación, se desprende que el acto que reprocha como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°NUM001 de 26 de septiembre de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la recurrente, bajo el fundamento no reunir los requisitos para dar curso a su solicitud, específicamente, exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 20.430.

SEXTO: Que, en relación con los extranjeros que deseen el reconocimiento de su calidad de refugiados y hayan ingresado de manera irregular al país, viene al caso tener presente los siguientes artículos contenidos en la Ley N°20.430:

Artículo 26, “Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular. De tal modo, deberá quedar a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que le reconozca tal condición; sin embargo, en caso de rechazo, el solicitante deberá hacer abandono voluntario del territorio nacional, si es que no le ampara alguna causal legal para su permanencia. Para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes: 1. Inminente peligro en el país de origen o persecución política del solicitante que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física. 2. Que no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro Estado. 3. Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo. 4. Medios utilizados para salir del país de origen y pertinencia de acceder a Chile por medio de otros Estados. 5. En caso de ingreso irregular, además deberá cumplir los requisitos y plazos fijados en esta ley. 6. Aquellos que el Servicio Nacional de Migraciones establezca mediante resolución de la Subsecretaría del Interior. La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso serán trasladados a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente, y se les informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. En el caso que se manifieste por el solicitante la intención de que se le reconozca la condición de refugiado, la autoridad contralora de frontera procederá a dejar constancia por escrito de la solicitud y entregará una copia escrita de dicha constancia al solicitante y al Servicio Nacional de Migraciones. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo 2º, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse 8 en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.”.

Acto seguido, el artículo 27, dispone que, “Recepción de la Solicitud. Los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.”

Finalmente, el Decreto N°837 que aprueba el Reglamento de la Ley 20.430 en su artículo 52 señala en su inciso 3° lo siguiente: “Artículo 52.- Archivo de la solicitud. Todo solicitante podrá desistirse de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en cualquier etapa del procedimiento, mediante una declaración en orden a no perseverar en su solicitud. El desistimiento será individual, expreso, voluntario e informado…”.

SÉPTIMO: Que, asimismo, tratándose de solicitantes de refugio, el artículo 30 del Decreto N°837, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430, ordena la aplicación supletoria de la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

OCTAVO: Que, lo señalando en los considerandos precedentes, dan cuenta de que la autoridad migratoria incumplió el artículo 52 del Decreto N°837 que expresamente señala que el desistimiento debe ser individual, expreso, voluntario e informado; por cuanto ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistido a la peticionaria, conculcando la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente.

NOVENO: Que, no obstante, lo anterior, de los propios antecedentes aportados por el recurrente, consta que su arribo a Chile se produjo con fecha 2 de julio de 2023. Así, resulta incuestionables que han transcurrido más de dos años entre dicha fecha y la oportunidad en que formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el 14 de julio del 2025, excediendo con creces el plazo fatal de siete días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430 para presentarse ante la autoridad competente. En estas condiciones, el propio reconocimiento de ingreso en julio de 2023 descarta cualquier alegación de la oportunidad de su gestión y hace improcedente el recurso interpuesto, al no cumplirse los requisitos legales mínimos exigidos para la formalización del procedimiento de refugio.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto se ha limitado a aplicar la normativa vigente, siendo improcedente pretender que esta Corte sustituya la decisión administrativa adoptada dentro del marco de las competencias legales.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogada, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1.946-2025 (PROTECCIÓN)