nombre reservado con UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Antofagasta, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, licenciado en ciencias jurídicas, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción de protección contra de la Universidad Aconcagua, sede Calama, por el acto ilegal y arbitrario consistente en condicionar la entrega de los certificados y antecedentes académicos solicitados al previo pago de una suma aproximada de $365.000, correspondiente, según lo informado por la recurrida, a una supuesta ampliación o prórroga del plazo de titulación. Solicitó lo siguiente, a saber:

1. Se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto utiliza una exigencia de carácter pecuniario como condición para la entrega de documentación académica necesaria para que pueda continuar su proceso de titulación profesional.

2. Declare que la eventual existencia de una obligación pecuniaria no constituye fundamento jurídico suficiente para condicionar, suspender, retener o negar la entrega de sus certificados y antecedentes académicos, sin perjuicio del derecho que pudiere asistir a la universidad para perseguir el cobro de las sumas que estime adeudadas mediante las acciones y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.

3. Ordene a la Universidad de Aconcagua, sede Calama, que proceda a emitir y entregar, sin condicionamiento económico alguno, los certificados y antecedentes académicos solicitados el 25 de agosto de 2026, particularmente:

a) Certificado de título o grado correspondiente;

b) Concentración de notas de todo el periodo académico; y c) Certificado de conducta u honorabilidad, o el documento equivalente que corresponda conforme a la normativa institucional. Documentación académica que debe ser expedida con estricta sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en el Acta Nº47-2020 de la Excma. Corte Suprema, y destinada a ser presentada ante dicho tribunal para la formación y apertura del respectivo expediente de titulación.

4. Ordenar a la recurrida que la entrega de los referidos documentos se efectúe sin exigir previamente el pago de la suma aproximada de $365.000 que ha sido invocada como supuesto saldo pendiente derivado de una ampliación o prórroga del plazo de titulación.

5. Disponer que la recurrida se abstenga de condicionar en lo sucesivo la emisión o entrega de certificados, antecedentes académicos, títulos, diplomas o documentación necesaria para la continuación del proceso de titulación al pago de eventuales deudas de arancel u otras obligaciones pecuniarias, sin perjuicio de las acciones de cobro que legalmente correspondan. 6. Tener especialmente presente que los antecedentes cuya entrega se solicita constituyen documentación necesaria para la formación y apertura del expediente destinado a la obtención del título profesional de abogado ante la Excma. Corte Suprema, conforme a las exigencias contempladas en el Acta N.º 47-2020, por lo que la negativa de la recurrida genera un impedimento concreto y actual para continuar con dicho procedimiento.

7. Disponer que la recurrida no podrá invocar sus reglamentos internos, contratos de prestación de servicios educacionales, aranceles, reglamentos académicos o cualquier otra normativa interna como fundamento para mantener la retención de los documentos solicitados, en cuanto tales disposiciones no pueden prevalecer sobre las normas legales que expresamente prohíben condicionar la entrega de certificaciones al cumplimiento de exigencias pecuniarias.

8. Ordenar todas aquellas medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales afectadas, particularmente la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, evitando que la actuación de la recurrida continúe obstaculizando el proceso de titulación profesional.

Evacuó informe la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el actor indicó que el 2017 ingresó y se matriculó en la carrera de derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Calama. Desarrolló desde entonces el correspondiente proceso de formación académica, y cumplió progresivamente con las exigencias curriculares establecidas por dicha institución. Luego, el 7 de agosto de 2026, rindió el examen de grado por segunda vez, el que fue aprobado satisfactoriamente, por lo que obtuvo la calidad de licenciado en ciencias jurídicas. Así pues, a partir de la aprobación del examen de grado y la obtención del respectivo grado académico, está en condiciones de iniciar las gestiones para la apertura del expediente ante la Excma. Corte Suprema, a efectos de continuar con el procedimiento destinado a obtener el título profesional de abogado.

Señaló que el 10 de agosto de 2026, es decir, apenas tres días después de haber aprobado su examen de grado, concurrió personalmente a la recepción de la entidad universitaria, con el objeto de consultar en qué fecha aproximadamente podría solicitar la documentación necesaria para continuar con su proceso de titulación profesional. En dicha oportunidad, el funcionario de recepción le informó que, atendida la reciente fecha en que había rendido el examen, debía esperar un par de semanas antes de efectuar la solicitud de los documentos; sin embargo, no se le informó que existiera algún pago adicional que condicionara la entrega de los certificados, ni se le señaló que para acceder a éstos debía previamente pagar alguna suma correspondiente a una eventual ampliación o prórroga de su proceso de titulación. Por el contrario, la información proporcionada se limitó a señalar que debía esperar un período de tiempo prudente desde la aprobación del examen para posteriormente solicitar la documentación respectiva.

Sostuvo que con la finalidad de obtener información precisa y evitar cualquier inconveniente respecto del procedimiento y los plazos administrativos involucrados, el 17 de agosto de 2026, remitió un correo electrónico a nombre reservado, consultando expresamente acerca del procedimiento que debía seguir para solicitar la documentación necesaria y el plazo aproximado para su obtención. Esto, debido a que se produjo una confusión en la información entregada en la recepción, toda vez que el funcionario que lo atendió inicialmente entendió que su consulta se refería al diploma o ceremonia de entrega del título, señalándole que dicho documento podía demorar varios meses, por ello, para obtener una respuesta oficial y evitar cualquier interpretación errónea respecto de su solicitud efectuó la consulta por escrito a la referida, sin obtener respuesta alguna, por lo que el 25 de agosto de 2026, concurrió personalmente a la Universidad de Aconcagua, sede Calama, con el objeto de solicitar formalmente la documentación necesaria, esto es, el certificado de título o grado correspondiente, concentración de notas y certificado de conducta u honorabilidad.

Expresó que, en un primer momento, al realizar la solicitud presencial, no se le informó que existiera impedimento alguno para su emisión, por lo que procedió a realizar las gestiones correspondientes para su obtención; sin embargo, al momento de dirigirse a la respectiva caja para efectuar el pago asociado a los certificados, la funcionaria encargada le informó que, en realidad, no debía efectuar pago alguno, toda vez que, según la información que ella manejaba, los certificados solicitados por primera vez durante el año eran gratuitos. Dicha circunstancia resulta particularmente relevante, pues evidencia que, inicialmente, el procedimiento se desarrollaba con normalidad y que no existía un impedimento asociado al pago de los certificados solicitados; no obstante, posteriormente la funcionaria de caja efectuó una consulta con nombre reservado, quien le habría señalado que mantenía pendiente un pago correspondiente a una ampliación o prórroga del plazo para efectos de titulación, razón por la cual finalmente se le informó que los certificados solicitados no serían entregados mientras no efectuara previamente dicho pago. Frente a esta situación, fue requerida para conversar directamente con nombre reservado, oportunidad en la cual se le señaló y reiteró que mantenía pendiente el pago correspondiente a la referida ampliación o prórroga, por un monto aproximado de $365.000. Ante esto, manifestó expresamente que, con ocasión de la ampliación concedida para rendir su examen de grado, nunca se le informó de manera previa, clara ni oportuna que dicha circunstancia implicaría el pago adicional de la suma exigida como condición para acceder a su documentación académica. Frente a dicha observación, la funcionaria antes indicada le dijo que dicha información debía haber sido proporcionada por el jefe de carrera.

Precisó que durante todo su proceso académico y, particularmente, con ocasión de la preparación y rendición de mi examen de grado, su jefe de carrera le brindó información expedita y oportuna respecto de las materias propias del proceso académico y de titulación, prestando la orientación correspondiente dentro del ámbito de sus funciones; sin embargo, nunca le indicó que la ampliación o prórroga concedida se encontraba sujeta al pago de una suma adicional ni que existiera un monto pendiente asociado. En tal sentido, detalló que las materias relativas a pagos, aranceles, obligaciones pecuniarias o situaciones financieras de los estudiantes corresponden a un ámbito distinto de las funciones propiamente académicas y de orientación de la jefatura de carrera, por lo que no resulta razonable trasladar las consecuencias de una eventual falta de comunicación interna entre las distintas unidades de la institución. En efecto, si la recurrida sostenía que la ampliación o prórroga otorgada se encontraba sujeta al pago de una suma adicional, correspondía que dicha condición fuera informada de manera previa, clara y oportuna por la unidad o funcionario competente, en especial considerando que pretende utilizar dicho supuesto pago como fundamento para retener documentación académica indispensable para continuar su proceso de titulación.

Hizo presente que no persigue mediante la presente acción constitucional desconocer, negar o controvertir la eventual existencia de dicha obligación económica, ni pretende que la recurrida renuncie a las acciones que eventualmente estime pertinentes para perseguir el pago de una obligación que considere adeudada, sino que única y exclusivamente, controvierte que dicha eventual obligación pecuniaria sea utilizada como condición o requisito previo para la entrega de los certificados y antecedentes académicos solicitados, especialmente cuando estos resultan indispensables para continuar con el procedimiento de titulación profesional.

Por su parte, indicó que efectuó oportunamente un pago de aproximadamente $500.000, asociado a la rendición del examen de grado, oportunidad en la cual se le informó que comprendía la ampliación correspondiente para efectos de rendir el examen hasta por una oportunidad.

Destacó que actuó en todo momento de manera diligente y de buena fe, procurando anticipadamente obtener información respecto del procedimiento administrativo que debía seguir para continuar con el proceso de titulación, por lo que no puede sostenerse que haya actuado intempestivamente o que haya pretendido obtener documentación sin respetar los procedimientos internos, pues, por el contrario, procuró en reiteradas oportunidades obtener información previa y efectuar la solicitud conforme a las instrucciones que le fueron entregadas.

Estimó que la situación descrita produce una afectación concreta y actual, toda vez que los documentos solicitados no tienen una finalidad meramente personal o decorativa, sino que son necesarios para continuar con la apertura del expediente correspondiente ante la Excma. Corte Suprema y avanzar en el procedimiento destinado a obtener el título profesional de abogado, sumado que la situación resulta aún más gravosa considerando que aprobó el examen de grado el 7 de agosto de 2026, encontrándose en la etapa inmediatamente posterior de su proceso formativo, esto es, realizando las gestiones administrativas necesarias para continuar con la obtención del título profesional. Así pues, una cuestión de naturaleza eminentemente patrimonial, la eventual existencia de un saldo asociado a una ampliación o prórroga está siendo utilizada por la recurrida para impedir el acceso a antecedentes académicos indispensables para continuar el proceso de titulación, por lo que la conducta que motiva el presente recurso queda claramente delimitada: la Universidad no está simplemente cobrando una suma de dinero, sino que está utilizando la retención de documentación académica como condición para obtener el pago de dicha suma, afectando con ello el legítimo ejercicio de sus derechos.

Enseguida expuso argumentaciones jurídicas e indicó que la conducta de la universidad recurrida es ilegal y arbitraria, toda vez que condiciona la entrega de documentación académica al pago de una obligación económica. En tal sentido, invocó especialmente el artículo 3 quáter de la Ley Nº19.496, según el cual las instituciones de educación superior deben entregar gratuitamente certificados de estudios, notas, estado de deuda y otros análogos, incluso a alumnos o exalumnos morosos. Del mismo modo, el artículo 55 letra e) de la Ley Nº21.091, modificado por la Ley N.º 21.707, que califica como infracción grave condicionar exámenes de grado o titulación, títulos, diplomas y certificaciones a exigencias pecuniarias derivadas de deudas de arancel.

A su turno, sostuvo que la decisión de la recurrida es arbitraria, puesto que realizó diversas gestiones para obtener oportunamente la documentación, 10 de agosto: concurrió personalmente a consultar el procedimiento, 17 de agosto: envió correo solicitando orientación, 25 de agosto: efectuó la solicitud formal, incluso, inicialmente se le habría informado que no debía pagar por los certificados, para posteriormente condicionarse su entrega al supuesto saldo pendiente, lo anterior demuestra que la negativa no se encontraba fundada en la naturaleza, inexistencia o improcedencia de los certificados solicitados, sino exclusivamente en la existencia de una cuestión económica ajena a la emisión de dichos documentos.

A su vez, precisó que la actuación de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, por cuanto la institución ha establecido en los hechos una condición adicional que la ley no contempla, esto es el previo pago de una eventual deuda como requisito para acceder a sus certificados académicos. De igual manera, transgrede el derecho a la propiedad, ya que ha obtenido legítimamente el grado de licenciado en ciencias jurídicas, luego de haber cumplido las exigencias académicas correspondientes, por lo que los antecedentes y certificaciones que acreditan dicha trayectoria constituyen instrumentos indispensables para ejercer las facultades derivadas de dicha situación jurídica. La retención injustificada de tales antecedentes le impide disponer de éstos para los fines académicos y profesionales para los cuales fueron requeridos. Además, la libertad de trabajo, puesto que la documentación es necesaria para continuar el procedimiento ante la Corte Suprema destinado a obtener el título profesional de abogado.

Por su parte, arguyó que la medida es también desproporcionada, por cuanto, aunque existiese una obligación económica pendiente, la retención de los certificados académicos constituye una medida que excede cualquier finalidad legítima de cobro.

Afirmó que los reglamentos de la universidad, especialmente el Reglamento Académico aprobado mediante Decreto N.º 056/2019 y el Reglamento para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, aprobado mediante Decreto Nº013-A/2016, tampoco contienen una disposición que permita condicionar la entrega de certificados académicos al pago de una suma extraordinaria por una supuesta ampliación del proceso de titulación; y aunque existiera una disposición contractual o reglamentaria en tal sentido, no podría prevalecer sobre las prohibiciones legales.

Hizo presente la imposibilidad de invocar la autonomía universitaria para justificar una actuación contraria a la ley, toda vez que esta autonomía no constituye un ámbito exento del control de legalidad ni una autorización para utilizar la documentación académica como mecanismo de presión destinado a obtener el pago de obligaciones económicas.

Puntualizó que lo sometido a conocimiento a través de esta acción constitucional, no es la determinación de una obligación civil o comercial, ni la interpretación de un contrato de prestación de servicios educacionales, sino que el control constitucional de una actuación concreta de la recurrida que, al retener certificaciones académicas necesarias para continuar el proceso de titulación, afecta directamente garantías constitucionales y, además, contraviene disposiciones legales expresas.

Con todo, previas citas jurisprudenciales, solicitó lo siguiente:

1. Se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto utiliza una exigencia de carácter pecuniario como condición para la entrega de documentación académica necesaria para que pueda continuar su proceso de titulación profesional.

2. Declare que la eventual existencia de una obligación pecuniaria no constituye fundamento jurídico suficiente para condicionar, suspender, retener o negar la entrega de sus certificados y antecedentes académicos, sin perjuicio del derecho que pudiere asistir a la universidad para perseguir el cobro de las sumas que estime adeudadas mediante las acciones y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.

3. Ordene a la Universidad de Aconcagua, sede Calama, que proceda a emitir y entregar, sin condicionamiento económico alguno, los certificados y antecedentes académicos solicitados el 25 de agosto de 2026, particularmente:

a) Certificado de título o grado correspondiente;

b) Concentración de notas de todo el periodo académico; y c) Certificado de conducta u honorabilidad, o el documento equivalente que corresponda conforme a la normativa institucional. Documentación académica que debe ser expedida con estricta sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en el Acta Nº47-2020 de la Excma. Corte Suprema, y destinada a ser presentada ante dicho tribunal para la formación y apertura del respectivo expediente de titulación.

4. Ordenar a la recurrida que la entrega de los referidos documentos se efectúe sin exigir previamente el pago de la suma aproximada de $365.000 que ha sido invocada como supuesto saldo pendiente derivado de una ampliación o prórroga del plazo de titulación.

5. Disponer que la recurrida se abstenga de condicionar en lo sucesivo la emisión o entrega de certificados, antecedentes académicos, títulos, diplomas o documentación necesaria para la continuación del proceso de titulación al pago de eventuales deudas de arancel u otras obligaciones pecuniarias, sin perjuicio de las acciones de cobro que legalmente correspondan.

6. Tener especialmente presente que los antecedentes cuya entrega se solicita constituyen documentación necesaria para la formación y apertura del expediente destinado a la obtención del título profesional de abogado ante la Excma. Corte Suprema, conforme a las exigencias contempladas en el Acta N.º 47-2020, por lo que la negativa de la recurrida genera un impedimento concreto y actual para continuar con dicho procedimiento.

7. Disponer que la recurrida no podrá invocar sus reglamentos internos, contratos de prestación de servicios educacionales, aranceles, reglamentos académicos o cualquier otra normativa interna como fundamento para mantener la retención de los documentos solicitados, en cuanto tales disposiciones no pueden prevalecer sobre las normas legales que expresamente prohíben condicionar la entrega de certificaciones al cumplimiento de exigencias pecuniarias.

8. Ordenar todas aquellas medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales afectadas, particularmente la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, evitando que la actuación de la recurrida continúe obstaculizando el proceso de titulación profesional; con condena en costas.

Finalmente, en presentación ingresada el 9 de septiembre del presente, refirió que, con posterioridad a la interposición del presente recurso de protección, la recurrida procedió a hacer entrega de documentación solicitada; sin embargo, fue extendida de manera incorrecta, no ajustándose a lo expresamente solicitado ni a los requisitos necesarios para su presentación ante la Excelentísima Corte Suprema. En efecto, solicitó expresamente los siguientes documentos: 1. Certificado de Licenciado o de Grado: documento dirigido a la Excelentísima Corte Suprema. 2. Certificado de Conducta y Honorabilidad: documento emitido por la universidad y dirigido a la Excelentísima Corte Suprema. 3. Certificado de Concentración de Notas: documento igualmente dirigido a la Excelentísima Corte Suprema, pero la documentación finalmente entregada no fue extendida conforme a lo requerido, por cuanto los certificados no fueron dirigidos a la Excelentísima Corte Suprema en los términos solicitados. Asimismo, el certificado de concentración de notas se encuentra incompleto, toda vez que no registra la aprobación del examen de título rendido y aprobado el 7 de agosto de 2026, por lo que su disposición no importa una subsanación efectiva de la situación denunciada, desde que los documentos entregados no resultan idóneos para cumplir con la finalidad para la cual fueron solicitados.

SEGUNDO: Que, Roberto de la Fuente Vásquez, abogado, en representación de la Corporación Universidad de Aconcagua, informó la presente acción e instó por su rechazo, con costas, por no haber incurrido en las conductas indicadas en el recurso.

Indicó que el 7 de julio de 2026, el recurrente solicitó autorización de ampliación de plazo de titulación para poder rendir el examen de grado por segunda oportunidad. Luego, mediante Resolución N°222/2026, de 20 de julio de 2026, se aprobó que éste pudiera rendir el examen de grado por segunda oportunidad dentro de un plazo de 2 meses a contar de la fecha de la resolución, haciendo mención que tenía un plazo de 10 días para efectuar el pago correspondiente al proceso de título, esto a contar de la fecha de notificación de la resolución antes indicada, según lo establecido en la Resolución VRAF N°06/2017.

Posteriormente, el 21 de julio del 2026, se le notificó la resolución indicada, en la cual se le sorteó comisión de examen de grado, conformada por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, haciendo presente que dicho examen quedó agendado para el viernes 7 de agosto de 2026 a las 19:00 horas. Así pues, en dicha fecha aprobó el examen de grado en segunda oportunidad con nota 4.5 de forma unánime.

Hizo presente que, según lo señalado por el propio actor, el 10 de agosto de 2026, es decir, apenas tres días después de haber aprobado su examen de grado, se dirigió a la Universidad de Aconcagua, sede Calama, con el objeto de consultar en qué fecha aproximadamente podría solicitar la documentación necesaria para la apertura de su expediente. En este punto, alude al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en tanto el acto arbitrario e ilegal que lo afectaría consiste en la no entrega de los certificados solicitados alegando que por temas financieros no se le han entregado; sin embargo, aseveró que dichos certificados no se han entregado netamente por la proximidad en la cual fueron solicitados, en relación con el plazo establecido en el reglamento interno, mas no en un acto arbitrario e ilegal. En ese orden de ideas, estimó que no se trata de una arbitrariedad, sino más bien que el actor desconoce los plazos para poder requerir documentos, toda vez que se le han hecho entrega de los documentos solicitados, pero estos en vista de la proximidad de aprobación de su examen no se encuentran actualizados.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, como se desprende de lo anterior, para la procedencia de la acción cautelar de protección, debe configurarse un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera. O bien que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, provoque algunas de los efectos de amenazar, privar, o restringa una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que el recurrente alega que la Universidad Aconcagua, sede Calama, recurrida en autos, ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria toda vez que no le ha proporcionado los documentos consistentes en el certificado de título o grado correspondiente, concentración de notas de todo el periodo académico, y certificado de conducta u honorabilidad, o el documento equivalente que corresponda conforme a la normativa institucional, por imponer un requisito adicional en orden a que el alumno pague la suma aproximada de $365.000, que ha sido invocada como supuesto saldo pendiente derivado de una ampliación o prórroga del plazo de titulación; lo que le estaría obstaculizando el proceso de titulación toda vez que debe contar con dicha documentación para remitir sus antecedentes a la Excelentísima Corte Suprema, encargada de conferirle el título de abogado.

SÉPTIMO: Que del mérito de los antecedentes aportados por el mismo actor y aquellos que han sido confirmados por la recurrida al evacuar el informe, son hechos asentados que nombre reservado, estudió derecho en la Universidad Aconcagua, aprobó el examen de grado el 7 de agosto de 2026 y que, a partir de ello, el 10 de agosto del presente año, se apersonó en la entidad educacional a fin de realizar gestiones administrativas necesarias para continuar el procedimiento de titulación profesional, por lo que solicitó a la recurrida la documentación académica necesaria para dicho propósito, consistente en los documentos relativos al certificado de título o grado correspondiente, concentración de notas de todo el periodo académico, y certificado de conducta u honorabilidad, o el documento equivalente que corresponda conforme a la normativa institucional.

OCTAVO: Que, por su parte, la controversia consiste en determinar si la entrega de dicha documentación fue efectivamente condicionada al pago de una suma aproximada de $365.000, asociada por la recurrida a la ampliación del plazo de titulación.

Sobre este particular, si bien la propia recurrida reconoció que mediante Resolución N°222/2026 se autorizó al recurrente a rendir nuevamente su examen de grado y que dicha resolución contemplaba un plazo para efectuar el pago correspondiente al proceso de título; mientras que por su parte, el recurrente sostuvo que al momento de solicitar sus certificados, se le informó expresamente que existía un monto pendiente por concepto de ampliación o prórroga y que, mientras éste no fuese pagado, no se entregarían los documentos solicitados; de los antecedentes allegados por ambas partes no es posible determinar que se trata de un pago asociado al mismo concepto, pues la referida resolución indica que se trata de un pago del proceso de título, cuestión que guarda relación con el arancel de dicho proceso contemplado en el artículo 77 del Decreto N°056/2019, que aprueba el nuevo reglamento académico para todas las carreras y programas de la Universidad de Aconcagua; documento allegado por el actor, y que no se condice en la especie con el supuesto pago por ampliación o prórroga en la rendición de examen de grado, puesto que se advierte que se le concedió la prórroga sujeta a dicho pago, y luego de aquello efectivamente rindió el examen de grado dentro de ese plazo.

NOVENO: Que, en tal sentido, si bien el artículo 3 quáter de la Ley N°19.496, invocado por el recurrente, contempla la obligación de las instituciones de educación superior de entregar gratuitamente determinados certificados y antecedentes académicos, incluso respecto de alumnos o exalumnos que mantengan obligaciones pecuniarias pendientes, y a su turno, el artículo 55 letra e) de la Ley N°21.091, contempla como infracción grave el condicionamiento de determinados actos académicos, títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias derivadas de deudas de arancel; lo cierto es que el actor no aportó algún otro antecedente que permita asentar que efectivamente se le supeditó la entrega de los documentos requeridos al pago de la prórroga, sobre todo si la recurrida afirmó que la no entrega de los certificados requeridos obedeció exclusivamente a la premura de la solicitud del recurrente, y que éste reconoció expresamente en presentación posterior que ya se le había hecho entrega al menos de uno de éstos.

Conforme a lo que se ha dejado asentado en los motivos anteriores, no es posible advertir una actuación ilegal y arbitraria de parte de la recurrida que amague alguna de las garantías constitucionales que resguarda la acción de protección, por tanto, solo corresponde el rechazo de esta acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Universidad Aconcagua, sede Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1930-2026 (Protección)