nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, chileno, acuerdo de unión civil, trabajador dependiente, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que con fecha 30 de agosto de 2019 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el que fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos serían efectuados en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Indica que transcurridos unos meses y por motivos ajenos a su voluntad, quedó sin trabajo, cayendo en situación de endeudamiento, en particular con el crédito mencionado, en mora a partir de la cuota número 4.

Dice que en reiteradas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida para regularizar su situación, sin embargo la única opción ofrecida fue la de repactar la deuda, con todo el incremento artificioso de la misma que ello conlleva, por lo que tomar ese camino lo dejaba en una situación financiera crítica.

Agrega que la recurrida finalmente declinó hacer el cobro individual de cada cuota morosa exigiendo la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, que conlleva la interposición de una demanda ejecutiva por el total adeudado, lo que ocurrió con fecha 21 de agosto de 2023, en causa Rol C-3860-2023 seguida en el Cuarto Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, la cual se encuentra notificada y en proceso de notificación, pero para su total sorpresa, en su liquidación de sueldo del mes de julio de 2024 figura un descuento de $143.225.-, realizado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Refiere que a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, el que nunca ha sido notificado, la recurrida, incurriendo en una ilegalidad y arbitrariedad, efectúa descuentos inclusive superiores a la cuota originalmente pactada, lo que puede corroborarse en la demanda, donde se señala una cuota de $130.838.-, y al concurrir a la sucursal más cercana de la Caja de Compensación, no pudieron explicarle el porqué de los descuentos, pese a existir un juicio pendiente, ni tampoco el cálculo aplicado para determinar las sumas.

Sostiene que el actuar de la recurrida configura un acto arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece por completo de fundamento, tanto en su realización como en el monto que se ordenó retener, estimando que dichos descuentos son un ejercicio de autotutela, toda vez que, en mal uso de los preceptos legales que regulan esta situación, la recurrida descuenta de manera antojadiza dinero de su liquidación de sueldo, en paralelo al cobro judicial tendiente a pagar la totalidad de la deuda, so pena de embargar y rematar bienes.

Afirma que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la propiedad en relación con su remuneración, afectando la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, citando el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y jurisprudencia.

Solicita se declare como arbitrario e ilegal los hechos descritos y se ordene, a fin de restablecer el imperio del derecho: 1) Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de sus remuneraciones; 2) Que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en las liquidaciones de sueldo del mes de julio de 2024, en el plazo que esta Corte estime; y 3) que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó la Abogada Inés Riquelme Arao, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado el recurso.

Expone que con fecha 30 de agosto de 2019 otorgó al recurrente el crédito código 088CON101602038, por la suma de $5.646.185.-, a una tasa de 0,99% pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $130.684.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de septiembre de 2019.

Menciona que las cuotas del mes de septiembre de 2019 a octubre de 2020 (1 a 14) se pagaron durante el período del 10 de octubre de 2019 al 5 de enero de 2021, y el saldo de capital al 31 de octubre de 2020, más los intereses devengados al 31 de julio de 2021, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $4.740.860.- en un plazo de 60 meses, con una cuota de $109.730, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2021, donde las tres primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, la cuota del mes de noviembre de 2021 (4) se pagó con fecha 14 de agosto de 2024, generando mora por las cuotas del mes de diciembre de 2021 a julio de 2024 (5 a 36), y las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de agosto de 2024 a 31 de julio de 2026.

Señala que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, y por otro lado se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, agregando que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento, por lo que rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Refiere que, sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, haciendo presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, no obstante dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, por lo tanto, solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad al haber accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, y en particular respecto del pagaré y/o crédito código 088CON101602038, por la suma de $5.646.185.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de septiembre de 2019, el cual fue reprogramado por la suma de $4.740.860, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2021, la Caja de Compensación Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras Civil de esta ciudad, cuyo ingreso fue el 21 de agosto de 2023, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el actor, y que coincide con lo informado por la recurrida.

Sobre este proceso judicial, seguido en dicho tribunal bajo el ROL C-3860-2023, es importante tener presente que la demanda ejecutiva fue notificada con fecha 16 de octubre de 2023, y que el deudor fue requerido de pago con fecha 17 de octubre de 2023, por lo que nos encontramos con un proceso válido, en que está correctamente trabada la Litis.

SEXTO: Que entonces, de los documentos acompañados por el actor, consta que la recurrida ha iniciado el cobro judicial del crédito código 088CON101602038, mediante la interposición de la demanda ejecutiva con fecha 21 de agosto de 2023, notificada el día 16 de octubre de 2023, en la que el actor fue requerido de pago el día 17 de dicho mes y año, bajo el rol C-3860-2023, seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, la que se tuvo a la vista. No obstante, la Caja recurrida continuó con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones del recurrente, correspondiente al mes de julio del año en curso, e incluso efectuó descuentos durante el mes de septiembre de este año, pese a lo expuesto por la recurrida en su informe, en torno a que cesaría en los descuentos, y desatendiendo la orden de no innovar decretada por esta Corte con fecha veintinueve de agosto pasado.

SÉPTIMO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de la operación crédito código 088CON101602038, de fecha 30 de agosto de 2019, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el mes de julio del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1930-2024 (PROT)

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