nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Antofagasta, dos de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, químico farmacéutico, domiciliado en domicilio reservado, con el patrocinio del abogado don Israel Rodrigo Barra Lillo, quien deduce recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., representada legalmente por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa a devolver sus fondos previsionales solicitados al amparo de la Ley N.º 18.156, según consta en carta de rechazo de fecha 27 de julio de 2026, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N.º 2 y N.º 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que es un profesional técnico extranjero, de nacionalidad ecuatoriana, que presta servicios para Farmacias Cruz Verde SpA en virtud de contrato de trabajo de 3 de marzo de 2023, y que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales acreditando su calidad de técnico, su afiliación al régimen de seguridad social de Ecuador, con coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad contenida en su contrato de trabajo.

Expone que dicho contrato contiene dos estipulaciones sucesivas y vinculadas entre sí, la primera de las cuales deja constancia de que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno, mientras que la siguiente, complementando la anterior, reserva su derecho para acogerse a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N.º 18.156. Agrega que el 18 de junio de 2026 suscribió un anexo en el que reitera su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional de Ecuador, instrumento que contiene dos errores de transcripción, pues alude a un contrato de 1 de octubre de 2023 e indica su nacionalidad como “Chile”.

Refiere que, mediante carta de 27 de julio de 2026, la recurrida rechazó su solicitud por estimar contradictorias ambas cláusulas, sin que el anexo modifique la primera de ellas, y por las inconsistencias de fecha y nacionalidad de éste, invocando para ello criterios administrativos de la Superintendencia de Pensiones. Afirma que el recurso se interpone dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de dicha carta.

En cuanto al derecho, sostiene que cumple los requisitos copulativos de los artículos 1° y 7° de la Ley N.º 18.156 y que no existe la contradicción invocada, pues conforme a los artículos 1560 y 1564 del Código Civil las cláusulas de un contrato se interpretan unas por otras, siendo la propia cláusula de reserva la que se define como complementaria de la anterior. Añade que el artículo 7° de dicha ley presupone la existencia de cotizaciones enteradas en Chile, de modo que la cláusula que deja constancia de ellas solo refleja el mecanismo por el cual se generan los fondos cuya devolución se pide; que los errores del anexo no privan de eficacia a la voluntad ya manifestada en el contrato, siendo aquél meramente reiterativo; y que, conforme al artículo 7° de la Constitución Política de la República, la recurrida no puede ampliar por vía administrativa los requisitos que la ley establece.

Estima vulnerado el derecho de propiedad del artículo 19 N.º 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto los fondos de su cuenta de capitalización individual son de su exclusiva propiedad y la negativa a restituirlos constituye una privación ilegal y arbitraria de su patrimonio, y la igualdad ante la ley del artículo 19 N.º 2, al imponérsele una carga no prevista por el legislador que lo discrimina respecto de otros técnicos extranjeros que han obtenido la devolución de sus fondos.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida devolver la totalidad de los fondos previsionales de su cuenta de capitalización individual bajo la Ley N.º 18.156, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, con costas.

SEGUNDO: Que informó doña Valentina Lagos Sánchez, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

En primer término, alega la improcedencia del recurso, por cuanto no existe un acto ilegal o arbitrario, sino una controversia sobre la aplicación de normativa previsional que exige revisar antecedentes documentales, aplicar criterios técnicos e interpretar normas especiales, materias que exceden el ámbito cautelar de esta acción y cuyo conocimiento corresponde a la Superintendencia de Pensiones conforme al artículo 3° del D.F.L. N.º 101, de 1980, instancia que el recurrente no activó, según lo informado por dicho organismo mediante Oficio Ordinario N.º 16.547, de 4 de septiembre de 2026.

En cuanto al fondo, expone que la Ley N.º 18.156 contempla un régimen excepcional, por lo que las Administradoras solo pueden acceder a las solicitudes de devolución cuando se acredita el cumplimiento de las letras a) y b) de su artículo 1°, conforme a los criterios de la Superintendencia de Pensiones, cuyas instrucciones les son vinculantes en virtud del numeral 8 del artículo 47 de la Ley N.º 20.255, del numeral 3 del artículo 94 del Decreto Ley N.º 3.500, de 1980, y de la letra i) del artículo 3° del D.F.L. N.º 101, de 1980.

Reproduciendo los fundamentos de la carta de 27 de julio de 2026, señala que en la cláusula séptima del contrato de trabajo de 3 de marzo de 2023 se estipuló que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno y en la octava la reserva de su derecho para acogerse al artículo 7° de la Ley N.º 18.156, y que el anexo de 18 de junio de 2026 no modifica ni deja sin efecto la cláusula del contrato principal, presentando además inconsistencias formales en la fecha del contrato al que accede y en la nacionalidad del trabajador. Sostiene que la coexistencia de una voluntad de cotizar en Chile y de mantener la afiliación extranjera impide acceder a la devolución, conforme a los Oficios Ordinarios N.º 27.587, de 23 de noviembre de 2015, y N.º 12.267, de 24 de mayo de 2016, de la Superintendencia de Pensiones, criterio que, añade, ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en las causas Rol N.º 238.255-2023 y Rol N.º 248.017-2023.

Concluye que el rechazo obedece a la aplicación estricta del marco normativo vigente y de las instrucciones de la autoridad fiscalizadora, sin que haya causado al recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales.

TERCERO: Que informó doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, por orden del Superintendente de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N.º 16.547, de 4 de septiembre de 2026. En primer término, señala que el recurrente no registra reclamo alguno ante esa entidad respecto de los hechos que motivan la presente acción, por lo que no existen antecedentes administrativos a su respecto. Sin perjuicio de ello, expone que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N.º 18.156, correspondiéndole la interpretación administrativa de dichas normas conforme al numeral 8 del artículo 47 de la Ley N.º 20.255, al numeral 3 del artículo 94 del Decreto Ley N.º 3.500, de 1980, y a la letra i) del artículo 3° del D.F.L. N.º 101, de 1980.

Precisa que el requisito de la letra a) exige acreditar, mediante documento legalizado o apostillado, una afiliación extranjera anterior al inicio de los servicios en Chile y vigente durante todo ese período, con cobertura integral de salud, y que el de la letra b) es esencial y solo se cumple cuando el contrato de trabajo contiene una estipulación que exprese inequívocamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación al régimen extranjero. Añade que, según su jurisprudencia administrativa, contenida entre otros en los Oficios N.º 27.587, N.º 3.213, N.º 12.267 y N.º 12.088, no procede la devolución cuando la voluntad manifestada en el contrato, o en éste y sus anexos, es contradictoria, como ocurre si el trabajador conviene cotizar en el sistema del Decreto Ley N.º 3.500 y, a la vez, declara mantener su afiliación extranjera, criterio que, según indica, ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en las causas Rol N.º 238.255-2023 y Rol N.º 248.017-2023; y que el anexo suscrito oportunamente, durante la vigencia de la relación laboral, forma parte del contrato de trabajo.

Respecto del caso concreto, señala no haber tenido a la vista la documentación laboral en que se funda el rechazo, la que tampoco figuraba en el expediente, sin perjuicio de lo cual advierte que el anexo acompañado presenta inconsistencias en la individualización del trabajador y del contrato al que accede, de modo que, conforme a los artículos 10 y 11 del Código del Trabajo, no permitiría establecer una vinculación inequívoca con éste. Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que el recurrente cumple las exigencias de la Ley N.º 18.156.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que no se encuentra controvertida entre las partes la calidad de técnico del actor ni su afiliación al régimen de seguridad social de Ecuador, aspectos que la recurrida no objetó al resolver la solicitud. Tampoco se discute el tenor de las cláusulas séptima y octava del contrato de trabajo de 3 de marzo de 2023, ni la existencia del anexo de 18 de junio de 2026 y de los errores de fecha y nacionalidad que éste contiene, los que el propio recurrente reconoce. En consecuencia, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte consiste en determinar si la negativa de la recurrida constituye un acto ilegal o arbitrario, para lo cual corresponde dilucidar si el contrato de trabajo y su anexo contienen la expresión de la voluntad del trabajador de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, en los términos exigidos por la letra b) del artículo 1° de la Ley N.º 18.156, o si, por el contrario, la coexistencia de tales estipulaciones y los defectos del anexo impiden tener por cumplido dicho requisito; y, en su caso, si tal decisión priva, perturba o amenaza las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad del artículo 19 N.º 2 y N.º 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, sobre la base del marco normativo aplicable, se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Es menester reiterar que esta ley constituye una norma de excepción y, como tal, su interpretación debe ser restrictiva, aplicando sus requisitos de forma rigurosa. A ello se agrega que, conforme al numeral 8 del artículo 47 de la Ley N.º 20.255, al numeral 3 del artículo 94 del Decreto Ley N.º 3.500, de 1980, y a la letra i) del artículo 3° del D.F.L. N.º 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, corresponde a la Superintendencia de Pensiones la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, cuyas instrucciones son obligatorias para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

OCTAVO: Que de la revisión del contrato de trabajo se advierte que el actor pactó expresamente cotizar en el régimen previsional chileno, sin que la cláusula octava contenga una manifestación de la voluntad de mantener la afiliación al régimen extranjero, limitándose a reservar el derecho a solicitar la devolución de los fondos y a declarar la existencia de dicha afiliación, y que la voluntad de mantenerla aparece expresada solo en el anexo de 18 de junio de 2026, el cual no modifica ni deja sin efecto la cláusula séptima del contrato.

En tales condiciones, coexisten en el contrato y su anexo una estipulación por la cual el trabajador se obliga a cotizar en el sistema previsional chileno y otra en que manifiesta su voluntad de mantener su afiliación previsional en el extranjero, situación que, a la luz de la normativa antes referida y de la interpretación administrativa vigente de la Superintendencia de Pensiones, configura una manifestación de voluntad contradictoria que no permite tener por cumplido el requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N.º 18.156. Dicho criterio ha sido refrendado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 12 de julio de 2024, dictada en causa Rol N.º 238.255-2023, en la que, frente a una cláusula que dejaba constancia de que el trabajador cotizaría en el régimen previsional chileno y, a la vez, de su voluntad de mantener el sistema previsional de su país de origen, concluyó que “se evidencia una expresión de voluntad contradictoria entre sí, ya que por una parte manifiesta mantener afiliación en el extranjero y, por otra, continuar cotizando en Chile”, lo que impide tener por acreditado el referido requisito.

A lo anterior se suma que el anexo de 18 de junio de 2026 individualiza al trabajador como de nacionalidad chilena y alude a un contrato de trabajo de fecha 1 de octubre de 2023, en circunstancias que el contrato acompañado data del 3 de marzo de 2023, inconsistencias que el propio actor reconoce y que, conforme a los artículos 10 y 11 del Código del Trabajo, impiden vincular inequívocamente dicho instrumento con el contrato que pretende complementar.

NOVENO: Que el recurrente sostiene que no existe la contradicción invocada por la recurrida, por cuanto la cláusula octava se define a sí misma como complementaria de la anterior, debiendo interpretarse ambas conforme a los artículos 1560 y 1564 del Código Civil, y que la cláusula séptima solo refleja el mecanismo de cotización que el artículo 7° de la Ley N.º 18.156 presupone.

Sobre el particular, cabe tener presente que la exigencia legal no se satisface con la reserva del derecho a solicitar la devolución, sino con la expresión de la voluntad de mantener la afiliación extranjera, la que, tratándose de una norma de excepción, debe ser clara e inequívoca, y que la determinación del sentido de las cláusulas contractuales en contra de su tenor literal, a la luz de las reglas de interpretación de los contratos que invoca el actor, excede el ámbito propio de esta acción cautelar.

Del mismo modo, el artículo 7° de la Ley N.º 18.156 permite la devolución a quienes, habiendo registrado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°, entre ellos el de la letra b), sin que la existencia de tales cotizaciones releve al trabajador de expresar en el contrato su voluntad de mantener la afiliación extranjera. Lo que impide en la especie acceder a la devolución no es el hecho de haberse enterado cotizaciones, sino la estipulación contractual por la cual el actor se obligó a cotizar en el régimen previsional chileno.

DÉCIMO: Que, asimismo, resulta relevante que la carta impugnada hace presente al actor que, una vez subsanadas las razones indicadas, podrá ingresar una nueva solicitud, y que éste no ha formulado reclamo alguno ante la Superintendencia de Pensiones, órgano al que corresponde conocer de los reclamos de los afiliados en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones conforme al artículo 3° del D.F.L. N.º 101, de 1980. De esta forma aparece que la controversia no dice relación con una negativa absoluta o definitiva al ejercicio del derecho que invoca el actor, sino con la necesidad de que éste subsane las observaciones formuladas por la Administradora para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N.º 18.156, manteniéndose abierta la posibilidad de presentar una nueva solicitud ante la Administradora.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, y a la luz de lo precedentemente razonado, no se advierte que la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. sea ilegal, toda vez que ha aplicado de manera restrictiva la Ley N.º 18.156, la cual, como norma de excepción, exige el cumplimiento riguroso de sus requisitos. Tampoco se configura un acto arbitrario, ya que la decisión de la Administradora se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador con facultades interpretativas obligatorias para las Administradoras de Fondos de Pensiones, conforme al D.F.L. N.º 101, de 1980, y al Decreto Ley N.º 3.500, de 1980.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, igualdad ante la ley del artículo 19 N.º 2 y derecho de propiedad del artículo 19 N.º 24 de la Constitución Política de la República, no se advierte su vulneración. La Ley N.º 18.156 establece requisitos objetivos aplicables a todos los técnicos extranjeros por igual, y el recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que demuestren un trato desigual o discriminatorio en casos idénticos en que se haya accedido a la devolución de fondos previsionales sin cumplir las exigencias legales. Asimismo, en cuanto al derecho de propiedad, los fondos previsionales en el sistema chileno tienen un destino específico, cual es el financiamiento de pensiones bajo el Decreto Ley N.º 3.500, de 1980, y la posibilidad de su retiro anticipado bajo la Ley N.º 18.156 es una excepción que requiere el cumplimiento cabal de sus condiciones. La negativa a la devolución no implica una privación del derecho de propiedad, sino la sujeción de dichos fondos a la regulación general, quedando indemnes los derechos previsionales del recurrente para su ejercicio futuro.

DECIMOTERCERO: Que de las alegaciones de las partes es posible advertir que existe un debate acerca del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos solicitada, lo que implica que el derecho invocado por el recurrente no es indubitado, siendo claro que el conflicto requiere una sentencia declarativa que lo resuelva, no siendo aquello el objeto de esta acción constitucional, que solo opera en relación al resguardo de derechos indubitados, presupuesto este último que no concurre en la especie.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1919-2026 (Protección)