Protección contra Fluitek Marco SpA

Dpp/ Antofagasta, a uno de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Fidel Salvador Castro Allendes, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Fluitek Marco SpA, y en contra de los investigadores externos nombre reservado y nombre reservado, por haber denegado el acceso al contenido de una investigación interna ejecutada en el marco de una denuncia presumiblemente tramitada bajo la Ley N° 21.643. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que se ha impedido al denunciado conocer los antecedentes de una investigación que le afecta directamente, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales establecidos en los números 1, 2, 3, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la debida defensa jurídica y a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a la salud y el derecho de propiedad sobre cosa incorporal, por lo que solicita se ordene a los recurridos entregar copia de los antecedentes de la investigación al recurrente.

Informan nombre reservado y nombre reservado, en conjunto, y Fluitek Marco SpA, individualmente, al tenor del recurso de protección interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que el señor nombre reservado fue contratado por la empresa Fluitek Marco SpA el 14 de octubre de 2024 para cumplir labores de supervisor senior en las instalaciones de la empresa Finning Chile S.A., ubicadas en el sector La Negra. Desde enero de 2025, el recurrente habría sido objeto de reiterados actos de hostigamiento patronal, lo que motivó que interpusiera una denuncia por posible infracción a la Ley N° 21.643, ingresada inicialmente el 20 de marzo de 2025 y, posteriormente, reingresada a través de la plataforma Talana el 16 de abril del 2025. Dicha denuncia fue derivada a la Inspección del Trabajo, adoptándose medidas de resguardo consistentes en evitar el contacto entre los denunciados y el recurrente, sin que hasta la fecha de presentación del recurso se haya registrado avance alguno en dicho procedimiento.

Relata que en septiembre de 2025 el recurrente fue nuevamente objeto de actos de hostigamiento, siendo instruido sin fundamento alguno a trasladarse desde su lugar habitual de trabajo hacia las oficinas de la empresa en Antofagasta para realizar labores diferentes a las convenidas en su contrato, sin que se formalizara el cambio de funciones ni se le notificara que se trataba de una medida de resguardo. El 29 de septiembre de 2025, al presentarse en las nuevas labores encomendadas, fue citado a una oficina donde se encontraban dos abogados investigadores y un funcionario de la empresa, quienes le informaron que se estaba realizando una investigación interna, sin precisar su naturaleza ni si correspondía a una investigación conforme al protocolo de la Ley N° 21.643. Durante dicha entrevista, que fue grabada previo acuerdo de que el acta transcrita junto con la grabación sería remitida al trabajador para su revisión, el recurrente aportó nombres de testigos que podrían contribuir a la investigación.

Agrega que ese mismo 29 de septiembre de 2025, solicitó por correo electrónico acceso a los antecedentes de la investigación. Los investigadores denegaron tal solicitud argumentando que no tenían autorización para compartir las declaraciones de los testigos a fin de respetar la confidencialidad y anonimato de las personas que participarían. Frente a esta negativa, el abogado del recurrente hizo presente por correo electrónico que la reserva establecida en la Ley N° 21.643 es solo para terceros ajenos al procedimiento y no alcanza a los afectados o involucrados como denunciante o denunciado, reiterando la solicitud de acceso a los antecedentes. El 17 de octubre de 2025 se remitió el acta y audio de la declaración del recurrente, y el 20 de octubre del mismo año se reiteró nuevamente la solicitud de acceso al contenido del proceso de investigación, manifestándose la disposición a que se anonimizaran los datos de los testigos, sin obtener respuesta favorable de parte de los investigadores.

Aduce que los actos descritos constituyen acciones ilegales y arbitrarias. En cuanto a la ilegalidad, argumenta que se vulneran los artículos 211-B y 211-C del Código del Trabajo en relación con los artículos 1°, 2° letras b) y h), 4°, 6° letras d), e) y k), 15 y 16 del Reglamento DS 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, toda vez que la reserva y confidencialidad establecidas en dichas normas están destinadas a proteger a terceros ajenos al procedimiento y no a quienes son directamente afectados por sus resultados. Respecto a la arbitrariedad, sostiene que carece de razonabilidad denegar información a quien tiene legítimo interés en conocer el contenido de una investigación cuyos resultados serán vinculantes en su relación laboral, máxime cuando se ha ofrecido anonimizar los datos sensibles de terceros.

Señala que los actos y omisiones de los recurridos amenazan las garantías constitucionales de la vida e integridad física y psíquica del recurrente establecidas en el artículo 19, N° 1 de la Constitución, así como su derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 19, N° 9, toda vez que al no conocer el contenido de la investigación se expone al recurrente a mayores hostigamientos, afectando su integridad psíquica y salud mental, especialmente considerando que los hechos denunciados involucran comportamientos que el afectado ha negado completamente. Asimismo, se indica que existe una privación de las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación del artículo 19, N° 2, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del artículo 19, N° 3, y del derecho de propiedad sobre cosa incorporal respecto de su empleo y estabilidad laboral garantizado en el artículo 19, N° 24, todos en relación con el artículo 19, N° 26 que tutela el contenido esencial de los derechos.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos entregar al recurrente copia de la investigación desarrollada en el marco de la investigación interna, sin perjuicio de adoptar todas las medidas y providencias pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del amparado, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que evacúan informe los recurridos nombre reservado y nombre reservado.

Señalan que el procedimiento investigativo tuvo su origen en una comunicación efectuada por nombre reservado, trabajadora de la empresa Fluitek Marco SpA, quien mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2025 manifestó quejas respecto de conductas presuntamente lesivas atribuidas al trabajador nombre reservado. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025 la referida trabajadora dejó constancia expresa de que dicha comunicación no constituía una denuncia formal en los términos establecidos por la Ley N° 21.643. Ante esta manifestación de voluntad, la empresa determinó que no se encontraba habilitada para iniciar una investigación conforme al procedimiento de la denominada Ley Karin, atendido lo dispuesto en el Dictamen N° 385-9 de la Dirección del Trabajo, el cual establece categóricamente que el empleador carece de facultades para iniciar de oficio dicho procedimiento especial.

No obstante, en cumplimiento del deber general de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo, la empresa procedió a indagar los hechos comunicados mediante la activación del procedimiento contemplado en el Título VII del Libro II de su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, denominado "Del procedimiento de sanciones y reclamos", derivando la investigación al estudio jurídico Lizama Abogados para garantizar la imparcialidad en su tramitación. De esta manera, asumieron como fiscales investigadores los abogados recurridos, quienes procedieron a notificar tanto a la trabajadora como al denunciado el inicio del proceso investigativo el 29 de septiembre de 2025, citándolos a prestar declaración personal e informándoles su derecho a ofrecer medios de prueba. Durante el desarrollo del procedimiento se adoptó una medida consistente en la separación de espacios físicos entre las partes, concluyendo la investigación el 22 de octubre de 2025, cuyas conclusiones fueron debidamente notificadas a los involucrados.

Sostienen la improcedencia absoluta de invocar la normativa de la Ley N° 21.643 y su Reglamento como fundamento del recurso, toda vez que el recurrente construye su acción sobre una premisa fáctica y jurídica errónea al afirmar que la investigación se rigió por dichas normas. Enfatizan que la naturaleza rogada del procedimiento de la Ley Karin, confirmada por el Dictamen N° 385/09 de la Dirección del Trabajo, impedía jurídicamente iniciar de oficio una investigación bajo ese marco normativo cuando la propia trabajadora manifestó expresamente que su comunicación no constituía una denuncia formal. Por consiguiente, argumentan que la decisión de tramitar la investigación bajo las reglas del Reglamento Interno fue la consecuencia lógica y necesaria de una correcta ponderación entre respetar la voluntad de la trabajadora y cumplir con el deber de protección laboral.

Respecto de la alegada vulneración del derecho a la debida defensa jurídica y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, sostienen que el tratamiento legal de la confidencialidad de los testigos responde a un deber de protección reforzada establecido en el artículo 16 del Decreto N° 21, el cual distingue deliberadamente entre las partes del procedimiento y los demás participantes, exigiendo un especial resguardo a la confidencialidad de estos últimos. Fundamentan esta protección agravada en la posición de vulnerabilidad de los testigos, quienes deben continuar compartiendo el espacio laboral con la persona investigada sin contar con medidas de resguardo formales equivalentes a las del denunciante. Invocan, además, la historia fidedigna de la ley.

Argumentan que la comunicación de datos personales de los testigos al denunciado constituiría un tratamiento ilícito de datos al carecer de base de licitud, no existiendo obligación legal ni consentimiento expreso de los testigos para dicha divulgación conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.628. Respecto de la alegación sobre comisiones especiales, sostienen que actuaron dentro del marco de sus atribuciones conforme al procedimiento del Reglamento Interno, el cual no contempla la obligación de otorgar acceso al expediente durante la fase investigativa.

En relación con las demás garantías constitucionales supuestamente vulneradas, refutan cada alegación. Respecto del derecho a la integridad psíquica, argumentan que ser objeto de una investigación disciplinaria constituye una consecuencia legítima del poder disciplinario del empleador y no configura hostigamiento. Sobre la igualdad ante la ley, sostienen que no existe discriminación arbitraria cuando las diferencias de trato responden a razones objetivas y justificadas, siendo improcedente la comparación con procedimientos anteriores regidos por marcos normativos diversos. Finalmente, respecto del derecho de propiedad sobre el empleo, señalan que tal planteamiento excede el alcance de este derecho, pues la estabilidad laboral no es absoluta cuando concurren causales legales de terminación.

Finalmente, solicitan el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que evacúa informe Felipe Correa Bravo, abogado, en representación de la recurrida Fluitek Marco SpA.

Señala que el 25 de agosto de 2025, la empresa Fluitek Marco SpA recibe un correo electrónico de nombre reservado, trabajadora de la empresa, mediante el cual manifiesta quejas y comunica conductas presuntamente lesivas atribuidas a nombre reservado, también trabajador de la empresa. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2025, la señora nombre reservado deja constancia de que su comunicación inicial no constituye una denuncia formal en los términos establecidos por la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin.

En virtud de lo anterior, la empresa determina que no se encuentra habilitada para iniciar una investigación conforme al procedimiento previsto en dicha normativa, atendido lo dispuesto en el Dictamen N° 385-9 de la Dirección del Trabajo. No obstante, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, procede a indagar la existencia de posibles incumplimientos al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, disponiendo el inicio de un procedimiento investigativo.

Con el propósito de garantizar la imparcialidad en la tramitación, resuelve derivar la investigación al estudio jurídico Lizama Abogados, asumiendo como fiscales investigadores los abogados recurridos nombre reservado y nombre reservado, quienes conducen el procedimiento con plena autonomía técnica. La investigación concluye el 22 de octubre de 2025, notificándose al trabajador denunciado las conclusiones del proceso el 4 de noviembre de 2025, fecha en que además se le entrega carta de término de contrato de trabajo.

Sostiene principalmente la falta de imputabilidad del acto reclamado, argumentando que la legitimación pasiva en sede de protección recae exclusivamente en quien ha lesionado o afectado el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, requiriéndose un nexo causal directo entre la afectación y la acción u omisión del recurrido.

Enfatiza que el acto impugnado -la negativa a entregar antecedentes de la investigación mientras esta se encontraba en curso- fue una determinación adoptada autónomamente por los abogados investigadores externos en ejercicio de su encargo profesional, sin instrucción, consulta o participación alguna de Fluitek Marco SpA. La empresa, al externalizar íntegramente el procedimiento investigativo, buscó precisamente distanciarse de su sustanciación en pro de mayor imparcialidad, limitándose su rol a esperar los resultados para adoptar una determinación final.

Finalmente, solicita el rechazo total del recurso de protección por carecer de legitimación pasiva, toda vez que el acto impugnado fue ejecutado por terceros con autonomía técnica y no por su representada.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, de acuerdo fluye del texto de la acción de protección deducida, el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario consiste en la negativa de permitir el acceso al contenido de una investigación desarrollada en el contexto de una relación laboral entre Fluitek Marco SpA., en su calidad de empleadora, y nombre reservado, en tanto trabajador, correspondiéndole a los recurridos nombre reservado y nombre reservado la calidad de investigadores de dicha investigación.

SÉPTIMO: Que, en relación con la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Fluitek Marco SpA, ella se rechazará, por cuanto la externalización del procedimiento de investigación no excluye el cumplimiento de deberes que pesan sobre el empleador en esta materia, tratándose de un asunto derivado de una relación de carácter laboral.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es menester asentar que la existencia misma del derecho reclamado por la recurrente no es indubitado, habida consideración a que la pretensión de solicitud de información se afinca normativamente en las disposiciones de la Ley N° 21.643, en tanto que la recurrida, empleadora, sostiene que la empresa tiene un deber de reserva y confidencialidad en relación con los testigos, no teniendo obligación alguna en el sentido de otorgar el expediente a las partes, circunstancia que se ve reforzada con la falta de consentimiento expreso de los testigos de la investigación, en relación con la divulgación de sus datos personales, sosteniendo la aplicación, en la especie, del artículo 4 de la Ley N° 19.628.

NOVENO: Que, derivado de lo anterior, se debe tener en cuenta que la controversia ventilada en estos autos no puede ser resuelta a través del ejercicio de la presente acción cautelar, la cual constituye una de carácter urgente, en que, al no estar en presencia de un derecho indubitado que amerite la intervención de esta Corte, y por no vislumbrarse afectación a garantía constitucional alguna en los términos invocados por el actor, máxime cuando lo debatido consiste en un conflicto de naturaleza laboral, lo que inmediatamente nos sitúa en esa parcela del derecho, el que necesariamente debe ser conocido a través de un procedimiento de lato conocimiento o, al menos, a través de las acciones judiciales dispuestas por el ordenamiento jurídico para la obtención de antecedentes que no obran en poder del recurrente, por cuanto, analizado atentamente lo pedido por la recurrente, ello dice relación más bien con obtener antecedentes probatorios para una futura demanda, lo cual, en el fondo, es materia propia de una medida prejudicial probatoria o, a lo sumo, de una diligencia probatoria de exhibición de documentos en el curso de un procedimiento laboral, lo cual resulta absolutamente ajeno a los contornos propios del recurso de protección en tanto institución, toda vez que el procedimiento de esta acción no obedece a uno mediante el cual se pueda exigir, como ocurre en la especie, que la recurrida entre copias de los expedientes de investigación dimanados de denuncias formuladas en contra del actor.

Refuerza lo antes señalado lo indicado por el abogado patrocinante de la parte recurrente, quien, de acuerdo con los antecedentes de la causa, señaló, a través de correos electrónicos enviados a los recurridos personales naturales, lo siguiente: “De no acceder a revisar los antecedentes de la investigación, evidentemente que ejerceremos los derechos que el trabajador goza, pues la reserva es respecto de terceros, no del trabajador afectado por la denuncia”, y “Te pido que me puedas ratificar si persiste la negativa que se manifestó el 29 de septiembre pasado, para los fines de ejercer los derechos de Osciel dentro de este procedimiento o ante la Jurisdicción”, lo cual debe concordarse con la fundamentación de la vulneración al artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, que hace el propio recurrente, sosteniendo al efecto que “Finalmente, con la negativa a entregar la información requerida, también se afecta el derecho de propiedad sobre cosa incorporal que el denunciado, en su condición de trabajador de Fluitek Marco SpA, tiene sobre su contrato de trabajo y su estabilidad en el empleo, ya que se le podría aplicar un despido, afectando con ello, además, la garantía del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones”. Vinculado con anterior, de acuerdo con lo informado por la recurrida Fluitek Marco SpA., el 4 de noviembre de 2025 se notificó al trabajador las conclusiones del proceso y se remitió una carta certificada, acompañando el informe final y las declaraciones respectivas, además de entregar, ese mismo día, una carta de término de contrato de trabajo.

Razones todas que conllevan necesariamente a que la presente acción sea rechazada, tal como se dispondrá en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Fidel Salvador Castro Allendes, en representación de nombre reservado, y en contra de Fluitek Marco SpA, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1918-2025 (Protección)

2