nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Antofagasta, a diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Emilio Sarmiento Moreno, abogado, RUN RUT reservado, en representación de nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Ejército de Chile, representado por su Comandante en Jefe nombre reservado, General del Ejército, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando restablecer el imperio del derecho y se deje sin efecto la resolución COP I/1 (P) Nº 1615/886/4424 de 3 de mayo de 2019 del Comando General del Personal Ejército de Chile, ordenando la reincorporación inmediata del recurrente a la institución, ordenando se realicen las gestiones administrativas aplicables al caso, con expresa condena en costas.

Evacuando informe el recurrido, solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado ya individualizado expone que el recurrente es cabo 2do del Ejército de Chile, guarda almacén de telecomunicaciones en la 3era Brigada Acorazada " La Concepción" de la ciudad de Antofagasta.

En cuanto a los hechos que motivan su presentación, indica que el 27 de septiembre de 2018, estando de civil, fuera de su horario de funciones como soldado, en circunstancias que manejaba su automóvil particular, producto de una colisión con otro móvil, fue detenido por personal de Carabineros de Chile de la Tercera Comisaría de Antofagasta, debido a conducir su vehículo en estado de ebriedad, esto es con 2.27 gramos por litro de sangre. Agrega que se aperturó investigación penal por estos hechos en causa RUC 1800950722-8 de la Fiscalía Local de Antofagasta, indicando que no pasó a control de detención ni ha sido formalizado a la fecha.

Manifiesta que el mismo día de los hechos, horas más tarde, personal policial dio aviso al Ejército de Chile, quienes sin un previo sumario o investigación sumaria y sin tener mayores antecedentes el 27 de septiembre de 2018, le notificaron la resolución 1630/3378/S/D, la cual comunica la “Resolución del Comandante de la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción”, de la 3ra. BRIACO DEPTO I (R) N° 1630/1507/3379/SD del Ejercito de Chile, que en atención a los hechos, ordena el “Licenciamiento de Servicio”, por la causal de “Necesidades del Servicio” de mi mandate, con 9 años de servicio.

Refiere que ante la presión de la situación y en atención a su estado ánimo, producto de la colisión y notorio estado de ebriedad el recurrente firmó dicha resolución, sin una voluntad libre y espontanea, solamente acatando la orden de su superior, sin que pudiera reservarse su derecho a presentar un recurso de reconsideración, descrito en artículo 79 del D.N.L – 911 “Reglamento de Discilplina de las Fuerzas Armadas”. Agrega que luego de meses de espera, se dictó la Resolución del Comandante del Personal N° 1615/886/4424, de fecha 03 de mayo de 2019, por parte de don nombre reservado, Coronel, Jefe del Departamento I “Ingresos e Egresos”, quien ordena resuelve se cita textual: “- Dispónnosle a contar del 05 de marzo del 2019, fecha en que fue notificado, el retiro absoluto del Ejército por aplicación de la sanción “licenciamiento del servicio” por la causal “Necesidades del Servicio”, impuesta por el Comandante de la 3era. Brigada Acorazada al CB2 (A) nombre reservado, RUN N° RUT reservado, de dotación de la 3ra Brigada Acorazada “ La Concepción”. Se deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 255 del DFL (G) N°1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”. En conformidad a lo establecido en el Art. 207 del DFL (G) N°, de 1997, “Estatuto de las Fuerzas Armadas”, el Comandante de Personal dictará la fecha de baja en LRC y extensión del cese de sueldo en actividad una vez que el mencionado Clase sea notificado de la presente resolución. El citado personal no es apto para ser llamado al servicio en caso de movilización. El Comandante de la 3ra. BRIACO “La Concepción” efectuará él trámite de notificación de la presente resolución y una vez acontecido lo anterior, remitirá al Comando de Personal el acta de notificación o el comprobante de empresa de Correos de Chile sí es notificado vía carta certificada…..”

Alega que la medida disciplinaria resulta arbitraria e ilegal, no teniendo esta ninguna justificación, contrariando su derecho de propiedad sobre su cargo, toda vez que no existe causa legal para removerlo, considerando que no fue objeto de un sumario o investigación sumaria, ni tampoco se le comunicó la existencia de otras medidas disciplinarias y procedimientos de reclamos de estas, tales como recursos de reconsideración y reclamación.

Agrega que la causal de “Necesidades del Servicio”, no ha sido fundamentada por ninguna de las vías señaladas en la ley que rige esta clase de procedimientos administrativos, en su calidad de Cabo Segundo. En efecto, para efectuar una desvinculación de estas características es preciso, fundamentar una causal, la primera causal es la calificación, que en su caso es buena, la segunda es “Necesidades del Servicio” para que sea aplicable esta causal, es requisito que la necesidad que dio origen a la contratación se extinga, y en este caso puntual, en su opinión, la necesidad no ha ocurrido, toda vez que la fundamentación de la desvinculación versa sobre hechos ajenos al Ejército.

Respecto de la fundamentación de la causal, indica que la resolución recurrida indica que: “La situación antes descrita, indica que el CB2. nombre reservado, se apartó totalmente de los deberes y virtudes militares que debe tener todo miembro de la Institución, quebrantando de manera grave las disposiciones de seguridad vigentes, demostrando con ello una conducta reprochable, irresponsable al exponer y dañar la imagen Institucional ante la opinión pública y organizaciones del Estado externos al Ejercito de Chile, demostrando con su actuar personal, ser un pésimo ejemplo para el resto de los integrantes de la unidad…”

Agrega que en los hechos no hubo exposición mediática de la imagen del Ejercito de Chile, no existe ningún registro periodístico o en las redes sociales que lo avale. Por lo demás, el recurrente, estaba de civil, en su vehículo particular, de manera que malamente podía exponer los bienes e imagen de la “Institución”, tal como ha ocurrido con otros casos ventilados ante la opinión pública y que incluso han sido objeto de formalizaciones en materia de penal de manera reciente.

Señala que la fundamentación de la medida adoptada por el Ejército da cuenta de la subjetividad de esta al calificar al recurrente de ser un pésimo ejemplo para el resto de los integrantes de su unidad, sin que se advierta que en los hechos concurra dicha calificación, refiriendo que solamente quiere darse un supuesto ejemplo de comportamiento a sus subordinados.

Respecto a los fundamentos de derecho, en cuanto a la procedencia del recurso de protección, refiere que el acto arbitrario e ilegal del Ejército de Chile consiste en la desvinculación de forma arbitraria e ilegal, específicamente el del Teniente Coronel de la 3ra. Brigada Acorazada nombre reservado, y el Coronel nombre reservado Ellwager nombre reservado Coronel, Jefe del Departamento I “Ingresos y Finanzas”, quienes han emitido informes y resoluciones que forman parte del expediente de retiro del recurrente, que constituyen actos administrativos sin fundamento y completamente arbitrarios.

Refiere que el acto no tiene fundamento legal, ya que no se encuentra enmarcado en la causal invocada, motivado por el mero capricho, resultando arbitrario.

A continuación, cita los artículos 1 y 49 del Decreto Ley 2306 del año 1978, referido a la facultad del presidente de la república para llamar a servicio activo a determinardo personal de la reserva, citando un Dictámen de la Contraloría, donde si se estima necesaria la desvinculación se debe solicitar al presidente de la república que disponga de su alejamiento, que debe ser fundada, lo que en la especie no se cumple.

Refiere, citando dictámenes de la Contraloría que la dictación de actos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales debe cumplir con las exigencias anteriormente reseñadas, cimientos de los cuales carece el proceso de termino de llamado al servicio, refiriendo que el procedimiento presenta una apariencia de normalidad y legalidad que no es tal.

En cuanto al acto administrativo que se recurre, cita la Ley 19880, refiriendo que le es aplicable la Ley 19.880, específicamente en relación a su notificación, artículo 45; artículo 16, en relación a la transparencia y publicidad. En consecuencia, la resolución debe contener los fundamentos que han llevado a adoptar dicha decisión, lo que no ocurre en la especie. Agrega que existe una confusión de causales, puesto que se tiene como causa basal del licenciamiento la supuesta falta de disciplina, sin embargo se invoca la causal de necesidades del servicio.

Respecto de la falta de disciplina indica que no se aplicó el reglamento, adoptando una medida desproporcional poniendo término al servicio activo.

Finalmente, cita los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, ya que la desvinculación se basa en una causal improcedente y alejada de lo prescrito por las normas que regulan la materia, alejado de objetividad. A continuación detalla el sistema de calificaciones de la recurrida, que se encuentra regulado por la ley 18.948 “Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y el DFL. (G) N° 1 de 1997 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, específicamente en el artículo 24 que establece un sistema de evaluación anual, además del objeto de dicha evaluación establecido en el artículo 75 del DFL (G) N° 1 de 1997 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, por lo que la decisión de desvincularlo lo situía en una posición de desigualdad frente a los demás miembros del ejército, ya que no se ha considerado sus calificaciones, ni hoja de vida, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Expone respecto de las garantías constitucionales, que se ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, el debido proceso, libertad de trabajo y su protección, derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Refiere que el derecho de igualdad ante la ley se ha visto vulnerado, puesto que al disponer el licenciamiento de servicio consistente en la eliminación de las filas del afectado por la causal de “Necesidades del Servicio”, con la nota de conducta que la superioridad estime conveniente, mediante una resolución con causal inexistentes y que los fundamentos no corresponden a los hechos acontecidos. Agrega que la desvinculación vulnera la garantía, ya que no presentaba antecedentes negativos en la hoja de vida, privilegiando a funcionarios que se encuentran en desventaja evidente si se analiza el último proceso de calificaciones.

Respecto al derecho de propiedad, cita los artículos 576, 583 y 565 del Código Civil, por lo que el recurrente en su calidad de cabo segundo del Ejército de Chile, le asiste el dominio incorporal sobre el cargo que ocupó al interior de la Institución, por lo que solicita se acoja el recurso.

SEGUNDO: Que evacua informe el Comandante del Comando de Personal, Patricio Mericq Guilá, quien solicita el rechazo de la acción por los siguientes fundamentos.

Como cuestión previa alega cosa juzgada formal, ya que el recurrente habría accionado de protección en contra de la resolución de 27 de septiembre de 2018 que dispuso su licenciamiento por necesidades del servicio, que fue rechazado el 5 de diciembre de 2018, Rol. 2967-2018, estimando que no se puede alterar la decisión adoptada por vía de protección respecto a un asunto determinado por medio de otra acción de protección que es seguida entre las mismas partes, con el mismo objeto y causa de pedor, es decir concurriendo triple identidad procesal, más aún cuando no se aportan nuevos antecedentes.

En seguida refiere que el 20 de febrero del presente, la Contraloría General de la República tomó razón, no representando acto alguno del procedimiento de licenciamiento del servicio del recurrente, donde fue notificado de la toma de razón el 5 de marzo último, posterior a ello, el 3 de mayo del presente en resolución COP I/1 (P) Nº 1615/886/4424 de 3 de mayo de 2019, el Comandante del Comando de Personal dispuso el retiro absoluto por aplicación de la sanción de licenciamineto del servicio por la causal de necesidades del servicio, que fue notificada el 6 de mayo de 2019, sin que presentara recurso alguno, por lo que no existe ningún acto ilegal y arbitrario.

Luego expone los antecedentes funcionarios del recurrente, indicando que inició su servicio militar el 1 de abril de 1997 en el Regimiento reforzado “Los Ángeles”, ascendiendo al grado de cabo segundo el 1 de enero de 2018, que ostentaba. Refiere que por orden reservada 3379 de 27 de septiembre de 2018, de la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción” de Antofagasta se resolvió sancionar al recurrente con el licenciamiento del servicio por faltas a la disciplina tipificadas en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina, donde manifestó que no interpondría recurso de reconsideración, por lo que la resolución se encuentra firme. Posteriormente, la Tercera Brigada ofició a la Primera División para que esta remitiera a la Contraloría Regional de Antofagasta para su toma de razón, efectuandolo el 20 de febrero de 2019, notificando al recurrente el 5 de marzo de 2019, por lo que se produce la total tramitación de la sanción de licenciamiento. Refiere que el 3 de mayo se dictó la resolución que dispuso el retiro absoluta, notificada el 6 de mayo, sin que presentara recurso alguno, quedando firme dicha resolución.

En cuanto a los hechos que motivaron su retiro absoluto, indica que el 27 de septiembre de 2018 fue detenido por carabineros de la Tercera Comisaria de Antofagasta, por conducir su vehículo particular colisionando a un vehículo civil, resultando tres civiles con lesiones leves, arrojando el acohotest 2,27 G/LT, diagnosticando el médico de turno intoxicación alcohólica sin lesiones aparentes, hechos que fueron puestos en conocimiento del Comandante del Regimiento, quien en atención a la gravedad de la falta dispuso aplicar la medida disciplinaria más severa para el personal del cuadro permanente.

Refiere que el Comandante de la Tercera Brigada dispuso procedimiento operativo normal ante incidente, con el objeto de indagar y establecer las causas que dieron origen a los hechos imputados al recurrente y determinar eventuales responsabilidad, emitiendo informe final el 4 de octubre de 2018, que finaliza la investigación interna, por lo que en virtud de aquella, en uso de sus atribuciones disciplinarias mediante resolución de 27 de septiembre de 2018, conforme lo dispone el artículo 49 letra b), letra g) del DS 1445 de 1951 sobre Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas sancionó al recurrente con la medida ya referida. Agrega que los hechos fueron reconocidos por el recurrente en el proceso disciplinario, no ejerciendo su derecho a declarar en disconformidad ni ejerciendo las instancias de impugnación, entre las cuales, se encuentra el recurso de reconsideración ante la autoridad que umpuso el castigo, el recurso de reclamación ante el superior jerárquico del comandante de regimiento y el recurso de apelación ante el comandante en jefe del ejército.

Agrega que el 10 de octubre de 2018 en entrevista de evaluación se le explica nuevamente con detalle su situación, constando en su hoja de vida, refiriendo que el recurrente fue sancionado en el marco de un procedimiento legitimamente incoado, quien en pleno conocimiento de la situación decidió no hacer uso de los medios recursivos que contempla el ordenamiento jurídico.

Refiere que el procedimiento para investigación de los hechos sancionados que culminó con el informe final que dispuso la canalización de la información institucional y la remisión de antecedentes a las autoridades competentes para dar curso al procedimiento de licenciamiento, se realizó en atención a las facultades normativas dispuestas por los artículo 3 Nº 1 del Decreto Supremo 277 (G) del año 1974, Reglamento de Instrucciones Sanitarias Administrativas de las Fuerzas Armadas y 35 del 1445 (G) del año 1951, Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, donde se dispone que no procederá la instrucción de una investigación sumaria administrativa, en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en los partes, denuncias o diligencias preliminares, debiendo los comandantes hacer uso inmediato de sus facultades de mando, administrativas y disciplinarias, informando su resolución cuando fuera del caso, por los canales de mando o técnicos. Asimismo, refiere que no procederá investigación sumaria cuando la falta conste en evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o la propia confesión del inculpado, donde el recurrente señalo estar conforme con la exposición de los hechos, con el acto de licenciamiento y no presentar recursos por la vía administrativa, además que las circunstancias del accidente fueron informadas por Carabineros de Chile, por lo que no es posible sostener que no se hayan tenido antecedentes suficientes.

Refiere que el recurrente está alegando de una sanción disciplinaria que no corresponde reclamar por la vía de recurso de protección debido a que por su propia negligencia la vía administrativa precluyó.

Agrega que la sanción resulta del quebrantamiento de responsabilidades administrativas, conforme lo contempla el artículo 1 de la Ley 18.948, refiriendo que al ocnstiuti una facultad exclusiva de la autoridad, su determinación corresponde a las jefaturas, sin que pueda implicar arbitrariedad, considerando especialmente las particularidades de la carrera militar.

Expone que la medida de licenciamiento no es una medida producto de una calificación deficiente, por lo que independiente de la calificación que haya obtenido el recurrente en nada incide, refiriendo que no alcanzó a ser calificado, ni menos clasificado en alguna de las listas de calificaciones que permitan indicar el desempeño del recurrente durante el período.

Expone que la medida es un castigo disciplinario establecido en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, en especial los artículos 49 letra g) y 26, por lo que debió cumplir con un comportamiento intachable aun no estando en acto de servicio, toda vez que llevar una vida honorable es exigido incluso cuando los miembros del personal de las Fuerzas Armadas se encuentren sin uniforme. Agrega que la exposición mediática o afectación a la imagen institucional no es el único fundamento de la sanción, ya que procede además de la transgresión de la línea de mando, al no dar cuenta a sus superiores del hecho ocurrido, presentándose además como un mal ejemplo para sus camaradas de tropa, sin considerar que efectivamente existyió una vulneraciónde la imagen institucional y exposición, agreganfo que la disciplina es un valor fundante.

Agrega además, que resulta aplicable al recurrente el Reglamento de Disciplina, ya que es miembro del cuadro permanente, por lo que se confunde al basar sus recurso en la normativa aplicable a la reserva de la Institución.

Finalmente, en relación a las garantías constitucionales vulneradas, el tema es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, ya que no puede ser empleada para impugnar actuaciones entregadas a una autoridad, en el marco de un procedimiento legitimamente incoado.

En cuanto al derecho a la integridad física y psíquica, no indica de qué forma se habría visto vulnerado, ni relación causal de los hechos como el derecho. Respecto al derecho de propiedad, refiere que no existe titularidad alguna respecto al eventual futuro patrimonial propio de la carrera funcionaria, donde cualquier miembro de la institución puede ser dado de baja solo y exclusivamente en la medida que se encuentre en alguna de las hipótesis planteadas por la ley.

En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley, no ha expresado con claridad que es lo que se habría vulnerado, ya que la determinación del retiro obedeció a criterios preestablecidos en la ley, brindando el mismo trato que a los restantes miembros que se encuentran en posiciones similares, ya que pueden interponer los recursos que estimen pertinentes en los actos administrativos dictados.

Respecto de la garantía constitucional de la libertad de trabajo, indica que la calidad de personal de cuadro permanente, no fue impuesta por la institución, sino que fue solicitada por el recurrente al ingresar a las filas, por lo que siempre pudo decidir libremente si ser parte o no de este ente castrense.

En cuanto a la garantía procesal del debido proceso, en este caso administrativo, indica que el procedimiento de licenciamineto se realizó en atención a lo dispuesto por el artículo 3 Nº 1 del Decreto Supremo 277 (G)del año 1974, Reglamento de Instrucciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas y por el artículo 35 del Decreto 1445 (G) del año 1951, Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Respecto de la supuesta vulneración a un proceso racional y justo, indica que no se vulneró, realizando el 27 de septiembre de 2018 informe de incidentes, considerando que fueron puestos en conocimiento por carabineros, además que el propio recurrente se declaró conforme con los hechos informados por Carabineros, no disponiendo de una instrucción sumaria, ya que los hechos aparecían claramente establecidos, citando el artículo 35 del Reglamento de Disciplina, además que la resolución de 27 de septiembre de 2018 fue confirmada por el recurrente, esto es, fueron reconocidos los hechos en forma libre y espontánea, además de no agregar información que desmintiera el hecho que motivó el licenciamiento, sin que presentara vías recursivas administrativas.

En cuanto al derecho a defensa, refiere que no hizo uso de las instancias de impugnación, incluso se le expuso el detalle de su situación el 10 de octubre de 2018 en entrevista de evaluación, declarando que no hará uso de recurso de reconsideración respecto de la resolución de 27 de septiembre de 2018. Finalmente respecto de la resolución de 3 de mayo, no presentó recurso administrativo.

En seguida, en relación a que su voluntad no fue libre ni espontánea al momento de declararse conforme con la sanción de licenciamineto, refiere que el incidente ocurrió a las 3:10 AM y que l recurrente se presentó en la brigada en horas de la tarde, siendo poco probable que siguiera bajo los efectos del alcohol, por lo que tuvo diversas posibilidades de recurrrir.

Finalmente, en relación a la alegación que no existe detrimento en contra del Ejército, refiere que la carrera militar está guiada por conceptos tales como honor, obediencia, mérito entre otros, existiendo perjuicio interno y externo, refifirendo que da inicio al procedimiento operativo normal ante incidentes el comandante de la tercera brigada, quien està facultado para proceder o no a la instrucción de una investigación sumaria, agregando que la sanción, no se origina en un incumplimiento de los deberes estatutarios del funcionario, sino que se fundamenta en las especiales características propias de la función militar y que dice relación con la valoración previa de las circunstancias de mérito que realiza el Comandante del Comando de Personal en el ejercicio de facultad legal.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que el acto ilegal y arbitrario que imputa la recurrente consiste en la decisión de la recurrida de 3 de mayo de 2019, que dispone que a contar del 5 de marzo de 2019, fecha en que fue notificado, el retiro absoluto del ejército por aplicación de la sanción “licenciamiento del servicio”, por la causal de necesidades del servicio, dictada por el Comandante del Comando de Personal.

QUINTO: Que como cuestión previa conviene indicar que esta Corte conoció en recurso de protección Rol 2967-2018 de los antecedentes de autos, donde el recurrente aducía que el acto arbitrario e ilegal consistía en la resolución de Nº 1630/1507/3379/SD de 27 de septiembre de 2018 dictada por la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción”, que dispuso su licenciamiento por la causal de necesidades del servicio, por haberse vulnerado la garantía del debido proceso, contemplada en el artículo 19 nº 3 de la Carta Fundamental, fundado en la inexistencia de investigación sumaria previa, además de la falta de motivación del acto administrativo.

En efecto, el 5 de diciembre de 2018, se dictó sentencia en la causa, rechazando el recurso de protección, fundado en la facultad de la recurrida conforme a lo establecido en el artículo 3º del Reglamento de Instrucciones Sumarias Administrativas contenidas en el Decreto 277 del Ministerio de Defensa, que permite no efectuar investigación sumaria cuando los hechos aparezcan claramente establecidos como en el caso de autos, descartando ilegalidad, además de la circunstancia que no se dedujeron recursos administativos, por lo que en definitiva no advirtió ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida.

SEXTO: Que al respecto, no resulta pertinente en autos revisar hechos y resoluciones que ya han sido puestas en conocimiento de esta Corte, respecto de las cuales ya ha existido pronunciamiento, decisión que se encuentra firme y ejecutoriada, en relación con la facultad ejercida por la recurrida de no efectuar investigación sumaria previa, encontrándose habilitada conforme a su propia regulación a dicho efecto, por lo que se rechazará dicha alegación.

SÉPTIMO: Que en cuanto al acto ilegal y arbitrario que alega en autos, cabe señalar que la resolución COP I71 (P) Nº 1615/886/4424 de 3 de mayo de 2019 fue debidamente notificada al recurrente, sin que ejerciera recurso alguno. Al respecto, dicha resolución no adolece de ilegalidad, al encontrar fundamento en la resolución de 27 de septiembre de 2018, Nº 1630/1507/3379 de la Tercera Brigada Acorazada de “La Concepción”, además de la toma de razón efectuada por la Contraloría Regional de Antofagasta, sin que el recurrente ejerciera recursos administrativos en contra de las referidas resoluciones conforme le permite la normativa sectorial.

En efecto, la recurrida en el ejercicio de sus facultades, atribuciones constitucionales y legales, a través de autoridad competente se ha limitado a ejercer la potestad disciplinaria que encuentra sustento en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, sin que existiera controversia respecto de los hechos que configuraron la sanción impuesta al recurrente.

OCTAVO: Que en relación a la supuesta arbitrariedad de la actuación desplegada por la recurrida, aquella se configura cuando la actuación de la recurrida encuentre fundamento en un mero capricho, no fundado o justificado o abusivo.

Al respecto, la decisión encuentra fundamento en el hecho que la conducta reprochada se encuentra previamente acreditada y, en relación con la supuesta desproporción de la sanción, el recurrente contaba con los medios de impugnación para solicitar la revisión de la decisión, sin que los hubiera ejercido, no resultando esta sede la idónea para analizar la proporcionalidad de la medida, atendida la naturaleza cautelar de la acción de protección, resolución que por lo demás encuentra fundamento en un procedimiento de licenciamiento de servicios en el que la Contraloría Regional tomó razón, no representando acto alguno del procedimiento.

NOVENO: Que en cuanto a la vulneración del derecho a la integridad física o psíquica, el recurrente no expone en qué consistiría dicha afectación, por lo que se rechazará dicha alegación. Respecto a la vulneración del derecho de propiedad, no se advierte aquella, considerando que la medida disciplinaria se encuentra en una de las hipótesis establecidas en la ley.

En relación a la garantía de igualdad ante la ley, no se advierte dicha afectación al contar con los medios de impugnación de los actos administrativos dictados por la reucrrida, sin que los ejerciera, resultando impertinente en el caso las calificaciones que el recurrente mantenía atendida la naturaleza de los hechos los cuales motivaron el licenciamiento de los servicios.

En definitiva, no se advierte que esta Corte pueda adoptar alguna medida, razón por la que la acción constitucional no puede prosperar en la forma solicitada por la recurrente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Emilio Sarmiento Moreno, en representación de nombre reservado, en contra de Ejército de Chile, representado por su Comandante en Jefe nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1914-2019 (PROT)

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