nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES

Antofagasta, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, chileno, empleado público, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, representada legalmente por su alcalde Marcelino Carvajal Ferreira, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la negativa a cumplir lo ordenado por Contraloría General de la República, en orden a reintegrar al suscrito a sus funciones, debiendo decretar a su vez el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes al período transcurrido desde la notificación de la destitución improcedente hasta la fecha de la reintegración efectiva, acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 1 y 19 de la Constitución Política de la República, solicitando reintegrar al actor conforme al tenor de lo ordenado por Resolución Exenta E509938/2024 de fecha 08 de julio del año 2.024; pagar las remuneraciones devengadas durante todo el período que ha estado privado ilegítimamente, conforme al tenor de lo ordenado por Resolución Exenta E509938/2024, de fecha 08 de julio del año 2.024, dictando el correspondiente decreto alcaldicio que disponga ambas medidas en un plazo no superior a 5 días hábiles, debiendo habilitar los registros de jornada o permitir registrar los horarios de ingreso y salida, pertinentes, con costas.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que mediante Resolución Exenta N° E509938/2024 de fecha 8 de julio de 2024 la Contraloría Regional acogió la reclamación interpuesta, ordenando a la Municipalidad de Mejillones la reintegración inmediata a sus funciones en los mismos términos de la última contratación, y el pago de todas las remuneraciones y cotizaciones previsionales, por todo el período en el que se encontró pendiente dicho pronunciamiento.

Alega que notificadas las partes con fecha 08 de julio del año en curso, y en mérito de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 19.880, corresponde dar estricto e inmediato cumplimiento de lo resuelto, adoptando todas las medidas necesarias. Sin embargo, al dirigirse al DAEM para ser informado sobre sus horas pedagógicas -reintegro-, el director del Departamento manifestó no existir ninguna instrucción por parte del alcalde, por lo tanto, no puede hacer efectivo lo dictaminado por Contraloría.

Solicita reintegrar al actor conforme al tenor de lo ordenado por Resolución Exenta E509938/2024 de fecha 08 de julio del año 2024, pagar las remuneraciones devengadas durante todo el período que ha estado privado ilegítimamente, conforme al tenor de lo ordenado por Resolución Exenta E509938/2024, de fecha 08 de julio del año 2024, dictando el correspondiente decreto alcaldicio que disponga ambas medidas en un plazo no superior a 5 días hábiles, debiendo habilitar los registros de jornada o permitir registrar los horarios de ingreso y salida, pertinentes, con costas.

SEGUNDO: Que Rodrigo Fernando Flores Osorio, abogado en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Mejillones, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que las condiciones para considerar que la contratación del señor nombre reservado cumple con los estándares temporales necesarios para determinar la confianza legítima del docente y que la decisión de la autoridad edilicia no se haya suficientemente sustentada.

Indica que la autoridad edilicia en uso de las facultades que otorga el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18695, dictó el acto que manifiesta su voluntad motivada en los diversos correos electrónicos, en los cuales se indica que no se realizó la entrega del título profesional por parte del señor nombre reservado, sino hasta el 5 de enero 2024, evidenciando la falta de rigurosidad en las instrucciones que se le impartían sin considerar las posibles sanciones para la autoridad si no se cuenta con la información necesaria de su personal, todo la cual debe estar registrada y publicada, conforme a la Ley N° 20285 sobre acceso a la información pública.

En este mismo sentido la norma del artículo 13 inciso segundo de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, respecto de la función pública esta se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella, siendo el certificado de título un documento que sustentaba la contratación del señor nombre reservado y que la falta del mismo deja sin sustento la contratación para una función que exige el Titulo docente.

Señala que la regularización de las carpetas del personal deben estar en constante actualización de certificados y antecedentes del personal que ejercen labores en la administración, siendo sostenible la ponderación de considerar una falta la tardanza en la entrega del certificado de título, sumado a lo anterior se señaló en los correos electrónicos, que desde antes del mes de diciembre 2023 se habrían realizado diversas reuniones técnicas pedagógicas, a través de las cuales existía una disconformidad ante la falta del docente sumado a situaciones que se tornaban hostiles en el ambiente laboral, debiendo la autoridad resguardar la integridad del cuerpo educativo, fomentando espacios armónicos con respeto a los requerimiento de los equipos y directivos del área de educación.

Sostiene que la motivación es un elemento de la esencia de todo acto administrativo, en ese sentido, todas las resoluciones que emanen de los órganos de la administración pública deben ser motivadas, cualquiera que ella sea. Existiendo en los hechos motivación suficiente para adoptar la decisión de no renovar. Ahora es arbitrario que para establecer un parámetro respecto de la temporalidad de la confianza legítima, ésta se sustente en diversos dictámenes emitidos por el mismo ente de control, no considerando pronunciamientos judiciales, pero que en cuanto a la motivación del acto este no cumpla los estándares que dicho órgano establece, y del cual en la especie se cumple con suficiencia en los documentos que se tienen presente en lo considerativo del acto (correos electrónicos).

En esta línea y según lo planteado por el órgano de control, para la confianza legítima se considera el plazo de dos años, siendo la misma jurisprudencia administrativa la que ha indicado que el acto debe estar bien justificado y sustentado, resguardando que la decisión adoptada no sea arbitraria. Al respecto, y acorde con el dictamen N° 22.766, de 2016, de la Contraloría G.R. (aplicable a los docentes contratados, regidos por la Ley N° 19.070 Estatuto Docente) la práctica que origina la precitada confianza legítima está configurada por una vinculación laboral cuya extensión ha alcanzado al menos dos renovaciones anuales, de manera tal que para adoptar una determinación diversa es menester, al amparo del referido principio, que la autoridad municipal emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión.

El Dictamen N° 85700 señala que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo con la debida anticipación al término del año laboral de que se trate, el que, en el caso de los docentes, ocurre el último día del mes de febrero respectivo, situación que se dio en la especie.

De este modo, al tenor de las consideraciones precedentes, es necesario concluir que cuando se haya generado en el docente la confianza legítima, sin perjuicio si esta se entiende considerada desde el segundo o quinto año, la no renovación del vínculo deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate, en concordancia con el artículo 9° de la Ley N° 19070, en la misma línea de lo regulado por las normas del Código del Trabajo, el cual tiene una aplicación supletoria en relación al Estatuto Docente.

Arguye que la resolución de contraloría no puede ser considerada razonable, objetiva o proporcional, deviniendo, en consecuencia, en un oficio arbitrario e ilegal que afecta gravemente el legítimo ejercicio de la autoridad edilicia, al derecho a la igualdad ante la ley, al establecer diferencias irracionales, subjetivas y desproporcionadas, sin poder hacer uso de las facultades que la ley otorga en mérito de los antecedentes latamente expuestos.

Concluye que actualmente se encuentra interpuesta nulidad de derecho público bajo el Rol C-4328-2024 del 2° Juzgado de Letras de Antofagasta, por lo que encontrándose un juicio de lato conocimiento en el cual se discute la legalidad de la resolución que por estos autos se intenta hacer cumplir, no es procedente la resolución del presente recurso, toda vez que existe litispendencia propia.

TERCERO: Que requerido informe a la Contraloría General de la República, informa que mediante el oficio N° E509938 de 8 de julio de 2024, la Sede Regional acogió la reclamación del señor nombre reservado, ordenando al municipio la renovación del vínculo que mantenía con esa entidad en los términos de su última contratación, reincorporándolo a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual estuvo separado de sus funciones, todo ello en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de ese oficio, notificado por correo electrónico el mismo 8 de julio de 2024.

Al respecto, a la fecha, conforme a los registros de esta Entidad Fiscalizadora, no consta que la Municipalidad de Mejillones haya informado el cumplimiento del referido pronunciamiento.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que no se encuentra discutido que la Contraloría Regional de Antofagasta con fecha 08 de julio del año 2024, mediante Resolución Exenta N° E509938/2024, acoge el reclamo interpuesto por nombre reservado en contra de la Municipalidad de Mejillones y dispone: “la renovación del vínculo con el señor nombre reservado, en los mismos términos de su última contratación, reincorporándolo a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor, no imputable a aquel, informando de ello a esta Entidad de Control en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.

Por su parte la recurrida cuestiona el fondo del asunto decidido por la Contraloría Regional de Antofagasta, indicando que actualmente se encuentra interpuesto -en contra del Fisco- demanda de nulidad de derecho público bajo el Rol C-4328-2024 del 2° Juzgado de Letras de Antofagasta, por lo que encontrándose en juicio de lato conocimiento en que se discute la legalidad de la resolución que se intenta hacer cumplir, no es procedente la resolución del presente recurso.

SÉPTIMO: Que en esta materia el articulo 98 de la Constitución dispone en lo pertinente que: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

Por su parte los artículos 6, 9 y 19 de la Ley N° 10.336, en relación con los artículos 51 y 52, ambos de la Ley N° 18.695, que otorgan competencia a la CGR para emitir dictámenes, permiten colegir que estos resultan obligatorios a los funcionarios municipales, a saber: “Artículo 6°. Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.

Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas.

La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.

De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al artículo 1°”.

“Artículo 9°. El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio.

El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda.

La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos.

Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto.

Sin perjuicio de la facultad que le concede el inciso 1°, es obligación del Contralor emitir por escrito su informe, a petición de cualquier Jefe de Oficina o de Servicio, acerca de todo asunto relacionado con los presupuestos; con la administración, recaudación, inversión o destinación de fondos, rentas o cualesquiera bienes de los indicados en el inciso 1° del artículo 7°; con la organización y funcionamiento de los Servicios Públicos; con las atribuciones y deberes de los empleados públicos, o con cualquiera otra materia en que la ley le dé intervención a la Contraloría.

Estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran”.

“Artículo 19°. Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. El Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición”.

Por su parte los artículos 51 y 52, ambos de la ley N° 18.695, disponen que: “Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.

Si el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República determina la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal podrá instruir el correspondiente procedimiento disciplinario, según lo dispuesto en el artículo 133 bis y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60”.

“Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control”.

OCTAVO: Que de las normas legales transcritas fluye el mandato otorgado a la Contraloría General de la República para examinar la legalidad de los actos que dicten los órganos que forman parte de la Administración del Estado, emitiendo pronunciamientos que se manifiestan en la forma de dictámenes, definiendo la jurisprudencia que el dictamen es “el informe en derecho o interpretación jurídica emanada de la CGR sobre materias que son de su competencia. A través de este, el Contralor resuelve consultas jurídicas formuladas por los propios órganos de la Administración del Estado, por un funcionario o por un particular. Estos informes constituyen verdaderas interpretaciones de la ley respecto de la forma en que esta debe ser entendida, son instrucciones para los jefes de servicios y fiscales, y, por tanto, vinculantes”. (SCS Rol N°5.260-2021)

En consecuencia, los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios para los Órganos de la Administración del Estado, por ende, al no haber dado cumplimiento a la Resolución Exenta N° E509938/2024 de fecha 08 de julio del año 2024, la Ilustre Municipalidad de Mejillones ha incurrido en un acto ilegal que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y propiedad, por lo que solo cabe acoger el presente recurso disponiendo la condena en costas.

Finalmente, conforme a las normas transcritas no es óbice para acoger el presente recurso la discusión planteada en juicio civil, desde que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, y no media una orden de suspensión dispuesta por el juez que conoce por la vía jurisdiccional.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de Protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, ordenándose ordena dar cumplimiento inmediato a la Resolución Exenta N° E509938/2024 de fecha 08 de julio del año 2024, debiendo reintegrar al actor a sus funciones y pagar las remuneraciones devengadas durante todo el período ha estado privado de ella.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1906-2024 (PROT)

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