nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Antofagasta, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien, dedujo recurso de protección, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, Rol Único Tributario N° 61.509.000-k, cuyo representante legal es doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto, de manera arbitraria e ilegal, rechazó el reposo médico de diversas licencias médicas, solicitando, se deje sin efecto dicha decisión, ordenando a la recurrida, pagar el subsidio correspondiente, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, al tenor de la acción cautelar deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección se fundó en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-114646-2024, de fecha 22 de julio de 2024, que rechazó el reposo médico otorgado en las licencias médicas, N° s; RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 80786484-K, extendida por un total de 157 días a contar del 29 de julio de 2022.

Indicó, que no es posible entender de la resolución de la recurrida, cómo dicho organismo, puede señalar que las licencias que se estudiaron, y, que dispusieron reposo médico, resultan injustificadas, no advirtiendo, bajo qué antecedentes lograron arribar a ese dictamen.

Dice que fue diagnosticada con un Trastorno Adaptativo, por su médico tratante, nombre reservado, provocándole dicha patología, irritabilidad, ansiedad anticipatoria, angustia, alteración del ciclo de sueño, dificultad en atención y concentración, todo ello a consecuencia de la grave enfermedad de su hija lactante, quien, desde su nacimiento -11 de junio de 2021-, fue diagnosticada con alergia alimentaria, específicamente alergia a la proteína de leche de vaca (APLV), ante lo cual, desde sus primeros meses de vida, requería un tratamiento constante, producto de las consecuencias reactivas de su enfermedad, tales como alergia gastrointestinal inmediata (vómitos explosivos, dolor abdominal y diarrea), Dermatitis atópica moderada a severa, enteropatía alérgica y proctocolitis alérgica, entre otras.

Cuenta que, concluido el post natal, decidió reincorporarse a su trabajo – Asistente Social, en el Establecimiento Educacional “nombre reservado” de Taltal-, el pasado mes de mayo del año 2022-, sin embargo, el padecimiento de su hija aún se mantuvo presente, lo que le provocó una enfermedad psicológica y estrés, siendo diagnosticada, y tratada, por un trastorno adaptativo, ansiedad exacerbada, irritabilidad, trastorno del sueño, deterioro en su vida social y disminución del rendimiento laboral. Así las cosas, siguió un proceso de terapia y farmacológico con Zopiclona y Sertralina.

Puntualizó, que, desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre del año 2022, su médico tratante le otorgó 09 licencias médicas, dos de ellas con reposo total y las otras 07 con reposo parcial (media jornada). Lamentablemente, dice que, la totalidad de las licencias médicas fueron rechazadas, ante lo cual recurrió ante la COMPIN deduciendo recurso de reposición. Fue así como, de las 09 licencias médicas, 03 de ellas fueron acogidas conforme al recurso interpuesto ante la Comisión Médica, por lo tanto, hubo 06 licencias que siguen manteniendo el estado de rechazadas. En dicho contexto, dedujo recurso de apelación, ante la SUSESO, acompañando informes psicológicos sobre su terapia y demás documentos fundantes de su reposo médico, sin embargo, todas ellas fueron rechazadas.

A este efecto, dice que, dicho Dictamen no menciona hechos, actos, conductas, ni antecedentes concretos, específicos y ciertos que permitan acreditar “El reposo injustificado”, sostenido en términos vagos y muy generales. En concreto, alegó, falta de motivación del acto administrativo.

Finalizó sosteniendo, que dicha decisión es arbitraria e ilegal, conculcando la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado, Sebastián de la Puente Hervé, quien solicitó el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Como cuestión previa, alegó la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto, el asunto sobre la que realmente versan estos antecedentes dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que se pretende.

Luego, informó al tenor del recurso interpuesto. En efecto, citó la normativa legal aplicable, y sostiene que profesionales de su representada, informaron en mérito de las solicitudes de la actora, los que concluyeron no autorizar el reposo médico solicitado, dado que, las licencias reclamadas, no se encontraban justificadas. En efecto, la actora, no acompañó un informe amplio y fundado, emitido por un médico de la especialidad -psiquiatra-, explicitando, el tratamiento prescrito, evolución clínica, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo, ello por cuanto, ya se habían autorizado 150 días previos, considerando este tiempo, suficiente, para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral, de acuerdo con los antecedentes médicos evaluados. De esta forma, el tiempo de reposo ya autorizado se consideró suficiente para el inicio del plan de tratamiento farmacológico, realizar ajustes al mismo y lograr respuesta clínica, así como para ejecutar un tratamiento psicológico enfocado en el enfrentamiento o aceptación, a fin de permitir el reintegro laboral.

De esta forma, señala que, de los antecedentes médicos citados, es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

En consecuencia, no concurre en la especie, acto ilegal y/o arbitrario, actuando, dentro de las facultades que la Ley le confiere, estando la resolución que se reprocha debidamente fundada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en mérito de los antecedentes expuestos, el actor de protección reprocha la falta de motivación de la decisión adoptada por la recurrida, que ratificó el rechazo de las licencias N° s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80786484-K, concluyendo que el reposo, no se encuentra justificado.

SEXTO: Que, como cuestión previa, y, respecto a la alegación de improcedencia de la acción de protección por incidir ésta, en materias propias de la seguridad social, se debe consignar, que lo pretendido por el recurrente, no es el derecho a obtener una prestación, servicio, o derecho propio de ese ámbito, sino, lo que se persigue con la acción incoada, es la legítima pretensión de obtener de la Administración una resolución que se encuentre suficiente y razonablemente fundada en el mérito de los antecedentes, descartando el actuar arbitrario de los órganos estatales, al omitir, formal o sustancialmente, la motivación y fundamentación racional que avale las decisiones que adopta en la esfera de sus competencias.

SÉPTIMO: Que luego, no es cierto que el acto administrativo que se reprocha no se encuentre debidamente justificado y/o motivado.

Ello por cuanto, ratificó una decisión ya adoptada, en la que se consigna “esta Superintendencia sometió el recurso deducido a estudio de antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo.

Que, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar.

Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permite a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 150 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”.

Cuestión diversa es, que la recurrente no se encuentre de acuerdo con la fundamentación anotada.

En todo caso, a su respecto, la misma recurrió en contra de dicha decisión, la que fue ratificada, y es precisamente aquella la que se reprocha en esta sede cautelar, sin embargo, no incorporó en dicha oportunidad, antecedentes adicionales, que permitiesen a la Superintendencia recurrida, variar los razonamientos planteados.

Además, para adoptar la decisión que se reprocha, se tuvo en consideración, ficha médica, elaborada el 15 de julio de 2024 por el Dr. nombre reservado, quien analizado los antecedentes concluyó que la recurrente “no acompañó informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo y tampoco antecedentes psicológicos”. Que, de esta forma, y ante la ausencia de tales elementos clínicos, no es posible formar convicción, sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 150 días ya autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada.

De esta forma, debe descartarse, arbitrariedad en el acto reprochado, pues el mismo, no es antojadizo y/o caprichoso, basándose en elementos objetivos, que por lo demás, no han sido cuestionados, esto es, la falta de diagnóstico por médico especialista y/o, un informe psicológico que dé cuenta de los lineamientos de un adecuado tratamiento para enfrentar la patología que dice padecer.

OCTAVO: Que, de otro lado, no puede estimarse, que la decisión adoptada por la recurrida sea ilegal.

En efecto, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes”.

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigor de la Ley N° 20.585, la recurrida debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En dicho contexto, el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “Patologías Mentales. Guías Referenciales de Reposo Laboral”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a que “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra, lo que no aconteció en la especie. En consecuencia, el o los médicos tratantes de la recurrente no se encuentran registrados con la especialidad de médico psiquiatra, lo que, en todo caso, no ha resultado controvertido.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

NOVENO: Que, de acuerdo con lo señalado, la Superintendencia de Seguridad Social, al tiempo de rechazar los recursos intentados por el recurrente, no aparece haber ejecutado un acto arbitrario ni tampoco ilegal, pues aparece supervigilando el cumplimiento del correcto otorgamiento de las licencias médicas, lo cual encuentra fundamentos lo dispuesto en la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Por lo demás, sus decisiones no aparecen como infundadas, pues cada vez que se efectuó un rechazo a las presentaciones realizadas por el recurrente, lo hizo de forma razonada y con sustento en antecedentes tangibles, los que han sido acompañados en autos.

DÉCIMO: Que, por lo tanto, descartada la concurrencia en la especie de un acto arbitrario o ilegal, no corresponde analizar la eventual conculcación de garantías constitucionales, constituyendo este motivo suficiente para rechazar la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1905-2024 (Protección)