Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Antofagasta, a trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado

EIRL/ unidad de defensa, promoción y protección de derechos humanos, en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de Venezuela N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no haber emitido pronunciamiento respecto de su solicitud de refugio, lo que estimó le ha privado, perturbado y amenazado sus legítimos ejercicios de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N°2, N°16 de la Constitución Política de la República. Solicitó se restablezca el imperio del derecho, y le confiera debida protección en calidad de afectado, por cuanto el actuar del recurrido es una abierta falta de servicio de parte de agentes del Estado, y en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 18 de diciembre de 2024, por no haber ponderado su situación de riesgo, y se retrotraiga su causa al estado de análisis, para que el servicio recurrido haga un estudio más exhaustivo de su situación.

Informó el servicio recurrido, como asimismo el Ministerio del Interior al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señaló el recurrente ingresó al país por paso no habilitado, fundado en las razones de graves vulneraciones a los derechos fundamentales en su país de origen, pues por su estado de necesidad tuvo que efectuar una migración forzada, por lo que solicitó mediante ID N°NUM002 su respectivo refugio; sin embargo, por Resolución Exenta N°NUM001 de 18 de diciembre de 2024, se le solicitaron mayores antecedentes, bajo apercibimiento legal administrativo. Así pues, presentó los requerimientos para subsanar la supuesta falta de requisitos para acceder al beneficio, ya que tuvo entrevista presencial en las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones, en Antofagasta. No obstante lo anterior, al revisar el sistema informático el 21 de agosto del 2026, y tras 1 año y 8 meses desde la petición, advirtió que no se ha resuelto su situación migratoria; lo que lo ha dejado en la más incompleta indefensión, desamparo, e incertidumbre jurídica, en tanto que ha cumplido todas y cada una de las exigencias administrativas; ya que en otros casos análogos, les ha llegado respuesta, se les ha dado protección por tratarse de solicitudes que afectan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los peticionantes, pero en su caso, siente desigualdad ante la ley y el trato que deben dar los órganos del Estado a las personas, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, sean chilenos o extranjeros, ya que necesita en calidad de urgente regularizar su situación en Chile.

Agregó que tomó conocimiento cierto el 21 de agosto de 2026 al revisar el estado de avance de la solicitud; mientras que la finalidad de la presente acción, no es transformarla en una mera reclamación por la demora administrativa; sino más bien, destacar que estas acciones y omisiones aparte de ser contrarias al espíritu de buen servicio, pretende sea restablecido el imperio del derecho y su debida protección, ya que por estas acciones y omisiones está sufriendo la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de las garantías contempladas en artículo 19 N°2 de la Constitución, en el sentido que ya al haber transcurrido 1 año y 8 meses sin respuesta, el recurrido lo está tratando al margen de la igualdad. Asimismo, el numeral 16° del citado artículo, en relación con la libertad de trabajo, ya que en forma directa, indirecta, mediata e inmediata, le están afectando su proceso de contratación, y a optar a mejoras laborales, ya que incluso arriesga perder sus fuentes de trabajo; sin perjuicio del derecho de presentar peticiones a la autoridad, las que deben ser resueltas y respondidas al tenor de las normas jurídicas establecidas en la Ley N°19.880, ya que para nadie es novedad que en Chile no se pueden efectuar ninguna clase de diligencias con las cédulas vencidas.

Hizo presente que se auto- notificó el 21 de agosto de 2026 del rechazo definitivo de su solicitud de refugio, en dependencias del servicio recurrido, el que desconoció el hecho de que en Venezuela se están perpetrando graves violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales; y lo que se argumentó en la solicitud de refugio, es que su hermano era miembro de las Fuerzas Armadas, y al desertar toda su familia directa fue amenazada, corriendo un grave riesgo su vida como bien jurídico fundamental, sin perjuicio de la integridad física y psicológica de cada uno de los integrantes de su familia; por lo que los argumentos esgrimidos no son menores; toda vez que no se ha ponderado la situación de riesgo; y retrotraer su causa al estado de análisis, para que se haga un estudio más exhaustivo de su situación.

Con todo, solicitó se restablezca el imperio del derecho, y le confiera debida protección en calidad de afectado, por cuanto el actuar del recurrido es una abierta falta de servicio de parte de agentes del Estado, y en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 18 de diciembre de 2024, por no haber ponderado su situación de riesgo, y se retrotraiga su causa al estado de análisis, para que el servicio recurrido haga un estudio más exhaustivo de su situación.

SEGUNDO: Que, nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicitó el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indicó que el 10 de septiembre de 2024, el actor solicitó atención para manifestar su intención de solicitar refugio en la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, asignándole atención presencial para el 18 de diciembre de 2024, a fin de realizar la entrevista de admisibilidad a la solicitud de reconocimiento de refugio.

Hizo presente que, en dicha entrevista de admisibilidad, se evaluaron los aspectos contemplados en los artículos 26 y 28 de la Ley N°20.430, y artículo 37 del Reglamento. Luego, verificados los requisitos formales, el 18 de diciembre de 2024, mediante Resolución Exenta N°NUM001 enviada a través de correo electrónico se le notificó que la solicitud se encontraba incompleta, otorgándole un plazo de 15 días para subsanar la falta, acompañando la documentación para subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento de tenerse por desistido de su solicitud, en virtud de los señalado en el artículo 28 bis y el 31 la Ley N°19.880. Así pues, el recurrente presentó antecedentes que a su juicio no lograron desvirtuar el requisito formal no cumplido, por tanto, al no haber subsanado dicha solicitud, correspondió hacer efectivo el apercibimiento, declarándose el desistimiento de su solicitud, en virtud de Resolución Exenta N°NUM003 de 14 de enero de 2025, por lo que finalizó el procedimiento administrativo.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario del recurrido, fundado inicialmente en la falta de pronunciamiento sobre su solicitud de refugio; sin embargo, de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones aparece que el procedimiento administrativo concluyó mediante una resolución que declaró el desistimiento de la solicitud, por lo que no subsistiría la omisión originalmente denunciada.

En efecto, obra de los antecedentes allegados por las partes, que, a través de Oficio emanado del recurrido, de 10 de septiembre de 2024, se le citó al actor al trámite inicial solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Luego, a través de la Resolución Exenta N°NUM001 de 18 de diciembre de 2024, se ordenó notificarle que no fue posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no cumplió con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430, y reglamento de refugio, relativos a exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el servicio recurrido, mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837. Además, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación del acto administrativo, para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento legal de tenerlo por desistido según lo establecido en el artículo 28 bis de la citada ley y artículo 31 de la ley N°19.880.

Luego, a través de la Resolución Exenta N°NUM003 de 14 de enero de 2025, se resolvió tener por desistida la solicitud por desistida la solicitud por no presentar antecedentes para subsanar los requisitos formales faltantes.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, es posible evidenciar una inconsistencia relevante entre lo pedido y los antecedentes acompañados por el recurrido. Por un lado, el actor solicitó se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de diciembre de 2024, que requirió subsanar la solicitud, pero el acto que habría declarado el desistimiento y terminado el procedimiento es la Resolución Exenta N°NUM003, de 14 de enero de 2025.

Por su parte, el actor afirmó que presentó los requerimientos para subsanar la supuesta falta de requisitos para acceder al beneficio, ya que tuvo entrevista presencial en las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones, en Antofagasta; sin embargo, fluye de los documentos aportados por ambas partes, que sólo se presentó a la entrevista inicial, pero no habría acompañado los demás antecedentes requeridos, por lo que no se habría impugnado adecuadamente este último acto, máxime éste no precisó en esta instancia cuales antecedentes habría aportado ni su fecha de remisión.

SEXTO: Que, de todas maneras, la circunstancia de que el recurrente afirme haber acompañado antecedentes o haber concurrido a una entrevista no permite, por sí sola, tener por acreditado que cumplió íntegramente con los requerimientos de subsanación.

Asimismo, la afirmación de que su hermano pertenecía a las Fuerzas Armadas venezolanas y que, tras su deserción, su familia habría recibido amenazas, constituye un antecedente que merece consideración en el procedimiento de refugio; no obstante, de esta circunstancia no se aportó ningún antecedente concreto más que sus propios dichos, sin que pueda en definitiva esta acción de protección sustituir el procedimiento especial de reconocimiento de la condición de refugiado ni tener por acreditados los presupuestos de esa protección internacional sin examinar los antecedentes pertinentes. Es más, la sola demora no demuestra, necesariamente, una discriminación arbitraria ni una afectación constitucional de la libertad de trabajo, pues como se dijo, se necesitarían antecedentes que permitan vincular esas consecuencias con una actuación ilegal o arbitraria atribuible al servicio recurrido, lo que permite descartar la inobservancia de los principios que rigen el actuar administrativo citados en el libelo recursivo, razón por la que no cabe sino rechazar la presente acción constitucional en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por Juriscard Asistencia Jurídica Integral EIRL/ unidad de defensa, promoción y protección de derechos humanos, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1903-2026 (Protección)