nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Antofagasta, a veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Fabián Muñoz Huerta, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antofagasta-CAJTA, en representación y a favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°340, casa N°3, Antofagasta, quien dedujo recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, representado legalmente por don nombre reservado, por privar, y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria, el derecho garantizado en virtud del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, consistente en la negación sistemática por parte de la recurrida en entregarle información sobre el monto que quedó como remanente del depósito a plazo en pesos que indica, de la cuenta corriente de su hermano fallecido en el año 2019, que formaba parte de la herencia por él dejada a la actora; así como también, la negativa en orden a hacer el pago de dicho monto a los legítimos herederos de su hermano, solicitando, se adopten las providencias que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, ordenando a la recurrida que, entregue de forma rápida y eficaz la información de cuál es el monto del remanente del depósito a plazo en pesos de la cuenta N°[cuenta reservada] del Banco Estado que el causante nombre reservado mantenía en dicha institución y respecto del cual la recurrente es la legitima heredera en conjunto con otros herederos; y, se señale un procedimiento expedito y eficaz poder cobrar en el más breve plazo el remanente del depósito a plazo en cuestión, todo ello con expresa condena en costas.

Informó la recurrida al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su acción, indicando ser una adulta mayor de 82 años de edad, presentando actualmente múltiples problemas de salud por lo cual tiene movilidad reducida, situación que le ha hecho muy dificultoso realizar trámites ante la entidad bancaria recurrida, principalmente aquellos destinados a obtener información sobre el monto que quedó de remanente del depósito a plazo en pesos de número de cuenta N°[cuenta reservada] de Banco Estado, de la cuenta corriente de don nombre reservado (Q.E.P.D) quien en vida era el hermano de la actora y que a su fallecimiento acaecido con fecha 24 de julio de 2019, le dejó entre otros bienes de la herencia, dicho deposito. Negándosele tanto la entrega de información, así como también, hacer el pago de dicho monto a quienes son legítimos herederos de su hermano ya fallecido, hecho que acaeció el 24 de julio de 2019, destacando además que, no se encontraba casado ni tenía hijos, razón por la cual, tanto la recurrente de autos, como su hermano nombre reservado, heredaron todos sus bienes, entre ellos el mencionado depósito, por así constar en certificado de posesión efectiva folio 00031742098, N°927, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 04 de julio de 2022.

Precisa que, entre los bienes quedados al fallecimiento de su hermano nombre reservado, había un depósito a plazo en pesos de la cuenta N°[cuenta reservada] del Banco Estado, por un monto de $45.547.134.- al 01 de abril del año 2022, mediante el instrumento N°0359723. Que, debido a la multiplicidad de bienes quedados a su fallecimiento, el Servicio de Impuestos Internos determinó que sus herederos debían pagar un impuesto a la herencia ascendente a la suma de $21.625.262, razón por la cual, la recurrente realizó ante el Servicio de Impuestos Internos mediante solicitud administrativa correspondiente, por medio de la cual autorizaba a dicho servicio para que oficiara al Banco del Estado con el objeto de que el monto adeudado por impuesto a la herencia fuese deducido del depósito a plazo en pesos, objeto de autos, para luego de hacer dicho descuento, la entidad recurrida pagase el remanente a los herederos, esto es, a la recurrente y a su hermano nombre reservado. Todo ello constaría en Resolución Exenta N°523 de fecha 01 de agosto de 2022 emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

Continúa señalando que, en agosto de 2022 Banco Estado remitió el monto del impuesto a la herencia en cuestión, pero cuando los herederos le solicitaron información del remanente que había quedado, dicha entidad bancaria respondió que el documento físico del depósito a plazo era ilegible y que se debía iniciar una “acción civil de extravió de documento”, la que se dedujo con asesoramiento del SENAMA, en causa rol V-407-2023 del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, donde se hizo lugar a la misma, declarándose el extravió del instrumento depósito a plazo renovable N°[cuenta reservada], efectuado en Banco Estado, por la cantidad de $45.547.134.- Que, sin perjuicio de lo anterior, y pese a las múltiples solicitudes al Banco Estado, dicha institución hasta la fecha no le ha entregado información acerca de cuál es el monto al que asciende el remanente del depósito a plazo que heredó, habiendo incluso hecho el descuento de impuesto a la herencia que el mismo banco remitió al Servicio de Impuestos Internos. Y, que incluso, nunca se le ha indicado cual es el procedimiento para el cobro del remanente del depósito a plazo en cuestión, siendo tanto el tiempo transcurrido que incluso el 14 de febrero del año en curso, su otro hermano, nombre reservado, y también heredero del causante nombre reservado, falleció sin haber tenido una respuesta satisfactoria respecto del mencionado depósito, siendo ahora su viuda doña nombre reservado, de actuales 83 años de edad, quien debe continuar esperando una respuesta del Banco.

Esgrime que, con fecha 17 de junio del 2024 la recurrente concurrió personalmente al Banco recurrido, realizando formalmente un reclamo por no entrega del depósito a plazo reconstituido judicialmente, del que hasta la fecha de interposición del presente recurso no ha tenido respuesta.

SEGUNDO: Informó el Director Regional de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, don nombre reservado, conforme lo ordenado en autos.

Sobre el particular, destaca una serie de hechos vinculados a la controversia, y que dicen relación con el giro del impuesto a la herencia del causante nombre reservado, con fecha 21 de julio de 2022, y de la gestión realizada por la contribuyente y actora de autos doña nombre reservado el día 27 de julio de 2022, mediante la cual solicitó al Servicio de Impuestos Internos que, el pago de dicho impuesto cuyo total ascendía a $21.625.262.-, se hiciera efectivo con los fondos del depósito a plazo renovable del Banco Estado, dictándose la Resolución Exenta N°553 de fecha 01 de agosto del año 2022, accediendo a lo solicitado y, que según lo informado por la Tesorería General de la República, con fecha 29 de febrero de 2024, de acuerdo a los folios que indica, por un monto de $14.045.881 y $14.220.432, respectivamente, se procedió fuera de plazo, al pago total del impuesto, señalando que, la emisión de dos giros obedeció porque el causante contaba con dos herederos y que ambos fueron asumidos por la recurrente.

Concluye señalando que, en lo que respecta al pago de impuesto a la herencia quedada al fallecimiento de don nombre reservado, no existe deuda del giro, toda vez este fue pagado totalmente por parte de su heredera y recurrente de autos, conforme lo instruido en Resolución Exenta N°553, de fecha 01 de agosto de 2022.

TERCERO: Informó don Patricio Guillermo Lagunas Lagunas, abogado, en representación del Banco del Estado de Chile, instando por el rechazo del presente recurso.

En primer lugar, indica que basta para rechazar el presente recurso, haciendo presente que el mismo es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Dicho, en otros términos, la acción constitucional de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado, para luego, referirse a los requisitos copulativos de procedencia según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Enseguida, niega que la entidad Bancaria a la cual representa haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario, así como la existencia de vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por el recurrente, que le legitimen activamente para recurrida en esta sede.

Lo anterior, por cuanto, el depósito a plazo conforme los registros que obran en los sistemas del Banco fue otorgado en soporte papel, lo que implica que, se procedió a la impresión del documento valorado y que este quedó en poder de su tomador don nombre reservado, ya fallecido, situación que impidió al banco proceder a la liquidación del mismo requerida por los herederos doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos nombre reservado, este último fallecido a principios del año en curso. Que, lo anterior, trajo como consecuencia que, además de presentarse la respectiva posesión efectiva del causante, debía además, procederse con el procedimiento legal de reconstitución regulado en la Ley N°18.902 y N°18.852, para efectos que una vez completados la totalidad de los trámites establecidos por las leyes N°19.903 y N°16.271, los herederos pudieran acceder a los fondos del citado depósito.

Luego, se refiere a la Resolución Exenta N°553 de fecha 01 de agosto de 2022, la que fue en su oportunidad acompañada por la abogada de la CAJTA quien representaba a la recurrente, con fecha 23 de enero de 2024, la que, en su numeral 6 indicaba expresamente que el citado documento debía ser retenido y liquidado, para que con parte de sus fondos se procediera al pago de impuestos a la herencia del causante nombre reservado y, sólo una vez acreditado dicho pago y acompañado el respectivo certificado que diera fe del mismo, proceder a la entrega del remanente a la sucesión conformada por doña nombre reservado y don nombre reservado.

En dicho contexto, sostiene que el área de Servicio al Cliente de la sucursal de la recurrida realizó consultar pertinentes a la Tesorería General de la República para proceder al pago del giro indicado, recibiendo la indicación que, atendido al tiempo transcurrido desde la dictación de la resolución, debía actualizarse el monto del mismo por parte del Servicio de Impuestos Internos, situación ante la cual, el día 26 de enero del año en curso, luego de una comunicación enviada por la recurrente al abogado que por éste acto informa, objetó el hecho de solicitar actualizar el documento, indicando que deberían existir vías de comunicación directa entre el SII y Banco Estado para estas materia, lo que no sería efectiva, puesto que toda la información se encuentra debidamente regulada por la normativa vigente. Que, finalmente los dos giros fueron pagados con fecha 29 de febrero y 06 de marzo, ambos del año en curso, respectivamente.

Destaca como hecho relevante, lo que modificó radicalmente la situación y volvió a complicar que la recurrente pudiese finalizar la tramitación del requerimiento original, cual fue, el fallecimiento de su otro hermano y también heredero, don nombre reservado, lo que impedía temporalmente, aun cuando se acompañara el certificado que diera constancia del cumplimiento de la obligación de pagar el impuesto a la herencia, hacer entrega de los dineros que pudiere tener el primer causante en custodia del Banco, pues, sumaba ahora que el fallecimiento de don nombre reservado, los dineros de fueran titulares los afectaba lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°16.271 sobre impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, norma que señala, en lo pertinente, “Las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder, sea o no en calidad de depósitos, dinero, joyas u otros valores de una persona fallecida, no podrán hacer entrega de ellos sin que la persona que se presente a reclamarlos acredite su calidad de heredero, juez compromisario debidamente autorizado, o albacea, haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencias que correspondan, y que los bienes consten en el inventario que ha debido practicarse,…”. Y, que posterior a la remisión de las copias de los pagos, no tuvieron noticias de la recurrente o de su abogada, sino hasta el día 17 de julio, día en el cual vía correo electrónico la recurrente envía un correo reclamando por la entrega del documento, del cual previo a responderle, se comunicaron con la abogada que hasta ese momento representaba a la recurrente, quien quedó en conversar con ella respecto del tema. Al día siguiente, a través de correo electrónico dicha abogada le indicó habérsele explicado la situación a la recurrente, consultándose sobre el procedimiento a seguir en atención a la situación actual de la sucesión, cuya respuesta transcribe, señalando que, posterior a ello no se le remitió ningún nuevo antecedente ni tampoco se le respondió a lo consultado.

Esgrime que, de los documentos acompañados al libelo recursivo, relevante resulta el Certificado de Posesión Efectiva de fecha 26 de marzo de 2024, del que no tiene constancia de que se haya hecho llegar previamente, aun cuando, tanto la recurrente como su anterior abogada, tenían contacto directo vía correo electrónico con el abogado informante, lo que hubiera permitido apoyar de mejor forma el proceso. Que, de dicho documento, revisando su inventario de bienes, no existe ninguna referencia a los fondos que le correspondían en su calidad de heredero de don nombre reservado, los que equivaldrían al 50% de los dineros que existen en custodia de dicho causante en el Banco, cuyo detalle, según DAP liquidado, los fondos que actualmente obran en cuenta [cuenta reservada], ascienden a $25.174.779; mientras que, en la cuenta de ahorro se registra un saldo de %83.811.- Que, lo anterior, trae aparejado que, respecto de la sucesión de don nombre reservado, previo a poder liberar los fondos, debe procederse a la ampliación del inventario de bienes del citado causante, para incluir en su inventario la parte de los dineros que le correspondían de los dineros del causante nombre reservado, cumplido dicho trámite y emitida la respectiva resolución, además del correspondiente certificado de posesión efectiva modificado, la sucesión debiera dar cumplimiento a la obligación de declaración de las asignaciones hereditarias para la determinación si aquellas se encuentran afectas o no a pago de impuesto a la herencia, lo que derivaría posterior a su cumplimiento, en la emisión por parte del SII del respectivo certificado que acredite el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Herencia.

Finalmente, y con el ánimo de poder facilitar lo máximo la gestión a los clientes, el abogado informante solicita que, una vez finalizados los trámites antes indicados, se le remitan los antecedentes que individualiza, a las casillas electrónicas que indica, a fin de poder proceder con la autorización de entrega de los fondos.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme las alegaciones vertidas por la recurrente, el acto que se reprocha ilegal y arbitrario por parte del Banco del Estado de Chile, se traduce en que dicha entidad por mera voluntad y capricho, no hace entrega de la información solicitada y tampoco le indica cual es el procedimiento que sebe adoptar para obtener el pago del remanente del depósito a plazo que ha heredado, aun cuando ella posee pleno derecho para exigir su cumplimiento en virtud de las normas invocadas en su presentación, omisión que, resulta contraria a las leyes consagradas en el ordenamiento jurídico vigente.

A su turno, la entidad bancaria recurrida, justifica su actuar en el hecho que, durante el mes de febrero del año en curso, el Sr. nombre reservado, hermano de la recurrente y también heredero del causante nombre reservado, falleció, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°16.271 sobre impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, no pueden hacer entrega, en este caso de los dineros que le corresponden producto del depósito a plazo en cuestión, sin que la persona que se presente a reclamarlos acredite su calidad de heredero, junto con haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencia que correspondan. Ello, sin perjuicio de las gestiones y/o diligencias que se debieron hacer previamente para efectos de deducir del depósito a plazo en cuestión, el pago del impuesto a la herencia dejada por el hermano fallecido en el año 2019.

SÉPTIMO: Que, tal como se indicó en el considerando cuarto de la presente sentencia, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección.

OCTAVO: Que, conforme los hechos expuestos por las partes en sus respectivas presentaciones, así como también, de los antecedentes acompañados, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que, la recurrente de autos, doña nombre reservado y don nombre reservado, eran hermanos de don nombre reservado.

2.- Que, don nombre reservado, falleció con fecha 24 de julio de 2019.

3.- Que, dentro de los bienes que conformaban la herencia dejada por don nombre reservado, se encontraba un Depósito a Plazo Renovable N°[cuenta reservada], efectuado en el Banco del Estado de Chile, por la cantidad de $45.547.134.- 4.- Que, según certificado de posesión efectiva, folio 00031742098, número de inscripción 927, de fecha 04 de julio de 2022, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos nombre reservado, revisten la calidad de herederos respecto del causante don nombre reservado.

5.- Que, con fecha 01 de agosto de 2022, se dictó por el Servicio de Impuestos Internos la Resolución Exenta N°553, mediante la cual se autorizó la solicitud de doña nombre reservado, en orden a que el Banco Estado girará una cheque a la orden del Tesorero General de la República, por el monto del tributo determinado en el giro respectivo, a fin de que se imputará al depósito a plazo renovable objeto de autos y, que sólo una vez pagado totalmente y aprobado dicho pago mediante certificado emitido por el SII, se hiciera entrega del remanente o saldo, a la Sucesión del causante don nombre reservado.

6.- Que, mediante sentencia dictada con fecha 04 de diciembre de 2023, por el Juez del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, se declaró el extravío del instrumento: depósito a plazo renovable N°[cuenta reservada], efectuado en Banco Estado, por la cantidad de $45.547.134, pesos, perteneciente a don nombre reservado.E.P.D y se autorizó a los continuadores legales, incluidos en la resolución de posesión efectiva, para ejercer, ante la institución bancaria señalada, todo los derechos como legítimos poseedores del documento extraviado le correspondan y con el sólo mérito de copia autorizada de dicha resolución.

7.- Que, con fecha 14 de febrero de 2024, se produjo el fallecimiento de don nombre reservado, hermano de la recurrente y también heredero de don nombre reservado.

8.- Que, con fecha 19 de marzo de 2024, se emitió por parte del Servicio de Impuestos Internos, el documento denominado “CERTIFICADO DE PAGO TOTAL DEL IMPUESTO A LAS HERENCIAS”, donde consta que, los asignatarios de los bienes que comprende la herencia quedada al fallecimiento de don nombre reservado, ocurrida con fecha 24 de julio de 2019, declaradas por doña nombre reservado, según formulario que se indica de fecha 21 de julio de 2022, han pagado el total del impuesto establecido en la Ley N°16.271, sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones. Lo que fue además, corroborado por el propio Servicio al evacuar el informe solicitado en autos, indicando que, en lo que respecta al pago del referido impuesto, no existen tramitaciones pendientes ante dicha repartición pública.

9.- Que, la entidad recurrida Banco del Estado de Chile, al evacuar su informe respectivo, particularmente en la página 9 del mismo, reconoce expresamente que, el heredero y actualmente fallecido, hermano de la recurrente, don nombre reservado, le corresponderían el 50% de los dineros que existan en custodia de dicho banco, en particular del depósito a plazo cuya suma a la fecha en que se evacuó el informe ascendían a $25.174.779.- 10.- Que, la garantía constitucional que la protegida alega conculcada es aquella consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por tener en primer lugar, un interés legítimo para solicitar información respecto del saldo o remanente que quedó del depósito a plazo que heredó en su oportunidad y, por el derecho de propiedad que le asiste sobre monto de dinero contenido en dicho depósito.

11.- Que, según se extrae de la parte petitoria del libelo recursivo, se solicita a esta Corte adoptar, “…las providencias que S.S. Iltma. juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, ordenándoles al recurrido que: 1.- Entregue de forma rápida y eficaz la información de cuál es el monto del remanente del depósito a plazo en pesos de la cuenta N°[cuenta reservada] del Banco Estado que el causante nombre reservado mantenía en dicha institución y respecto del cual mi representada es la legitima heredera en conjunto con otros herederos; 2.-Que señale un procedimiento expedito y eficaz para que mi representada junto a los otros herederos del causante nombre reservado, puedan cobrar en el más breve plazo posible aquel remanente del depósito a plazo en pesos ya individualizado; 3.-Todo ello con expresa condena en costas.”

NOVENO: Que, la norma invocada por la recurrida para efectos de justificar su actuar con relación a los fondos por ella custodiados, en consideración, al fallecimiento del otro heredero y hermano de la recurrente, don nombre reservado, corresponde al artículo 44 de la Ley N°16.271, el cual señala que, “Las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder, sea o no en calidad de depósitos, dinero, joyas u otros valores de una persona fallecida, no podrán hacer entrega de ellos sin que la persona que se presente a reclamarlos acredite su calidad de heredero, juez compromisario debidamente autorizado, o albacea, haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencias que correspondan, y que los bienes consten en el inventario que ha debido practicarse, todo ello sin perjuicio de que el Servicio autorice por escrito la entrega, cuando en su concepto no haya menoscabo del interés fiscal. En este último caso, el retiro de dinero o especie se hará bajo las condiciones que el mismo Servicio señale.

Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta para que se persiga judicialmente el cobro de lo adeudado, pero el tribunal no autorizará la percepción de lo debido mientras no se acredite el pago del impuesto.”

Que, en la especie, conviene además tener presente lo dispuesto en la “Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, en particular los que a continuación se citan:

Artículo 5, Igualdad y no discriminación por razones de edad, “Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.”

Artículo 6, Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.

Artículo 23, Derecho a la propiedad, “Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.”

Y por último, el artículo 31, sobre acceso a la justicia, el que dispone, “La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias. b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.”

DÉCIMO: Conforme se ha venido razonando y, a diferencia de lo sostenido por la recurrida, a juicio de esta Corte, si nos encontramos ante la existencia de un derecho indubitado, que emana de la calidad de heredera de la recurrente respecto de la herencia dejada al fallecimiento de su hermano don nombre reservado y, de la que incluso, tal como se expuso en el considerando octavo de la presente sentencia, se pagó el impuesto a la herencia, el que se dedujo del monto custodiado por el banco producto del depósito a plazo del que era titular el causante, de lo que da cuenta además, el propio Servicio de Impuestos Internos, precisando que se generaron dos folios, para efectos del pago del referido impuesto, toda vez que, dos eran los herederos, vale decir, el impuesto de la herencia quedada al fallecimiento del referido causante fue pagado totalmente.

UNDÉCIMO: Corolario de lo anterior, el hecho que, con el devenir de la tramitación y gestiones propias a fin de exigir - invocando la calidad de heredera del primigenio causante, la entrega del monto dinerario a propósito del depósito a plazo en cuestión - se haya verificado el fallecimiento del otro heredero y hermano de la actora, ello no puede constituirse en un obstáculo a fin de que esta última, en virtud del derecho de propiedad que invoca y alega transgredido, pueda disponer de la suma dineraria de dicho depósito a plazo, en aquella cuota o proporción que le corresponda, en el entendido que, desde un inicio los herederos siempre han sido dos y, tal como lo reconoce la propia recurrida, le correspondería el 50% de saldo o remanente por haberse deducido del mismo el pago correspondiente al impuesto a la herencia.

Sin que por lo demás, se le pueda imponer a la actora, como requisito adicional para hacer entrega de los fondos respectivos, una nueva obligación consistente en tramitar la posesión efectiva, esta vez, del otro hermano fallecido y también heredero del primero, don nombre reservado, pues dicha carga la deben soportar sus propios herederos en el evento que pretendan y/o soliciten disponer de los bienes dejados a su fallecimiento, sin que necesariamente la actora de autos detente tal calidad; situación distinta e independiente al caso de marras, no guardando relación con el hecho de que la recurrente pueda o no disponer y hacérsele entrega, en la parte que le corresponda, del monto que compone el tantas veces referido depósito a plazo, lo que desde ya, permite calificar un actuar ilegal y arbitrario por parte de la recurrida, al imponer un nuevo requisito no contenido en la legislación vigente, que implica no acceder a la entrega de los dineros que le corresponden, en circunstancias que, ha dado cumplimiento a los mismos, privando y perturbando su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, lo que conlleva necesariamente a acoger la presente acción tal como se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Fabián Muñoz Huerta, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Banco del Estado de Chile, sólo en cuanto, se le ordena a disponer la entrega y en la proporción que le corresponda a la recurrente de autos, respecto del saldo y/o remanente de los fondos que actualmente obran en el depósito a plazo en pesos de la cuenta N°[cuenta reservada] que el causante don nombre reservado mantenía en dicha institución.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1890-2024 (PROT)