Protección contra Universidad Católica del Norte

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a once de julio de dos mil trece.

VISTOS:

La presentación de doña nombre reservado, licenciada en ciencias jurídicas, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada, según lo expresa en el recurso para estos efectos, en Los Carrera 599, oficina 3, segundo piso, Copiapó, quien deduce recurso de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, representada por su rector, don nombre reservado, contra el Fondo Solidario de la misma Universidad, representado por su administradora general, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber cometido conjuntamente una acción arbitraria e ilegal consistente en solicitar los primeros y autorizar el segundo, la retención de la devolución de impuestos del periodo 2013, efectuada con fecha 11 de mayo de 2013, pidiendo que se restablezca el imperio del derecho.

Los informes respectivos se acompañaron a fojas 22 y siguientes y 36 y siguientes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, representada por su rector, don nombre reservado, contra el Fondo Solidario de la misma Universidad, representado por su administradora general, doña nombre reservado y en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, representada por don nombre reservado, por los siguientes hechos:

Señala que tomó conocimiento de la retención a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, lo que corroboró en Tesorería según le indicaron verbalmente, que a su juicio es absolutamente arbitraria e ilegal y por ende agraviante a sus derechos, ya que no se reúnen los presupuestos legales para haber ejercido dicha facultad, pues no fue notificada de que sería objeto de dicha retención de devolución de impuestos no obstante tratarse de una deuda que no está vigente y que el espíritu de la norma que faculta a la Tesorería a efectuar retenciones a los deudores morosos del fondo solidario cuya facultad de retención exige la notificación al deudor, consiste en permitir que pueda invocar algún modo de extinguir las obligaciones, incoar el ejercicio de sus derechos. Cita los artículos 1, 3 y 5 del Decreto N°297 sobre el Reglamento de la Ley que autoriza la retención, como infringidos por no haberse notificado en su domicilio que lo tiene registrado desde que inició la actividad con la Universidad, haciendo presente que la deuda no se encontraba vigente y que ningún deudor revisaría el listado de deudores publicado en algún diario y más aún cuando por norma expresa dicha notificación se debe hacer por carta certificada en su domicilio, por lo que estima que la retención constituye un acto arbitrario e ilegal al no existir un irrestricto apego a las normas establecidas en la Ley N°19.989 y su reglamento, por haberse omitido la notificación afectando su derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República respecto de la suma de $1.314.434, que se le retuvo ilegal y arbitrariamente y, que ingresó legítimamente a su patrimonio, al momento en que el Servicio de Impuestos Internos le otorgó la devolución y de esa forma.

Solicita se acoja su recurso, declarando que el acto de retención efectuado por la Tesorería de la República período 2013 es arbitrario e ilegal, ordenando la devolución del dinero retenido por concepto de devolución de impuestos, ascendente a $1.314.134, con costas y de esta manera restablecer el imperio del derecho y asegurarle la protección.

SEGUNDO: Que el Director Regional Tesorero de la II Región de Antofagasta, en su informe solicita el rechazo del recurso, porque se ha obviado que en este caso particular el Servicio de Tesorería, en cumplimiento de mandato legal, en su calidad de entidad retenedora, según lo pedido por la entidad acreedora, ha procedido conforme a derecho, sin que exista en concreto vulneración a los derechos protegidos por la Constitución.

Alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la Tesorería, por lo que la acción deducida no puede prosperar, ya que es efectivo que se efectuó la retención de la devolución de impuesto de la renta de doña nombre reservado por la suma señalada, no es menos cierto que dicha actuación se encuentra amparada por lo preceptuado en el artículo 1° de la Ley N°19.989, que faculta al Servicio de Tesorería a retener de la devolución anual de impuestos a la renta a los deudores de crédito solidario universitario regulados por la Ley N°19.287 y modificaciones, según lo informado por la entidad acreedora en la forma que establezca el reglamento e imputar el monto de dicho pago a la mencionada deuda, debiendo la Tesorería enterar “los dineros” retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, salvo que el deudor acredite que solucionó el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador y si la devolución fuere de un monto inferior a lo adeudado, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Refiere que del tenor de la norma indicada, fluye nítidamente que el acto de materializar la retención prevista por la ley no es ilegal, ya que su sustento viene dado por la normativa especial que rige la materia y tratándose de una potestad reglada, no puede ser arbitraria, pues simplemente se han aplicado las normas vigentes, que son obligatorias tanto para los titulares o integrantes de los órganos del Estado como para toda persona, institución o grupo, según prescribe el artículo 6 de la Constitución Política de la República y que en virtud del principio de juridicidad que rige a la Administración Pública, de la cual la Tesorería General de la república forma parte (Artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República)deben ser cumplidas, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, sin que corresponda a las Cortes de Apelaciones pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la ley, sino al Tribunal Constitucional.

Agrega que aun cuando la medida de retención pudiese ser gravosa y eventualmente afectar derechos fundamentales, no es menos cierto que dicha afectación ha sido prevista por la ley, la cual puede limitar el ejercicio de los derechos, sin afectar su esencia (art. 19 N°26 de la Constitución), ya que no son intangibles y pueden ser restringidos unos en función de otros o con el objeto de preservar bienes jurídicamente relevantes, ponderación que es privativa del legislador y que sólo puede ser cuestionada en el órgano establecido para revisar la constitucionalidad de la ley.

Respecto a los dichos de la recurrente en relación al desconocimiento de la retención, porque no se le habría notificado, impidiéndole de esa forma ejercer las acciones tendientes a impugnar la deuda que genera la retención, hace presente que las retenciones de devolución de impuestos de doña nombre reservado ya han sido practicadas en años anteriores como consta en la causa rol 1475-2012 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones en que se discutió el mismo hecho, por lo que no resulta lógico desconocer una deuda y un hecho ya practicado y conocido por la recurrente e impetrar nuevamente una acción que busca por esta vía evadir el cumplimiento de obligaciones.

Por todo lo señalado estima que el recurso no puede prosperar, ya que no concurre ninguno de los presupuestos que lo hacen procedente y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompañó copia de la sentencia recaída en la causa Rol 1475-2012 de esta Corte.

TERCERO: Informando el recurso don nombre reservado, Rector de la Universidad Católica del Norte, señala que la ex alumna recurrente estudió en la Universidad Católica del Norte durante los años 1995 a 1998 y 2000 al 2001, y para financiar sus estudios obtuvo un préstamo con cargo al Crédito Solidario establecido en la Ley 19.287.

Señala que de acuerdo a la ley la cobranza de dicha deuda se inició el año 2004 y dado que la recurrente no cumplió con declarar ingresos, en tres años se le hizo exigible el total de de la deuda (cuotas años 2004, 2005 y 2006), siendo sus cuotas morosas publicadas en las bases de datos y el año 2007 le fue protestado el pagaré correspondiente.

Refiere que de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.989, la Administración General del Fondo Solidario ha comunicado anualmente a la Tesorería General de la República para que se retenga la devolución de impuesto que corresponda. Agrega que el proceso de retención de las devoluciones de impuesto a la renta ha sido notificado conforme lo establece el Reglamento N°297 que fija el procedimiento para este proceso.

En relación con la notificación, indica que la obligatoriedad legal es que se efectúe una de las dos notificaciones consideradas en la ley y la Universidad notificó a la recurrente a través de dos vías: carta certificada dirigida al domicilio que ella registró en la Universidad, en Oriente Tres N°199; Población Santa Elvira, Copiapó, la que fue recibida en dicho domicilio el día 19 de marzo de 2013, la que acompaña en su informe junto al archivo remitido por la empresa que hizo la entrega de la misma. Asimismo, se notificó mediante aviso en un diario de circulación nacional, conjuntamente con otras Universidades del Consejo de Rectores en el diario electrónico La Nación de fecha 11 de febrero de 2013 y el nombre de la recurrente aparece en la página 146 del listado, documento que acompaña.

Por todo lo anterior, señala que carece de validez el argumento esgrimido por la recurrente para fundar su recurso, por lo que solicita sea rechazado en todas sus partes.

CUARTO: Que en suma, no se ha cuestionado la facultad de la Tesorería General de la República de retener la devolución anual de impuestos a la renta respecto de los deudores de crédito solidario universitario regulado por la Ley 19.287, facultad establecida en la Ley 19.989 que modificó la Ley 19.848 sobre Reprogramación de Deudas a los Fondos de Créditos Solidarios. La cuestión planteada por la recurrente es la falta de notificación que a su juicio constituye en sí un acto arbitrario ilegal porque de haberse cumplido, habría tenido la oportunidad de efectuar las alegaciones necesarias “en relación con la no vigencia de la deuda que conllevó a la retención de los dineros señalados conforme al procedimiento y plazos establecidos en el mismo reglamento” (sic).

QUINTO: Que a este respecto debe tenerse presente que la recurrente ha invocado haber tomado conocimiento de la retención en una consulta en la página web efectuada el 5 de junio del presente año, antecedente que no es suficiente para dar la certeza sobre el conocimiento de la acción u omisión arbitraria o ilegal que pudo haber producido la privación o perturbación de la que se reclama, no sólo porque es de conocimiento público que las devoluciones comenzaron en el mes de mayo, sino principalmente porque ya estaba en conocimiento de su deuda a la entidad universitaria, a propósito del recurso de protección rechazado por sentencia de fecha 14 de mayo último, Rol 1475-2012 de esta Corte, confirmada por la Excma. Corte Suprema el 27 de junio pasado, Rol 3980-2013, sobre la retención de la devolución del impuesto a la renta del año tributario 2012, con relación a la misma deuda -declaración de los ingresos obtenidos durante el año 2011-, de manera que debe concluirse que el recurso planteado ha sido interpuesto en forma extemporánea porque la recurrente tomó conocimiento de su retención a lo menos en mayo del presente año.

No obstante lo anterior y sólo a mayor abundamiento, debe dejarse constancia que la recurrida Universidad Católica del Norte, acompañó antecedentes sobre la notificación mediante carta certificada a fs. 29 en donde consta que ésta se practicó el 19 de marzo del año 2013 y sin perjuicio de ello, también se acompañó el listado respecto de la publicación en el Diario La Nación, en consecuencia se dio cumplimiento al Decreto 297 del 7 de agosto de 2009 del Ministerio de Educación, sobre el Reglamento que fija el procedimiento para la retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República.

SEXTO: Que según la carta acompañada por la Universidad Católica del Norte, en relación al registro del correo de fs. 29, ésta fue remitida a Oriente 3 N° 199, Población Santa Elvira de la ciudad de Copiapó, sin que la reclamante haya siquiera señalado su domicilio para los efectos universitarios, incluso llama la atención que la indicación de su domicilio en domicilio reservado, lo es sólo para los efectos de este recurso. En este sentido si reclama falta de notificación, a lo menos, debió haber fijado un domicilio para efectuar la comparación y razonar sobre la falta de comunicación. El no haberlo hecho impone la obligación del tribunal de constatar exclusivamente la notificación en cuanto a la remisión de la carta certificada de la publicación en el diario, actuaciones que dado el razonamiento precedente, son suficientes para desvirtuar la afirmación de la recurrente.

SEPTIMO: Que en consecuencia, habiéndose actuado dentro de la órbita de las atribuciones conferidas en la Ley 19.989 que modificó la Ley 19.848, como asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 297 ya referido, no corresponde reprochar el actuar de los recurridos como una acción u omisión arbitraria o ilegal porque justamente se han ceñido al procedimiento establecido legal y reglamentariamente, comprobándose la debida comunicación a la recurrente, debiendo por consiguiente desestimarse el recurso, con costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 3, 16 y 21 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Universidad Católica del Norte, Fondo Solidario de la misma universidad y Tesorería Regional de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 189-2013.

Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.

Pronunciado por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sr. Dinko Franulic Cetinic y la Fiscal Judicial Sra. Myriam Urbina Perán. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

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