nombre reservado con INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A.

Antofagasta, a cuatro de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Patricio Ariel Cornejo González, abogado en representación de nombre reservado, deduciendo recuro de protección en contra de Instituto Profesional AIEP S.P.A Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente basa su acción cautelar, en que es estudiante de la carrera “Técnico en Enfermería Mención Oncología”, presentando el 28 de abril de los corrientes su renuncia a la carrera por la difícil situación laboral que atraviesa, pues es ejecutiva de ventas de una empresa inmobiliaria, rubro golpeado por la pandemia mundial y movimientos sociales del año pasado, lo que llevó a su empleador a acogerse a la suspensión laboral con la consecuente reducción de su sueldo, circunstancia que acreditó con la carta enviada por su empleador, anexo de contrato de trabajo y una declaración jurada.

Agrega que en su oportunidad manifestó a la recurrida su necesidad de estudiar con beca o crédito, sin embargo, ni siquiera figuró en la publicación al respecto. Por su parte, es evidente que su carrera es imposible cursarla por internet, incluso el propio contrato educacional señala que el máximo de clases bajo esa modalidad puede ser de un 40% y según sus compañeros la carrera se está impartiendo 100% en esa modalidad, con lo cual, la recurrida ha traspasado el costo de equipos e internet a los alumnos, además de presentar fallas su plataforma, sin que exista una rebaja en el arancel.

Por lo expuesto, y con el temor de acumular una deuda, oficializó su renuncia en la fecha indicada enviándole un e-mail a la encargada de finanzas, quien no contestó por esa vía, sino a través de un llamado telefónico, indicándole que debía pagar el 50% del arancel estipulado en el contrato, sugiriéndole continuar sus clases por 6 meses para justificar dicho cobro. A raíz de lo planteado, dejó la correspondiente constancia en el SERNAC:

Estima que la actuación de la recurrida es abusiva y negligente, vulnerando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 1 y 24, ya que pretende obligarla a continuar con un servicio, negándole la posibilidad de retirarse, lo que le provoca un estrés adicional por tener que pagar un monto que no tiene.

Como argumentos de derecho cita las normas constitucionales de las garantías fundamentales indicadas y la normativa de la Ley de Protección al Consumidor, solicitando en definitiva acoger su recurso y ordenar mantener intacto su patrimonio ordenando a la recurrida lo pagado por concepto de matricula y las cuotas por un 50% del valor del arancel anual, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que informó Paulo Sepúlveda Prieto, en representación de Instituto Profesional AIEP S.P.A, solicitando el rechazo del presente arbitrio, en base a los siguientes antecedentes.

Principia reiterando los hechos expuestos en el recurso controvirtiendo cada uno de ellos. En primer lugar, desconoce la situación laboral de la recurrente, luego fue ésta quien de manera unilateral presentó su renuncia quedando de manifiesto que la recurrida no ha incurrido en ninguna actuación arbitraria o ilegal.

Refiere que el recurso no hace ninguna vinculación de los movimientos sociales y pandemia actual con la vulneración de las garantías constitucionales de la recurrente, tampoco existe ningún antecedente de que haya optado a crédito o beca. Niega la imposibilidad de que los servicios educaciones se puedan impartir por internet, cuestión que ha sido reconocida por la propia Superintendencia de Educación en sus circulares Nº 1 del año 2019 y 2020.

Insiste en que la decisión de la recurrente de no continuar sus estudios es un acto voluntario que transgrede el principio de la fuerza obligatoria de los contratos conforme al artículo 1545 del Código Civil, sumado a que ésta tampoco ejerció su derecho a retracto establecido en el artículo 3 ter de la Ley de Protección al Consumidor el que otorga un plazo de 10 días para tal efecto.

En otro orden de ideas, la propia recurrente al dejar constancia en el SERNAC reconoce que el eventual conflicto es de carácter contractual, siendo totalmente ajena a la naturaleza cautelar de la presente acción, la que requiere la existencia de un derecho indubitado, es más en el propio recurso existen una serie de consideraciones propias del ámbito del derecho de los consumidores.

Sin perjuicio de lo expuesto, por la situación sanitaria las clases deben impartirse 100% on line lo que no supone una vulneración del contrato celebrado por las partes, ya que justamente las medidas adoptadas buscan resguardar la vida y salud de los alumnos. Así, la decisión del cambio de modalidad de las clases no fue unilateral, ya que respondió a la emergencia sanitaria y las disposiciones de la autoridad de restringir las actividades presenciales. En dicho contexto, una vez declarada la suspensión de clases presenciales el 15 de marzo del presente año, con efecto inmediato se procedió a utilizar la educación a distancia a través de distintas plataformas. En este punto, es relevante señalar que dichas herramientas se habían utilizado el último trimestre del año pasado permitiendo a los alumnos finalizar el año académico y la titulación de más de 20.000 egresados.

Por lo tanto, para enfrentar de mejor forma la realidad actual se ha entregado flexibilidad para la ejecución de las actividades académicas lo que se materializó en la Resolución 631-2020. En definitiva, se han adoptado medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adoptados con los estudiantes, desarrollándose una serie de iniciativas para aliviar la carga financiera de los estudiantes durante este periodo, todo lo anterior fiscalizado por la Superintendencia y Subsecretaria de Educación, circunstancia que hace improcedente las pretensiones de la recurrente al no existir en la especie ninguna actuación arbitraria o ilegal que vulnere sus derechos fundamentales, por el contrario, las medidas adoptadas justamente buscan resguardar la vida y salud de los estudiantes.

Precisa que la malla curricular de la carrera cursada por la recurrente incluso contempla varias asignaturas 100% on line y otras semipresenciales, teniendo esta conocimiento previo que debía contar con los medios para cursarlas.

Luego, analizando la cláusula 3º del contrato de servicios educacional, debe tenerse presente que las clases se iniciaron el 30 de marzo del año en curso, el recurso se dedujo el 30 de abril, es decir, entre el inicio de clases y el periodo que supuestamente se vulneraron las garantías constitucionales reclamadas transcurrieron 30 días, a los que si se les descuenta sábados, domingos y festivos , los días en que efectivamente se debían impartir clases alcanza a 19, lo que es inferior al 40% permitido por el contrato, máxime cuando el año académico concluye el 30 de enero de 2021.

Por lo expuesto, deberá necesariamente rechazarse la acción, considerando incluso que es extemporánea, pues el contrato educacional se celebró el 22 de noviembre de 2019.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que de los antecedentes allegados al recurso y las alegaciones del abogado recurrente, se infiere que a través de la presente acción se reprocha como arbitraria e ilegal, la actuación de la recurrida consistente en supeditar la renuncia de la actora al contrato de prestación de servicios educacionales, al pago del 50% del arancel de la carrera, por lo que solicita que se le restituyan dichos valores.

QUINTO: Que conforme a lo expuesto, cabe tener presente que las partes se encuentran ligadas por un vínculo de naturaleza contractual, hecho pacífico y circunstancia suficiente para desestimar que en la especie la decisión de la recurrida sea arbitraria, pues no es antojadiza o caprichosa, ya que emana de las propias disposiciones contenidas en el contrato suscrito por las partes en el mes de noviembre de 2019.

SEXTO: Que, además, para que la decisión sea ilegal, debe infringir la normativa legal vigente, que de acuerdo con lo debatido, está recogida en la Ley de Protección al Consumidor, la que si bien es cierto, en su artículo 3° ter establece la posibilidad del contratante de servicios educacionales para retractarse, claramente dicha prerrogativa no se ejerció por la recurrente, habiendo transcurrido el plazo para ello.

SÉPTIMO: Que por último, y sin perjuicio de lo razonado en las consideraciones anteriores, si la recurrente lo que pretende es reclamar la existencia de un vicio o defecto de las cláusulas contractuales, deberá hacerlo a través del procedimiento que nuestro ordenamiento jurídico establece para aquello, siendo justamente la Ley de Protección al Consumidor la que permite determinar la existencia de cláusulas abusivas en un contrato de adhesión, o bien la prestación de un servicio negligente o defectuoso por parte del proveedor, decisión que escapa a la naturaleza cautelar de este recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Patricio Ariel Cornejo González, abogado en representación de nombre reservado, en contra de Instituto Profesional AIEP S.P.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1889-2020 (PROT)