nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Francisco Arriagada Peralta, abogado, actuando en nombre y representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, cuyo representante legal es nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente indica que con fecha 04 y 11 de abril de 2025 su representado fue notificado de dos demandas ejecutivas interpuestas por la recurrida. Dichas causas se individualizan bajo el Rol C-775-2025, seguida ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, fundada en el pagaré N°003CON103968831 suscrito el 3 de julio de 2023 por la suma de $3.933.317 pagadera en 36 cuotas mensuales; y el Rol C-766-2025, seguido ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, fundada en el pagaré N°003CON103548624 suscrito el 18 de julio de 2022 por la suma de $3.616.661 pagadera en 48 cuotas mensuales.

Dice que, en el marco de estos procesos, su representado ejerció oportunamente su derecho a defensa, oponiendo excepciones de conformidad al artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, las que se encuentran pendientes de resolución. En consecuencia, los créditos reclamados se encuentran en plena discusión judicial, sin que exista a la fecha sentencia firme que declare exigibles las deudas reclamadas.

Indica que, no obstante lo anterior, con fecha 26 de septiembre de 2025, la recurrida procedió a realizar descuentos directos en la remuneración de su representado, sin que mediara resolución judicial ni acuerdo previo que lo autorizara. En la liquidación de remuneraciones del mes de septiembre de 2025, correspondiente al trabajo en la empresa “Distribuidora Cummins Chile S.A.”, se practicaron descuentos bajo glosa “CCAF Los Andes (Créd.)” en los montos de $50.355, $125.688, $231.176 y $109.157, lo que arroja un total de $516.376, reduciendo su renta líquida a tan solo $714.032 pesos.

Sostiene que, de esta manera, la Caja de Compensación, a pesar de tener acciones ejecutivas en curso, optó por descontar unilateralmente sumas desde el sueldo de su representado, configurando un doble cobro y afectando de manera grave y directa su patrimonio. Este proceder no solo carece de fundamento legal, sino que además constituye una vulneración al derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Finalmente, hace presente que los créditos demandados e individualizados en las causas anteriormente son los únicos que han sido solicitado por su representado y aquellos coinciden con las cuotas pactadas del descuento que se le ha realizado en su liquidación de sueldo.

En razón de lo anterior, solicita se ordene el cese inmediato de los descuentos practicados en las remuneraciones de mi representado y la restitución íntegra de las sumas indebidamente retenidas, equivalentes a $516.376 y aquellas que eventualmente se realicen en lo sucesivo sin respaldo judicial, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la Caja de Compensación con fecha 3 de julio de 2023, otorgó a don nombre reservado el crédito código 003CON103968831, por la suma de $3.933.317.- a una tasa de 2.57%, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $181.187.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.09.2023. Las primeras 12 cuotas del mes de septiembre de 2023 a agosto de 2024, se pagaron regularmente en el plazo establecido, la cuota del mes de septiembre de 2024 (13), más el interés penal, fue pagada con desfase con fecha 10.10.2025, generando mora por las cuotas del mes de octubre de 2024 a agosto de 2025 (14 a 24), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.09.2025 al 31.08.2026.

Agrega que con fecha 14.03.2024 otorgó a don nombre reservado el crédito código 003CON104210898, por la suma de $2.297.933.- a una tasa de 2.25%, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $101.056.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.05.2024. Donde las primeras cuatro cuotas del mes de mayo a agosto de 2024, se pagaron regularmente en el plazo establecido, y la cuota del mes de septiembre de 2024 (5), más el interés penal fue pagada con desfase con fecha 10.10.2025, generando mora por las cuotas del mes de octubre de 2024 a agosto de 2025 (6 a 16), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.09.2025 al 30.04.2027.

Luego, con fecha 20.05.2024, otorgó a don nombre reservado el crédito código 003CON104257153, por la suma de $708.516.- a una tasa de 2.41%, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $39.930.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.07.2024. Donde las dos primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, la cuota del mes de septiembre de 2024 (3), mas el interés penal, se pagó con fecha 10.10.2025, generando mora por las cuotas del mes de octubre de 2024 a agosto de 2025 (4 a 14), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.09.2025 al 30.06.2026.

Dice que si bien inició una demanda en contra del recurrente, no fue por capricho, sino por una obligación establecida en el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas De Compensación De Asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y señala que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 50 UF, no existe otra opción para la Cajas que iniciar el juicio ejecutivo, por lo que se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Luego, se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y al mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833, reiterando que la obligación es actualmente exigible y la prescripción debe ser declarada judicialmente.

Afirma que respecto la supuesta vulneración al artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor.

Agrega que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

SEXTO: Que, en los presentes autos, de lo informado por la recurrida, consta que al recurrente se le otorgaron tres créditos: el primero, con fecha 3 de julio de 2024, correspondiente al código 03CON103968831, por la suma de $3.933.317.-, pagadero en 36 meses a contar del 30 de septiembre de 2023; el segundo, con fecha 14 de marzo de 2024, correspondiente al código 03CON104210898, por la suma de $2.297.933.-, pagadero en 36 meses a contar del 31 de mayo de 2024; y el tercero, con fecha 20 de mayo de 2024, correspondiente al código 003CON104257153, por la suma de $708.515.- pagadero en 24 meses a contar del 31 de julio de 2024.

Sin embargo, en este caso, y en particular respecto del pagaré número 003CON103968831, por la suma de $3.933.317.-, la Caja de Compensación Los Andes optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, cuyo ingreso fue el 07 de marzo de 2025, despachándose en autos ejecutivos el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el recurrente, y que coincide con lo informado por la recurrida.

Sobre este proceso judicial, es importante tener presente que el recurrente opuso excepciones, por lo que nos encontramos frente a un proceso válido, en que está correctamente trabada la litis.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no consta que los otros dos créditos otorgados por la Caja de Compensación hayan sido judicializados, toda vez que de la causa referida por el actor en su recurso, consistente en el Rol C-766-2025 seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, cuyo e-book acompaña, consta que el ejecutado en dicho proceso judicial no corresponde al recurrente de autos, y que el pagaré fundante de la ejecución tampoco corresponde a algunos de los créditos mencionados por la caja de compensación respecto del recurrente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, de los documentos acompañados por el actor, consta que la recurrida únicamente ha iniciado el cobro judicial del crédito código 003CON103968831, mediante la interposición de la demanda ejecutiva con fecha 7 de marzo de 2025, notificada el día 11 de abril de 2025, en la que el actor fue requerido de pago con fecha 14 de abril de 2025; no obstante, la Caja recurrida ha efectuado descuentos en las remuneraciones de septiembre del presente año.

NOVENO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito respecto del crédito código 003CON103968831, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, tendrá que acogerse la presente acción únicamente respecto del descuento en la remuneración proveniente del crédito código 003CON103968831, debiendo rechazarse la misma respecto de los descuentos emanados de los créditos 03CON104210898 y 003CON104257153, cuyo cobro no consta que haya sido judicializado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; se declara que:

I. SE ACOGE PARCIALMENTE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Francisco Arriagada Peralta, actuando en nombre y representación de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de la operación crédito código 003CON103968831, de fecha 3 de julio de 2023, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el mes de septiembre del presente año, y los que se hayan efectuado con posterioridad.

II. SE RECHAZA el presente recurso respecto de los créditos códigos 003CON104210898 y 003CON104257153, de fecha 14 de marzo y 20 de mayo de 2024, respectivamente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1883-2025 (Protección)

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