nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Antofagasta, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, por sí y a favor de Anahin nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero. de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala que su representada tiene residencia definitiva en el país y durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática se le ha descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los servicios respectivos, a pesar de haber suscrito en su contrato cláusula previsional donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley 18.156.

Indica que ingresó a través del portal web de la recurrida solicitud de retiro de fondos previsionales, signada con el N°1306, de fecha 04 de septiembre de 2025, acompañando, en lo pertinente al recurso, el certificado de sistema de seguridad social.

Luego, con fecha 16 de septiembre de 2025, se le informa que: “…se ha procedido a detener su solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros por la razón que se detalla a continuación: En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 01 de septiembre del 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 28 de julio del 2005 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias …”.

Refiere que ingresó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que cumplió con todos los requisitos solicitados acompañando íntegramente la documentación, salvo la apostilla de la constancia, existiendo imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos, citando el artículo 45 del Código Civil, y la falta de apostilla resulta una exigencia arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Afirma que la conducta de la recurrida vulnera su derecho de propiedad, y la afiliación al sistema de seguridad venezolano puede ser verificado electrónica mediante el sitio oficial, ingresando el número de cédula.

Luego de citar jurisprudencia, sostiene que la respuesta de AFP PROVIDA, S.A, constituye un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, al exigir formalidades adicionales no previstas normativamente y generar un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución con documentos similares. Igualmente priva a la recurrente del ejercicio legítimo de su propiedad sobre sus fondos previsionales, sin justificación legal alguna.

Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo indicó que la recurrente registra presentación de Consulta Web ante la Superintendencia de 17 de septiembre de 2025, ante lo cual con fecha 22 de septiembre de 2025 se le informa sobre las exigencias legales en la materia, dando el requerimiento por resuelto con fecha 30 de septiembre de 2025.

En cuanto a la normativa aplicable a la materia del recurso, cita los artículos 1° y 7° de la referida ley, de lo cual se colige que la ley faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, por ello las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Seguidamente, hace referencia a la jurisprudencia administrativa que ha emitido para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156, en la que se exige para acreditar el requisito de la cobertura previsional que el trabajador demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, y en cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, además de aclarar que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en el país.

Luego, y en lo atingente al presente recurso, indica que la recurrente acompañó al recurso una declaración jurada ante notario por la cual manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de seguridad social venezolano, el cual no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, ya que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente. En cuando a la “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni el periodo de cobertura, además que no se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado.

Finalmente, menciona que, ante la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana, la Superintendencia mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ratificó el criterio sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, el cual se encuentra en armonía con la jurisprudencia judicial.

TERCERO: Que, informó Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, sostiene que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que se desprende que no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido.

En cuanto al fondo, indica que rechazó la solicitud de la recurrente por cuanto debe adjuntar certificado de afiliación el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y si bien la recurrente aportó una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, estas no pueden ser consideradas según Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere como normativa aplicable el DL N°3.500 y la Ley N°18.156, cita jurisprudencia y sostiene que el presente recurso no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Provida S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación acompañada no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni comprende las prestaciones médica ni pecuniarias, no siendo suficiente que el documento señale en forma genérica las coberturas, además que tampoco se encuentra apostillada o legalizada.

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por la recurrente, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco la declaración jurada adjunta.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por la actora, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, por sí y a favor de Anahin nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°1875-2025 (Protección)

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